Este miércoles hay reunión del COFEMIN y San Juan llevará redactada la propuesta de que una parte de los impuestos nacionales de la minería se vuelquen a obras de infraestructura
En medio del revuelo en el sector empresario minero por la posibilidad de que se abra la discusión para aumentar el 3 % de regalías que pagan las empresas mineras, el ministro de Minería, Alberto Hensel, salió a calmar los ánimos. Aseguró que la provincia defenderá que se mantenga el porcentaje fijado por ley y además pedirá a Nación que se distribuyan los impuestos nacionales que paga el sector para que vayan a obras de infraestructura para el desarrollo.
"Nosotros no pensamos modificar en absoluto lo que está establecido como regalía. Pero sí queremos discutir la renta minera. La provincia percibe regalías y algunos fondos como los fideicomisos y algunos otros vinculados a programas de desarrollo, pero por fuera de eso la mayor parte va a la Nación, y eso es lo que queremos discutir”, dijo Hensel.
Aseguró que en la Nación hay buena predisposición para analizar esto. "La idea es que sean más equilibrados los aportes, que parte de esos fondos se vuelquen a las provincias donde se originaron y que se genere un fondo de infraestructura para el desarrollo. Esta es lapropuesta de San Juan que queremos que quede en el Nuevo Pacto Federal Minero”, contó el funcionario.
Aclaró que la propuesta se está redactando y se presentará en la próxima reunión del Consejo Federal Minero (COFEMIN) el próximo miércoles. A la idea de San Juan se sumaron s tres provincias juntas aportan a la Nación, producto del régimen tributario general, $ 16.000 M por año. "Planteamos que una parte se vuelque en infraestructura para el desarrollo”.
Hensel explicó que San Juan ha propuesto mirar con ojo clínico a dónde van los fondos que genera la minería, teniendo en cuenta el principio de sustentabilidad. En esa línea "es legítimo que las provincias sepan qué se hace con la plata que genera la minería en las provincias andinas para que no tengamos que andar peregrinando por ninguna oficina pidiendo fondos para financiar alguna obra”.
La posición de San Juan, bajada desde el Gobernador, está focalizada en el respeto a la ley Nº 24.196, de Promoción a las Inversiones Mineras. "Cuando hablamos de San Juan hablamos de la provincia que está a la vanguardia del desarrollo minero del país, que representa el 60 % de las exportaciones de mineral metalífero de la Argentina, lo cual tiene gravitación”, destacó el Ministro.
Hensel puso de ejemplo la obra de la Estación Transformadora Nueva San Juan, inaugurada la semana pasada, en la que se invirtieron $ 640 M. De ese monto, "$ 300 M fueron aportados por Barrick, producto de su actividad en la provincia por Veladero y Lama, que no se había puesto en marcha. $220 M fueron aportados por San Juan y la Nación aportó $120 M.
Esta obra no beneficia solamente a la minería, con esto dejamos de ser terminal en el sistema eléctrico, no dependemos de Mendoza, tenemos autonomía energética y encima tenemos excedentes que volcamos al Sistema Interconectado Nacional. A su vez hemos mejorado en todo el Gran San Juan la distribución de energía. Los beneficios son contundentes porque también permite más desarrollo en todo el sector industrial”, aseguró el Ministro
La Cámara de Proveedores Mineros de Santa Cruz cree que el texto que se propone para el Acuerdo Federal Minero pone en riesgo al empleo local y prohíbe fijar mínimos a las operadoras para el compre local y la participación de las empresas regionales, por lo que piden urgentes cambios a la norma.
Entendiendo que el texto propuesto en el Consejo Federal Minero por la Nación para avanzar en un Acuerdo Federal del sector es lesivo para el desarrollo de las pymes locales y la protección del empleo, el presidente de la Cámara de Proveedores Mineros de Santa Cruz (Capromisa), Mauro Suárez se manifestó totalmente en contra del mismo tal y cual está hoy redactado y pidió que el debate sea “franco y completo”, y que no se genere una norma que sólo beneficie a las operadoras mineras.
“En las provincias patagónicas el costo de vida es más alto, y por lo tanto todos los convenios colectivos de trabajo reconocen valores extra por zona desfavorable. Sueldos, alquileres, logística, todo lleva a que una pyme de la región no pueda estar en igualdad de condiciones con respecto a una de otra provincia. El camino es reconocer y respetar estas diferencias, no pretender generar una situación igualitaria completamente ficticia y que va a llevar a la pérdida y destrucción del empleo local” sostuvo Suárez.
Advirtió, además, que “la actividad minera en Argentina tiene distintos actores y debemos dejar de tomar medidas apresuradas que sólo contemplen los intereses de las operadoras mineras”, y pidió “integrar a todos los actores del circuito minero: las provincias, las empresas y los trabajadores locales son actores fundamentales que merecen ser escuchados y tenidos en cuenta”.
En tanto Jorge Arias, gerente operativo de la entidad, remarcó que es indispensable que se tenga en cuenta a todos los sectores como parte del debate y remarcó que es una oportunidad para corregir y cambiar cuestiones que hoy afectan el desarrollo de la actividad.
“Tenemos que dejar de privilegiar a las empresas que sacan el oro y la plata de Santa Cruz y nos dejan poco y nada de desarrollo local”.
Destacaron que para revertir esta tendencia hay que apostar en serio por el Compre Local y priorizar a las empresas locales, generar una planificación de trabajo y compras, que permita realmente el desarrollo de proveedores locales y una voluntad férrea tanto del Estado como de las operadoras que vaya en este sentido.
“Si no se apuesta por el compre local seguiremos exportando recursos y concentrando la economía y la actividad minera seguirá en manos de unos pocos”, indicó Suarez.
En particular la Cámara provincial se opone a los puntos 7 y 13 del Acuerdo. En el primero se aborda el desarrollo de proveedores y cadena de valor, y establece que “las partes acordarán las condiciones que permitan generar un sistema de provisión de bienes y servicios eficiente y competitivo, sin proteccionismo o barreras de ingreso de proveedores locales o extranjeros, de forma de evitar la pérdida de competitividad del sector en su conjunto”. Claramente eso atentaría con todo el trabajo que desde la entidad se realiza.
Al igual que el punto 13, que señala que podrán adoptarse todas las medidas de promoción que las provincias consideren apropiadas tendientes a hacer atractivo al empleador o comprador de bienes o servicios la contratación de empleados o proveedores locales, pero que en ningún caso se establecerán niveles mínimos para ello, otro punto que va en contra de lo que viene batallando Capromisa, tanto con las empresas mineras que operan en Santa Cruz como con los diputados provinciales para sancionar una ley acorde a esas necesidades.
“No podemos estar a favor del Acuerdo Federal como está escrito hoy porque es avalar el final de las pymes de la zona que se dedican a ser proveedoras mineras. Las condiciones en la Patagonia son muy distintas a las condiciones del norte del país para la actividad de las empresas” enfatizó el presidente de la Cámara, y agregó: “si se aprueba el Acuerdo como está, las empresas locales de Santa Cruz tienen un riesgo muy grande de quedar excluidas del sector, no porque no se quieren desarrollar, sino porque siempre las operadoras mineras van a tener excusas para no desarrollarlas ni comprar acá” sostuvo Mauro Suárez.
