El borrador del Acuerdo Federal Minero fue rechazado en duros términos por la gobernadora Alicia Kirchner, por considerar que fue redactado “desde la centralidad” de Buenos Aires. El texto presenta una serie de condicionantes a la autonomía de las provincias para fijar sus políticas económicas en la materia.
Acuerdo Federal Minero impulsado por el Gobierno nacional recibió un rotundo rechazo por parte de Santa Cruz, casi como una voz monocorde. Sin embargo, cuando las críticas de la gobernadora Alicia Kirchner empezaron a replicarse en los distintos medios de comunicación especializados, otras jurisdicciones se sumaron al rechazo, como es el caso de San Juan y Catamarca.
La propuesta elaborada por Daniel Meilán, actual secretario de Minería –quien ya había ocupado ese mismo cargo durante el último año de gestión de Carlos Menem y autor de la famosa estabilidad fiscal para las mineras- fue esbozada en la última reunión del Consejo Federal Minero. La mandataria provincial expresó su rechazo taxativo el pasado 25 de noviembre.
“Son acuerdos federales que vienen impuestos desde el centralismo. Este tipo de proyectos deben respetar la viabilidad de cada provincia, es decir, respetar el trabajo y la mano de obra santacruceña. La provincia defenderá a nuestras empresas y nuestras Pymes para que sean colocadas en lugar de preferencia para brindar servicios a las mineras”, manifestó la Gobernadora.
Dicho acuerdo parece escrito para favorecer a una sola de las partes del “acuerdo”, las empresas mineras, en detrimento de la autonomía de las provincias. De prosperar el texto tal cual su redacción original –cosa poco probable por el nivel de rechazo- ésta sería la segunda concesión de la administración central hacia las empresas del sector. La primera fue la eliminación de las retenciones. A través del Decreto 349/2016, publicado el 12 de febrero de este año, la administración de Macri le otorgó a las operadoras un beneficio económico millonario.
“Que los mencionados derechos de exportación han tenido un efecto negativo sobre la industria minera argentina, lo que ha desincentivado las inversiones, toda vez que el país es una de las pocas jurisdicciones a nivel mundial en que se aplican derechos de tal índole… Que lo expuesto precedentemente genera la imposibilidad de establecer un esquema tributario que maximice el impacto benéfico de la minería en las regiones donde opera, lo cual es crucial para que esta actividad se convierta en vector de potenciación del federalismo”, puede leerse en los fundamentos del decreto citado.
En los primeros seis meses del año, la transferencia hacia las mineras fue de 4500 millones de pesos (316 millones de dólares).
“El Acuerdo Minero que propone el Gobierno nacional perjudica a las provincias y el único beneficio sería para las empresas que verían, una vez más, aumentada su renta. Nosotros vamos a proponer su discusión en el ámbito de la Organización Federal de Estados Mineros de la que participan los gobernadores”, sostuvo hace tres semanas el secretario de Estado de Minería, Guillermo Bilardo.
Desde comienzo de año, la provincia trabajó junto a toda la cadena minera provincial para mejorar la relación entre los proveedores locales y las operadoras y de esta manera potenciar el llamado compre local. El objetivo era estudiar el porqué de los bajos ratios de compre local en la industria minera y analizar las estructuras de costos.
Así fue cómo se empezó a elaborar un formato de proyecto de ley para orientar el compre local en el sector. También se le encargó a la Universidad Nacional de la Patagonia Austral un estudio sobre los costos laborales en la provincia, con el objetivo de inducir a las mineras a contratar mano de obra local.
“El Acuerdo Federal Minero lleva por nombre la Provincia de Santa Cruz, como sabían que estábamos pensando en un proyecto de ley, salieron con un montón de restricciones”, indicó a este diario el ministro de la Producción, Leonardo Alvarez.
El borrador del Acuerdo (Anti) Federal Minero tiene algunas particularidades que serán analizadas a continuación.
*Sobre el Régimen Tributario, el texto sostiene la “importancia que la previsibilidad y estabilidad fiscal tienen al momento de decidirse una inversión minera, por eso las partes manifiestan su acuerdo en generar y mantener en el tiempo un esquema tributario”. Este párrafo remite al Pacto de Estabilidad Fiscal de la década de 1990, impulsado por Meilán, que prohibía modificarle a las mineras los impuestos que tributaban, incluidas tasas provincias y municipales.
*Pero el texto original va un poco más allá. “Las partes acuerdan dejar sin efecto, dentro del plazo de noventa (90) días de suscripto el presente, y evitar en lo sucesivo, la creación o imposición de tributos, impuestos, contribuciones, tasas, derechos o cualquier otro tipo de aporte a ser aplicado de forma directa o indirecta sobre el sector minero”.
Es decir, las provincias no podrían crearle impuestos a las empresas que operan sobre su territorio, algo que vulnera la soberanía y autonomía de cada jurisdicción, sobre todo teniendo en cuenta que los recursos naturales pertenecen a las provincias, según lo establecido en la Constitución Nacional de 1994. Pero hay una vuelta de tuerca más. No sólo no se le podrían crear nuevos tributos locales, sino que las partes –es decir el Estado y las provincias– deberían mejorarles a las mineras su ecuación impositiva, por ejemplo, financiándoles el IVA. Obviamente, que el “alivio” de las cargas tributarias se entiende –según la lógica del Gobierno nacional- como “promoción de las inversiones”, un discurso muy similar al de la década de 1990.
*Otro eje clave tiene que ver con la apertura indiscriminada de proveedores extranjeros. “Las partes acordarán las condiciones que permitan generar un sistema de provisión de bienes y servicios eficiente y competitivo, sin proteccionismo o barreras de ingreso de proveedores locales o extranjeros, de forma de evitar la pérdida de competitividad del sector en su conjunto. En especial, se procurará evitar medidas que redunden en precios altos, tiempos de entrega más prolongados o calidades deficientes para los bienes y servicios producidos o comercializados”.
*La posibilidad de que ingresen en el mercado local proveedores de otras latitudes no sería en sí un problema, ya que si fuera una política de Estado potenciar el compre local y desarrollar a las proveedores de servicios Pymes, la competencia podría redundar en mayor competitividad. Sin embargo, el borrador avanza un poco más, al señalar que no deberían fijarse pisos mínimos para el compre local.
“En ningún caso se establecerán, ya sea mediante normas de carácter imperativo o mediante acuerdos celebrados con el empleador o comprador de bienes o servicios, niveles mínimos de Empleados o Proveedores Locales; lo anterior contempla y resulta aplicable a todas las etapas del desarrollo minero, incluyendo la prospección, exploración, construcción y operación de la mina”, puede leerse en el texto presentado por el Ejecutivo nacional.
Sobre este punto hacía referencia Alvarez, cuando sostuvo que dicho acuerdo lleva por nombre la provincia de Santa Cruz, ya que desde el área de producción se estaba avanzando en una iniciativa para orientar el compre local en el sector minero.
*Y la última restricción planteada apunta a ponerle fin a las inversiones en Responsabilidad Sociedad Empresaria. El acuerdo sostenía que “no se podrá obligar a las empresas a invertir en cuestiones vinculadas a la salud, educación, vivienda o seguridad de la población”.
Esto también tiene nombre y apellido en la provincia, se llama Fideicomiso Unirse, a partir del cual las operadoras ya desembolsaron 126 millones de pesos en la comunidad.
Estos fondos ya fueron destinados a programas que tienen que ver con fortalecimiento, protección y promoción de los derechos de personas con discapacidad, los derechos de niñas, niños y adolescentes, la asistencia directa por emergencia crítica, climática y situaciones especiales que afectan la ocupación y el trabajo, además de promoción y gestión de espacios comunitarios de alfabetización y terminalidad educativa. De avanzarse con dicho Acuerdo (Anti) Federal, este tipo de inversiones “sociales” deberían darse de baja.
El ministro de la Producción aseveró que la norma que el Gobierno busca aprobar impediría la continuidad del programa UNIRSE, que este año recaudó $ 400 millones, además de la ley de compre local o de protección al trabajo santacruceño. También recordó que la recaudación impositiva del sector queda en casi un 80% en la Nación.
Leonardo Alvarez realizó una suerte de análisis de la realidad del sector minero en Santa Cruz y la relación planteada por la actual gestión de Gobierno con el sector. Aclaró que desde que asumió “y por pedido de la gobernadora, planteamos una agenda de trabajo en cada una de las actividades económicas que tienen relevancia en la provincia, y en el caso de la minería eso significó, fundamentalmente, hablar el cuidado del empleo santacruceño, que hoy está protegido por una ley provincial (3.141) que prevé el 70% del empleo para personas radicadas en nuestro territorio, con preeminencia de contratación a proveedores santacruceños respecto de otros radicados fuera de la provincia”.
También valoró la constitución de un fideicomiso de responsabilidad social empresaria, “habida cuenta de que el Gobierno Nacional había decidido eliminar las retenciones a la minería y es un aporte equivalente al 2% de sus ventas brutas, que permitirá que Santa Cruz recaude este año cerca de 400 millones de pesos por ese concepto, que están siendo utilizados para apuntalar el sistema de salud pública y para diversos programas de Desarrollo Social y de incentivo a la producción”.
Alvarez, en declaraciones a LU 12 Radio Río Gallegos, señaló que también se avanzó “en tratar de darle valor al producto”, para lo cual se está realizando un estudio de factibilidad “para ver si se puede avanzar en la instalación de una refinería en nuestra provincia. Son todos puntos que fuimos trabajando con la industria y con buen resultado”.
Luego sostuvo que todos esos avances podrán verse perjudicados por el intento del Gobierno Nacional de “aprobar contrarreloj un Acuerdo Federal que de alguna manera vulnera todas esas conquistas que logramos en esta relación con el sector en el último año”.
Santa Cruz se opuso a la firma del acuerdo y propuso “analizar cómo se compone hoy la renta minera y quién es el principal beneficiario de la misma, porque de cada peso que hoy tributa la actividad, el 78% queda en manos de la Nación”. Además se planteó discutir en base a qué valor se liquidan las regalías provinciales, “hoy es a valor boca de mina, que es el valor de venta menos los costos logísticos y procesamiento del material, es decir un 30 a 40% menos. Nosotros pretendemos que el 3% de regalías se liquide a valor venta”.
Para ratificar su mirada positiva sobre lo logrado con el sector minero, Alvarez indicó que Santa Cruz durante 2015 recaudó 302 millones de pesos por todo concepto de la minería, siendo que este año el presupuesto de recaudación para Santa Cruz es de más de 1.000 millones, incluyendo el fideicomiso Unirse y los certificados de origen por puertos patagónicos”.
Volviendo al tema del Acuerdo Minero, Alvarez recordó que el actual secretario de Minería, Daniel Melián, ocupaba dicho cargo en la gestión de Carlos Menem cuando se aprobó la ley de estabilidad fiscal para el sector “y es el mismo que ahora impulsa este acuerdo federal contrarreloj, que parece más bien escrito por los gerentes de las empresas más que por funcionarios de Nación o de Provincia”, soltó.
Criticó uno de los puntos del acuerdo que señala que no pueden ser utilizados los fondos de responsabilidad social empresaria para suplir obligaciones del Estado en concepto de salud, infraestructura y vivienda. Pero la realidad es que la instalación de un proyecto minero provoca en un poblado una explosión demográfica que implica una sobredemanda en estos conceptos, entonces se pregunta el funcionario “¿cómo hace el Estado para correr de atrás de forma permanente a la industria, que es bienvenida, pero entendemos que esas explosiones demográficas que generan no puede ser cubiertas sólo por el Estado, sino que aquel que viene por una renta extraordinaria que genera este recurso no renovable tiene, sin ningún tipo de dudas, responsabilidad para con el lugar donde está enclavado y además tiene la responsabilidad de dejar a ese lugar mejor que cuando lo encontró”, sostuvo.
“Esa es la posición que tenemos desde el Gobierno de la provincia y estamos trabajando con el resto de las autoridades de las provincias mineras para generar un acuerdo sin tantas presiones de tiempo, que esté realmente a favor de la gente y no sólo del sector”, confiando que existen objetivos y necesidades comunes, por lo que “no nos está siendo difícil poder ponernos de acuerdo en este sentido”, concluyó.
El legislador que representa a la localidad de Gobernador Gregores, Claudio Barría, expresó una fuerte crítica a la intención del Gobierno nacional de imponer un nuevo Acuerdo Federal Minero, considerando que el mismo perjudicará notablemente a las provincias donde se explotan yacimientos metalíferos.
"A mi entender, lo que intenta el gobierno nacional, bajo el argumento del federalismo, es sacarle los recursos económicos a las provincias para poder manejar a su criterio la recaudación de la minería", sostuvo el diputado provincial Claudio Barría (FPV), en coincidencia con la postura que asumiera hace pocos días la propia gobernadora Alicia Kirchner.
Al mismo tiempo, remarcó que tiene la presunción de que "los principales beneficiarios de este acuerdo serán las empresas porque el nivel de exigencia y control fiscal de parte del gobierno central les permitirá mejorar notoriamente sus ingresos", teniendo además en cuenta que Mauricio Macri ya las favoreció al inicio de su gestión cuando las absolvió del impuesto o retención por exportaciones.
En otro pasaje de sus declaraciones, el legislador kirchnerista hizo referencia a la preocupación de que existe por el Plan de Cierre Programado (PCP) que implementará la compañía Tritón -de capitales canadienses- en el yacimiento a cielo abierto de oro y plata Manantial Espejo, ubicado a unos 50 kilómetros de esa localidad.
En principio, mencionó que ese emprendimiento había generado un cierto impacto económico ya que, en consonancia con el crecimiento poblacional, se produjo un aumento del consumo interno.
Al respecto, evaluó que "ese impacto podría haber sido mayor, pero alcanzó para generar un movimiento interesante, ya sea en mano de obra, servicios y desarrollo urbano, entre otros aspectos".
No obstante, reparó que "en lo que hace a aportes directos de la minera a mi pueblo, no veo alguno que haya trascendido en el tiempo o que sea fundamental para la vida cotidiana del gregorense".
En ese sentido, comentó que más allá de que Triton haya brindado alguna ayuda a diferentes instituciones del medio (como clubes y el propio municipio) y que el trato con los proveedores fue bueno, no se tuvo en cuenta una alternativa de desarrollo para cuando finalice la actividad minera.
Destacó además que este PCP será el primero que se ponga en práctica en yacimientos santacruceños y que el impacto recaerá en el funcionamiento del municipio.
Al mismo tiempo entiende que la mayoría de los vecinos no está atenta al plan de cierre del yacimiento e incluso "a mí, como representante, no me han consultado directamente sobre este tema".
Más adelante, dijo que "seguramente la sociedad se va a interesar más cuando se acerque el momento del cierre, pero ya me tiene preocupado el fantasma de la desocupación y el impacto ambiental que quedará en la zona".
La minería es uno de los sectores que podría terminar el año como empezó, con altos beneficios fiscales. Diciembre de 2015, previo al cambio de gestión, desde el hoy oficialismo en la provincia se impulsó la derogación del Impuesto Inmobiliario Minero, gravamen que en la práctica casi ninguna empresa abonó. En tanto el primer mes del año arrancó con la decisión del Gobierno Nacional de eliminar las retenciones para las exportaciones del sector (cabe recordar que prácticamente la totalidad de lo producido sale del país) lo que mejoró, notablemente, la rentabilidad del sector.
Esto sumado a que el precio de los metales prácticamente se ha mantenido alrededor de los 1.250 dólares la onza, en el caso del oro, el escenario aparecía como ideal para reactivar o profundizar inversiones en los yacimientos.
Sin embargo, para el secretario general de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA), Javier Castro, si bien la minería en Santa Cruz evoluciona “en forma normal y tranquila”, los beneficios por la eliminación de retenciones a las exportaciones del sector no se reflejan aún en el sector del trabajo.
“Hace casi un año que fueron beneficiadas las empresas mineras por normativas que modificó el Gobierno Nacional a favor de ellas, pero eso aún no se vio en el sector del trabajo y seguimos esperanzados en que eso suceda”, dijo Castro.
En Santa Cruz hay cinco emprendimientos mineros “en plena producción”, que llevan adelante las empresas Gold Corp (en Perito Moreno), Minera Triton (en Gobernador Gregores), Cerro Vanguardia (en San Julián), Minera Santa Cruz (en Perito Moreno) y Minera Don Nicolás (en Tres Cerros). En tanto en carpeta se encuentran Cerro Moro y Mina Martha (Gobernador Gregores).
En tanto la actividad minera afronta en paralelo el inicio del primer plan de cierre programado (PCP) de una mina, que es el caso de Manantial Espejo, yacimiento de plata que fue puesto en producción desde 2009 en la zona de Gobernador Gregores.
En ese escenario, existen “realidades distintas” dijo Castro a la Agencia Télam, respecto de lo que pasa en cada uno de los yacimientos donde hoy se emplean, de forma directa unos 8.000 trabajadores, y de manera indirecta a otros 10.000 obreros, “un número bastante importante para una provincia chica en cuanto a población”.
El comienzo con beneficios fiscales importantes podría terminar el año con otro empujón, si prosperan las intenciones que las empresas tienen que refleje el Acuerdo Federal Minero, una iniciativa lanzada por el Gobierno Nacional, que se discute en el Cofemin, pero que luego deberá ratificar el Congreso Nacional.
En Santa Cruz, tanto el Gobierno Provincial como la dirigencia minera han expresado severas reservas respecto de la redacción. Fundamentalmente porque ese acuerdo “federal”, “centraliza” la responsabilidad social empresaria, entre otras cuestiones.
Cabe recordar que este año Santa Cruz lanzó el programa UNIRSE, un fideicomiso integrado por aportes de distintas empresas mineras, que se supone será para el desarrollo de emprendedores, y reforzar acciones sociales y sanitarias.
Sólo tres mineras integraron, hasta el momento, el programa y han aportado una suma aproximada a los 400 millones de pesos.
De prosperar el Acuerdo Federal Minero en los términos que propone el Gobierno Nacional, UNIRSE debería desaparecer y el dinero iría a un fondo común a repartir luego desde Nación a todas las provincias.
Desde el gremio también se expresaron de manera contraria, reforzando esta idea de centralidad que el mismo tiene: “lisa y llanamente busca quitarle la independencia que proclaman las provincias en cuanto a los recursos naturales”, dijo Castro y sostuvo que para su gremio el acuerdo es “poco viable y poco saludable para Santa Cruz, en particular”.
Tibiamente las empresas comenzaron a realizar anuncios de inversión para los años venideros. En el caso del proyecto San José –Huevos Verdes que se desarrolla cerca de Perito Moreno, aseguran que su capacidad productiva se incrementó este año en un 10%.
Esto, sumado a la quita de las retenciones, tuvo tal importancia que a uno de los socios que tiene el 49% de participación en el emprendimiento, el grupo McEwen Mining, esa “ganancia” extra le permitió compensar un bajo rendimiento que había tenido en México.
San José alcanzó una producción de 23.915 onzas de oro equivalente en el segundo trimestre de 2016 frente a las 21.839 onzas de idéntico período en 2015.
Las ventajas fiscales que aparecieron en el 2016 incentivaron a que McEwen financie un presupuesto exploratorio en San José, de 5,05 millones de dólares para el 2017, de acuerdo al informe que la minera presentó a la Bolsa de Toronto.
“Con el nuevo escenario que ofrece el mercado argentino, San José podrá generar efectivo distribuible en 2016 y alcanzar nuestra meta de producción de 45.000 onzas de oro y 3,3 millones de onzas de plata para totalizar 89.000 onzas equivalentes de oro”, puntualizaron desde la firma.
En tanto, otra empresa como Patagonia Gold SA, construyó, con una inversión de más de 200 millones de pesos, una nueva planta para la producción de oro y plata. Se planea extraer más de 80.000 onzas de oro equivalente durante los primeros años de producción, con el objetivo de agregar onzas de los proyectos aledaños vigentes.
La operación de Patagonia Gold emplea más de 190 personas, en su mayoría santacruceñas, contando con un total de más de 300 personas involucradas durante la construcción de la planta de Cap Oeste.
La puesta en marcha de este proyecto cuenta con la asistencia de entidades financieras públicas, entre ellas, el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE). Esto refleja el apoyo del Estado a las inversiones productivas y el desarrollo económico.
En noviembre, Carlos Miguens, presidente del Directorio de Patagonia Gold, realizó el anuncio del inicio de operaciones de la mina Cap Oeste, explicando que “el proceso de construcción y puesta en marcha industrial ha sido completado de acuerdo al cronograma y el presupuesto fijado por la compañía” y agregó que la empresa “está comprometida con el desarrollo sustentable de los recursos mineros, el cuidado del medio ambiente y el desarrollo de las comunidades en las que actúa, y continuará invirtiendo en Argentina, tanto en producción como en exploración minera”.
