DANIEL BOSQUE
Después del adelanto exclusivo de Mining Press del avanzado borrador del Acuerdo Federal Minero, diversas voces se han expresado sobre la entidad de la información.
La más contundente fue la del propio Consejo Federal de Minería (COFEMIN), órgano que criticó la publicación con la comentada frase de "maniobras para entorpecer consensos".
Saliendo del vado de esta desafortunada interpretación, el haber ventilado por la prensa especializada lo que funcionarios provinciales y nacionales vienen cocinando ha servido para que se refuerce el compromiso desde el Estado, según fuentes inobjetables del sector, de que algunas observaciones serán tenidas en cuenta.
Vale una aclaración, en el borrador publicado por este diario, en el acápite de renta minera, no figuraba el 1% del Fondo de Promoción Minera, que manejaría de Secretaría de Minería de la Nación. Lo cual elevaría la presión tributaria sobre el sector a 5,5%.
La Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) ha preferido no polemizar directamente con el proyecto de Daniel Meilán, sino aportar a la balanza de los medios y la opinión pública sus propios números, elaborados por la consultora Abeceb, que hablan del costo argentino y la competitividad. Objetivo logrado, si se mira, por ejemplo, el cable de la agencia Noticias Argentinas que han recogido hoy varios medios del país.
Es comprensible, en vísperas del viaje que emprenderán a Toronto a la cita exploratoria mundial de la PDAC 2017, cita a la cual Meilán y las provincias piensan llevar el texto federal, aunque su trámite de aprobación en el Congreso Nacional y su validación en las legislaturas provinciales lleve más tiempo para adentrarse, previsiblemente en la temporada otoño-invierno de la Argentina.
Las causas por las que la CAEM no ajusta más el discurso son variadas. Pero la más ontológica es la que siempre arrecia cuando se habla de la entidad madre de la actividad: en su conducción, a diferencia de lo que ocurre en otros países mineros, o en otras ramas argentinas, como el petróleo, no hay pesos pesados sino gerentes que siguen las grandes líneas de las casas matrices. Si lo sabrán los actores mineros de la Era K, cuando el recordado Jorge Mayoral telefoneaba a "los gringos" para que pusieran en caja a sus directivos en el país, no siempre con éxito.
Entre ellas, las mineras no coinciden en que el tema de la renta sea gravoso al punto de defenestrar los famosos US$ 20.000 M en inversión proyectados que nunca terminan de aterrizar. Sí, en cambio, en la fragilidad de una suerte de paraguas chino, en cuanto a que no compromete a las provincias y al pluripartidismo a la defensa y estímulo de la minería.
En particular, ponen el ojo en este apartado del texto borrador: "XII) Que, por su parte, cada Provincia, con el objeto de concretar el desarrollo de la actividad minera propiciada en este Nuevo Acuerdo Federal Minero, promoverá la actividad minera y la producción de minerales según la modalidad que considere más adecuada".
La cláusula, denominada "manos libres" entre las mineras, fue impulsada en el COFEMIN por Aldo Bonalumi, el secretario de Minería de Córdoba, provincia que se siente cómoda como productora de no metalíferos y con su ley de restricción a la explotación de metales.
Así, el AFM aparece en el horizonte como un texto inocuo, que podrá ser firmado por todas las provincias (incluídas las siete que tienen vedada la expresión metalífera).
Esta semana será, según dijo el COFEMIN en su texto aclaratorio, clave en el pulido del Acuerdo, contemplando, supuestamente, las sugerencias de las empresas, sindicatos y otras fuerzas vivas.
Mientras todo esto sucede, estaba pendiente de cómo se resuelve la situación en la conducción de la propia Secretaría de Minería. Según versiones que ganaron los corrillos mineros, estaría por alejarse del cargo uno de los dos subsecretarios de Meilán.
*Director de Mining Press y EnerNews
Se trata de una iniciativa en busca del Nuevo Acuerdo Federal Minero, con el fin de alcanzar el apoyo de los lugares en donde se lleve a cabo la actividad para evitar conflictos.
Gobierno impulsa un proyecto de ley para reactivar la actividad minera en la Argentina y atraer inversiones por unos 25.000 millones de dólares, aunque la iniciativa ya generó críticas de ambientalistas que temen por la posibilidad de un avance en áreas protegidas por la ley de glaciares.
Se trata de una iniciativa en busca del Nuevo Acuerdo Federal Minero, con el fin de alcanzar el apoyo de los lugares en donde se lleve a cabo la actividad para evitar conflictos y brindar estabilidad a inversores, entre otros puntos.
La iniciativa ya fue presentada por el ministro de Energía, Juan José Aranguren, y su par de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman, a funcionarios de las provincias.
La administración de Mauricio Macri buscará, de ese modo, obtener inversiones por USD 25.000 millones durante los próximos ocho años.
Según pudo saber la agencia de noticias NA, el gobierno de La Rioja acompaña el proyecto, pero la iniciativa sería resistida en algunos aliados de Cambiemos, como sectores del radicalismo.
Según un análisis elaborado por la consultora ABECEB, los elevados costos logísticos, la baja productividad laboral, la regresividad del sistema tributario, y la ausencia de un marco regulatorio adecuado son las principales asignaturas pendientes de la economía argentina que actualmente afectan la competitividad de la minería.
De ese modo, advirtió que postergan la puesta en marcha de proyectos de inversión por un monto de 20.000 millones de dólares, que podrían generar unos 38.700 empleos directos e indirectos.
"Los proyectos en condiciones de comenzar a producir en la próxima década son clave ya que con su puesta en marcha, la producción se incrementaría en una tasa promedio anual de 4,6% hasta 2025. Pero esto sin dudas, dependerá de las condiciones regulatorias y económicas que exhiba nuestro país", evaluó el director de Mercados de Energía, Minería e Infraestructura de ABECEB, Mariano Lamothe.
En ese escenario, el Gobierno asegura que, a través del proyecto, se podrán multiplicar los puestos de trabajo, los cuales crecerían al ritmo de la llegada de inversiones.
Además de los ambientalistas, algunos gobernadores criticaron la puesta en marcha del proyecto ante la posibilidad de que la actividad minera se desarrolle sobre áreas protegidas por la ley de glaciares.
Una de las provincias que se opuso desde un principio fue Chubut por entender que en ese lugar está prohibida la megaminería a cielo abierto.
El Gobierno espera que el Nuevo Acuerdo Federal Minero sea sancionado mediante el proyecto que el Gobierno enviará al Congreso en las próximas semanas con el fin de que pueda ser discutido una vez que comiencen las sesiones ordinarias en marzo.
