En aquella mañana fría del 25 de mayo de 1879, cuando se celebraba la misa de campaña en Choele Choel, frente al río Negro, el joven general Julio A. Roca, de 37 años, no hubiese podido imaginar que ese emocionante tedeum, muchos años después, iba a ser interpretado como la culminación de una campaña genocida para exterminar a los pueblos originarios de la Patagonia, con objetivos subalternos.

El populismo kirchnerista ha utilizado todos los medios, incluyendo la historia, para dividir a los argentinos e imponer su falso relato con el solo objetivo de acumular poder para acaparar dinero.

Mientras la ex presidenta sostiene que El Calafate es su lugar en el mundo, que YPF debía ser estatizada, que el futuro está en Vaca Muerta y que las Malvinas son argentinas, sus seguidores parecen haber olvidado que El Calafate, YPF, Vaca Muerta y las Malvinas son todos íconos de la argentinidad gracias a que, en aquella fría mañana, el general Roca consolidó hacia el Sur las fronteras de la República, evitando que toda la Patagonia fuera chilena. Lo mismo vale para tantos otros lugares que se incorporaron al "ser nacional" en virtud de esa patriótica campaña: desde La Pampa hasta la Antártida, pasando por el cerro Catedral, el glaciar Perito Moreno, la ruta 40, los chocolates de Bariloche, las manzanas de Río Negro, las frambuesas de El Bolsón, las tortas galesas, las merluzas de Puerto Madryn, las ballenas de la península Valdés, el faro del fin del mundo y Ushuaia, la ciudad más austral del planeta.

Es perverso intentar una condena moral de quienes representaban en aquel momento la modernidad y el progreso, cuestionando el desplazamiento de otros pobladores, que tampoco estaban desde siempre. Y, mucho menos, para ocupar tierras, ejercer la violencia y demandar indemnizaciones.

En realidad, se trató de un conflicto de culturas, como ha ocurrido y continuará ocurriendo en toda la historia humana. Desde que los primeros habitantes cruzaron por el estrecho de Bering hace 20.000 años, durante la última glaciación, se han sucedido distintas civilizaciones en todo el continente, caracterizadas por guerras y conquistas, sojuzgamientos y matanzas. Igual que en Europa luego del Imperio Romano, cuando irrumpieron las tribus "bárbaras" que configuraron las distintas nacionalidades, que también nos anteceden.

Ningún pueblo es realmente originario de ningún lugar, pues la evolución humana incluye desplazamientos, dominaciones, extinciones, connubios e himeneos. En ese desarrollo siempre agónico, siempre incierto, ha existido un avance ético, aún tambaleante, al reconocerse ahora valores universales e inalienables de la persona humana. Ése es el mayor legado de la modernidad y el progreso, mal que le pese al relativismo cultural.

Cuando Pedro de Mendoza regresó a España luego de fundar la ciudad de Buenos Aires, había muy poca población indígena, como los querandíes, los guaraníes, los ranqueles o los tehuelches, toda gente de a pie, puesto que no había aún caballos para recorrer distancias. Tampoco había vacunos, ni cerdos, ni perros, ni aves de corral. Cuando los animales traídos de España se multiplicaron, irrumpieron jinetes del otro lado de la Cordillera que hablaban "mapudungun" (mapuche). Los españoles, que los veían llegar del Arauco, llamaron araucanos a estos visitantes que arriaban ganado cimarrón hasta Chile recorriendo las extensas "rastrilladas".

Cuando desapareció el ganado salvaje, el tráfico comercial transandino no desapareció, pues los araucanos lanzaron sus malones sobre los poblados, con sus terroríficos ataques, degüellos y raptos de cautivas con sus críos.

La primera gran araucanización ocurrió después de la derrota en Rancagua (1814) y luego de la victoria de Maipú (1818), cuando las tribus boroanas, que apoyaban a los patriotas chilenos en un caso y a los realistas en el otro, emigraron a nuestro suelo para afincarse en Carhué, Masallé, Guaminí y las Salinas Grandes.

El imponente Juan Calfucurá llegó de Chile en 1834 y estrenó sus armas contra sus propios compadres en la "matanza de Masallé". De allí en adelante, lideró la confederación de las Salinas Grandes y dominó a casi todos los pueblos originarios durante 40 años hasta su muerte, en 1873, después de la batalla de San Carlos de Bolívar.

La irrupción de forasteros en nuestro territorio también ocurrió en el norte de la Argentina. Allí se expandió el imperio incaico, con su capital en Cuzco, que alcanzó los dos millones de kilómetros cuadrados y 14 millones de habitantes, extendiéndose por Chile hasta el río Bio Bio y también por la región andina de nuestro país. La expansión inca no fue pacífica, sino fruto del sometimiento de múltiples pueblos originarios, como los huancas y taramas, los cajamarcas y cañaris, los collas, chachapollas y lupacas.

La historia es irreversible, lo ocurrido no tiene marcha atrás y, como dice Borges: "Todo era fácil nos parece ahora, en el plástico ayer irrevocable?".

El análisis contrafáctico no es muy científico, pero cabe preguntarse: ¿cómo sería el país que imaginan quienes condenan la llamada Conquista del Desierto? ¿Nunca se debió avanzar más allá del río Salado, respetando la línea que el virrey Loreto pactó con los pampas? ¿O quizá ni Juan de Garay ni Pedro de Mendoza debieron llegar al Río de la Plata? ¿A qué nación del mundo pertenecerían hoy nuestros territorios patagónicos, sus bellezas naturales, sus yacimientos de hidrocarburos, sus recursos pesqueros, su proyección antártica?

El populismo kirchnerista ha llevado a su máximo nivel ciertas concepciones del revisionismo histórico, trasladando sus hipótesis y consignas desde el mundo de la academia al mundo del activismo político.

Sería jerarquizar a sus escribas atribuirles raíces en la prosa romántica de Johann von Herder o en el relativismo cultural de Claude Lévi-Strauss. El populismo resucita a los "pueblos originarios" para combatir a la "civilización" representada por la Generación del Ochenta y su proyecto liberal, cosmopolita y modernizador. Y, por elevación, al Occidente contemporáneo y anglohablante, con democracias vibrantes que comparten valores esenciales y que fundan su prosperidad en economías abiertas e integradas al mundo.

Sin duda, esos valores esenciales y nuestras instituciones republicanas son contrarias a los proyectos de los demagogos y dictadores, como se aplican en Cuba, Venezuela, Irán o Rusia.

Los populismos latinoamericanos prefieren adoptar las banderas de la revolución, sobre la educación; de la liberación, sobre la Constitución; de la reclusión, sobre la integración. Para expandir en forma totalitaria su poder interno, invocan gestas emancipadoras y luchas revolucionarias para sus falsas batallas contra enemigos internos y externos.

Eligen a Che Guevara sobre Domingo Sarmiento, a Juana Azurduy sobre Cristóbal Colón o a Juan Manuel de Rosas sobre Julio Argentino Roca. Ocultando, en este caso, que la campaña del primero contra el indio, en 1833, provocó más víctimas que la de 1879 y soslayando que don Juan Manuel buscaba proteger sus estancias, mientras que al ministro de Guerra de Avellaneda lo animaba un sentido nacional.

Todos somos pueblos originarios y, como tales, debemos estar orgullosos de nuestro pasado y de compartir un destino común. Todos tenemos apellidos que reflejan migraciones, rupturas y exclusiones. Las pocas comunidades locales que aún conservan intactos sus linajes merecen amor y cuidado, como parte del pueblo argentino. Sus culturas deben ser integradas y respetadas. Pero nunca utilizadas por activistas, politicastros y picapleitos para juntar votos o engrosar sus billeteras.

Quienes expandieron la cultura occidental por el territorio de la patria, aun mediante conflictos, sembraron las semillas de un valor esencial que no existía en América y que difícilmente hubiera florecido si aquella misa matutina, frente al río Negro, no hubiera tenido lugar: el respeto por la dignidad individual, heredado de Atenas, consolidado en el Renacimiento y, finalmente, plasmado en la concepción moderna de los derechos humanos.

DARÍO ARANDA

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el mayor organismo continental en la materia, afirmó que la megaminería, la explotación petrolera, el agronegocio y la construcción de represas violan los derechos humanos de los pueblos indígenas. Así lo determinó en un extenso informe donde detalla que los gobiernos de la región priorizan su alianza con las empresas extractivas por sobre las leyes que protegen a la población. La CIDH denunció que se condena a las comunidades indígenas a la pobreza, desalojos y muerte. En Argentina existe un piso de 183 conflictos por territorios indígenas.

“Pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y recursos naturales: protección de derechos humanos en el contexto de actividades de extracción, explotación y desarrollo”, es el nombre del informe publicado por la Comisión Interamericana. “La llegada del siglo XXI trajo consigo un aumento de las extracciones mineras y petroleras en el continente. Igualmente, ha aumentado significativamente la presencia de monocultivos de exportación que cubren amplios territorios, con altos impactos ambientales”, detalla.

Precisa los avances de los cultivos de soja, caña de azúcar y palma aceitera. Y afirma: “La Comisión ha podido observar que se han producido serios impactos en los derechos humanos de las poblaciones. Es reiterada y consistente la información recibida sobre impactos negativos ambientales, sociales, culturales y humanos que generan estas actividades”.

La CIDH dedica todo un apartado al modelo agropecuario de la región y alerta sobre “impactos desproporcionados” de la producción de palma aceitera, caña de azúcar y soja. “Tienen efectos ambientales agudos como la pérdida de la biodiversidad y la seguridad alimentaria, el aumento del uso de agroquímicos, el avance de la frontera agrícola sobre áreas naturales, entre otros”, describe. Cuestiona la autorización de semillas transgénicas, “acción estatal que desconoce las formas propias del manejo y gestión de los territorios indígenas”. Recuerda que se autorizaron semillas transgénicas de soja, maíz y algodón en contra de la decisión de pueblos indígenas de contar con un territorio libre de transgénicos.

El máximo organismo de derechos humanos cuestiona a los gobiernos por el “poco apoyo económico a la agricultura indígena o campesina, la negación de la soberanía alimentaria, el despojo de tierras”. También cuestiona que los estados permiten (por acción u omisión) la migración forzosa y la contaminación de flora, fauna, suelo y agua.

Precisa que el modelo agropecuario actual “exige altas cantidades de agrotóxicos” que afectan la salud de la población y el ambiente.

La CIDH también afirma que la minería produce destrucción de ecosistemas donde se ubican las canteras, afectación del sistema hidrológico, contaminación del agua y emisiones de polvo, entre otras consecuencias. “Este tipo de proyectos puede suponer una seria contaminación por el vertimiento de sustancias en el medio ambiente, bosques y ríos. Estas afectaciones pueden llegar a ser devastadoras en casos de proyectos mineros a gran escala o cuando se otorga un gran número de concesiones de pequeña escala”, advierte.

Y explica que tras la culminación de la extracción minera “se carecen de planes de cierre y remediación ambiental adecuados que aseguren la superación de los pasivos ambientales generados”.

La investigación alerta que la explotación de hidrocarburos implica la apertura de trochas, las evaluaciones sísmicas y continua contaminación por derrames. “La CIDH ha recibido información sobre derrames en la selva amazónica debido a la rotura de oleoductos o tuberías generando, entre otros efectos, la presencia de cadmio en el agua. Se ha documentado ampliamente que la exposición al petróleo y a los compuestos químicos vinculados al mismo petróleo provoca efectos nocivos para la salud y la vida del ser humano”, afirma la investigación. Subraya que la explotación petrolera genera desechos tóxicos en todas las etapas de las operaciones, con permanentes hechos de contaminación y afectación de derechos indígenas.

El trabajo también cuestiona las represas que interrumpen el cauce natural de los ríos e impactan en las formas propias que tiene las comunidades indígenas de utilizar sus aguas, generalmente para la agricultura. Y vincula represas con el aumento de enfermedades como dengue, malaria, diarrea y problemas de la piel.

El informe, realizado con la colaboración de la ONG Iwgia (Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas), concluye que el extractivismo provoca “graves impactos sociales y culturales, afectaciones en la salud, alteración en la calidad de vida, provocando desplazamientos (forzados) y daños irreparables a la tierra y los recursos naturales de los pueblos indígenas”. Las actividades extractivas “pueden poner en riesgo la existencia misma de los pueblos indígenas”, alerta la CIDH.

La ONG de derechos humanos Amnistía Internacional realizó en 2015 un mapa de conflictos indígenas de Argentina. Detectó un piso de 183 casos. “Son sólo un número representativo de los conflictos presentes en Argentina en los que comunidades indígenas exigen el cumplimiento de sus derechos frente a gobiernos, empresas (agropecuarias, mineras, petroleras, de turismo –entre otras–), y ante jueces y fiscales del Poder Judicial que desoyen las normativas vigentes”, explicó Amnistía en el sitio web territorioindigena. com.ar, donde se pueden chequear y sumar nuevos casos.