El Gobierno ha anunciado una serie de reformas para destrabar la inversión, y entre ellas, las reformas tributarias. Esto es positivo, pues nuestro sistema tributario sigue los patrones fijados en 1993, que respondían a la muy baja presión fiscal entonces existente. Por eso, las normas vigentes privilegian la situación de la Administración sobre la del contribuyente, problema que no fue corregido por las reformas del 2007 y 2012.

Teniendo hoy una mejor presión fiscal y una autoridad tributaria notablemente capacitada y dotada de recursos, es momento de restablecer el equilibrio entre el contribuyente y la Administración, lo que, sin dudas, contribuirá al objetivo de impulsar la iniciativa privada. Algunas medidas que, en ese contexto, deberían ser contempladas son las siguientes:

1. Restringir la aplicación de multas solo a los casos en que el contribuyente incumpla, intencionalmente, las normas tributarias.

2. Modificar la tabla de sanciones vigente, para que el importe de las multas guarde relación con el perjuicio causado.

3. Dotar de autonomía legal al Tribunal Fiscal, separándolo de la jurisdicción del MEF, y extender el nombramiento de sus vocales por un plazo similar al de los jueces.

4. Eliminar el requisito de afianzamiento del íntegro de la deuda, que hoy es condición para la obtención de medidas cautelares en los procesos contencioso administrativos.

5. Establecer reglas claras y sencillas para el sustento de los gastos, a fin de eliminar la discrecionalidad con la que se evalúa su deducción.

6. Derogar la disposición que permite la suspensión del cómputo del plazo de prescripción cuando se discute la validez de un acto nulo.

7. Eliminar la regla que dispone la imputación de intereses presuntos a los prestamos gratuitos del exterior, para fomentar el ingreso de capitales. La introducción de estas reformas constituiría un gran avance en ese objetivo.