El Ministerio Público ha iniciado una investigación sobre el supuesto aporte de los mineros ilegales al Partido Nacionalista en el año 2011. De acuerdo a la información disponible, el congresista Daniel Abugattás habría recibido ese año recursos para financiar la campaña electoral de Gana Perú producto de una colecta en la que participaron varias empresas que realizan actividades de extracción ilegal de oro.
El aludido parlamentario ha denunciado ante la fiscalía a dos de los dirigentes mineros y ha señalado que se trata de un chantaje relacionado con la política de formalización de la actividad minera que lleva adelante el gobierno. No obstante, ha reconocido que en las últimas campañas electorales en las que él participó recibieron el apoyo económico de mineros artesanales formalizados o en vías de formalización y que estos aportes fueron tratados legalmente, es decir, se entiende, respetando los topes que la ley dispone y dando cuenta al sistema electoral.
Más allá de la denuncia misma y de la necesidad de que este caso sea investigado, es preciso que se tome conciencia de que se trataría de un caso de financiamiento electoral privado sobre el que las disposiciones legales son débiles en referencia a la exigibilidad y el control del origen del dinero. En el proyecto de Código Electoral propuesto por los organismos electorales y que el Congreso se ha negado a debatir se contemplan medidas más eficaces para impedir el financiamiento privado ilegal.
Una de las razones por las que los grupos políticos recurren al financiamiento privado es el escaso financiamiento público indirecto que se brinda a través de la franja electoral durante las campañas electorales, el cual no ha podido ser más amplio por la falta de recursos. De hecho, el impacto de la franja electoral en el conocimiento de los programas y de los candidatos es muy exiguo.
No es esta, sin embargo, la única razón; el financiamiento privado, legal e ilegal, ha empezado a ser condicionado por los intereses de empresas que consideran que sus aportes son en realidad óbolos adelantados que luego serán retribuidos con la concesión de contratos o la aprobación o no aprobación de normas. Lo sucedido en regiones como Áncash o en el mismo Parlamento, con el financiamiento de las campañas a cargo de una ONG costeada por grandes empresas, constituye un cambio en la lógica de la formación de la voluntad popular que se supone debería ser libre y transparente.
Los mecanismos que impiden que el financiamiento privado se convierta en ilegal son de poco alcance. En principio, la ley dispone que los grupos políticos solo pueden recibir financiamiento privado de las fuentes no prohibidas por la Ley, y que una misma persona, natural o jurídica, no puede realizar aportaciones que sumadas sean mayores a 60 Unidades Impositivas Tributarias en un ejercicio presupuestal anual. La amplitud del país hace que sea imposible comparar el financiamiento con la campaña de modo que fácilmente los grupos políticos pueden afirmar que han recibido menos aportes de lo que realmente han gastado.
Vista esta preocupante realidad, la única salida que impida la ocurrencia de los casos denunciados y fomentar una competencia electoral transparente obliga a concretar el financiamiento público directo, incrementar los recursos para la franja electoral y hacer más efectivos tanto el control del financiamiento privado como las restricciones del sistema electoral.
