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Por Carlos Bessombes B.
El paquete reactivador del Ejecutivo no ataca la informalidad laboral
24/06/2014

El paquete reactivador del Ejecutivo no ataca la informalidad laboral

La República

Las medidas en materia laboral del paquete reactivador de la economía que propuso el Ejecutivo no solo son insuficientes sino que no atacan los problemas de fondo, según opinan diversos expertos consultados por La República.

Entre estos problemas que no se estarían abordando están la informalidad laboral y una mayor capacitación que afronte el problema de la baja productividad en las empresas.

Según cifras oficiales, la economía informal genera hoy el 19% del Producto Bruto Interno y el 61% del empleo.

Dentro del empleo informal se considera a todos aquellos trabajadores que no gozan de protección social, preaviso al despido, indemnización por despido, vacaciones anuales pagadas, licencias pagadas por enfermedad, no cuentan con pensión de jubilación.

Al respecto, el laboralista Jorge Toyama reconoce que efectivamente quienes tienen empleo en el país no están en planilla, y por tanto se deben dar incentivos en esa orientación.

"No existen normas ni políticas que generen las buenas prácticas laborales, que ataquen el problema de la informalidad en el país", criticó.

POCA CAPACITACIÓN

Un segundo punto que anotó el experto y que no se menciona en el "paquete reactivador" es la poca inversión en capacitación que impacta directamente en una baja productividad laboral.

"No hay ningún incentivo como sí ocurre en Chile o Colombia para capacitación laboral. El Estado pudiera asumir una parte  y las empresas otra. Solo así el trabajador será más empleable", sostuvo.

MEDIDAS INSUFICIENTES

En tanto, el laboralista Ricardo Herrera cuestionó que lo único que ha escuchado desde el Ejecutivo, en el campo laboral, es la reducción en 35%, por tres años, de las multas laborales que recaerá en el ámbito de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil).

Aseguró que esta medida podría generar un efecto contrario al deseado, dado que eliminaría puestos de trabajo.

Recordó que desde marzo último existe ya una nueva escala de multas, que multiplicó por diez las ya existentes. Por tanto, concluyó que con esta reducción anunciada la multa será siete veces más alta, que aún serían muy elevadas, y con un carácter confiscatorio y complicadas de pagar por un empleador.

"Se deben evaluar las multas anteriores, de lo contrario, por cuidar los derechos laborales, con una multa tan alta las empresas tendrían que cerrar o perder capacidad de trabajo", manifestó.

En tanto por el lado de la salud y seguridad en el trabajo, Herrera explicó que la modificación que se hará permitirá sancionar penalmente solo si el accidente es por dolo de la empresa. Precisa que debe pensarse en una serie de acciones que apunten a eliminar sobrecostos laborales importantes.

"El paquete debe contener medidas estructurales de simplificación de las formalidades y obligaciones laborales", dijo.

Una opinión distinta tiene Salomón Lerner, ex primer ministro, pues señala que el costo laboral hoy en día no es un costo que no sea competitivo frente a los costos laborales de los otros países en América Latina, por tanto no sería un factor determinante si un agente productor deje o no de producir un bien. "El costo laboral no es significativo en la industria ni en sectores de materias primas".

SE DEBE MEJORAR LA COMPETITIVIDAD

Según el INEI, el empleo informal total en las unidades productivas, formales e informales, al 2012 es de 74,3%, con una baja de 5,5% desde el 2007. Solo en el empleo no agropecuario, el empleo informal se estima en el 2012 en 66,7%.

El 9% de los jóvenes del país están desempleados, pero solo un 11% de los que trabajan tienen uno formal. En tanto, el 41% de las empresas formales no encuentran mano de obra calificada.

Los especialistas del Banco Interamericano de Desarrollo recomiendan, para mejorar la competitividad, emprender una  reforma en el ámbito de la formación laboral, que sea integral, consensuada, y cuente desde un principio con la participación del sector productivo, para garantizar una mejor adecuación entre lo que se enseña en las aulas y lo que necesitan las empresas.


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