¿Tiene que ser “sí” o “no” la respuesta? ¿Solo se puede estar a favor o en contra, no caben posiciones intermedias? Lo pregunto porque las medidas propuestas son muy diversas y no creo que deban ser promovidas o cuestionadas “en paquete”. Cada una de ellas exige un análisis independiente y propositivo, tanto a nivel legal como de política ambiental. 

Sin embargo, como hoy la materia ambiental está politizada, parece que toda respuesta exige una toma de posición a favor o en contra, no hay punto medio, como si en materia ambiental las perspectivas se pudieran resumir en dos: pro industria o pro ambiente. Nada más ajeno al interés de los peruanos y a los principios generales del derecho ambiental. 

En el fondo, tengo la impresión de que no se están cuestionando las modificaciones propuestas a la regulación ambiental en sí mismas, sino el modelo de desarrollo en práctica hoy en el país. Más o menos, el mismo meollo de la discusión en muchos de los conflictos socioambientales. 

Ya son varias las veces que la indefinición de la política ambiental peruana, a pesar de haber sido aprobada, lleva a esta polarización que no admite términos medios. Por eso es necesario que el Estado en su conjunto –no solo el Ministerio del Ambiente ni el Ministerio de Economía– implemente una política que rija en los hechos. 

Pongamos un ejemplo. Hace cuatro años Costa Rica, por medio del Decreto Ejecutivo 35982-MINAET (modificado por el Decreto Ejecutivo 35982-MIAET), declaró una moratoria nacional indefinida para la minería aurífera que utiliza cianuro o mercurio. ¿Podríamos decidir eso para nuestro país? En teoría sí, pero habría que debatir el tema entre todos los peruanos, sin olvidar que a diferencia de Costa Rica en el Perú tal medida exigiría modificar la Constitución.

Lamentablemente la débil institucionalidad (que no es solo en materia ambiental), así como el incumplimiento de lo que mandan las leyes, hace que algunas políticas sean ineficaces. Entre otros ejemplos basta recordar al presidente regional de Cajamarca que, violando el Estado de derecho y por la vía de los hechos, impuso una “moratoria indefinida” al proyecto Conga.

Por otro lado, a mi parecer, el desarrollo de la legislación ambiental peruana sigue influenciada por las experiencias que en materia de extracción de recursos naturales hemos tenido los peruanos a largo de nuestra historia (algunas de ellas nefastas como el caso de la extracción del caucho en la zona del Putumayo). Es decir, hoy la técnica regulatoria ambiental del Estado, cuya finalidad debe ser la mejora de la calidad ambiental en el Perú, pareciera estar sesgada por prejuicios que llevan a la aprobación de normas inadecuadas. Por eso, entre otras razones, tenemos muchas disposiciones ambientales vigentes, pero no todas eficaces.

En buena cuenta, creo que la materia ambiental se ha convertido en la arena de combate de posiciones opuestas (ideológicas o económicas), generando dificultades para que el Estado tome decisiones correctas y exija el cumplimiento de las políticas nacionales. Esto debe cambiar y la iniciativa para acercar a las partes le corresponde al Estado. Este “paquete” de medidas fue una buena oportunidad para hacerlo.