(Por Francisco Orrego) NADIE PUEDE desconocer la importancia de la minería para el desarrollo del país y el bienestar de los chilenos, así como de su indiscutido y reconocido liderazgo mundial, pues este importante sector económico ha contribuido, en promedio para el período 2004-2013, con el 15% del PIB y el 60,6% de las exportaciones nacionales, mientras que su aporte a los ingresos fiscales alcanza el 20,7%.
A pesar de la importancia de la minería para el país, se trata de un sector con escasa presencia en el mercado de capitales local. Ello tiene su explicación, entre otras causas, en el desconocimiento y/o temor que existe sobre las características y riesgos del negocio por parte de los agentes e inversionistas.
Esta desvinculación entre la actividad minera y el sistema financiero es un diagnóstico compartido y afecta principalmente a la pequeña y mediana minería por la falta de financiamiento que permita aprovechar las oportunidades de exploración y explotación existentes.
Un país eminentemente minero como Chile, que cuenta con un sólido y sofisticado sistema financiero, necesita el desarrollo de un mercado de capitales para la minería. Ha sido un antiguo anhelo del sector el poder acceder a nuevas formas de financiamiento, especialmente a través del mercado de capitales.
Con el objeto de abordar este tema, el Gobierno del ex Presidente Piñera diseñó, impulsó y desarrolló una agenda para perfeccionar el mercado de capitales y estrechar la vinculación con la actividad minera. Junto con privilegiar el lanzamiento de los Fondos Fénix y presentar un proyecto de ley para ampliar la Bolsa de Productos a las transacciones de productos y concesiones mineras, los primeros pasos para el acercamiento entre ambos sectores se dieron a través de la dictación de la normativa necesaria por parte de la SVS y la firma del Convenio entre ambas Bolsas de Comercio de Santiago (BCS) y TSX Venture de Canadá que facilitan el doble listamiento e integración entre ambos centros bursátiles.
Sin embargo, este es un proceso de desarrollo, implementación y maduración permanente y de largo plazo, donde el trabajo conjunto y coordinado del sector público y privado resulta fundamental. La primera fase del diseño institucional de este proceso quedó bastante avanzado durante el Gobierno anterior, pero ahora debemos pasar a la etapa de la difusión, promoción y aplicación de esta reglamentación, lo que requiere del compromiso de todos los actores involucrados.
Pero este desafío presenta ciertas señales inquietantes. Desde luego, la agenda de Mercado de Capitales Minero dejó de ser una prioridad para las actuales autoridades. No sólo la tramitación del proyecto de ley que modifica la Bolsa de Productos ha sido abandonada por el Gobierno, sino que además se desconocen las medidas y acciones que se están impulsando para los fines señalados. Si a lo anterior sumamos el próximo envío de un proyecto de ley para derogar el DL 600, asestando un duro golpe a la certeza jurídica y estabilidad regulatoria que requieren los inversionistas y restándole de paso competitividad a la minería chilena, vemos con preocupación la postergación de una agenda que debería ser una política de Estado.
