Diario de Cuyo
Julio Turcumán
El contexto pesa. No es lo mismo hacer una entrevista periodística con un homicida serial, por ejemplo y para tomar un caso extremo, en su celda del Penal de Chimbas, que hacer el mismo reportaje en el estudio del abogado que lo defiende, o en la radio o el diario donde el periodista trabaje.
El contexto es importante. Seguramente en su espacio de reclusión el delincuente se sentirá más seguro, y esa seguridad le dará la posibilidad de pensar, de responder distinto y hasta de actuar de manera diferente. Más o menos lo mismo que a un periodista le pasó al gobernador Sergio Uñac ayer al entrar a la carpa de los antimineros en Jáchal. Entró a territorio hostil. Jugó con las armas de personas que no piensan igual. Pero jugó, lo que a su vez implicó un sacudón para quienes llevan meses militando en contra de la minería a gran escala. ¿Sirvió para algo? Es muy pronto para responder esa pregunta, y será difícil responderla en algún momento, ya que la raíz ideológica del problema torna toda la discusión en ambigua, tanto como la opinión de los sanjuaninos sobre la minería: siete de cada diez están de acuerdo con el desarrollo de esa actividad, pero poco más de la mitad cree que contamina.
Para colmo de males hoy llegaría a la provincia Sergio Bergman, ministro de Ambiente de la Nación. El funcionario tiene previsto visitar Iglesia y Jáchal a pedido de los mismos asambleístas que le pidieron a Uñac que cierre Veladero y Gualcamayo. La agenda del funcionario de Mauricio Macri es llegar hoy a Iglesia y recién mañana ir a Jáchal, luego de una visita al jefe territorial, Uñac. Pero el gobernador sanjuanino aún no confirmó si lo va a recibir o no, por tanto esa agenda puede sufrir modificaciones aún. Y anoche otras fuentes ponían en duda, incluso la visita.
Bergman ha cuestionado públicamente los controles que hace el estado provincial con la minería a cielo abierto, por tanto, de ocurrir el encuentro con el sanjuanino, Bergman tendrá la caballerosidad de explicarle en la cara al mandatario en qué cree él que se está fallando. O Uñac de preguntarle amablemente qué quiso decir con eso. Aseguran, aunque nadie quiso confirmar el dato, que Uñac y Bergman ya hablaron telefónicamente hace siete días, y que esa charla no terminó muy bien.
La motivación de Bergman suena caprichosa porque ocurre por pedido de un pequeño grupo de personas y sin sustento científico, ya que ningún análisis serio ha demostrado algún daño a alguna persona tras el derrame de solución cianurada de septiembre del año pasado. Y también da un doble mensaje: mientras Macri elimina las retenciones mineras para facilitar las inversiones, uno de sus ministros hace demagogia. Suena contradictorio. Incluso, y según contaron fuentes macristas en San Juan, el sí de Bergman a los jachalleros le trajo ciertas diferencias con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, de buenas migas con Uñac y los gobernadores peronistas.
Los números
¿Qué dicen los sanjuaninos de la minería? un informe de la Consultora Acierto, al que accedió este diario, trabajado realizado entre el 29 de febrero y el 4 de marzo en el Gran San Juan y Caucete, entre 1.000 casos, indica que el desarrollo de la minería es entre necesario y muy necesario para el 71,3 por ciento de los sanjuaninos. Pero, a su vez, el 55 por ciento cree que contamina. Contradictorio.
Todo indica que lo de ayer fue importante, tanto para los jachalleros por haber sido escuchados como para el gobernador por haber roto el hielo y por la posibilidad de seguir charlando. Por lo que se ve, Uñac no será el que rompa el diálogo, veremos del otro lado qué hacen
Sebastián Saharrea
La sensación que hay entre los abogados de Barrick es que tienen margen para pelear el monto, pero que no lo tienen para aparecer ante la sociedad levantando siquiera un dedo.
Y es verdad. Muy probable resulta que sea esa la razón por la cual el máximo staff de la compañía canadiense aceptó pagar sin patalear los 10 millones de dólares que resultó al cambio de esta semana la histórica multa de 145 millones de pesos que le puso la provincia por la fuga de cianuro en Veladero. Y que curiosamente no dispuso de toda la furia de difusión a nivel nacional que sí tuvo el derrame.
No habrá sido porque no les haya llegado la información ni porque se trate de una noticia poco atractiva. Ese dinero en concepto de multa es el más alto en la historia no sólo de la provincia sino también del país en materia de sanción por un incidente ambiental, a la que sólo puede arrimarse con chances de competir alguna en el rubro petrolero.
Y a la que hay que sumar los gastos que le demandará a la empresa las inversiones en la mina que deberá realizar en plazo perentorio como consecuencia de la misma sanción: gabinetes para monitorear las temperaturas del agua, movimientos de tierra y la construcción de otro canal que alivie el canal del Norte desbordado durante el accidente.
Le aplicó el Ministerio de Minería el máximo de la sanción disponible por el Código Minero en su artículo 326: 80 veces el canon que paga por la explotación del área de concesión, una suma que arrojó la citada cifra de los U$S 10 millones. La empresa fue notificada esta semana y dispone de 15 días hábiles para presentar una eventual apelación, luego de lo cual la sanción ya quedará en firme y tendrá 10 días más para abonarla en efectivo en la cuenta bancaria de la provincia.
Pese al plazo, la empresa ya comunicó por canales informales que su decisión es no apelarla, aunque deberá realizar un movimiento de divisas para pagarla entre lo que tenía destinado a las utilidades de la explotación. Por esa razón es un tema de máxima atención puertas adentro de Barrick: pese a lo oneroso del pago, calculan que el hecho de acatarla sin protestar puede funcionar como el primer ladrillo en la pared de la credibilidad perdida por la compañía, que debe comenzar a construir nuevamente desde cero.
La sanción recorre todos los ingredientes de este coctel que estalló en setiembre del año pasado: tanto la fuga de la solución cianurada como el hecho de no poner en marcha inmediatamente el plan de contingencias previsto para estos casos –para lo que hubo una demora de largas horas-, no informar de inmediato o poner en riesgo la salud pública. Todos esos factores concluyeron en la aplicación de la pena máxima contemplada en la ley. Y la citada condición de ser la más alta en la historia nacional, cosa que ningún medio nacional consiguió descubrir por sí mismo.
Puertas adentro, en la empresa circuló un informe con lo que consideran una inconveniencia técnica en no apelar. No para dilatar los tiempos y hasta ni siquiera con la expectativa de ver reducido el monto, sino para dejar expresada la postura de la empresa y evitar un mal antecedente que puede habilitar consecuencias no deseadas.
Muy sotto voce indican que a su criterio la sanción se aplica sobre cánones que no corresponden, y por lo tanto inflan la suma. Más allá de recalcar que la decisión de la compañía es admitir su responsabilidad en el hecho. Que es un derrame y no una contaminación, subrayan. La diferencia entre una y otra es que para ser una contaminación debe no resultar remediable y en este caso el derrame se produjo, los niveles se alteraron, la empresa es responsable –incluso penalmente sus trabajadores procesados por el juez Oritja-, pero se degradó. Para ellos es importante en este expediente no convalidar el delito de contaminación, que es por lo que la justicia los tiene en la mira tanto el magistrado jachallero como su colega federal Sebastián Casanello.
Todo indica entonces que lo que ocurrirá en los próximos días será el pago de la multa histórica sin apelación, pese al mar de fondo desatado puertas adentro de la empresa respecto de su conveniencia o no. Con esa suma en la mano, o incluso sin ella pero con el expediente cerrado, el gobierno provincial ya decidió que avanzará en un plan de desarrollo estratégico integral.
En todos los departamentos, pero que comenzará con Jáchal después de la semana Santa. En todas las disciplinas y los ministerios, pero que comenzará con el despliegue de la cartera de Minería. Con recursos propios para sostener proyectos de cara al futuro, pero que incluirán estos recursos nada despreciable de los U$S 10 millones que pagará Barrick.
La intención del ministerio es dar rápidamente vuelta la hoja planteando una discusión superadora, aunque sin dejar de lado las opiniones disonantes sobre la actividad, que las hay. "Lo que queremos es debatir con toda la sociedad jachallera qué modelo de desarrollo queremos de aquí al futuro, y cómo lo vamos a planificar y encarar con tiempo. Aceptamos que se pueda pensar distinto y es algo que debemos tener muy en cuenta, pero no se puede circunscribir cada paso a eso. Porque mientras tanto, hay muchas necesidades que atender y mucha fuerza de trabajo que ayudar a despegar”, se le escuchó decir esta semana al ministro de Minería, Alberto Hensel.
Por eso, ya están poniendo en marcha el plan de desarrollo territorial que debutará en Jáchal con la intención de apuntar a un despegue planificado y estratégico. Sistema en el que el propio gobernador Uñac es especialista: lo diseñó y lo puso en marcha en Pocito cuando era intendente. Tiene tres etapas: la primera es la definición del plan, la segunda es la determinación de los ejes y la tercera es la elaboración de proyectos para buscarle financiamiento y condiciones para impulsarlos. En esa caja operará el dinero de la multa.
El desafío es intenso, las condiciones son difíciles. Esta misma semana viajaron a la capital provincial todos los concejales jachalleros para interiorizarse de la situación en el Ministerio de Minería. Estuvieron casi todos, sólo faltó el edil que motoriza las denuncias en la asamblea jachallera. Hubo oficialistas y opositores y todos convinieron en la necesidad de comenzar a hablar de un plan de desarrollo integral para el departamento, luego de tener la certeza de lo que indican las mediciones sobre la ausencia de contaminantes producidos por el derrame de Veladero. Como lo señalan todos los estudios realizados hasta ahora, incluido el de la ONU que esta semana el juez Casanello solicitó por oficio y la provincia envió al magistrado federal.
Coinciden todos los ediles en que el clima no es bueno, y que ha estado siendo inflamado a límites peligrosos. Cada uno de ellos cuenta experiencias personales de situaciones tensas, tanto ellos como sus familias. Ni hablar del intendente José Vega, cuyos padres recibieron la "visita” de los manifestantes. O el propio juez Pablo Oritja, que ha tenido que recibir una custodia policial tanto en su juzgado como para circular o para su familia, como consecuencia de su trabajo. Testimonios, apenas, sobre hasta dónde puede llegar la intolerancia.
