Sin embargo, a menos de un mes de su presencia en La Encañada, fue el propio Santos quien convocó a un paro de 48 horas en contra del proyecto y dio inicio al proceso de movilización social más prolongado de la historia de la región. Antes de eso, una serie de organizaciones sociales había promovido protestas aisladas en contra de Conga, muchos de cuyos líderes habían acusado a Santos de mantener una actitud ambigua. Incluso hubo aquellos que lo acusaron de “traición”, teniendo en cuenta el original gremial de Santos, ex presidente de la Federación Departamental de Rondas Campesinas y militante de Patria Roja. Frente a ello, y ante una inminente radicalización del conflicto, Santos habría optado por tomar el liderazgo de la movilización antes de ser desplazado políticamente. Como lo ha expresado Luis Meléndez, Gregorio Santos fue, al menos en la primera etapa, una “autoridad movilizada” antes que un agende movilizador.

Sin embargo, con su involucramiento directo Santos agregó una dimensión al conflicto que resultaría fundamental: la del gobierno regional contra el gobierno central. Cajamaraca en contra de un proyecto impuesto por Lima, discurso que fue facilitado por errores cometido por funcionarios del gobierno (como el regreso a Lima del entonces ministro de Energía y Minas, Carlos Herrera Descalzi, en el avión privado de Roque Benavides, tras visitar la región) pero sobre todo por el repentino cambio de postura de Ollanta Humala, quien como candidato había calificado la minería como “una cicatriz en el rostro de Cajamarca”. Cuando a inicios de diciembre el gobierno central declaró cuatro provincias de Cajamarca en estado de emergencia, Gregorio Santos ya había acumulado el suficente capital político para unificar a los frentes movilizados y, como se vería dos años después, ser reelecto como gobernador con el 44% de los votos. Rápidamente, “Goyo” se convirtió en la personificación del descontento respecto a las actividades, sino de la minería, de Yananocha en específico.

Los accidentes ambientales en los que la minera se vio involucrada, y una serie de desavenencias con la población rural, tuvieron consecuencias profundas en el (des)prestigio de la empresa. El derrame de 150 kilos de mercurio en Choropampa en junio del 2001 fue el detonante para la creación de las primeras ONG ambientalistas y frentes de defensa del medio ambiente. Hasta entonces, el conflicto en torno a Yanacocha estuvo limitado al ámbito rural; tras Choropampa a los sectores rurales se sumaron una serie de actores urbanos que introdujeron un componente técnico a las demandas en contra de Yanacocha. Cuando en el 2004 hubo una importante movilización en contra de la expansión de la empresa en el cerro Quilish, se demandó un “estudio hidrobiológico” que descartara la función del cerro como”colchón acuífero” del ecosistema regional. Desde ese momento, a cada proyecto de envergadura auspiciado por Yanacocha se le ha pedido un documento técnico que garantice mayores estándares ambientales. En Quilish, fue el “estudio hidrobiológico”; en Combayo, el “balance hídrico” y en Conga, el “peritaje del Estudio de Impacto Ambiental (EIA)”.

Esta discusión fue llevada al ámbito nacional cuando el Ejecutivo convocó a un peritaje internacional del EIA de Conga, ante lo cual el gobierno regional respondió encargando un estudio alternativo al experto norteamericano Robert Moran. Por supuesto, ambos informes divergieron en sus conclusiones y no permitieron avanzar en la solución del conflicto, lo cual derivó en un nuevo ciclo de manifestaciones a mediados de 2012. Sin embargo, la reactivación del conflicto no hubiera sido posible sin el soporte de dos organizaciones dominadas por Gregorio Santos: el gobierno regional, el cual brindó soporte logístico a los movilizados; y Patria Roja, partido que mantuvo activa la protesta. A diferencia de los frentes de defensa que tomaron protagonismo en la primera etapa del conflicto –un conjunto de colectivos precarios–  Patria Roja contaba con una estructura asentada en los gremios más importantes de la sociedad cajamarquina. Durante el periodo 2011-2012, el partido controlaba el gremio magisterial, la central de rondas campesinas y la federación de estudiantes, lo cual permitió comunicar el mensaje político, informar respecto la coyuntura regional e incentivar la movilización en distritos fuera de la zona minera gracias al trabajo de maestros agremiados y líderes ronderos.

Estas mismas redes –útiles para movilizar tanto manifestantes como electores– han sido importantes para afianzar el liderazgo político de Santos a lo largo de una región dividida por el geografía. En las elecciones de 2014, la votación del Movimiento de Afirmación Social (MAS) de Santos superó el 30% en todas las provincias del departamento. En la provincia de Hualgayoc, epicentro de las movilizaciones, su votación superó el 70% de los votos válidos, mientras que en los distritos del área de influencia de Conga –Huasmín, Sorochuco y La Encañada– su votación no descendió del 50%. En La Encañada, pasó de obtener el 23% de los votos en 2010 a 54% en 2014. De esta manera, a partir del conflicto, Gregorio Santos fue capaz de canalizar el descontento acumulado en contra de una empresa que, para el imaginario regional, no ha contribuido al desarrollo local y que, por el contrario, había afectado los medios de subsistencia. Algo de particular relevancia en una de las pocas regiones donde la población rural es mayoritaria. A esto hay que sumar la detención de Santos y su prisión preventiva por posibles actos de corrupción, lo que fue interpretado en la región como una represalia –de Yanacocha y el gobierno central– por su postura política. Así, Santos se impuso con relativa facilidad al candidato del fujimorismo en las elecciones regionales del 2014, acaso la segunda fuerza política de la región.

En las elecciones de 2011, Cajamarca fue, junto a Junín, una de las dos regiones predominantemente andinas donde el fujimorismo ganó la primera vuelta. Keiko Fujimori obutvo 34% de los votos, 10 puntos porcentuales por encima del promedio nacional. Esta alta aprobación responde al trabajo desarrollado por Absalón Vásquez –la cara más visible del fujimorismo en la región durante los años noventa– a través del control de los programas de asistencia social y fondos municipales. Por ejemplo, en 1998, Vamos Vecino, el aparato fujimorista organizado por el propio Vásquez, ganó 7 de 13 provincias del departamento. Sin embargo, a pesar de un breve entendimiento con el fujimorismo de Keiko Fujimori en las elecciones regionales de 2010, la líder del partido optó por depositar su confianza en los hermanos Ramírez (Joaquín y Osías), empresarios del rubro educativo y dueños del equipo de fútbol UTC. A diferencia de Vásquez, un operador de base, los Ramírez son parte de la tendencia de empresarios regionales que utilizan activamente sus recursos  para hacer política. En su campaña al Congreso en 2011, Joaquín llegó a construir una carretera y varias losas deportivas, mientras que Osías, en su campaña a la gobernación en 2014, contaba con camiones donde se brindaba atención médica gratuita.

De manera sorpresiva, las elecciones generales han reproducido una distribución del voto similar a la pasada contienda regional, un fenómeno inédito. Goyo Santos alcanzó 40% de los votos, sólo 4 puntos porcentuales menos que en el 2014, mientras que la lista congresal del fujimorismo, con Osías Ramírez a la cabeza, se hizo del 30% de preferencias. Sin embargo, al no cumplir con los votos necesarios para superar la valla electoral, los candidatos de Democracia Directa –el membrete utilizado por el MAS para poder competir a nivel nacional– no podrán ser parlamentarios. Resultado que contribuye a la percepción de injusticia por parte de sus votantes: no sólo la persona que eligieron como gobernador no puede ejercer el cargo, sino que aquellos que eligieron como parlamentarios tampoco podrán representarlos. Pésimo escenario, ya que como afirma Carlos Meléndez, conflictividad sin representación es la peor combinación para la gobernabilidad.