JOAQUÍN MORALES SOLA
Miguel Pichetto y Ernesto Sanz, peronista uno y radical el otro, son amigos personales a pesar de que pocas veces están de acuerdo. Los dos fueron senadores y presidentes de sus bloques en los mismos años. Pichetto lo sigue siendo del determinante bloque de senadores peronistas. Sanz es ahora un asesor político de primer nivel de Mauricio Macri. Los dos se han vuelto a reunir en las últimas semanas para tratar de responder una pregunta: ¿es posible todavía un acuerdo de gobernabilidad entre el macrismo y el peronismo? El Gobierno venía diciendo que no a esos pactos porque prefería un combate directo con Cristina Kirchner. Sin embargo, en los últimos días también el macrismo, influido por Sanz y los radicales, se hace la misma pregunta. La respuesta no es rápida ni fácil. Requiere de condiciones que todavía no existen.
El cambio de clima en el Gobierno sucedió después de que todo el peronismo (unidas todas sus banderas ideológicas) le impusiera al Presidente una ley que el Presidente no quería. Fue la primera vez que el peronismo demostró a Macri que está en condiciones de volcar el Congreso hacia cualquier lado. A Macri le quedará siempre el derecho de veto, pero el problema es otro: nunca será un buen mensaje hacia los poderes fácticos del país y del exterior que los peronistas puedan aprobar o rechazar las leyes que se les antoja.
Desde ya, el debate en sí mismo por esa ley de doble indemnización durante 180 días es una hipocresía pocas veces vista. Todos saben que no resolverá nada. ¿Qué pensaron para el día 181? ¿Creen los peronistas que no habrá despidos entonces? ¿Están tan convencidos como el Gobierno de un segundo semestre mucho mejor? Si así fuera, ¿no sería suficiente el compromiso de los empresarios de no despedir durante 90 días? "No pregunte más. Esa ley ya no importa", responde, cínico, un peronista. Importan los gestos de poder. Nada más.
La pregunta que se hacen Pichetto y Sanz, y que da vueltas en la cabeza del Gobierno, es válida para suponer un destino con menos sorpresas. La respuesta tiene dos condiciones. Una: el conflicto irresuelto del Gobierno es que el peronismo está muy fragmentado y no sabe con quién acordar. La otra: el beneficio del Gobierno es que el peronismo está muy fragmentado, porque si estuviera unido Macri andaría saltando de trampa en trampa. Como conflicto y beneficio son productos del mismo hecho, el único recurso que queda al Gobierno es indagar dónde están las columnas más sólidas del peronismo.
l peronismo tiene cuatro grandes franjas: la que lidera Sergio Massa; la conducción oficial del Partido Justicialista con José Luis Gioja y Daniel Scioli a la cabeza; los "pragmáticos", como se los llama a gobernadores e intendentes, y el cristinismo residual. Después de la ley vetada, Massa quedó en el peor de los mundos. Una semana bloqueó una sesión especial de la Diputados promovida por el peronismo pankirchnerista para tratar esa ley. Le hizo duras críticas a la letra del entonces proyecto. La semana siguiente votó con el peronismo pankirchnerista para aprobar esa misma ley. No tuvo otra salida: el bloque que lidera amenazaba con partirse en mil pedazos.
Tampoco quedó bien con el Gobierno. Una semana lo ayudó; la semana siguiente lo acorraló. Hizo las dos cosas por el mismo asunto. En sus frecuentes charlas con funcionarios, Massa suele recurrir a un mismo argumento: "Si me acerco mucho a ustedes, ¿por qué la gente me votaría el año que viene?" Hace tres meses aseguraba que no sería candidato el año próximo. Massa es así. El Gobierno le desconfía porque lo considera un político pendiente de la última encuesta o del último consejo de sus diversos asesores.
La conducción formal del peronismo no tiene autoridad para fijar una posición, sobre todo porque sus dos principales dirigentes, Gioja y Scioli, están pendientes de la opinión de Cristina Kirchner. Y Cristina es el futuro del que el peronismo huye. Una dirigente política con cerca del 60% de rechazo social no corporiza un proyecto de poder. Los pragmáticos son pragmáticos en las buenas y en las malas. Los gobernadores e intendentes apuraron a los senadores a aprobar el acuerdo con los holdouts cuando tenían caliente la promesa de que les aumentaría la coparticipación. El Gobierno se olvidó de esa promesa y los gobernadores dejaron que los senadores aprobaran con una mayoría de estupor la ley de empleo que el Gobierno no quería. No son ni buenos ni malos. Son así.
Es cierto que esa ley se inició en el Senado, pero lo es también que fue Massa quien primero les abrió las puertas del Congreso a los principales dirigentes gremiales para que plantearan el problema de una "ola de despidos" que luego se convirtió en "temor al despido". No es lo mismo. Ése fue el germen inicial de la ley que Macri vetó. Los sindicatos son actores principales del peronismo. "El peronismo son los gobernadores, los intendentes bonaerenses y los sindicatos", asegura un senador peronista. Macri está negociando ahora que una posible huelga nacional por el veto termine siendo lo menos visible posible. La dos CTA irán al paro y también un sector del moyanismo, descuenta el Gobierno. Cree que las otras dos CGT, la de Antonio Caló y la de Luis Barrionuevo, no participarán de la medida de fuerza. Confía en que el dirigente del transporte Roberto Fernández cumpla la promesa de no plegarse. Un paro con transporte nunca fue un paro en serio. ¿Realmente no se plegarán Fernández ni las otras dos CGT? "No, por ahora", dice el Gobierno. Por ahora. Todo es siempre relativo en el universo sindical.
Pichetto asegura al Gobierno la buena predisposición del Senado. Pero Pichetto necesita a los gobernadores peronistas conformes, porque son ellos los que ayudan al líder senatorial a torcer los votos decisivos del cuerpo. Los gobernadores quedaron conformes ahora, después de que la administración federal oficializara en Córdoba, en una reunión con todos los mandatarios, el aumento de la coparticipación. El Gobierno quiere algo más que acordar la gobernabilidad como la que urden Pichetto y Sanz. Quiere un "pacto de no agresión", esto es, que no se repitan leyes que luego Macri deberá vetar. Los peronistas callan. La "no agresión" no estaba en sus planes.
Massa sigue siendo decisivo en Diputados, aun si hubiera un acuerdo con Pichetto en el Senado. Salvo que el bloque de Diego Bossio reciba nuevas deserciones del sector pankirchnerista. Bossio suele seguir las líneas políticas de Pichetto. El cristinismo perdió el respeto de los peronistas pragmáticos desde que éstos descubrieron que Cristina carece de buena información política y que quiere, sobre todo, que Macri se vaya cuanto antes. Intendentes bonaerenses escucharon decir a Carlos Kunkel que "hay que forzar el éxito". Significa, explicaron, que hay que apurar la salida de Macri del Gobierno para que vuelva Cristina. "¿Cómo voy a creer en esa línea si yo todavía no puedo hablar mal de Macri ni de Vidal en mis barrios?", se preguntó un intendente del conurbano.
Si cualquier diputado opositor hubiera pronunciado en los tiempos de Cristina la frase de Kunkel, el Gobierno de entonces habría recurrido a la tribuna de las Naciones Unidas para denunciar el golpismo de sus opositores. Pero la izquierda presunta permite hasta el golpismo y su impunidad. El grueso del peronismo apuesta a las próximas dos elecciones, la de 2017 y 2019, dicen los peronistas. Una parte de la pregunta de Pichetto y Sanz ya fue respondida: pueden haber acuerdos tácticos y tácitos con el cristinismo, pero al final sólo caben con Cristina la victoria o la derrota.
NÉSTOR SCIBONA
Apenas un mes después de la resonante salida del default, el gobierno de Mauricio Macri se ha visto obligado a reparar de urgencia el deteriorado puente de las expectativas en el plano interno. Un puente para llegar con menos riesgos al segundo semestre, presentado al unísono por sus funcionarios como una suerte de "tierra prometida", con una inflación en descenso y aumento de la inversión pública y privada que, junto con el cierre de las paritarias pendientes y cambios impositivos (blanqueo incluido), debería conducir a cierto repunte del consumo, la actividad económica y el empleo.
En estos días Macri debió retomar la iniciativa para reducir daños. Había quedado entrampado entre el malestar de la clase media por el drástico "tarifazo" de abril seguido por la suba de combustibles y el revuelo político por la controvertida ley antidespidos, con la que el peronismo intentó recrear -con dialéctica y sin números- un cuadro similar al de la crisis de 2002, cuando el desempleo superaba el 23%. No tenía mucho más que perder después de haber pagado el costo político de haber anticipado el veto. Pero estos cimbronazos fueron el disparador de decisiones postergadas, en busca de reencauzar la relación con sindicalistas, empresarios y gobernadores.
Con la suba del salario mínimo vital en tres tramos (de $ 6060 a $ 8060 en enero) y del seguro de desempleo (de $ 400 a $ 3000 mensuales), consiguió que las tres CGT dejaran de agitar el fantasma de la primera huelga general contra un gobierno que lleva cinco meses de gestión. Otra novedad fue la condescendencia con la Casa Rosada de los titulares de dos gremios con problemas de empleo: Gerardo Martínez (Uocra) ante el lanzamiento de planes de obras públicas a granel, y Andrés Rodríguez (UPCN) tras el cierre de la paritaria estatal a un año con un aumento de 31% repartido en tres meses. El pago parcial de deudas con las obras sociales sindicales debe haber contribuido además a este efecto balsámico.
Paralelamente, la maratónica sesión de Diputados permitió la sanción de la ley para devolver el IVA (hasta $ 300 mensuales) en las compras de alimentos que realicen jubilados con haber mínimo y beneficiarios de planes sociales con tarjeta de débito, una forma de pago insólitamente cuestionada ahora por el kirchnerismo.
Por su lado, varias entidades empresarias (UIA, CAC, Camarco) apoyaron expresamente el veto presidencial al cepo laboral que, como contrapartida, dio lugar al paquete de asistencia fiscal y financiera para reducir costos a las pymes. Varias medidas (fin del impuesto a la Ganancia Mínima Presunta, cómputo del impuesto al cheque a cuenta de Ganancias y desgravaciones a la inversión) tendrán efectos en la segunda mitad del año si, previsiblemente, pasan el filtro del Congreso.
Para completar el cuadro, la Casa Rosada acordó finalmente con todos los gobernadores el reintegro gradual (en cinco tramos de 3% por año) del 15% de coparticipación de impuestos retenidos para el sistema previsional, más la opción de préstamos subsidiados del Fondo de Garantía de la Anses. Este acuerdo reduce el margen de discrecionalidad del gobierno central en la transferencia de fondos a las provincias, que Cristina Kirchner utilizó como sistema de premios y castigos políticos. Y tiene otro efecto: ningún senador cuestionó el veto de la ley, pese a que había sido aprobada por casi toda la oposición. El próximo paso oficial será recuperar el Fondo del Conurbano bonaerense, congelado desde hace años.
El problema es que, en el corto plazo, todas estas medidas aumentan el gasto público o reducen los ingresos tributarios. Y, aunque el costo ya había sido previsto en varios casos, agregan más incertidumbre al objetivo de reducir gradualmente el déficit fiscal a partir de este año.
El Ministerio de Hacienda fijó como meta un déficit primario de casi $ 360.000 millones para 2016, que prevé financiar con más deuda y menos emisión del Banco Central (con un tope de $ 160.000 millones). Pero la dinámica del gasto público (incluyendo la deuda flotante que en 2015 dejó el kirchnerismo e impacta en las cuentas de este año) genera dudas sobre si será un techo o un piso. No está claro cómo evolucionará el gasto, más allá de la reducción -parcial- de los subsidios a la electricidad y el transporte, que tienden a subir nominalmente pese a la recuperación real de las tarifas. Tampoco ayudan los anuncios de bajas en términos de producto bruto, por lo menos hasta que reaparezcan los indicadores desagregados del Indec sobre PBI y, en junio, los de precios al consumidor. El economista Dante Sica (Abeceb) explica que "no resulta fácil recalcular variables con black out (apagón) estadístico".
Para evitar que un mayor déficit fiscal obligue a optar entre más deuda o más emisión, el Gobierno tiene reservada para los próximos meses la carta de la "amnistía" de dólares no declarados, con alícuotas diferenciales, tanto para generar mayores ingresos fiscales como para volcar ahorros en divisas al circuito económico. Sin embargo, también sería necesario un blanqueo de las cuentas fiscales y de las políticas a seguir. No sólo con el gasto sino con la política tributaria, donde hay por delante un largo camino para reducir la alta presión impositiva que frena la inversión en muchas actividades.
En tanto, mayo y junio se perfilan como meses poco apacibles en materia inflacionaria. Aunque por debajo del récord de abril (6,5% mensual), los índices recogerán el impacto de los mayores costos por las subas de tarifas y combustibles. Y pondrán a prueba la política del BCRA de contener la inflación "núcleo" con altas tasas de interés, que deprimen el crédito al sector privado, el consumo, el tipo de cambio real y la actividad, frente a las presiones oficiales para acentuar la última baja (de 37,5 a 36,75% anual).
El Gobierno necesita reducir la inflación en la segunda mitad del año para quebrar en 2017 la inercia sobre gastos, subsidios, tarifas, precios y salarios. También que la economía crezca para licuar el peso del déficit fiscal. De ahí que aproveche el financiamiento externo para que la inversión en infraestructura actúe como disparador. Según la consultora C&T, en el bimestre marzo-abril se lanzaron más de 110 licitaciones de obras públicas frente a un promedio mensual de 17 en el semestre previo, con adjudicaciones por más de $ 23.000 millones. Para Sica, si cede la inflación, los planes para el NOA-NEA y la provincia de Buenos Aires, en energías renovables, más el blanqueo y el futuro régimen de participación público-privada, pueden generar un boom inversor.
