El Gobierno empezó a jugar un juego peligroso, el de subalternizar los problemas que preocupan a todos y tratar de poner en la agenda pública temas que la gente no entiende ni le preocupa. Es lo que sucede concretamente con la reforma judicial, que sería parte de la reforma constitucional, y que hasta el momento ha quedado reducida, al menos en el plano de la pulseada política, al incremento de números de miembros de la Corte de Justicia.
Si bien es cierto que la reforma de la Justicia incluiría varios ítems adicionales, en los hechos oficialismo y oposición han centrado los cruces en una pelea de poder respecto a si la Corte debería tener 5 o 7 miembros –hoy está integrada por 3- y cómo estos deberían ser elegidos. Para el FCS, lo que el Ejecutivo pretende es llevar el número a 7, designar los 4 restantes y así controlar políticamente el tribunal. Desde el Gobierno no desmienten categóricamente tal afirmación, sino que agregan que la Justicia, tal como está y funciona hoy, no les sirve a los ciudadanos y que, en consecuencia, necesita ser reformada. Tan ríspido se puso el debate que ya ni siquiera en el oficialismo hay consenso.
El bloque de diputados que responde al senador nacional Dalmacio Mera ha tomado distancia del proyecto tal como salió de Casa de Gobierno y pide trabajar en coincidencias puntuales para mejorarlo. De hecho, adelantó que no lo apoyará si el FV no abre la discusión antes de bajarlo al recinto. En suma, hoy el oficialismo –aún con el guiño de algunos aliados circunstanciales- no está en condiciones de sacar adelante esta reforma.
Pero mientras el Gobierno y sus portavoces legislativos focalizan la atención en la reforma, hay otras cuestiones que preocupan al grueso de la gente. Entre ellas, la más resonante es el escándalo de las horas institucionales o sobresueldos pagados a funcionarios y hasta a empleados administrativos del Ministerio de Educación en el marco de una maniobra claramente irregular. El tema no solo está lejos de ser un "asunto terminado” y a otra cosa, sino que además mal puede quedar circunscripto a la responsabilidad del supuesto "ideólogo” de la medida, el renunciado ex jefe de Gabinete de la cartera Aldo Creche.
Es decir, no porque los funcionarios hayan devuelto del dinero –algo que de hecho debieron hacer al haber sido descubiertos-, el Gobierno se puede desentender tan fácilmente del caos administrativo que impera en Educación y que da lugar, qué duda cabe, a las maniobras de corrupción denunciadas. Porque es tal el descontrol que, como informa hoy este diario en la página 12, el primer "peinado” de las planillas salariales que hizo la Justicia, tras secuestrar documentos informáticos en la Dirección de Recursos Humanos de Educación, arrojó que existen al menos 300 empleados administrativos que también perciben "horas institucionales” en los IES en forma claramente irregular. En otras palabras, ni toda la culpa fue solo de Creche ni el escándalo tuvo punto final. La revelación de estos tres centenares de sobresueldos es un nuevo escándalo que necesita ser esclarecido y castigado.
Hay más asuntos, por cierto, que cuestionan la pretendida transparencia y ética pública en esta gestión. La denuncia penal acerca del circuito de contrataciones y pagos reñidos con la función gubernamental en la Secretaría de la Vivienda, durante la gestión de la ex directora de Administración Silvia Quinteros junto a su ex secretaria Jacqueline Figueroa, revela de algún modo las presunciones de corruptelas que atravesaban estas áreas privilegiadas en presupuesto, con tratos directos con proveedores y empresas constructoras y, sobre todo, con escasos controles.
La denuncia, realizada por la diputada radical Paola Bazán, apunta a Quinteros, Figueroa y también a la propietaria de la empresa RAF SRL, María Cisneros, quien habría firmado cheques a favor de Quinteros y que, además, habría sido favorecida por compras de materiales de construcción por la friolera de 49 millones de pesos en los cuatro años de la gestión de esas funcionarias. El Gobierno prefiere no hablar del tema con el argumento de que "todo está en manos de la Justicia”. Es la mejor excusa cuando faltan respuestas. Y otro tanto ocurre con los tratos y las contrataciones nada convincentes de la minera CAMYEN, cuya reciente promoción en Canadá dio lugar a gastos por 2,2 millones de pesos.
Una mancha adicional al papelón que protagonizó anteriormente al esconder el contrato firmado con Yamana Gold por Agua Rica y sacarlo a la luz recién cuando se lo ordenó la Corte de Justicia. La mirada oficial respecto a CAMYEN es que se trata de una empresa próspera, transparente y digna de elogios. Demasiada candidez para ocultar el hecho de que se trata de una ventanilla creada, en primer lugar, para favorecer a parientes, amigos y socios del Gobierno.
