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ANÁLISIS
El Comercio: Canon cerrado
13/07/2016
EL COMERCIO

Para cualquier persona que tiene a su cargo el diseño y manejo de un presupuesto, pocas noticias pueden resultar más desestabilizadoras que la de la reducción de los ingresos esperados. Perder los flujos de dinero con los que se contaba supone, además de dolores de cabeza, acciones inmediatas paliativas, como la reducción de los gastos o la obtención de un préstamo. Superado el temporal que genera el desbalance, sin embargo, la principal preocupación del ordenado administrador debería ser la de asegurar los ingresos futuros y evitar así reincidir en la situación de escasez y apremio. 

Esta idea tan elemental como cierta en el presupuesto de una familia o de una empresa, parece no ser muy bien comprendida por varios gobernadores regionales y alcaldes, quienes se han visto “sorprendidos” por el recorte de recursos provenientes del canon minero. Y es que si bien el canon minero transferido a regiones y municipios este año es el más bajo de la última década, este monto viene cayendo sostenidamente desde el 2013. Es decir, no se trata de un suceso repentino, menos aun cuando su origen se encuentra, en cierta medida, en la propia actuación de alcaldes y gobernadores regionales.

El canon minero, como se sabe, es la parte que reciben los gobiernos locales y regionales del total de rentas obtenidas por el Estado por la explotación económica de los recursos minerales. Así, a mayores ingresos derivados de la explotación minera, mayor será el pago de Impuesto a la Renta por parte de las compañías mineras y, consecuentemente, mayor será también el canon que perciban los gobiernos subnacionales. La caída del precio internacional de los minerales que exporta el país es un fenómeno harto conocido desde hace unos años, por lo que no debería sorprender a nadie la menor recaudación estatal, mucho menos a las autoridades de las ciudades con mayor actividad y potencial mineros.

Y si bien los precios cotizados en los mercados internacionales es algo que nuestras autoridades locales no pueden controlar –aunque sí prever–, su impacto sí podría ser mitigado con una mayor producción minera. De ahí que su influencia sí se pueda sentir en su respaldo o rechazo a la actividad que precisamente les permite contar con un mayor canon y presupuesto.

Por ello, en lugar de salir a las calles a protestar contra el Gobierno Central por las menores transferencias de canon minero, como lo han anunciado los alcaldes de las provincias de Arequipa, tal vez deberían dibujar una nueva ruta para que la marcha pase por los municipios arequipeños que se han pronunciado una y otra vez en contra de operaciones mineras, la mayoría de las veces amparándose en reclamos ambientales sin sustento. Quizá el alcalde provincial de Islay, Richard Ale –uno de los promotores de la marcha–, y los alcaldes distritales de Cocachacra, Punta de Bombón y Dean Valdivia –quienes participaron activamente en movilizaciones más bien políticas  contra el proyecto Tía María– puedan darles mejores explicaciones acerca de lo prescindible que les resulta el canon minero y cuáles son esas otras fuentes de ingresos que permitirán la inversión pública cuya ejecución ahora se encuentra en riesgo.

Y continuando con la búsqueda de explicaciones, antes de proponer la creación de un fondo de contingencia para ayudar a las localidades donde más se redujo el canon, como ha planteado la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, probablemente valga la pena que indague entre sus asociados y entre gobernadores locales la razón de la baja ejecución del canon transferido en años anteriores. Así, los alcaldes de Cerro Colorado en Arequipa y San Marcos en Áncash –recientemente sentenciado a 5 años de cárcel por delito de usurpación de funciones– podrían intentar justificar por qué, pese a representar a dos de los distritos con mayor asignación de canon minero, ejecutaron en el 2015 apenas el 44,8% y 59,9% de dicho presupuesto, respectivamente. Después de todo, suena poco coherente que quienes desperdiciaron los recursos del canon, ahora pidan un fondo especial para suplir su ausencia. 

Por el bien de los ciudadanos a quienes representan las autoridades que ahora buscan un salvavidas, ojalá que estas últimas aprendan a apreciar los recursos que provienen de la minería antes de volverlos a desperdiciar.


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