ALDO PIGNANELLI*

Si el atraso tarifario era algo inobjetable, ¿por qué hoy estamos como estamos?

La cuestión en materia de políticas económicas casi siempre se resume en un cómo, cuándo, cuánto y para qué. El problema es que, hasta ahora, ninguna de estas preguntas ha sido correctamente contestada. Ya en abril estábamos padeciendo un aumento de precios generalizado en alimentos, luz, agua, telefonía, ABL, expensas, transporte, pero nunca supimos cuál era el plan. Finalmente el tarifazo llegó al gas … y explotó.

A las preguntas ¿cuánto? y ¿para qué? la respuesta correcta habría sido una auditoría de las empresas de servicios. Estas percibieron en carácter de subsidios una cifra superior a 30 mil millones de dólares cuyo destino desconocemos; ¿fueron a pagar gastos corrientes? Argentina quiere saber. Creer que la única caja negra ha sido la Obra Pública es casi como darle la razón a nuestra ex presidenta. Miles de millones de dólares fueron destinados también a la compra de energía, tanto como en carácter de subsidios a las empresas privadas. Pero seguimos sin conocer el verdadero costo de producción de gas y luz en el país ni a dónde fue a parar todo ese dinero.

Y hablando del costo de la energía, me permito aquí un paréntesis para referirme a los desafortunados dichos del ministro Aranguren sobre el hoy diputado Sergio Massa, quien fuera Jefe de Gabinete entre mayo de 2008 y junio de 2009. Quizás ignore que fue precisamente en ese período que los subsidios a las empresas de servicios fueron menores y que existía por entonces un superávit en la balanza comercial energética. Sólo a modo de breve ejercicio de memoria, diré que entre los años 2008/09 — en los que se circunscribe a la gestión Massa, la diferencia entre exportaciones e importaciones de energía en la Argentina tuvo un saldo favorable de 2800 millones de dólares.

Fue recién en el año 2011 — datos que el ministro debería conocer — que la Argentina comienza su proceso deficitario en la balanza comercial de energía, llegando en 2014 a una cifra récord, que arrojó un déficit de 7.369 millones de dólares. Ese año, además, se gastaron más de 20.000 millones de dólares en carácter de subsidios económicos a las empresas que prestan servicios públicos. En 2015, debido a la fuerte baja del barril del petróleo, el déficit se redujo a 5.700 millones de dólares. Insisto, el superávit de la balanza comercial energética en el período de Sergio Massa como Jefe de Gabinete fue de 2800 millones de dólares por año y los subsidios alcanzaban sólo a 3000 millones de dólares cada año.

El intento del ministro Aranguren de responsabilizar a Massa por este desbarajuste falló. Alcanza con un repaso de la historia reciente.

En fin, de vuelta en la crisis actual, se exige a la ciudadanía un enorme sacrificio — demos por descontado que esta vez no se robará un centavo — pero aún se le niega saber para qué valdrá el esfuerzo. ¿Para reconstruir el sistema eléctrico? ¿Para volver a exportar gas? ¿En cuánto tiempo? Silencio gubernamental.

Las pregunta ¿cómo? y ¿cuánto? incorporan el insoslayable componente social. Las cifras del INDEC CABA -por poner un solo ejemplo- alertaron sobre los ingresos de la mitad de los hombres y mujeres residentes en la ciudad más rica: $10.000 pesos para ellos y $9.000 para ellas. Mientras, se intenta justificar el costo de las facturas con absurdas comparaciones: “$600 de agua equivale a una botellita de $20 diaria” o “es el valor de un café, una pizza, una cena”. Lo cierto es que la botellita más el café más la pizza más la cena más … se transforma en una cifra cotidianamente impagable para la enorme porción de la población que, además, hace rato renunció a cafés, pizzas y cenas. Es evidente que, para la pensionada de Florencio Varela que percibe 4900 pesos por mes, la factura de $980 que le llegó por usar un calefón y una hornalla — no utiliza gas para calefaccionarse – no se mide en términos de “es una salida al teatro menos”. Basta una suma rápida para convocar a todos los sectores del país y acordar un punto medio que no comprometa seriamente el básico bienestar de la población.

Por último, el “cuándo” también ha sido un desatino. “Cuándo” pudo haber sido a lo largo de un año, a lo largo de dos años … o más.

En octubre, ya en primavera y con la mirada puesta en el verano y las habitualmente altas temperaturas, habrá una audiencia pública. Habrán sido diez meses de incertidumbre, de malestar, de angustia para muchos.

El informe de ENARGAS será suscripto por el que, hasta diciembre de 2015, fuera el presidente de Metrogas; algo tan normal como que nuestro ministro de Energía posea acciones en una prestataria. Pero ahora la ciudadanía está atenta.

Un Consejo Económico y Social pudo haber sido la forma constructiva de evitar todas estas marchas y contramarchas y de salir airosos de esta cuestión. Todavía está a tiempo de serlo. 

*EX PRESIDENTE DEL BCRA

MARTÍN TETAZ*

Jorge es un laburante; le pone 10 horas arriba de un colectivo de línea para ganar 22.000 pesos por mes. No es manteca para tirar al techo, pero hasta ahora le alcanzaba para vivir sin grandes lujos. Quince días atrás le llegaron 3.200 pesos de gas y casi le da un ataque, porque en los peores meses del año pasado había pagado 200. El aumento, muy por encima del 400%, fue el resultante de una combinación letal; un mayor consumo que multiplicó las tarifas por dos vías, porque además hizo saltar de categoría a muchos usuarios que eran R1 o R2 y que pasaron a R3 o R4, junto con un mayor precio por metro cubico de gas.

Número más numero menos, ese ejemplo resume la crisis que se produjo en las últimas tres semanas por culpa de la intención (hasta ahora fallida) del Gobierno de reestablecer el normal funcionamiento de los servicios, sobre todo en los que se basan en la energía.

Esos subsidios que según un informe del IARAF pasaron de 1 punto del PBI en 2006 a 5 puntos en el 2014, explican casi la totalidad del déficit fiscal de 291.000 millones de pesos, que tuvo el Tesoro el año pasado y crecen de manera exponencial si no se ajustan las tarifas. La alternativa de mantener el statu quo es que habrá que financiarlos o bien con mayor endeudamiento o bien con una emisión creciente, que como todos saben terminan pagando los que menos tienen, con más inflación.

Pero ese no es el problema más grave. Si el gas, o la luz virtualmente se regalan, los consumidores no tenemos incentivos a ahorrar y acabamos sobre demandando los recursos energéticos. ¿Para qué apagar la estufa cuando salgo trabajar?, si resulta mucho más agradable llegar a un hogar ambientado a 25°. ¿Para qué comprar un tiro balanceado de 3.000 kilo calorías?, si puedo adquirir uno de 5.000 prácticamente por el mismo dinero. O peor aún, ¿para que invertir en un calefactor seguro, que no consume el oxígeno de la habitación?, si puedo prender el horno y los anafes cuando llego a la vivienda, para calentar rápidamente la cocina y templar el resto de los ambientes. Del mismo modo que en el verano tampoco gano nada apagando el aire cuando dejo mi casa, o poniéndolo a 23° en vez de 18°, ni tengo incentivos para comprar un Split de 3.000 frigorías cuando el dinero me alcanza para uno de 4.300.

Es conveniente que el ajuste se haga contra estación, para que la mayor tarifa sea amortiguada por un menor consumo y que la factura sea mensualizada por default y no a voluntad del usuario

Por el lado de los productores y distribuidores de energía, si en vez de definir las inversiones por un sistema de precios, dependen de los subsidios directos del Estado y de las decisiones administrativas, se rompe el canal que vincula las necesidades de la demanda con la conveniencia de producir más.

Además del rojo fiscal, entonces, el resultado más directo del esquema de subsidios es el sobre consumo y la sub producción que ineluctablemente acaban en escases de recursos energéticos, cuya única solución de corto plazo son las importaciones. Por esas políticasArgentina perdió el autoabastecimiento de gas en el 2008 y desde entonces cada año importa más de ese combustible que además de usarse directamente en los hogares, provee de energía a las empresas y alimenta las centrales térmicas que fue necesario instalar para abastecer el sobre consumo de electricidad.

LOS MITOS DE LOS SUBSIDIOS BUENOS

Estos dos graves problemas que acabo de describir, contrastan con la ilusión de muchos en el sentido de que la luz y el gas son “un derecho” y que por lo tanto el Estado los debe regalar. Los defensores de los subsidios argumentan además que ese dinero que se ahorran las familias puede destinarse al consumo, manteniendo alto el nivel de actividad económica.

Pero no necesitamos perder el autoabastecimiento para que Gobierno inyecte dinero en la economía. Sería incluso mejor que directamente junto con las facturas de los servicios (a tarifa plena) llegara un cheque por el monto del subsidio para que cada familia se lo gaste en lo que quiera.

El problema, además de la obviedad de que el Estado no puede fabricar dinero en una economía que no está dispuesta a ahorrarlo, es que, si los anabólicos monetarios no tienen la capacidad de empujar la producción interna, como ocurre desde el 2011, o bien solo generarán más inflación, o bien acabarán yéndose al dólar, de manera directa o indirectamente vía la compra de productos importados.

Y todo esto sin meternos en el debate moral sobre si está bien que el Estado le financie el consumo suntuario a una clase media y alta, que lo que no paga de luz y de gas lo gasta en comidas afuera, prendas de vestir, o peor aún, celulares o viajes al exterior, que ni siquiera fabricamos.

UNA PROPUESTA ALTERNATIVA

Mi lectura es que por la gravedad del problema el Gobierno se quedó corto con el ajuste de tarifas y lo hizo mal. Yo eliminaría el 100% de los subsidios a la energía. Para los que no puedan pagar abriría un registro para pedir la Tarifa Social, cruzando las solicitudes con los padrones de la ANSES, la AFIP y el Banco Central. La tarifa Social se aprobaría si el solicitante es beneficiario de un plan social o cobra una jubilación o un salario por debajo del costo de la casta básica total (incluyendo los aumentos). Obviamente no se daría si quien lo pide paga Ganancias u ostenta un alto gasto en sus tarjetas de crédito.

Adicionalmente, es conveniente que el ajuste se haga contra estación, para que la mayor tarifa sea amortiguada por un menor consumo y que la factura sea mensualizada por default y no a voluntad del usuario.

Por último; si el Congreso así lo desea, puede darle un cheque a cada uno junto con las facturas de la luz y el gas. Solo tiene que bajar los obscenos impuestos que tienen las facturas

(*) El autor es economista, profesor de la UNLP y la UNNoBA, investigador del Instituto de Integración Latinoamericana (IIL) y autor de "Casual Mente" y "Psychonomics"