JOAQUÍN MORALES SOLÁ
La reunión de ayer de las comisiones de diputados con Juan José Aranguren fue definitivamente irreconciliable. No sólo se enfrentaron el Gobierno y la oposición, lo que modifica de manera sustancial el nivel de responsabilidad frente a las decisiones del Estado. También compitieron dos visiones muy distintas sobre la política y la economía. El viejo intervencionismo peronista estuvo en casi todos los discursos pronunciados por las distintas expresiones del movimiento que fundó Perón. Una concepción más moderna de las cosas estuvo en boca de Aranguren, que dejó pasar, voluntaria o involuntariamente, varias oportunidades para demostrar que el exceso de regulación estatal terminó por postrar la economía argentina.
Graciela Camaño tuvo a su cargo la exposición más sólida de la oposición. Mientras los otros hacían preguntas retóricas o mostraban un papel de última hora, Camaño demostró que había estudiado el tema y probó, también, que desconfía de Aranguren por sus antecedentes empresarios. Esa desconfianza no fue exclusiva de Camaño; estuvo en la alusión directa o indirecta de casi todos los exponentes opositores. Es cierto que Aranguren replicó con un antecedente político que descolocó a Camaño. Le recordó que el Gobierno estaba decidiendo por las disposiciones de un decreto que Camaño firmó cuando fue ministra de Trabajo de Eduardo Duhalde. Ése fue, tal vez, el único momento en el que Aranguren se permitió una réplica política y no sólo técnica.
El otro exponente destacado de la oposición fue el ex ministro de Economía Axel Kicillof, quien volvió a describir el supuesto paraíso económico que se vivió en tiempos de Cristina Kirchner. Es decir, le reprochó al gobierno de Macri que no siguiera haciendo cristinismo. Fue una manera indirecta de desconocer que la sociedad había votado otro gobierno y no la continuidad de Cristina Kirchner. Con innegable capacidad para exponer, el ex ministro dijo, en síntesis, que la Argentina sería mucho mejor si se hubiera continuado con las retenciones a la producción agropecuaria y si se hubiera mantenido subvaluado el dólar. Y así, señaló, las tarifas hubieran podido seguir siendo subsidiadas. Macri acaba de decir que su gobierno evitó a último momento que la Argentina terminara en el descalabro económico, político y social que sufre Venezuela. ¿Cómo conciliar posiciones tan distintas? Imposible.
Vale la pena detenerse en la exposición del presidente del Partido Justicialista, José Luís Gioja, porque de alguna manera es el ejemplo del pensamiento y de la acción de gran parte del peronismo. Gioja pidió drásticas regulaciones sobre el precio del gas en boca de pozo y de la electricidad en el momento de su generación. Una decisión en ese sentido tendría dos consecuencias inmediatas. Desaparecerían las inversiones energéticas, porque la Argentina tiene un mercado supuestamente desregulado en la generación de energía. Hay que decir supuestamente porque es verdad que el petróleo tiene en el país un precio mucho más alto que en el mercado internacional, una decisión que tomó Cristina Kirchner y que Macri modificó muy levemente. Los dos le tenían (y le tienen) miedo a la reacción de los gremios petroleros. Las consecuencias locales de la caída internacional del precio del petróleo (con la consecuente pérdida de fuentes de trabajo) podrían provocar protestas gremiales que amenazarían el abastecimiento del gas en invierno. Aranguren lo insinuó claramente en la reunión de ayer.
Llama la atención que Gioja haya planteado posiciones tan duras contra la industria petrolera, cuando él les dio a las empresas mineras, cuando fue gobernador de San Juan, las mejores condiciones para invertir. La izquierda y sectores de su propio partido lo cuestionaron duramente; Gioja no cedió y las mineras siguen en San Juan. Un poco de populismo; otro poco de hipocresía.
Las conclusiones de ese debate son fundamentalmente dos. La primera es que el kirchnerismo no pudo huir de su historia. Ya fue patético que el ex ministro de Planificación Julio De Vido (responsable final de Energía durante 12 años) se ausentara de la reunión. Es ahora presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, la comisión más importante entre las varias que se reunieron ayer. El kirchnerismo no lo podía mostrar sin correr el riesgo de que el verdadero interpelado fuera De Vido y no Aranguren. Después de todo, se hubiera contrastado una gestión de más de una década con otra de apenas ocho meses.
Los radicales Mario Negri y Eduardo Costa fueron los que pusieron el condimento político a la exposición técnica de Aranguren. Negri hizo un balance trágico de la gestión kirchnerista en materia de energía (que ya había descripto con detalles el propio Aranguren) y Costa, santacruceño, denunció que Lázaro Báez recibió la concesión de un importante yacimiento petrolero, pero que no sacó ni un metro cúbico de petróleo. Dijo que se trató de una decisión para darle a Báez beneficios económicos, porque éste podrá vender la concesión de ese yacimiento sin haber hecho ninguna inversión. Debe agregarse que Báez no es el único caso de concesionarios de yacimientos petroleros que no tienen intereses, experiencia ni ganas de invertir en petróleo.
La segunda conclusión es que el Gobierno llegó a la reunión de ayer con el debate perdido por el aumento de las tarifas. La oposición, sea por oportunismo o por aversión ideológica a Macri, había instalado la idea de un tarifazo que no fue. De más de 13 millones de argentinos que usan gas por red o en garrafas, más de 4 millones son beneficiados por una tarifa social. Significan el 31 por ciento del total. Sólo el 13 por ciento de los usuarios recibió facturas de gas de más de 500 pesos con los aumentos incluidos. El 78 por ciento de los usuarios las pagó entre mayo y junio; el porcentaje descendió en julio porque comenzaron a actuar los jueces. Las nuevas tarifas de gas son mucho más bajas, entre un 58 y un 83 por ciento, que las que se pagan en Brasil, Chile y Uruguay. Sin embargo, el clima que se creó es el de un ajuste brutal en el precio de las tarifas, uno de los tres grandes desafíos de Macri, junto con la salida del cepo al dólar y el acuerdo con los holdouts para solucionar el default.
Es cierto que el Gobierno no dio mayores explicaciones cuando en febrero decidió el aumento del gas. No fue un error de comunicación, aunque pudo ser una estrategia errada. Lo cierto es que el Presidente ordenó que no se cargara sobre la herencia recibida en materia de atrasos tarifarios porque necesitaba el voto del peronismo, sobre todo en el Senado, para hacer posible el acuerdo con los holdouts. Sólo ayer, Aranguren describió sin compasión el país energético que recibió el macrismo.
El principal error del Gobierno, de todos modos, es no haber convocado a audiencias públicas, como lo ordena la ley, para explicar los aumentos de principios de año. Tal vez la razón sea la misma que la de aquella estrategia: evitar un duro enfrentamiento con el peronismo cuando lo necesitaba en el Congreso. "Cristina Kirchner era un cosa en febrero y es otra cosa en agosto", dijo ayer un funcionario en alusión al derrumbe de la ex presidenta como referente del peronismo.
A la Corte Suprema, que es la instancia que deberá decidir sobre los aumentos de tarifas en los próximos días, no le aportó nada el debate de ayer. Las posiciones de unos y otros ya las conocía. La mayor incógnita sobre la decisión del máximo tribunal consiste en saber si aplicará la obligación de las audiencias públicas al precio del gas en boca de pozo. Si lo hiciera, retrotraería el precio de las tarifas al momento en que asumió Macri y abriría un bache de casi un año con tarifas atrasadas. El déficit fiscal sería inmanejable. La ley de Menem que estipuló las audiencias públicas señaló que deben hacerse para el transporte y la distribución del gas, no para el precio de boca de pozo. La posterior reforma de la Constitución amplió los derechos de los usuarios. En su artículo 42 señala, luego de defender la necesaria competencia y la calidad de los bienes que recibe la sociedad, el siguiente párrafo: "La legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos, y los marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia nacional, previendo la necesaria participación de las asociaciones de consumidores y usuarios, y de las provincias interesadas en los organismos de control".
¿Significa ese párrafo que el Gobierno debe convocar a audiencias públicas para el precio del gas en boca de pozo, que anularía todos los aumentos tarifarios del gobierno de Macri? Es el principal debate en la Corte Suprema. El resultado de ese intercambio encierra el destino político y económico inmediato de la coalición gobernante.
