JUAN JOSÉ GARRIDO
Como sabemos, unas de las principales medidas presentadas por el gobierno, dentro de la delegación de facultades, serán aquellas destinadas a reactivar la economía. Y es que, salvo para aquellos que tienen que ir por allí defendiendo la mediocridad del anterior gobierno en estos temas, la mayoría de peruanos espera regresar a esas tasas de crecimiento que auguraban cambios sustanciales en el mediano y largo plazo. Diferencias de tan solo un punto, en el tiempo, significan miles de millones de ingresos perdidos, millones de puestos de trabajo y, para un país como el nuestro, menos capacidad de enfrentar las demandas sociales.
Dicho esto, queda claro que un sector primordial en dicho empréstito es el minero, otrora epicentro de las altas tasas y del gran desarrollo a nivel local. Lamentablemente, el gobierno anterior tuvo aislada esa fuente de ingresos, divisas y desarrollo, y hoy se encuentra en cuidados intermedios. No digo intensivos porque saltarán algunos señalando el desarrollo de los proyectos Toromocho, Constanza, Las Bambas y Cerro Verde, los cuales duplicarán nuestra producción de cobre (y multiplicarán las de otros productos) en el corto plazo.
El problema ante dicho optimismo es que ninguno de esos proyectos se estructuró en este quinquenio (entre el 2011 y el 2016). Y es que, guste o no, la única manera de descubrir el real interés de una gestión –ante un sector como el minero, que es intensivo en capital– es a través de la activación de inversiones de exploración, ampliaciones u otros proyectos.
Cuando empezó el gobierno nacionalista, el portafolio de inversiones hacia el 2016 era cercano a los US$60,000 millones. Hoy sabemos que, de aquel, no se llevó a cabo ni la mitad. Un estudio del Instituto Peruano de Economía (IPE), publicado por Perú21 a mediados del 2015, realizó el arqueo de dicho portafolio e identificó aquella parte que fue ejecutada, aquella en marcha y en plazo, y aquella retrasada o paralizada, sea por parte de la empresa (factores como costo o precios, cambio de estrategia, entre otros) o por factores ajenos a la misma (conflictividad social, regulaciones gubernamentales, etc.). El 32% de los proyectos, por valor cercano a los US$21,500 millones, se encontraban en esta última situación: paralizados por culpa de terceros.
En total, dicha inversión perdida significó poco más de US$48,000 millones perdidos entre el 2011 y el 2014 entre inversión e ingresos por producción. Ojo, solo en PBI del sector minero; si a ello le aplicamos un multiplicador para obtener el impacto total de dicho movimiento de capitales (estudiado también por el IPE), sería cercano a los US$62,000 millones. Y eso solo entre el 2011 y el 2014. Sería interesante que se reactualice el estudio, por ahí nos encontramos con no menos de otros US$20,000 millones entre el 2015 y 2016. Sigan sumando…
Los analistas, cercanos ideológicamente a dicho gobierno, dicen que no, que no son las regulaciones ni los conflictos ni el gobierno, sino los precios y China, y lo que sea. Pero cuando uno conversa con los empresarios mineros (es decir, con los que toman las decisiones), queda claro que fue un quinquenio perdido. Recientemente conversé con dos de ellos en una mesa del conversatorio Viva México, y la respuesta fue contundente. “No son los precios. A los empresarios mineros no nos interesan los precios, sino los costos. La minería es intensiva en capital, los proyectos toman muchos años en realizarse, por lo que los precios no son la variable crítica. Se aprovechan, sí, cuando están arriba, pero no son los determinantes”, me dijo uno de ellos. Otro me confirmó que, hoy, el sector está parado, y no existen proyectos grandes en curso. Casi cero exploración en estos años.
Sin embargo, las condiciones para reavivar este sector medio muerto son inmejorables. Por un lado, como vimos en el reciente estudio de Datum, las expectativas de la población son muy positivas y optimistas respecto al sector (64% está a favor de la actividad minera contra 25% en contra), así como ante los proyectos Conga (52% cree que este gobierno será capaz de sacarlo adelante) y Tía María (47% cree lo mismo). Y la gente no es tonta: 51% cree que las “mesas de diálogo”, eufemismo para esconder la tragedia de la incapacidad del Estado y el cumplimiento de las reglas que impone, no han sido eficaces para solucionar los problemas.
Este gobierno tiene el reto claro. Ojalá encuentren una estrategia que permita salir de este marasmo.
