El pliego de reclamos en Las Bambas es el clásico: supuesto daño ambiental, renegociación de las ventas de tierras (léase “se me acabó la plata, quiero más”) y peaje de S/.5,000 para todos los camiones.

El economista y exministro Luis Carranza comentaba el 13 de septiembre último en El Comercio sobre el increíble crecimiento de Apurímac en los últimos años, que alcanzó el 8% anual en promedio, lo que permitió que la pobreza regional disminuyera desde 74%  en el 2009 hasta el 36% en el 2015. Todo esto fue consecuencia de la construcción de sólo un proyecto minero.

Leyendo la columna recordaba mi visita a Las Bambas justamente cuando se iniciaba la construcción del primer campamento. La noche anterior habíamos pernoctado en Chalhuahuacho en un hotel que nos cobró S/.5 por la habitación. Pero mi mayor impresión (y la más desagradable) fue ver que la municipalidad ocupaba un edificio de tres pisos que tenía una pantalla de vidrios templados de color negro, en medio de modestísimas viviendas que no tenían agua potable.

Me cuentan que ahora Chalhuahuacho es totalmente diferente. Ha crecido y llega a albergar a más de 15,000 personas. Un amigo mío, contratista de la minera, pernoctaba allí cuando empezó el bloqueo hace dos semanas. Los piquetes de huelga impedían la salida de toda persona de sus casas. Los comerciantes cerraron sus negocios, pero eso no impidió que los piquetes los saquearan. Ellos controlaban todas las salidas, y para eso se movilizaban en camionetas 4×4.

A mi amigo se le acabó la comida al cuarto día y decidió huir. Para eso logró convencer a un comunero que lo guiara por los cerros, lejos de las carreteras. Así llegó hasta Velille. Según él, esto lo había aprendido cuando trabajaba en la mina Tintaya, donde fue rehén varias veces durante los bloqueos, y donde una vez tuvo que dormir una semana dentro del taller de camiones, sin comida ni calefacción.

Definitivamente Apurímac es ahora la mayor preocupación en el sector minero. El pliego de reclamos que han presentado las comunidades es la clásica: supuesto daño ambiental, renegociación de las ventas de tierras (léase ‘se me acabó la plata, quiero más’), peaje de S/.5,000 para todos los camiones, y que se archiven las denuncias por los desmanes anteriores.

Si el gobierno quiere que los reclamos —legítimos o no— se canalicen a través de una mesa de diálogo y solución de conflictos, no debería transar en el último punto, pues no sólo debería escuchar a las comunidades y a la empresa sino también a todas las víctimas de estos desmanes: trabajadores retenidos en ómnibus y amenazados de morir quemados, gerentes rehenes de turbas que fueron obligados a caminar descalzos por varios kilómetros, audiencias para exponer EIA en toldos pintados con pintura ignífuga (porque había amenazas de incendiar el recinto), o donde las sillas vuelan sobre las cabezas de los que están de acuerdo con el proyecto. Éstas son algunas de las ‘anécdotas’ que se cuentan en el sector.

Resumiendo, es obvio que este primer conflicto del gobierno de PPK será determinante para lo que suceda en los próximos cinco años. Todos los expertos coinciden en que habrá otra vez una subida de las cotizaciones de los metales dentro de cinco años; por lo tanto, es el momento de iniciar nuevas inversiones que entren en producción cuando los precios estén altos.

El gobierno de PPK ha decidido poner freno a la corrupción, al despilfarro y a las ineficiencias que está encontrando. Le falta detener la extorsión del que son objetos no sólo las empresas sino también el personal y los contratistas.