JOAQUÍN MORALES SOLÁ
Un camino brumoso, frágil, se abrió ayer para evitar un choque definitivo entre oficialismo y oposición. El impuesto a las ganancias podría no ser un derrota política para el Presidente si las decisiones del Senado se postergaran y se abriera, en cambio, una amplia negociación para definir ese impuesto.
No obstante, nada estaba definitivamente terminado y todas las alternativas estaban abiertas. La única victoria cierta del Gobierno, hasta anoche, era dialéctica: todos los exponentes serios del peronismos, entre senadores y gobernadores, consideraban que el proyecto de Sergio Massa y Áxel Kicillof era inviable (para usar el calificativo más elegante que se escuchó).
El bloque de senadores peronistas no sabía ayer si habría un solo despacho de comisión y menos aún si lograría reunir hoy los dos tercios de los votos del Senado que se necesita para habilitar el tratamiento del proyecto. La presión de los gobernadores había comenzado a tener efecto. Hasta ahora, gran parte de los mandatarios provinciales había confiado en que entre el precipitado proyecto de la oposición en Diputados y sus bolsillos se interpondría el veto del Presidente. Que Macri pagara, entonces, el costo político.
Esa certeza de los gobernadores se derrumbó cuando el gobierno federal dejó trascender que estaba dispuesto a un veto parcial del proyecto. Es decir, dejaría el impuesto a las ganancias tal como lo aprobó Diputados y vetaría toda la parte relacionada con nuevos impuestos o restitución de retenciones.
El Gobierno, se dijo, compensaría la caída de la recaudación no girando adelantos de dinero a las provincias y reprogramando el envío de recursos para obras públicas. Hubiera sido una salida desesperada y audaz: los problemas de las provincias, cuando no están motivados por la impericia manifiesta de los gobernadores, terminan siempre explotando en el despacho presidencial.
De cualquier forma, es cierto que la modorra de los gobernadores fue sorpresiva para un Gobierno que esperaba una devolución de favores. Macri les restituyó a todas las provincias el 15 por ciento que se les retuvo indebidamente durante muchos años para financiar la Anses.
Podrá decirse que esa decisión estuvo respaldada en una resolución de la Corte Suprema, pero el tribunal sólo había reconocido los derechos de tres provincias (Córdoba, San Luís y Santa Fe). El resto de las provincias debía recorrer el mismo camino judicial de las tres beneficiadas por la decisión de la Corte. Macri les abrevió el trámite y les propuso un programa de devoluciones que comenzó en el acto y que concluirá en cinco años. También les aseguró que no habría discriminación en la distribución de las obras públicas.
A partir de entonces, los gobernadores peronistas se agruparon en varias franjas. La más dura con el Presidente es la que lideran los gobernadores de Formosa y La Pampa, Gildo Insfran y Carlos Verna. La más dispuesta a buscar soluciones acordadas con el macrismo la expresan los mandatarios de Córdoba, Juan Schiaretti, y de Salta, Juan Manuel Urtubey. El resto oscila en el medio, cambiante entre una corriente y otra. De hecho, fueron Urtubey y Schiaretti los únicos que en estos días mostraron de manera clara e insistente que el peronismo tiene todavía reservas de responsabilidad política.
El arrebato opositor de los senadores peronistas perdió fuerza en la medida que los gobernadores comenzaron a cuidar sus propios recursos. El bloque de senadores necesita, con todo, un gesto del Gobierno para retener el proyecto y no sancionarlo.
Imaginaron una convocatoria amplia, que debería hacer el gobierno nacional, que incluyera a dirigentes sindicales, a gobernadores y a legisladores para acordar un "nuevo sistema de impuesto a las ganancias". Sin decirlo explícitamente, los senadores peronistas descalificaron el proyecto de la Cámara de Diputados. Un "nuevo sistema" significa que el sistema de Massa y Kicillof no sirve. Esa victoria sobre Massa, discursiva por ahora, alegró al gobierno de Macri.
El tímido borrador de acuerdo comenzó a escribirse en una reunión del ministro del Interior, Rogelio Frigerio, con el jefe de la bancada peronista de senadores, Miguel Pichetto.
Pichetto fue acompañado por dos senadores moderados, Omar Perotti y Rodolfo Urtubey, hermano del gobernador y tan explícito como éste en el cuestionamiento al proyecto de Massa. Pichetto insistió con una posición que tiene su lógica política: el proyecto de Diputados sólo podría frenarse, dijo, con una iniciativa superior. Los peronistas no pueden, subrayó, darle la espalda al resto del peronismo y, sobre todo, a la CGT.
El Gobierno, a su vez, trataba ayer de enmendar el error, que los propios funcionarios aceptaban, de no haber hecho participar a la CGT en el proyecto oficial sobre el impuesto a las ganancias.
No decidió aún si la reunión se haría entre el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, y la cúpula cegetista, o si esperaría para incluir a los dirigentes gremiales en una convocatoria más amplia. Todo era "dinámico", según un funcionario que está en el centro mismo de las tratativas.
¿Por qué el Gobierno envió al Congreso un proyecto que no tenía los votos necesarios y que no estaba dispuesto a negociar? Altas fuentes oficiales señalaron dos motivos. El primero fue que el envío de ese proyecto había sido acordado con el peronismo, para que le aprobara el presupuesto en el Congreso, y con la CGT para que ésta no hiciera un paro general antes de fin de año.
Nunca imaginó que Massa madrugaría al Gobierno con el anuncio de un proyecto propio un día antes de que la administración presentara el suyo. Fue sólo un anuncio verbal de Massa, porque presentó su proyecto escrito un día después de que se conociera el del Gobierno. La típicas carreras de Massa por llegar primero.
Lo segundo que sucedió es que Mauricio Macri dijo "basta" a la generosidad fiscal, incluso después de haber enviado el proyecto a Diputados. No podía haber negociación por lo tanto, al menos en los términos en la que la planteaba Massa.
Por esos días, el Presidente también le ordenó al ministro Triaca que no homologara un acuerdo con el sindicato bancario para un importante bono de fin de año (de entre $ 8.000 y $ 12.000). El acuerdo había sido firmado por los bancos nacionales privados y por los tres principales bancos públicos, el Nación, el Provincia y el Ciudad. Los únicos que no quisieron firmar fueron los bancos extranjeros con el argumento de que no podrían explicar semejante regalo ante sus casas matrices.
Macri temió otra cosa: que ese acuerdo contrastara con los de otros sindicatos y el asunto por el bono de fin de año se planteara de nuevo. Después de haber abierto el bolsillo para gobernadores, jubilados y movimientos sociales, volvió el viejo y austero Macri. Basta, repite ahora hasta el cansancio.
El presidente Mauricio Macri firmó ayer el decreto por el que se exime de manera parcial el pago del impuesto a las Ganancias del medio aguinaldo correspondiente al mes de diciembre. Así lo confirmó el secretario de Legal y Técnica, Pablo Clusellas. Según lo previsto, quedarán al margen del impuesto hasta $ 15.000 del medio aguinaldo, siempre que el salario o la jubilación mensual no supere los $ 55.000 (brutos). De esta manera, para un sueldo de $ 30.000, la totalidad del pago estará eximido del tributo. En cambio, si alguien cobra un ingreso de $ 50.000, y le corresponde un pago de $ 25.000, de ese monto $ 15.000 quedarán exentos y $ 10.000 estarán sujetos al pago de Ganancias.
EDUARDO VAN DER KOOY
Hay heridos. Ese podría representar el saldo –siempre parcial-- del desaguisado político que el Gobierno, en primer término, y la oposición, un paso por detrás, compusieron en relación a la reforma del Impuesto a las Ganancias. Uno de los dos tributos más importantes de que dispone el Estado, muchas veces para ejercer la dilapidación.
Las cicatrices del macrismo están a la vista. Existió mala praxis. Falló el olfato. ¿Cómo se le ocurrió a Mauricio Macri enviar su proyecto a sesiones extraordinarias cuando contaba en Diputados con menos de 90 votos?. Por ahora nadie se hacer cargo del error aunque daría espacio quizás a aquel reclamo de Emilio Monzó, el jefe de la Cámara de Diputados, que provocó escozor en el PRO: diagnosticó anemia política en el oficialismo.
El artífice de aquellas cicatrices macristas fue, sobre todo, Sergio Massa. Sin el impulso del Frente Renovador hubiera resultado imposible la ofensiva en Diputados que impuso una derrota al Gobierno con la media sanción del proyecto del Impuesto a las Ganancias. Pero quedó demasiado en evidencia –al margen de los enrostres presidenciales-- la asociación del diputado con Máximo Kirchner y Axel Kicillof. A Massa le terminó doliendo semejante exposición. Lo comprobó en las redes sociales que frecuenta. Para colmo el hijo de Cristina Fernández lo arropó con elogios. Tuvo sensibilidad para escuchar algunos chirridos que sonaron dentro de su coalición. Por esa razón el lunes debió sobreactuar con una carta pública que dirigió a Macri. Lo hizo con un tono llamativo de presunto prócer. Pidió la unidad nacional. Lo había adelantado el Dia de la Virgen.
El peronismo tampoco salió indemne de la refriega. La victoria en Diputados anticipó un espejismo: la posibilidad de una unidad de mandatarios provinciales pejotistas como reflejo del año electoral. Las cosas, sin embargo, se corrieron de lugar en las últimas 48 horas. Con la cocarda del triunfo en Diputados permanecieron no mas de 7 u 8 gobernadores. A saber: los de Santa Cruz, Chubut, La Pampa, San Luis, Tucumán, Santiago del Estero y Formosa. Los restantes entraron en un periodo de reconsideración cuando el Gobierno, en su serpenteo, orientó alguna brújula: anunció que Macri no estaría dispuesto a vetar la aprobación de la ley en el Senado. Eso podría implicar un replanteo en relación a los fondos que llegan a las provincias a través del Impuesto a las Ganancias. “Decile a Gildo (Insfrán) que se prepare”, fue una chicana que escuchó Miguel Angel Pichetto, el jefe del bloque del FPV en el Senado. Ocurrió durante la cumbre para calmar los ánimos que mantuvo, entre otros, con Rogelio Frigerio, el ministro del Interior, Monzó y el diputado del PRO, Luciano Laspina. Aquella referencia no fue una casualidad. Formosa tiene planeado un acueducto de 300 kilómetros para llevar agua potable a 60 mil habitantes del centro-oeste provincial que viven en condiciones de precariedad. Será imposible ejecutarlo sin el dinero que le gire la Nación.
Pichetto ha sido una bisagra clave del peronismo con el Gobierno para asegurar el primer año de gobernabilidad. Pero el senador de Rio Negro no podría hacerse cargo de todo. Enmendar errores del macrismo y evitar, al mismo tiempo, que el FPV no se resquebraje en el Senado. “Hagan algo”, le aconsejó a sus interlocutores de aquella cumbre. Recordó que el proyecto que recibió de Diputados tuvo el respaldo de 140 votos. “No me puedo hacer el bobo”, advirtió. El macrismo le dió una mano al abrir el diálogo que había retaceado sin sentido en Diputados. Pero el corcoveo de gobernadores peronistas ayudó todavía mas. Juan Manuel Urtubey, de Salta, fue impiadoso con lo que sancionó Diputados. Impactó en la Comisión de Presupuesto y Hacienda la exposición de Juan Schiaretti. El mandatario cordobés no sólo recomendó rediscutir el Impuesto a las Ganancias. Puso en evidencia además sus enormes flaquezas. Por decoro, prefirió no entrar en detalles. Pero sobrevoló entre todos el contenido de la carta que durante el fin de semana largo Kicillof envió a Monzó. Es decir, tres días después de su celebrada aprobación. En el texto solicitó una corrección completa a un artículo por el cual el costo fiscal del proyecto escalaba de $100 mil a $140 mil millones. Ejemplo, tal vez, de la improvisación que imperó en Diputados. Pasto para la argumentación macrista: “Poco serio”, pontificó Marcos Peña, el jefe de Gabinete.
Quizás al mandamás de los ministros le vendría bien también una instrospección. Habría algo en todo ese andamiaje que no funcionaría bien. Aunque no se avizoran señales de que pueda sobrevenir algún cambio. Por el contrario, en el nuevo encuentro grupal con los ministros –el primero después del retiro en Chapadmalal-- el Presidente ratificó a Gustavo Lopetegui y Mario Quintana. Son los ministros coordinadores. Sobre ellos se posaron muchos ojos macristas luego de la derrota en Diputados. ¿Por qué motivo? Por la demora que tuvo el proyecto oficial enviado a las sesiones extraordinarias. También por la orden de inflexibilidad. Aquel texto hizo cinco escalas en distintas oficinas del poder antes de ser remitido al Congreso. Demasiado conciliábulo y demasiado tiempo para contrarrestar la cocina que urdía la oposición.
El macrismo explica ahora (tarde) que de ninguna manera hubiera podido eludir el envió del proyecto sobre Ganancias. Aunque supiera de su condición de peligrosa minoría. El martes 21 de noviembre el massismo, el PJ y sectores de la izquierda habían convocado a una sesión especial para 48 horas mas tarde a fin de considerar aquel tema y la Ley de Emergencia. La jugada se frenó con una doble maniobra. La promesa del tratamiento en extraordinarias. La negociación con los Movimientos Sociales para la sanción de la Emergencia que podría insumir al Estado hasta $30 mil millones en tres años. Peña reveló ayer la existencia de una cláusula de hecho desconocida: que ese acuerdo de ninguna manera obligaria a los representantes piqueteros a dejar de protestar en las calles. Se nota desde hace semanas. La novedad también tomó por sorpresa a la ministro de Seguridad, Patricia Bullrich, y al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. La Ciudad acostumbra a ser el mayor escenario del desquicio.
Varios diputados macristas apuntaron a otro error táctico. No haber intentado el debate sobre el Impuesto a las Ganancias inmediatamente después que resultó aprobado en Diputados y el Senado el Presupuesto. Reinaba todavía en el Congreso el espíritu de colaboración. Había consechado entre los diputados 177 votos afirmativos. Esa inercia, sin embargo, fue desapareciendo con la llegada de diciembre y los aprontes para recibir el año electoral.
Ahora el juego continúa abierto. Pero el Gobierno logró que la guillotina ya no penda sobre su cabeza. Ayudaron los gobernadores y cada uno de los 22 ministros de Economía. Se abrió un periodo de negociaciones después de tres certezas. La angustia macrista, la imposibilidad opositora de emitir ayer mismo el dictamen; la quimera de juntar los dos tercios para su aprobación sobre tablas.
Está en vigencia una tregua, aunque con un tendal de víctimas.
