NÉSTOR SCIBONA
Todo indica que el comportamiento de la economía será mucho mejor en 2017 que en este año próximo a finalizar. Si se cumplen las previsiones de las casi 60 consultoras y bancos que participan del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) y procesa mensualmente el Banco Central, la inflación se ubicaría en torno a 20% anual y el Producto Bruto Interno (PBI) repuntaría alrededor de 3 por ciento. No son números para descorchar champagne, pero suponen que la inflación bajará a la mitad con respecto a 2016 y el PBI recuperará algo más de un punto del terreno perdido este año de "sinceramiento" y reordenamiento económico.
Con el calendario electoral a la vista, el gobierno de Mauricio Macri optó por el pragmatismo de hacer camino al andar, con una hoja de ruta que no se extiende más allá de octubre de 2017. La apuesta del oficialismo sigue siendo que la economía se reactive con bastante anticipación para mejorar sus chances en las elecciones legislativas, especialmente en la provincia de Buenos Aires que -según la tradición-, nacionaliza quién gana y quién pierde. Por eso la prioridad se concentra en una batería de medidas para empujar el alicaído consumo interno, mientras madura el "plan asfalto y hormigón" (intensivo en obras públicas) cuyos efectos no se hacen sentir de inmediato, aunque tendrán impacto el año entrante si no surgen demoras burocráticas o de financiamiento. Además, la desaceleración de la inflación contribuye a tonificar el consumo, si bien en noviembre hubo un repunte en los precios de alimentos y bebidas previo a las fiestas de fin de año, que ahora las cadenas de supermercados atenúan con ofertas por cantidad.
El paquete de "anabólicos" para el consumo incluye el bono de fin de año para trabajadores del sector público y privado, jubilados con haber mínimo y beneficiarios de la asignación por hijo y embarazo, así como la exención impositiva del medio aguinaldo de diciembre. También los pagos de deudas y reajustes de haberes a los jubilados y pensionados que están adhiriendo incipientemente al régimen de "reparación histórica" financiado con el blanqueo; que a su vez repercute en mayores ventas de automotores (con fuertes bonificaciones de las fábricas) y escrituración de inmuebles. Paralelamente, durante todo el verano regirá el plan Ahora 18, mientras el Banco Nación, que meses atrás hizo punta con líneas de créditos para compra de vivienda, agregó otra para autos 0 km y acaba de lanzar créditos de hasta $ 80.000 para la compra de electrodomésticos, a 36 meses de plazo y cuota fija de 15% anual.
Este último sector es uno de los que más sufrieron la caída de ventas en términos reales, según las últimas estadísticas del Indec. La industria automotriz, por su parte, enfrenta una situación paradójica: si bien las ventas de unidades al mercado interno superan en 17,5% a las de 2015, en lo que va del año la producción mostró una caída de 12,6% debido a la recesión brasileña, aunque repuntó en noviembre.
La renegociada suba del mínimo no imponible y las escalas del rebautizado impuesto a los ingresos (ex Ganancias) también pueden contribuir a una mejora del consumo en 2017, aunque excluye virtualmente a los trabajadores autónomos, que carecen de representación sindical y capacidad de movilización. O bien, alternativamente, a moderar los reclamos salariales en las próximas paritarias, para alinearlos con la inflación futura más cierta recuperación real. Para curarse en salud, los gremios del transporte negocian paritarias por trimestre y buena parte de los estatales bonaerenses aceptó la propuesta de un aumento de 18% fraccionado en cuatro trimestres, pero con ajuste en función del IPC del Indec.
No obstante, el mayor problema de ingresos -y que frena el despegue del consumo- está en el amplio segmento de casi 10 millones de trabajadores con empleos precarios, en negro o de subsistencia (changas) que, según el último informe de la UCA, representan el 48,7% de la población económicamente activa urbana, frente al 41,1% con empleo formal. En el tercer trimestre de este año, el ingreso promedio de los trabajadores precarios era de $ 9476 mensuales y de sólo $ 3724 para los subempleados. Nada que ver con el viejo ni el nuevo mínimo no imponible. Esta estructura laboral es una cara oculta de la herencia K, que difícilmente podrá corregirse con la nueva ley de emergencia social. En todo caso, significará una suerte de formalización de la precariedad laboral si no se complementa con programas de capacitación para acceder a empleos de mayor calidad en el aparato productivo. Ya quedó demostrado en los últimos diez años que el asistencialismo mitiga la pobreza, pero no la reduce. Y menos con una inflación de dos dígitos anuales y estancamiento económico.
El objetivo oficial de reducir la inflación al 17% en 2017, junto con el repunte del PBI de 3,5% presupuestado, apunta a atenuar este cuadro social, pero no está exento de interrogantes. Por un lado, en enero habrá una suba de 8% en el precio de los combustibles y en el resto del año dos ajustes programados en las tarifas de electricidad y gas, equivalentes a una décima parte de los aplicados en 2016. Por otro, la expectativa de menor inflación se apoya en un tipo de cambio que seguirá retrocediendo en términos reales y, según el REM, tendría una suba nominal de 12,5%.
Esto obedece al ingreso de divisas por el endeudamiento externo para financiar el déficit del sector público nacional y provincial, así como el del blanqueo y una cosecha agrícola récord. El dólar relativamente barato no sólo estimula este verano el gasto en turismo al exterior (especialmente en las playas brasileñas), sino también las compras fronterizas, como ocurre con Chile y Paraguay. Además desincentiva las exportaciones. Pero una devaluación brusca sería parte del problema más que de su solución, si se mantiene alto el déficit fiscal.
Macri reconoció hace poco que resulta "insostenible a mediano plazo". Con el mismo realismo, debería explicar que más gasto público y déficit significan más endeudamiento externo (a mayor costo debido al "efecto Trump"), sólo justificable si se destina a obras prioritarias de infraestructura y/o a reducir costos que mejoren la competitividad de la economía. De lo contrario, la Argentina se expone al riesgo de vivir otra etapa por encima de sus posibilidades y patear los problemas para adelante. Sobre todo cuando faltan levantar muchas hipotecas de la era K (por caso, los subsidios a la energía y el transporte equivalen este año al 3% del PBI) y replantear el extravagante régimen tributario argentino. Para empujar la inversión privada, el gradualismo fiscal necesita una hoja de ruta que vaya más allá de 2017.
