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ANÁLISIS

Otero: Arco minero, tragedia anunciada

La anunciada tragedia del arco minero

MINING PRESS/El Nacional

MIGUEL HENRIQUE OTERO*

El 5 de agosto se puso en movimiento una nueva maquinaria de muerte y destrucción del futuro de Venezuela. En un acto celebrado en la sede del Banco Central de Venezuela, Nicolás Maduro firmó unos “contratos, acuerdos y memorandos de entendimiento para el Plan de Inversiones del Arco Minero del Orinoco”. En el encuentro firmaron representantes de empresas venezolanas, empresas trasnacionales y, no podía faltar, uno con la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas, perteneciente a la FANB. Huelga decirlo: Padrino López estuvo presente en el acto.

Antes de continuar, debo pedirle a los lectores de este artículo que pongan la mejor atención posible a los datos que voy a consignar en lo que sigue: el Arco Minero compromete 111.843 kilómetros cuadrados del estado Bolívar, es decir, más de 46% de toda su superficie. Esto equivale a casi 12% del territorio nacional. Quiere decir, ni más ni menos, que el 5 de agosto fueron entregados a empresas extranjeras, venezolanas y a una empresa militar autorizaciones para explotar las riquezas de casi 12% del territorio venezolano.

La más elemental obligación de quienes amamos a Venezuela, es preguntarnos a qué territorio nos referimos. Hablamos de una región, reconocida en el mundo como un espacio único en el planeta, donde se concentran cuencas hidrográficas fundamentales de agua dulce –casi 80% del agua que se genera en el país, de acuerdo con los expertos–, inmensas zonas boscosas y selváticas, una biodiversidad que se expresa en miles y miles de especies de flora y fauna, así como la más estratégica red hidrográfica del país. Pero hay más: en esa zona tienen asiento algunas menguadas poblaciones indígenas, muchas de ellas en estado demográfico, sanitario y social realmente crítico. En esa área se produce más de 65% de la electricidad que Venezuela consume cada día. Una parte considerable de esa zona está protegida por la Constitución y las leyes, bajo regímenes especiales: son Áreas Bajo Régimen Especial de Administración, figura creada en 1983 en la Ley Orgánica de Ordenación del Territorio.

Nada de esto ha sido considerado. Violando la Constitución y decenas de leyes, desconociendo la inviolabilidad de las Abraes, violando los derechos de los pueblos indígenas, violando los más elementales enunciados del sentido común, sin atisbo alguno de amor por la patria o mínima preocupación por el futuro del país, pasando por encima de los más básicos principios que deben regir la administración de las riquezas nacionales, actuando bajo los parámetros del capitalismo más descabellado, voraz e inescrupuloso, Maduro y su séquito han tomado la decisión de entregar casi 12% del territorio del país a lo que resultará, no solo un vasto programa de saqueo minero, sino algo mucho peor: la destrucción de toda una región medular para la sostenibilidad ambiental de Venezuela.

En ese territorio, además de los minerales más conocidos –como el hierro, el oro, el diamante y la bauxita–, también hay otros como el coltán, el tantalio y el niobio, cuyo valor en el mercado mundial es cada día más estratégico. Los expertos hablan de reservas minerales no menores a las 8.000 toneladas que el gobierno está rematando a cambio de unos dólares que necesita de forma urgente, para tapar el incalculable desfalco que ha cometido a lo largo de 17 años.

La denuncia de lo que significa el Arco Minero debe convertirse en una política, por encima de las diferencias partidistas e ideológicas. Hay expertos, como Fernando Jáuregui, que han advertido sobre el inminente uso de cianuro para estos fines; Alexander Luzardo ha expuesto con detalle el amplio rango de las violaciones que están implícitas en estos contratos y acuerdos; Santiago Arconada ha dicho: “Es una puñalada en contra de la vida en el planeta tierra”, con lo cual advierte que las nefastas consecuencias de esos acuerdos sobrepasarán el territorio venezolano; dirigentes indígenas han denunciado la inviabilidad de esos acuerdos, que se han adelantado sin consulta alguna.

A quienes prometan que Maduro y su gobierno de incompetentes controlarán las operaciones de esas empresas, les respondo: indaguen sobre cuál es la situación hoy de las explotaciones mineras en Venezuela. Ahora mismo, tal como lo ha señalado el diputado Francisco Sucre, la región minera del estado Bolívar es una región sin ley. Una región de delincuencia organizada y muerte. Pranes con ejércitos propios controlan las minas. Es una industria que no aporta beneficio alguno para el país. La acción del Estado resulta ocasional y desproporcionada, como la nueva masacre recién denunciada en Tumeremo. La minería en Venezuela no es solo una actividad extractiva sino una fábrica de muertes. La ingobernabilidad y mortandad de hoy será la misma que mañana.

Les hablo aquí a los venezolanos de bien, más allá de las diferencias ideológicas y políticas que puedan separarnos. Hay que impedir que la maquinaria de muerte y destrucción que es el arco minero continúe avanzando. Hay que detener de inmediato los nuevos pasos de este programa. El gobierno de Maduro y las autoridades a las que corresponde no tienen capacidad alguna para controlar lo que viene. No les interesa, además, tal como han demostrado en El Callao en los últimos años. Necesario es repetirlo: hay que poner al fin a proyecto del Arco Minero, incubado como una tragedia –otra más– para Venezuela. No hay alternativa: pararlo equivale de revocar a Nicolás Maduro. No hay otra salida.

*Director del diario El Nacional

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