EDUARDO GAJARDO

En medio de la preparación de la política minera que le presentará el subsecretario de Energía y Minería, Emilio Guiñazú, al gobernador Alfredo Cornejo, se genera fuerte ruido en una repartición que debería ser fundamental para el desarrollo de la actividad. Se trata de la Secretaría de Minería, organismo que está prácticamente desmantelado y que, además de los reclamos del sector, es nicho de fuertes rumores de aprovechamiento político.

Con la actividad minera en constante cuestionamiento desde hace más de una década, la secretaría pasó a un segundo plano por efectos de la gestiones que le tenían miedo a la palabra "minería" y se descuidó el desarrollo -incluso- de la segunda y tercera categoría, las cuales no tienen reparos para su desarrollo.

Esta situación fue denunciada por la Cámara de Empresarios Mineros de Mendoza, a través de una dura nota que entregaron a Enrique Vaquié y el mismo Guiñazú, en la que directamente señalaron que en las últimas gestiones se "vació" la secretaría al nivel que ni siquiera tiene un agrimensor que pueda actuar en terreno. Como contraparte, el organismo tiene completos sus cupos de abogados y escribanos, algo que llama la atención si se considera que casi no hay movimientos de expedientes y los que se mueven, curiosamente, son de empresas con irregularidades.

Como la cuestión ya pasa de la curiosidad al alerta, la cámara pidió al Gobierno provincial que se realice una auditoría interna sobre el estado de los expedientes que circulan.

Aunque la CAMEM no lo menciona en su texto, fuentes del Ejecutivo señalan que los problemas surgieron con la gestión del actual director de Minería, Carlos Molina, uno de los sobrevivientes de la gestión Pérez, y que quedó ahí por una negociación de un exministro justicialista con el PRO.

La historia de Molina está ligada a Rolando Baldasso, extitular de Infraestructura de Francisco Pérez, el mismo que hoy es funcionario de Luján de Cuyo, hasta donde de la mano del presidente del PRO, Omar de Marchi. En la "repartija" de cargos al PRO le tocó la mencionada secretaría y Baldasso sugirió mantener en el cargo a Molina, lo que negoció con el actual intendente lujanino.

En un espacio lleno de abogados y sin técnicos lo que menos hay es movimiento, tanto así que en la actualidad el trabajo en expedientes es casi nulo, especialmente en proyectos grandes o "conflictivos" de minería de primera categoría como San Jorge o Paramillos. Considerando eso y otros casos, la CAMEM pide que se explique por qué se ha "derogado de facto" el Código de Minería en algunas zonas de la provincia.

Lo que reclaman es que en las denominadas "zonas conflictivas" directamente se paralizaron todos los trámites relacionados con la actividad minera, en consecuencia que no se cumple con el rol de control y promoción de la actividad, no sólo en la primera categoría, sino que también en la segunda y tercera. La cuestión es quién decidió que esto fuera así, porque el que lo hizo está faltando a sus deberes como funcionario. 

Esta situación, sin un razón técnica que lo justifique, es directamente una decisión política que buscó evitar conflictos, pero que fue sepultando una actividad lícita que puede entregar beneficios a la provincia. Por eso, no extrañó que con la llegada de la nueva administración se bajaran muchas concesiones y se intentara "ordenar el naipe", porque el desorden es grande y, por ejemplo, en las ripieras o emprendimientos mineros de segunda y tercera categoría se apuraba a las empresas que funcionaban legalmente, mientras los "ilegales" aumentaban sin ningún tipo de control.

En ese sentido, en los pasillos de la secretaría se menciona el caso de "una empresa" que robaba el material de una concesión legal, incluso utilizando explosivos. Al ser denunciada y cuestionada, inició los trámites para "regularizar" su situación y de manera casi express logró "ordenarse" y obtener la Declaración de Impacto Ambiental para operar. Todo fue muy rápido, al contrario de lo que ocurre con el resto de los expedientes.

La cuestión es que -según fuentes de oficialismo y oposición- esa empresa que pasó rápidamente por uno de los espacios más lentos de la administración pública, estaría vinculada a dirigentes del Partido Justicialista.

La dirigencia que estuvo al frente de la Provincia le puso freno al desarrollo de la minería de primera categoría por una cuestión de costos políticos y electorales, pero de paso se encargó de destruir las otras dos categorías, segunda y tercera, las que no tienen reparos y durante años ha mantenido muchas familias en la provincia.

Más allá de lo que suceda con la política minera que propondrá Guiñazú, el alerta está en un organismo que tiene problemas y que tiene un rol importante en una provincia que necesita del desarrollo de esta industria, en los niveles que considere la autoridad. Por ahora, es más lo que se destruye que lo que se avanza.