FERNANDO LABORDA

La tormenta política que sacude a Brasil llegó en el peor momento para la Argentina. Arribó justo cuando el gobierno de Mauricio Macri empezaba a ilusionarse con una desaceleración de la inflación, luego de la fuerte corrección de precios del 9,1% en el primer cuatrimestre del año. Y justo cuando las autoridades nacionales buscaban ilusionarnos con la consolidación del muy incipiente crecimiento de la economía en los meses previos a las elecciones de medio término.

Una amplia mayoría de analistas económicos coincide en que la debacle a la que asiste el presidente Michel Temer afectará negativamente a la Argentina, aunque también acuerda que, con crisis de Brasil o sin ella, la economía argentina no iba a llegar a crecer el 3% a lo largo de 2017, como preveía el Poder Ejecutivo Nacional.

Brasil es el principal socio comercial de la Argentina. El intercambio entre ambos países en 2016 fue de unos 22.600 millones de dólares, con un déficit de algo más de 4500 millones de dólares para nuestro país, que ahora podría profundizarse.

Durante todo 2016, la Argentina exportó al mundo por 57.700 millones de dólares. En el primer trimestre de 2016, sus ventas al exterior fueron apenas un 1,7% mayores que en igual período del año anterior. Representantes del sector exportador confiaban hasta hace poco en elevar las exportaciones totales hasta los 62.000 millones de dólares. La situación brasileña complicaría ese objetivo.

Es que Brasil estaba comenzando a salir de la recesión y eso alentaba esperanzas en funcionarios y empresarios argentinos. Se estima que por cada punto de crecimiento del PBI brasileño, el producto bruto argentino experimenta una mejora de un cuarto de punto. Ahora, la economía brasileña volvió a ingresar en un cono de sombras: mientras dure la crisis política y se prolongue la incertidumbre, su recuperación se demorará.

Los funcionarios del gobierno argentino reaccionaron con prudencia, empezando por el presidente Macri, quien vaticinó que Brasil saldrá fortalecido porque funcionarán sus instituciones. Pero puertas adentro de la Casa Rosada, no se oculta preocupación y se expresa el deseo de que la crisis de nuestro vecino se resuelva de la forma más rápida posible.

Claro que nadie puede asegurar cómo y cuándo concluirá este tembladeral, que ha colocado al presidente Temer en una situación de absoluta fragilidad. El mandatario brasileño ha optado por defenderse de la acusación según la cual consintió el pago de coimas, basada en una grabación del dueño del frigorífico JBS, Joesley Batista, y ha reiterado que no va a renunciar. Pero otra fecha clave que se aguarda es la del 6 de junio, cuando el Tribunal Supremo Electoral retome una investigación sobre irregularidades en la campaña electoral, que involucra tanto a Temer como a Dilma Rousseff y Lula. Hay quienes apuestan a que ese tribunal le dé al presidente brasileño un empujoncito hacia el precipicio.

Según la Constitución de Brasil, si Temer dejase el gobierno, el Congreso debería elegir a un sucesor para que complete su mandato. Se trataría de algo semejante a lo que hizo la Asamblea Legislativa argentina cuando, en medio de la crisis de fines de 2001, designó a Eduardo Duhalde para que terminara el período por el que había sido designado Fernando de la Rúa. El establishment económico brasileño y también hombres de negocios de la Argentina consideran que si Temer se mantiene en el gobierno, su poder quedará muy debilitado. En cambio, un sucesor con perfil más económico y con respaldo del Poder Legislativo podría ayudar a encarrilar las cosas, o al menos evitar que empeoren hasta las elecciones presidenciales previstas para 2018.

Más allá de estas conjeturas, la aritmética de la Brasildependencia no ayuda al equipo económico de Macri. Se cree que la devaluación del real brasileño ante el dólar será mayor que la depreciación que podría sufrir el peso argentino contra la moneda estadounidense en el mismo período, con la consecuente pérdida de competitividad para la Argentina frente a su principal socio comercial. Y la soñada meta del 3% de crecimiento económico para este año quedará aún un poco más lejos de lo que ya estaba.

De todos modos, la crisis brasileña no debería modificar sustancialmente los planes del macrismo para la inminente campaña electoral. Nadie en el oficialismo apostaba ya a convertir a la economía en el eje de la estrategia discursiva del Gobierno. Hay quienes especulan inclusive, no sin cierta ironía, que el oficialismo podría usar la excusa de Brasil para justificar el hecho de que la tan ansiada reactivación económica no llegue con la fuerza esperada.

ANDRÉS OPPENHEIMER

El escándalo de corrupción que rodea al presidente brasileño Michel Temer no será el único que va a sacudir a Latinoamérica: a partir del 3 de junio, Brasil dará a conocer los nombres de funcionarios de 11 países que recibieron casi 800 millones de dólares en sobornos de la empresa Odebrecht en uno de los mayores escándalos de corrupción que se recuerden en la región.

Curiosamente, todo esto podría ser una buena noticia. Si estos escándalos movilizan a la gente a tomar medidas contra la corrupción, podrían convertirse en un punto de inflexión en la historia de la región.

Es cierto que, a corto plazo, los escándalos de la corrupción causan estragos económicos. El mercado bursátil de Brasil cayó más del 10% el 18 de mayo, tras las noticias sobre una grabación que parece involucrar a Temer en un intento de sobornar a un legislador. Y la consultora Moody's dijo que el caso Odebrecht frenará el crecimiento de varios países, debido a que grandes proyectos de infraestructura han sido suspendidos y muchos posibles inversores podrían alejarse ante las próximas revelaciones.

Los nombres de los funcionarios de los 11 países que recibieron sobornos fueron proporcionados por el ahora preso ex presidente de Odebrecht, Marcelo Odebrecht, a cambio de una reducción de su sentencia. Declaró que entre 2005 y 2014 su compañía pagó u$s 349 millones en sobornos en Brasil, u$s 98 millones en Venezuela, u$s 92 millones en República Dominicana, u$s 35 millones en Argentina, u$s 34 millones en Ecuador, u$s 29 millones en Perú, u$s 11 millones en Colombia y u$s 10,5 millones en México.

Una vez que las autoridades brasileñas divulguen los nombres de quienes recibieron estos pagos, es probable que varios países anuncien la creación de agencias gubernamentales contra la corrupción o planes nacionales contra este flagelo. Pero todo eso no servirá de mucho. La forma más eficaz de luchar contra la corrupción será creando organizaciones no gubernamentales de control que sean poderosas. Esta lucha es demasiado importante como para ser dejada en manos de los gobiernos.

"Hace falta un agente externo para limpiar el sistema, porque el sistema no se va a autocorregir por sí mismo'', me dijo Claudio González, empresario mexicano que dirige la ONG Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.

Hay que abordar la impunidad, porque es la madre de la corrupción. En países como México, el 97% de los crímenes quedan impunes y los grupos no gubernamentales pueden hacer varias cosas concretas: Deben hacer su propia investigación periodística sobre casos de corrupción, porque muchos medios dependen de la publicidad oficial, y no van a denunciar la corrupción del gobierno, dijo González. Además, deben presentar demandas penales contra sospechosos de corrupción, y agregó: "Si la sociedad civil no se involucra, nunca nos libraremos de la corrupción en nuestros países''.

Mi opinión: Hay algunas cosas que los gobiernos pueden hacer contra la corrupción. Por ejemplo, crear procuradurías generales totalmente independientes, o negociar pactos nacionales de todos los partidos para adoptar políticas anticorrupción a largo plazo.
Pero al final, González tiene razón: la única manera de mantener la presión constante sobre los gobiernos y las empresas privadas para que se manejen con honestidad será si son vigiladas por grupos no gubernamentales que sean fuertes. Los sobornos de Odebrecht deberían servir para crear poderosas organizaciones civiles contra la corrupción.