Alrededor de mil 500 niños, 63 por ciento de los menores de edad que habitan en la cabecera municipal de Vetagrande, Zacatecas, tienen amenazado su desarrollo físico y mental debido a la contaminación por plomo y otros metales pesados, causada por la actividad minera que se lleva a cabo en los alrededores de la localidad de 5 mil pobladores.

Ubicada a 7 kilómetros de la capital del estado, Vetagrande ha sido objeto de estudios científicos que desde hace 18 años detectaron este problema y alertaron a las autoridades sobre los riesgos para la salud, pese a lo cual, en las casi dos décadas transcurridas desde esa primera llamada de alerta, el índice de niños afectados apenas se ha reducido 10 por ciento.

Las altas concentraciones de plomo en la sangre que dejan marcados de por vida a los habitantes de Vetagrande son un recordatorio de las graves afectaciones causadas por la minería en esta entidad. Sólo en 2015, tres minas propiedad del empresario Alberto Bailleres –galardonado por el Senado con la medalla Belisario Domínguez– tuvieron percances por derrames de desechos mineros en los municipios de Fresnillo, Sombrerete y Morelos, mientras el año pasado una investigación de Reuters dio a conocer que desde 2013 el complejo Peñasquitos, de la minera canadiense Goldcorp, tuvo filtraciones de selenio en los mantos freáticos del municipio de Mazapil.

En los casos mencionados, como en otros que se han presentado en diversas entidades, el denominador común es la indolencia de las compañías para remediar los desastres una vez ocurridos y para adoptar las medidas preventivas necesarias, así como una actitud sistemáticamente omisa de las autoridades competentes para establecer regulaciones adecuadas y para aplicar las ya existentes, a fin de que garanticen el respeto al entorno y a la vida humana en el desarrollo de la actividad minera.

Si a lo anterior se suma el auge de las concesiones mineras, que en los últimos años ha cedido a empresas locales y extranjeras vastas porciones del territorio nacional, se configura un escenario en que cada vez más comunidades se ven sometidas a abusos y padecen una cruda desprotección ante los intereses de esta industria extractiva.

Las autoridades mexicanas, que en días recientes han ratificado su compromiso con el Acuerdo de París sobre Cambio Climático y manifestado su voluntad de colaborar en la lucha global contra la degradación del medio ambiente, bien podrían comenzar por atender los urgentes problemas ambientales que se presentan en México y ponen en riesgo no sólo el frágil equilibrio de los ecosistemas, sino que amenazan de manera inmediata la salud y la vida de miles de personas.