NESTOR SCIBONA
Bajar el déficit fiscal es más complicado de lo que parece, pero tampococontribuye la actitud de quienes deciden el manejo del gasto público
Animémonos y vayan" parece ser la voz de orden de la dirigencia política cada vez que se plantea la necesidad de reducir el endémico déficit fiscal en la Argentina. Hace años la palabra ajuste fue desterrada del léxico político, ante su inevitable asociación con la amarga medicina posterior a los excesos de gasto público, que desembocaron en crisis históricas con un saldo de millones de pobres. Y un sustituto más racional como la austeridad tampoco tiene demasiada aceptación ni buena prensa, pese a que su aplicación puede ser selectiva.
Al menos desde lo conceptual, Mauricio Macri rompió este año dos tabúes. Uno es haber admitido públicamente - y más de una vez- que el actual déficit fiscal es insostenible a mediano plazo. No le falta razón: si bien el Gobierno prefiere hablar de déficit primario (la diferencia entre ingresos y gastos sin intereses de la deuda pública) y fijó como meta para 2017 contenerlo en el equivalente de 4,2% del PBI, el dato es incompleto. Habría que sumarle otros 2 puntos porcentuales por los intereses a pagar, más 1,5 por el desequilibrio fiscal de las provincias y alrededor de 1,7 por el déficit cuasifiscal del Banco Central, generado por los intereses deudores de las Lebac y pases para absorber excedentes de pesos. O sea que, en total, supera el 9% del PBI, de los cuales más de la mitad es una hipoteca K.
El otro tabú descartado fue hablar de austeridad fiscal para 2018 en la última reunión del superpoblado gabinete nacional, donde pidió un plan de reducción de gastos para bajar el déficit primario en un punto de PBI (3,2%) el año próximo. Con todo, el ministro Nicolás Dujovne se ocupó luego de edulcorar esa exigencia al señalar que no habrá sorpresas, sino que se tratará de mejorar la eficiencia y productividad del gasto, evitando superposiciones de programas similares.
La apuesta oficial sigue siendo disminuir el peso relativo del Estado en la economía con un crecimiento del PBI que genere más recaudación, para lo cual prevé que el aumento del gasto primario no supere al de la inflación. Esto supone aplicar la austeridad según la definición del diccionario: evitar excesos. O al menos, compensar las subas en algunos rubros (como el gasto social) con bajas en otros (subsidios a las tarifas).
Pero esto es más fácil de decir que de hacer. Por un lado, Macri tal vez esté pensando en comprimir a fin de año la actual estructura de 22 ministerios, que agrega una capa burocrática extra a la ya heredada. No hay más que ver el Boletín Oficial para advertir la cotidiana designación (o contratación temporaria) de funcionarios, muchos de ellos como coordinadores dentro de la amplia "raviolera" del organigrama estatal. Además, la necesidad de bajar el enorme déficit de infraestructura (económica y social) eleva el gasto a corto y mediano plazo. Por otro, no hay margen para subir impuestos (ni tampoco bajarlos de manera generalizada), ya que el aumento de los ingresos fiscales (sin incluir los del blanqueo por única vez) sigue siendo inferior al del gasto tras la reducción selectiva de la presión tributaria en 2 puntos de PBI en 2016.
Después de que el kirchnerismo elevó el gasto público total (nacional, provincial y municipal) en nada menos que 16 puntos de PBI (de 32% promedio en el período 2003/2007 a 48% en 2012/2015, según el Iaraf), la reducción del déficit fiscal resulta mucho más complicada de lo que se cree.
En su reaparición pública tras haber sido desplazado de la presidencia del Banco Nación, el economista Carlos Melconian fue fiel a su estilo y produjo en el congreso anual del IAEF varias definiciones de impacto mediático (salvo una, inventada por el canal de cable C5N). Pero además aportó una ilustrativa "foto" de la estructura del gasto público nacional en 2016: 41,4% del total corresponde al gasto previsional; 14,8% a subsidios; 13,5% a salarios; 9,2% a gastos de capital (obra pública) y el resto a una infinidad de partidas. En el primer caso, dijo que entre 2005 y 2015 se elevó de 3,8 a 8,4 millones el número de jubilados y pensionados, de los cuales 3,25 millones adhirieron a las moratorias (en muchos casos sin aportes) y 1,46 millón a pensiones no contributivas.
Esto significa que casi 55% del gasto (jubilaciones y salarios públicos) es inflexible y además está indexado, con lo cual difícilmente pueda evitarse en 2018 la inercia alcista de este año, aún con inflación en descenso. Por su parte, en plena campaña electoral, el ministro Guillermo Dietrich anticipó que las actuales tarifas del transporte público se mantendrán en los próximos meses, a cambio de mayores subsidios estatales que actualmente cubren 68% de los costos operativos. Está claro que el impacto social de estas tarifas es alto, pero también que habrá ajustes poselectorales.
Como el sector público nacional representa algo más de la mitad del gasto total, el resto corresponde a las provincias, algunas de las cuales como Santa Cruz y Córdoba no transfirieron sus cajas previsionales, que pagan haberes superiores a $ 100.000 mensuales. En el mismo panel del IAEF, el economista Ricardo Arriazu advirtió que el endeudamiento externo es excesivo en muchas jurisdicciones y produce el fenómeno de "déficits gemelos" (fiscal y externo) que, si bien no es peligroso en el corto plazo, obliga a trabajar en su reducción después de las elecciones.
Tanto Melconian como Arriazu coincidieron en la inconsistencia entre las políticas fiscal y monetaria para bajar la inflación, que su colega Miguel Ángel Broda popularizó tiempo atrás como encender la calefacción y la refrigeración al mismo tiempo. El argumento se basa en que financiar el déficit fiscal (nacional y provincial) mayormente con endeudamiento externo genera un ingreso de dólares que el BCRA debe comprar (por fuera del mercado para sostener el tipo de cambio) y emitir pesos cuyo excedente debe absorber a través de Lebac con altas tasas de interés. Así, se ralentiza la actividad económica mientras el deterioro cambiario eleva los costos en dólares e inhibe el aumento de la inversión para hacer crecer el PBI. Con todo, Broda cree que la actual abundancia de liquidez y la búsqueda de mayores rendimientos en los mercados internacionales puede aportar financiamiento a la Argentina durante los próximos dos años a pesar de la debilidad de este esquema.
Paralelamente, la Casa Rosada deberá presentar el proyecto de presupuesto nacional para 2018 apenas 50 días antes de las elecciones legislativas ante los mismos diputados que acaban de duplicarse los gastos de representación (a $ 20.000 mensuales) y de pasajes aéreos y terrestres (a $ 40.000 en caso de que los devuelvan), por sobre la dieta de $ 117.600 brutos (y $ 95.000 de bolsillo). El bloque del Frente Renovador (Sergio Massa) rechazó estos aumentos. Pero, a la vez, promueve en el Congreso el plan "Bajemos los precios" para reducirlos 20% en 11 alimentos de primera necesidad a través de la eliminación indiscriminada del IVA (sin aclarar que tributan una tasa reducida de 10,5%) y "otros impuestos" (sic), que implicarían un costo fiscal no precisado pero incomparablemente superior a ese gesto personal. Incluso, los gobernadores que adhirieron a esta iniciativa (Mario Das Neves en Chubut y Gustavo Bordet en Entre Ríos), ni siquiera anunciaron su intención de reducir el impuesto a los Ingresos Brutos en sus provincias.
