MARTÍN LOZADA*
Días atrás el presidente Macri firmó el Nuevo Acuerdo Federal Minero. Entonces mencionó su intención de generar mayores inversiones extranjeras alrededor de esa actividad en particular.
También argumentó en favor de la quita de retenciones al sector y fijó un tope a la recaudación de las provincias por regalías, el cual no podrá superar el 3% de lo facturado por las empresas.
Firmaron el Acuerdo los gobernadores de las provincias de Neuquén, Río Negro, Catamarca, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, San Juan, Santa Cruz y Tierra del Fuego. En cambio, los gobernadores de Chubut, La Rioja y La Pampa rechazaron hacerlo.
El extractivismo es un modelo de crecimiento económico que fomenta la extracción por parte de empresas mayoritariamente extranjeras, de materias primas que se exportan sin control, con nula o escasa elaboración.
Fue bien recibido y estimulado por las gestiones de los presidentes Carlos Saúl Menem, en materia de hidrocarburos, y Néstor Kirchner y Cristina Fernández en el caso de los minerales metalíferos.
A fines del 2011 eran más de 600 los emprendimientos mineros a gran escala en nuestro país. Su causa generadora gira alrededor de dos factores que los hacen muy rentables.
En primer lugar, las permisivas leyes mineras argentinas y, luego, el gran aumento internacional de los términos de intercambio de materias primas de uso industrial –commodities–.
Proyectos de megaminería a cielo abierto, la explotación de petróleo mediante el fracking y las superficies dedicadas a monocultivos son algunos ejemplos del desarrollo extractivista a gran escala en la Argentina.
Se trata, con frecuencia, de megaproyectos que son implantados en el territorio de manera vertical sin consultar a las poblaciones, al punto de fragmentar el tejido social y provocar la represión de las resistencias que se ofrecen a su consolidación.
De hecho, una de las consecuencias del actual auge extractivista ha sido la explosión de conflictos socioambientales.
Es decir, conflictos motivados por el acceso y control de los bienes naturales y el territorio, con actores e intereses enfrentados, en contextos de gran asimetría de poder.
Por eso, en los últimos años se ha puesto en duda la compatibilidad existente entre esa tendencia productiva y el ejercicio pleno de la participación democrática.
Esa controversia, además, genera una creciente interacción del Estado con actores tales como organizaciones indígenas y campesinas, a través de nuevas formas de movilización y participación ciudadana.
Una participación que se centra, muy fundamentalmente, en la defensa de los bienes naturales, la biodiversidad y el ambiente.
En los debates suscitados se aprecia, además, la tendencia de los sectores empresariales a reducir toda discusión a los aspectos técnicos. Iniciativa que omite considerar los impactos sociales de los emprendimientos que se pretenden instalar.
Esos sectores también minimizan la participación en la toma de decisiones de las comunidades vecinas, así como la discusión de qué se entiende por desarrollo y quiénes son los actores que definen su alcance.
Pretenden, de ese modo, darle a la cuestión un marco falsamente apolítico. En paralelo, los Estados con frecuencia adoptan medidas que circunscriben los análisis a las dimensiones tecnocráticas de la cuestión.
Conviene recordar que la degradación ambiental amenaza tanto la existencia del medio como a las personas que están insertas en él. Es un problema de dimensión planetaria que afecta procesos biológicos, humanos y sociales.
El extractivismo, en tanto modelo de desarrollo predatorio que no calcula los costos ecológicos, resulta insostenible y desaconsejable.
Repensar los procesos productivos que con mayor impacto degradan el medio social y ambiental no es tarea menor. Sobre todo en tiempos electorales.
*Profesor titular de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN)
