Amado Yataco* 

En su último mensaje por 28 de julio, el presidente, Pedro Pablo Kuczynski, habló sobre la importancia de impulsar las inversiones mineras para que el Perú recupere el ritmo de crecimiento económico. Aunque fue un mensaje lleno de voluntades e iniciativas propositivas, cabe hacerse la interrogante: ¿de qué manera pondrá en marcha estos proyectos?

En una industria como la minería, cuyo mercado es netamente global, hay que desarrollar un principio fundamental: ser competitivos. Este es un factor en el que hemos tenido avances importantes en los últimos años, pero hay aún disparidades y absurdos, desde el punto de vista fiscal, que constituyen un maltrato a las empresas del sector.

Dejemos en claro algo: para ser competitivos se requieren condiciones favorables para el desarrollo del mercado; tener reglas de juego claras, estables y equitativas para los inversionistas y las empresas; y además contar con instituciones públicas que incentiven el desarrollo de los negocios y el comercio, mas no que atenten contra la estabilidad de éstos.

Las cargas fiscales dictadas en el 2004 y 2011 como las leyes de regalías, de impuesto especial a la minería y de gravamen especial significaron y significan un fuerte golpe a las finanzas y liquidez de las empresas mineras afectando la estabilidad de sus operaciones y de las reservas minerales; y con ello el desenvolvimiento sostenible de la actividad minera y el desarrollo del país.

Esto ha ocurrido en lo que va del presente siglo y el daño, aunque grave, ha sido de magnitud diferente para cada empresa.

¿Dónde está el atractivo para la inversión?

En mi opinión, un caso que ejemplifica cómo una empresa sufre el impacto del sistema abusivo imperante ha sido la Sociedad Minera Cerro Verde, en controversia actual con la SUNAT por un tema de regalías creadas durante vigencia de contrato de estabilidad tributaria, administrativa y cambiaría, la misma que se resolverá en la instancia correspondiente. La empresa, luego de haber invertido más de US$ 6,200 millones en su Unidad de Producción, tanto en mina como en sus procesos de Lixiviación y Flotación, además de US$ 760 millones entre pagos voluntarios y obras sociales para la Región Arequipa desde el 2014, queda sujeta al pago de la regalías mineras y al Impuesto Especial a la Minería. Además de ello, debe pagar 32% de impuesto a la renta a fin de acceder a contrato de estabilidad.

Cargas fiscales similares no se aplican en otros sectores económicos del país. Esto, agravado por el pago del Aporte por Regulación, FISE y otras cargas. Este sistema constituye un elemento de frenaje para el inicio de grandes emprendimientos mineros que se desarrollan y operan durante plazos extensos.

A este problema se suma el descontento de las empresas frente a los Aportes por Regulación (APR) que pagan con la finalidad de ser fiscalizados, algo que carece de toda lógica tributaria. Es como si la SUNAT pretendiera cobrar un porcentaje de los ingresos de los contribuyentes con la finalidad de fiscalizar tales ingresos.

El APR es un tributo ciego basado en un porcentaje de los ingresos, de magnitud muchísimo mayor, que afecta las reservas de minerales y las operaciones mineras, deviniendo en cobro confiscatorio.

Es comprensible la preocupación de los inversionistas y empresas mineras, quienes tienen todo el derecho de interponer las acciones que franquea la Constitución para superar abusos como éste.

Si lo que queremos es atraer inversiones,  demos muestra claras de ello; brindemos estabilidad, transparencia y normas justas. El Estado debe ser el principal interesado en que los proyectos de inversión se materialicen, pues de ello depende, en gran parte, el bienestar de nuestra ciudadanía.

*Ex ministro de Energía y Minas