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POLÍTICA Y MINERÍA

Antiminería y Glaciares: Taillant critica el impacto de la actividad

MINING PRESS

 Aclaración de Mining Press: Los conceptos del autor de esta nota no reflejan el pensamiento de esta editorial, con respecto a la relación de Glaciares y Minería.
Su publicación nos fue ofrecida ayer y nos ha parecido interesante hacer conocer esta corriente de opinión, como un adelanto del debate político que se avecina en el Congreso Nacional, con motivo de la pretendida modificación de la Ley de Glaciares de la República Argentina.


 OPINIÓN

Inventario de Glaciares revela daños ocasionados
por l
a minería en zonas protegidas por ley

Jorge Daniel Taillant*

Luego de 8 años desde la promulgación de la primer ley del mundo que protege a los más significativos reservorios hídricos (los glaciares) del país y del planeta, el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), publicó un inventario oficial de la criósfera argentina (el mundo del hielo), constatando que hay según el relevamiento, casi 17,000 glaciares en el territorio Argentino. Hoy sabemos oficialmente que provincias que históricamente nunca fueron relacionadas en el pensar colectivo con el hielo tales como Jujuy, Salta, La Rioja, Tucumán, Catamarca y San Juan poseen glaciares en su territorio y que son muchos. El relevamiento también reveló oficialmente que al menos 3 proyectos mineros actualmente en consideración se encuentran en violación de la ley ya que empresas mineras están realizando obras que dañan glaciares identificados en el inventario.

La pregunta que se hacen hoy muchos ambientalistas y defensores de la Ley de Glaciares, y que saben que el gobierno de turno quiere eliminar la ley para dar vía libre a la minería es ¿qué se esconde detrás de este inventario oficial? 

Argentina es el único país del mundo que cuenta con una ley específica para la protección de glaciares y ahora es el primer país en completar un inventario oficial de sus cuerpos de hielo. Ya había habido un intento de promulgar una ley en el año 2008 liderado en ese momento por la Secretaria de Ambiente Romina Picolotti quien silenciosamente acompañó el proyecto de ley que recibió apoyo unánime en el Congreso Nacional.

Sin embargo el fuerte lobby minero incidió en lograr el veto presidencial de la entonces Presidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, provocando la salida de su gobierno de la Secretaria de Ambiente, quien primero había asegurado que se incluyera la prohibición de realizar minería en zona de glaciares, la obligación de realizar el inventario nacional y la designación de la autoridad de aplicación a la Secretaria de Ambiente de la Nación, una forma de garantizar que ninguna actividad industrial interfiriera en zonas protegidas sin revisación previa por la autoridad ambiental federal, ya que en las provincias mineras como San Juan, incomprensiblemente, se reservan los controles ambientales al Ministro de Minería. 

El inventario oficial si bien es efectivamente un importante paso hacia la protección del recurso, aún deja desconforme a la comunidad científica y a la sociedad civil que viene reclamando la aplicación de la ley para la protección de los glaciares argentinos.

Tal es así que se está dirimiendo en la justicia una causa penal que tiene por el momento a 5 funcionarios públicos procesados penalmente por no cumplir con la ley—principalmente por no proteger al recurso de hielo, por tomar medidas arbitrarias que limitan la protección a glaciares, y más específicamente por no tomar las medidas idóneas para asegurar que industrias como la minería no impacten en los glaciares y en el ambiente periglacial. La aplicación de la ley, recordemos corresponde al Ministerio de Ambiente hoy presidido por Sergio Bergman.

El primer problema a la vista es que el Inventario de Glaciares está incompleto.

Es un punto clave. El actual inventario no registra glaciares menores a 1 hectárea a pesar de que la ley lo ordena. Estos glaciares pequeños tienen una significativa contribución hídrica, y es por ello que la Ley de Glaciares los incluye como recurso protegido.

Consideremos que un glaciar de 1 hectárea (aproximadamente el tamaño de una cancha de futbol), posee el agua que necesita una familia de cuatro personas durante casi 4 décadas. La Ley de Glaciares protege a estos recursos hídricos relativamente pequeños porque en su conjunto representan un enorme valor hídrico, quizás más aun que los glaciares más grandes. Sin embargo el Gobierno decidió no registrar estos glaciares en el inventario.

Otro punto clave es que el inventario solamente registra una pequeña porción del ambiente periglacial. El Ambiente Periglacial es una extensa franja de suelos saturados en agua en la alta montaña que está congelada. El ambiente periglacial es clave en términos de abastecimiento hídrico ya que se congela y se descongela cíclicamente.

El límite inferior del ambiente periglacial está permanentemente aportando agua al ecosistema, y por eso, es tan critico para la hidrología de las zonas de montaña. La ley de glaciares protege a todo el Ambiente Periglacial pues para los Andes Centrales de la Argentina, su rol en abastecer a las cuencas hídricas de todo el país, es fundamental. La controversia con el inventario es que el Gobierno decidió no incluir a todos los elementos del Ambiente Periglacial. 

El segundo problema que ahora cae de maduro es el conflicto que revela el Inventario de Glaciares con la Minería

El Inventario de Glaciares Oficial publicado ayer revela finalmente lo que venimos denunciando hace ya una década, que hay glaciares y ambiente periglacial donde hay minería. Ya no es un reclamo de las ONGs, o de ambientalistas acusados por empresas de ser extremistas, ahora lo dice la máxima autoridad en glaciología del país. T

ambién sabemos que el gobierno federal liderado por el Ministro de Energía José Aranguren y por su equipo minero extraído de la provincia de San Juan, pretende modificar la ley de glaciares para dejar avanzar la minería sobre zonas que hoy sabemos que tienen glaciares y que están protegidas por ley. El Inventario no lo dice textualmente, pero no hace falta, ya que quien entiende como utilizar las imágenes que publican rápidamente puede encontrar los muchos lugares donde la minería está dañando el recurso.

Las agencias del Estado incluyendo autoridades mineras y ambientales, decidieron no hacer público el cruce de data sobre la coincidencia de la minería con los glaciares. Este cruce de data oficial lo ordenó la Ley de Glaciares, pero los funcionarios públicos responsables tales como la Secretaria de Minería, el Ministerio de Ambiente, y otras reparticiones del Estado federal y provinciales, nunca lo cumplieron—y por eso hoy están perseguidos legalmente por la justicia. La Ley de Glaciares estipula que a 180 días desde la promulgación de la ley se deberían haber realizado estudios de impactos especialmente dirigidos para evaluar impactos mineros de proyectos que se sabían están en zonas de glaciares y ambiente periglacial.

Llevamos casi ocho años de esa fecha y aun no tenemos información pública al respecto. Supimos (porqué alguien filtró la información en el año 2016) que el equipo de minería de Aranguren sí lo sabía y que es por eso que vienen desarrollando estrategias para eludir a la ley de glaciares para dejar avanzar la minería en zonas conflictivas.

Hoy, con el Inventario de Glaciares publicado ayer por el IANIGLA, cualquiera con una conexión de internet y el programa Google Earth, puede ver desde la comodidad de su escritorio porqué los intereses mineros quieren frenar la implementación de la Ley de Glaciares—los impactos de la minería en glaciares y ambiente periglacial son evidentes. El lector podrá ver algunas de estas imágenes a continuación.

El Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA), fundado por la ex-Secretaria de Ambiente de la Nación, Romina Picolotti, quién aseguró la inclusión de la prohibición minera en la ley de glaciares antes de irse del gobierno (razón por la cual se tuvo que apartar del gobierno luego del veto a la primer versión de la ley), y que también aseguró que la autoridad ambiental federal tuviera incidencia en frenar proyectos industriales que dañaban glaciares, se ha dedicado a revelar el conflicto entre la minería y los glaciares y ambientes periglaciales en el territorio argentino.

El CEDHA ha publicado numerosos informes, y realizado denuncias nacionales e internacionales de proyectos mineros que hoy están en conflicto con la Ley de Glaciares. Al menos una decena de proyectos mineros hoy en cartelera afectan glaciares y ambiente periglacial, y basta solamente ir a los sitios donde se han dado estas concesiones para ver donde ya ha habido importantes impactos de obras mineras en glaciares, en glaciares de escombros y en ambiente periglacial.

Estos proyecto ilegales están ubicados en su mayoría en la provincia de San Juan, lo que explica porqué el gobierno sanjuanino ha obrado incansablemente desde que se promulgó la Ley de Glaciares, en destruirla o en presentar informes meramente formales para aparentar que están cumpliendo con la ley, cuando en la realidad la minería avanza sin controles sobre su impacto en glaciares y en ambientes periglaciales. Las imágenes en Google Earth son escalofriantes.

Los proyectos en el horizonte inmediato que hoy generan complicación con la Ley de Glaciares son El Pachón de la compañía Glencore Xstrata, Los Azules de la compañía McEwen Mining, y Altares de la compañía Stillwater. Pascua Lama y Veladero de Barrick Gold ya fueron frenados por contaminación, y en Mendoza, Cerro Amarillo, de Meryllion Resources también quedaría complicada por estar ubicada en zona donde el IANIGLA afirma que hay glaciares y ambiente periglacial.

Lo que se viene ahora será una embestida a la Ley de Glaciares por el gobierno de Macri que ya anunció su intención de rever, modificar, y flexibilizar o eliminar la Ley de Glaciares para poder promover la minería. La pregunta es si queremos minería a cualquier precio, o si condicionaremos el desarrollo económico a que cumpla con los principios básicos de la protección del ambiente—como dice en su retórica el Ministro de Ambiente pero quien no parece tener ni la valentía ni el poder político de frenar a los actores mineros detrás de la embestida a la ley. ¿Dejaremos que el gobierno de Macri modifique la ley para permitir el destrozo de uno de los recursos naturales mas vulnerables y que tanto nos costó proteger?

Hasta ahora la minería a gran escala trajo poco progreso para los vecinos de grandes emprendimientos como los de Tudcúm en la provincia de San Juan, los de Famatina en La Rioja o los de Andalgalá en Catamarca. Lo que si tenemos es una gran e importante reserva hídrica en nuestros glaciares y ambiente periglacial que está a la vista, que ahora es oficialmente reconocida, y que es importante para todos los argentinos.

*Director Ejecutivo del Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA)

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