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ANÁLISIS

Pagni: La ofensiva del Gobierno en España contra los Eskenazi

ENERNEWS/ La Nación

 

Carlos Pagni

La causa en la que el fondo Burford Capital reclama al Estado nacional 3000 millones de dólares podría alterar su curso por una novedad no calculada que llega desde Madrid. Burford litiga porque adquirió los supuestos derechos de la familia Eskenazi a obtener un resarcimiento por el modo en que Cristina Kirchner estatizó YPF. Los Eskenazi vendieron esa prerrogativa por 15 millones de dólares, y quedaron asociados al reclamo en un 30%.

 Es decir, ganarían 1000 millones de dólares si la justicia neoyorquina le diera la razón a Burford. Sin embargo, la República, representada por la Procuración del Tesoro que lidera Bernardo Saravia Frías, denunció ayer en los tribunales de Madrid que, en su contrato, Burford y los Eskenazi habrían cometido un fraude. YPF, cuyo responsable jurídico es Fabián Rodríguez Simón, planteó hoy en España el mismo reclamo. Si la jueza Loretta Preska, de Nueva York, aceptara el planteo, las aspiraciones de Burford y de los Eskenazi se derrumbarían.

Los Eskenazi crearon, para "argentinizar" el 25% de YPF, las sociedades españolas Petersen Inversora y Petersen Energía, ambas controladas por una firma alemana, que fue sustituida más tarde por otra, australiana. Esas sociedades habían contraído una deuda con los bancos y, sobre todo, con Repsol , la accionista principal de YPF, que pagarían con dividendos de la propia petrolera. Cuando la señora de Kirchner estatizó la compañía, Petersen Inversora y Petersen Energía entraron en concurso de acreedores. Sin embargo, los Eskenazi creen que cuentan con un activo potencial para esas sociedades: los supuestos derechos a un resarcimiento porque YPF se estatizó sin respetar el estatuto de la propia compañía.

A partir de esa premisa, los Eskenazi vendieron esa prerrogativa a Burford Capital, un fondo que se especializa en la adquisición de acreencias litigiosas. El argumento de la Procuración y de YPF es que, en vez de admitir esa venta, Burford y los Eskenazi simularon un contrato de financiamiento. Es decir, el fondo no apareció adquiriendo los derechos a la indemnización, sino que figura como financista de Petersen Energía Inversora y Petersen Energía. ¿Por qué se habría realizado esa simulación? La Procuración y la petrolera conducida por Miguel Gutiérrez sostienen que, si los Eskenazi querían vender su derecho a la indemnización, habrían estado obligados por la ley a hacer una oferta al presunto deudor. Es decir, al Estado argentino. Y el Estado podría haber comprado esos derechos en alrededor de 15 millones de dólares. En tal caso, la familia no podría aspirar a los 1000 millones que espera ganar asociada a Burford.

La Procuración del Tesoro que lidera Bernardo Saravia Frías, denunció ayer en los tribunales de Madrid que, en su contrato, Burford y los Eskenazi habrían cometido un fraude. YPF, cuyo responsable jurídico es Fabián Rodríguez Simón, planteó hoy en España el mismo reclamo

La acusación de la República y de YPF llega para los Eskenazi en un pésimo momento. Distintas versiones afirmaban que el financista Ernesto Clarens y el constructor Juan Chediack mencionaron a esa familia, pero que en el juzgado de Claudio Bonadio les hicieron saber que, si no retiraban esa acusación, perderían los beneficios del arrepentimiento. Chediack habría comentado esta exigencia con el propio Mauricio Macri . Una foto de Bonadio con Sebastián Eskenazi almorzando en La Pecora Nera le dio verosimilitud a esos rumores. Tanta, que la Cámara Federal exigió a Bonadio que investigue a su comensal y al resto de la familia. A Cristina Kirchner no se le ocurrió denunciar la arbitrariedad de Bonadio. Hubiera sido un bumeran. Por eso festeja que haya aparecido el supuesto agente de inteligencia y autodenominado agente de la DEA Marcelo D’Alessio. Los Eskenazi fueron un engranaje central en el sistema de negocios montado por su esposo. A tal punto que, cuando debieron justificar su espectacular enriquecimiento delante del juez Norberto Oyarbide , alegaron que, en buena parte, se debió a que esa familia remuneraba sus ahorros con tasas que triplicaban las del mercado.

Pero no hizo falta que se presionara a Bonadio para investigar a los Eskenazi: el contador de los Kirchner, Víctor Manzanares, afirmó lo que siempre se había sospechado. Que esa familia gestionaba el dinero negro del ex presidente y de su secretario Daniel Muñoz . Y que en las operaciones intervenían Carlos Zannini , actual director del Banco de Santa Cruz, y Francisco Larcher, el mandamás de la Secretaría de Inteligencia durante casi todo el período kirchnerista.

En este marco, del juzgado de Bonadio trascendió una broma: que se realizará una auditoría al banco de Santa Cruz para verificar los dichos de Manzanares. ¿Alguien sospecha que Néstor Kirchner habría movido dinero negro desde cuentas blancas, auditables? De ser así, se podrían haber ahorrado varios años de trabajo periodístico y judicial sobre la dichosa "ruta del dinero K".

La relación de los Eskenazi con Larcher era un secreto a voces. Y explica varias operaciones de inteligencia atribuidas, a partir de muchísimas evidencias, a esa familia. También daría verosimilitud a la versión de supuestos viajes secretos de Larcher y Sebastián Eskenazi a destinos financieros. Fue llamativo que, cuando un reconocido periodista mencionó estas travesías en un programa de TV, YPF lo "sancionó" retirándole la publicidad. Fue en vida de Kirchner.

La relación de los Eskenazi con Larcher era un secreto a voces. Y explica varias operaciones de inteligencia atribuidas, a partir de muchísimas evidencias, a esa familia

El testimonio de Manzanares es novedoso: casi nunca Larcher, cuya fortuna tuvo un progreso escandaloso mientras estuvo al frente de la Subsecretaría de Inteligencia, había sido señalado en un expediente judicial. Mientras sus principales compañeros están presos en Ezeiza, él se presenta como integrante de Impera. Se trata de una consultora de Inteligencia en la que Larcher está asociado a Richard Kendall, titular de una fundación de apoyo a los servicios de seguridad de los Estados Unidos, y de Daniel Hoffman, ex ejecutivo de la dirección de operaciones clandestinas de la CIA. Larcher se presenta como experto en Inteligencia, igual que D Alessio decía que era director de la DEA. Parece una epidemia. También Cristina Kirchner se presenta como una perseguida del "imperio". Aunque el hombre al que ella y su esposo confiaron el manejo del espionaje nacional gana plata (¿o lava plata?) como socio de espías del imperio. El aprecio de Larcher por las consultoras es antiguo. Durante un tiempo justificó su enriquecimiento en la actividad de Milikan, una firma de ese tipo manejada por su esposa, Viviana Peña. Milikan compartía oficinas con Jorge Olivero, el esposo de Silvia Majdalani, íntima amiga de Larcher y a quien Mauricio Macri designó como su sucesora en el segundo peldaño de la AFI. Kirchneristas malpensados sospechan que esta amistad, alimentada en eternas sesiones de buraco, dotó a Larcher de cierta inmunidad durante el gobierno de Cambiemos.

¿Se extenderán esos beneficios a los Eskenazi? En los últimos meses sobre ellos cae una lluvia ácida. A mediados de noviembre, el juez federal de San Juan, Leopoldo Rago Gallo, condenó al Banco de San Juan, de esa familia, a pagar más de 17 millones de dólares por fraudes en la venta de divisas. Los Eskenazi apelaron. El caso está en manos de los camaristas Alfredo Porras, Olga Arrabal y Gustavo Castiñeira de Dios.

En los últimos días se sumó la imputación de Manzanares. Es un episodio relevante: este contador fue quien organizó la documentación con la que los Kirchner consiguieron la absolución de Oyarbide. Es el caso en el que el juez dijo que Antonio Stiuso y Javier Fernández, que trabajaban para Larcher, lo habían "agarrado del cogote" para que dicte un sobreseimiento. Que él, por supuesto, dictó. Un caso típico de cosa juzgada fraudulenta, que obligaría a reabrir ese expediente.

Ayer los sinsabores se completaron con dos malas noticias. La denuncia por simulación presentada por Saravia Frías ante la justicia española, y el procesamiento de Jorge "Corcho" Rodríguez . El juez Sebastián Casanello procesó a este empresario, entre otros, por el presunto pago de coimas de Odebrecht . Rodríguez, además de haber compartido una consultora con el hijo de Julio De Vido, formó parte del entorno de Sebastián Eskenazi. Dicen que Eskenazi y Marcelo Odebrecht se conocieron gracias a Rodríguez. "Corcho" hacía también otras tareas, como recorrer los bares de hoteles de lujo fotografiando los movimientos de aquellas personas sobre las que su amigo requería información. Se ve que con Larcher no alcanzaba.

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