La compañía estadounidense que tomó control de los inventarios y activos de Petróleos de Venezuela (PDVSA) en Bonaire y San Eustaquio la semana pasada, estaría tratando de hacer lo mismo en Aruba y Curazao para cobrar un reciente laudo arbitral de US$2.000 millones, según fuentes cercanas.

El primer ministro de Curazao, Eugene Rhuggenaath, informó que hasta el momento ninguna confiscación se ha producido, pero dijo estar preocupado ante la posibilidad de que PDVSA detenga los envíos de petróleo a la refinería Isla para evitar un embargo y esa unidad se quede sin suministros de crudo.

"Somos conscientes de los riesgos potenciales", dijo Rhuggenaath. "Una interrupción de la operación (de la refinería Isla) tendría un impacto devastador desde el punto de vista económico y social", agregó en una entrevista telefónica.