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MINERÍA Y CORRUPCIÓN

Informe: Así saquea Maduro el oro del Orinoco

MINING PRESS/ Infobae

El equipo de investigación del sitio Runrun.es, del periodista Nelson Bocaranda, reveló el entramado corrupto que utiliza el régimen de Nicolás Maduro

Con sofisticados esquemas el régimen de Nicolás Maduro participa en la fuga del oro. El hallazgo de un cargamento de lingotes en Aruba expuso una ruta para sacar el oro de Venezuela vía las islas del Caribe neerlandés hacia Europa y Dubai.

El Banco Central de Venezuela, que por ley autoriza su comercialización, quedó en medio de un entramado de corrupción que evidencia el fracaso de la política chavista de nacionalizar este material estratégico y controlar el tráfico ilegal.

Estados Unidos anunció sanciones para bloquear operaciones vinculadas a la cadena de extracción y comercialización en las que participan militares, compañías públicas y privadas, bandas delictivas locales y guerrilla colombiana.

Un enorme andamiaje que ha propiciado masacres y complejas operaciones de lavado de activos que engordan el bolsillo de unos pocos y que produce daños ambientales a un territorio que es Patrimonio de la Humanidad.

El siguiente audio es la lectura (con algunas voces adicionales incluidas) del texto "Pista de despegue".

"El régimen de Nicolás Maduro ha utilizado este sector como bastión para financiar actividades ilícitas y apoyar grupos criminales". Las palabras son de John Bolton, el asesor de seguridad del presidente de Estados Unidos Donald Trump, quien se refería así al uso que el jefe del gobierno venezolano le ha dado al negocio de extracción de oro en este territorio. A partir de esa declaración del 1ero de noviembre de 2018, el país norteamericano prohibía a sus habitantes y empresas cualquier transacción relacionada con el metal precioso proveniente de Venezuela so pena de sanción.

Nueve meses antes de aquella sentencia presidencial, un destello ocurrió sobre el oscuro manejo de la minería aurífera en Venezuela bajo la administración de Maduro: en febrero de 2018 decomisaron 46 barras de oro con un peso de 50 kilos en el aeropuerto Reina Beatrix de Aruba, justo cuando eran embarcadas por un escolta aduanero venezolano en un vuelo de KLM rumbo a Amsterdam, en el Reino de los Países Bajos.

Aquel cargamento, valorado en 2,1 millones de dólares, venía de Maracaibo, al oeste de Venezuela, y su destino final era Dubai, en los Emiratos Árabes. Contradictoriamente, la mercancía llegó vía aérea a la pequeña nación en medio de un bloqueo ordenado por el gobierno venezolano contra las islas ABC (Aruba, Bonaire y Curazao), para acabar con el contrabando de oro, cobre y alimentos.

Un nombre salió a relucir en el centro de todas las irregularidades. El vendedor de las barras doradas enviadas a Aruba tiene nombre y apellido: Oro Azul S.A, una de las empresas mixtas creadas por el gobierno de Maduro para la explotación de los recursos del Arco Minero del Orinoco.

El hecho no solo evidencia que existe una ruta de fuga de oro venezolano vía las islas del Caribe neerlandés sino que también confirma la participación del gobierno venezolano en el tráfico ilegal del oro al utilizar la figura de una empresa estatal para formalizar su comercialización internacional. A dos años del lanzamiento del Arco Minero, se estima que 30 por ciento de lo que se reporta al BCV como producción artesanal nacional, se desvía hacia las mafias contrabandistas existentes, según Transparencia Venezuela.

Bolívar donde "se recogen" las barras en comercios informales del metal. Viajó en avión hasta Aruba y Curazao donde la mercancía proveniente de Venezuela es registrada en calidad de tránsito y se despacha en vuelos comerciales hasta las refinerías de Suiza y Dubai.

La investigación también arrojó nuevos datos sobre Oro Azul, cuya junta directiva está estrechamente vinculada a Jorge Arreaza, ex yerno de Hugo Chávez y actual canciller de la República, quien designó a sus integrantes durante el breve período que ocupó la cartera de Desarrollo Minero Ecológico.

Mientras el gobierno pontificaba sobre el estatismo del oro, creó una red de explotación, comercialización y negociación donde el Estado no era el beneficiario sino un grupo reducido en el poder que legitimó todas las operaciones para justificar alguna entrada en el BCV de un país en bancarrota.

Así como Oro Azul, hay al menos seis empresas que trabajan en la explotación de oro con el visto bueno del gobierno y cuyos propietarios tienen compañías extranjeras enfocadas en la comercialización del oro, a pesar de que por ley el metal precioso que extraiga debe ir directo a las arcas del Banco Central de Venezuela.

 “Con ese saqueo no sólo están robando patrimonio a su propio pueblo si no que también es algo que ha tenido graves consecuencias Medioambientales”, John Bolton, asesor de Seguridad Nacional de Donald Trump

El decomiso de los 50 kilos de oro venezolano en Aruba así como el descontrol en la explotación minera al sur del Estado Bolívar y los vacíos legales sobre su comercialización demuestran el fracaso de la nacionalización del oro decretada en 2011 que buscaba acabar con el contrabando y ordenar la actividad aurífera para el beneficio de todos los venezolanos, tal como lo anunció su promotor, Hugo Chávez, cuando era presidente.

A la par del cierre de las fronteras con las islas ABC y tras la detención del venezolano que portaba los 50 kilos de oro en el aeropuerto de Aruba, siguieron una cadena de eventos que muestra la compleja estructura que opera para la extracción y comercialización del oro. Entre estos sucesos se cuenta la detención en Curazao del venezolano Archak Bedrossian Liberatoscioli, un trader del oro con más de dos décadas de trayectoria, y la activación sorpresiva de la operación "Manos de Metal" en Venezuela, destinada a "atacar las mafias de contrabando de extracción de metales". Lejos de demostrar el interés del gobierno de Maduro por frenar la fuga de oro, estas acciones estaban destinadas, según los expertos, a desplazar a grupos poderosos que se esconden detrás del negocio dorado.

Entretanto, la opacidad parece ser la norma cuando se habla de cifras de exportación de minerales en el país. No existen estadísticas oficiales de cuánto oro sale de Venezuela hacia Curazao y Aruba, ni de la cantidad que entra a las islas proveniente del continente. De lo que sí hay registro es del oro que exportan Curazao y Aruba a pesar de que en las islas donde no existen minas auríferas, explotación ni refinerías. Tampoco se conoce oficialmente cuánto oro se produce en Venezuela ni cuánto de ese total se vende en el extranjero ni a dónde se exporta.

Lo que sí se sabe es que la cadena de extracción y comercialización está permeada por el crimen organizado y que el oro proviene de un territorio sitiado por la violencia.

Las minas del sur del estado Bolívar están comandadas por pranes –término que proviene de las cárceles venezolanas y que designa a líderes criminales de estas– y guerrilleros que imponen su ley con sangre, un hecho que se manifiesta en las 40 masacres que han ocurrido en la zona desde 2016 debido a las disputas entre estos grupos que están estrechamente relacionados con militares de alto rango y hasta con líderes políticos de la región.

Lo que sucede dentro de las minas es obviado por los países que son destinos o beneficiarios finales del oro venezolano como Holanda, Suiza, Bélgica y Turquía, que son parte de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), una institución que compromete a sus miembros a vigilar las relaciones comerciales con las naciones consideradas "Estado de conflicto y alto riesgo", es decir, aquellas caracterizadas por la inestabilidad política, represión, fragilidad institucional, inseguridad, abusos graves y generalizados a los derechos humanos, tal como Venezuela, un país rico en oro, metal que ahora está en la mira de las sanciones internacionales por su vinculación con corrupción, criminalidad y destrucción del ambiente.

Aquella maleta negra con 46 lingotes de oro y 50 kilos de peso nunca llegó a su destino. El viernes 9 de febrero de 2018 fue decomisada en el aeropuerto Reina Beatrix de Aruba justo cuando iba a ser transportada en un vuelo de KLM rumbo a Amsterdam. Su portador, un escolta aduanero venezolano con identidad en reserva, fue detenido antes de abordar por policías de la RST (Recherche Samenwerkings Team, Cuerpo de Investigaciones Conjuntas de los Países Bajos) por orden del Ministerio Público arubiano. El reluciente equipaje valorado en 2,1 millones de dólares, se puso bajo custodia del Banco Central arubiano mientras la fiscalía abría la investigación por sospecha de lavado de dinero y falsificación de documentos.

En realidad, las 46 barras doradas de tamaño irregular sólo estaban de paso por la isla caribeña. Habían sido transportadas en un avión comercial desde Maracaibo, en la vecina Venezuela.

La confiscación ocurrió justo un mes y cuatro días después que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenara el cierre de las comunicaciones por aire y mar con las islas ABC (Aruba, Curazao y Bonaire) durante 72 horas, lapso que se extendió a 3 meses de bloqueo. El avión con el cargamento dorado llegó a Aruba pese al cerco que decretó el mandatario venezolano para la "reestructuración y defensa de los intereses económicos de Venezuela" al mismo tiempo que acusaba a las antillas del reino de los Países Bajos de permitir el contrabando de materiales estratégicos. "Se llevan el oro, el coltán, los diamantes, productos alimenticios", dijo Maduro en el Consejo de Ministros del 5 de enero de 2018.

Pero la acusación de Maduro es contradictoria. El gobierno venezolano, a través de una empresa mixta, participa indirectamente en lo que el primer mandatario identificó como contrabando de oro venezolano.

Aun cuando no lo tenían grabado en bajorrelieve, las 46 barras de oro decomisadas en Aruba en febrero pasado estaban registradas a nombre de una compañía estatal venezolana: Oro Azul, empresa mixta minera ecosocialista creada en noviembre de 2016 bajo el gobierno de Maduro con el objeto de explotar y comercializar otro material estratégico: el coltán.

La identificación la reveló con documento en mano Helen LeJuez, la abogada arubiana que inicialmente asumió la defensa legal de la firma Paoro Armored Transport Aruba, encargada de transportar el oro desde Maracaibo, con una primera escala en Aruba, y una posterior en Holanda hasta su destino final, Dubai, en los Emiratos Árabes Unidos. El propietario de la empresa de transporte de valores, el venezolano-holandés Juan Carlos Toro Rodríguez, fue detenido por averiguaciones y posteriormente liberado en junio de 2018. Hasta noviembre, el caso que investiga el Ministerio Público seguía abierto.

Si bien la palabra contrabando connota prohibición, clandestinidad y evasión, el paso del oro por Aruba y Curazao procedente de Venezuela, sigue, en apariencia, los canales regulares de las mercancías en tránsito. Autoridades aduanales ratifican que Paoro Armored Transport presentó la documentación en regla, desde las facturas del Seniat venezolano hasta el certificado de origen. Sin embargo, no especificaron si fueron aplicados mecanismos para verificar su autenticidad o si hubo declaración fraudulenta del origen de los minerales.

“Tenía autorización del gobierno venezolano”

Sin pestañear, en junio 2018 LeJuez argumentó en un encuentro con Runrun.es en Aruba que toda la operación fue legal. La abogada afirmó que los 50 kilos de oro fueron transportados hasta la aduana arubiana en un vuelo comercial de Aruba Airlines para lo cual se presentó toda la documentación requerida, entre la que se encontraba el certificado de origen y la declaración fiscal del Seniat venezolano,. Sostuvo que la mercancía nunca salió del Reina Beatrix porque allí había sido depositada en calidad de tránsito mientras era declarada antes de seguir su rumbo a Europa. "En ese caso no hubo contrabando ni lavado de dinero", aseguró a la prensa de la isla el 13 marzo de 2018.

El estatus de los 50 kilos de oro era "mercancía en tránsito", es decir, la que arriba a una aduana proveniente del exterior y permanece ahí mientras es transportada hasta otro país, sin ser registrada como importación, define el artículo 144 de la Ordenanza Nacional de Importación, Exportación y Tránsito de Aruba.

Las empresas mixtas como Oro Azul están entre las contadas entidades públicas autorizadas para operar en la actividad aurífera en Venezuela a partir del decreto No. 2.165 (Gaceta Oficial N. 6210 del 30 de diciembre de 2015), que reserva al Estado las operaciones de exploración y explotación del oro y demás minerales estratégicos. En estas dos áreas también pueden participar institutos, corporaciones y empresas que estén adscritas al Ministerio de Petróleo y Minería, ahora Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico, Mindeminec.

Pero la comercialización del oro, entendida como su compra en el Arco Minero y venta tanto en el mercado nacional como internacional así como las correspondientes autorizaciones a terceros para su exportación, recae exclusivamente en el Banco Central de Venezuela, según el artículo 31 del decreto extraordinario No. 6.210 de 2015. De esta manera, según la norma, el traslado de los 50 kilos de oro que aterrizaron en el aeropuerto de Aruba a nombre de una empresa del Estado venezolano, tendrían que haber sido autorizadas por el órgano rector en Caracas, que vigila su salida del país.

En el Arancel de Aduanas (Decreto 236 que reforma el Decreto 9.430 del 19/03/2013), también deja claro las atribuciones del BCV en la regulación de la importación, exportación y tránsito de oro en sus diferentes presentaciones.

¿Cuáles son los criterios para autorizar la venta de oro? ¿Qué empresas o entidades logran esos permisos? Existen baches sobre las regulaciones de la comercialización del oro que recaen sobre el otrora sólido y autónomo BCV, que dejó de publicar cifras y balances económicos periódicamente, y que entre enero de 2017 y junio de 2018 nombró tres presidentes y ninguno ha permanecido en el cargo los 7 años reglamentarios de la Ley del Banco Central de Venezuela.

El monopolio estatal de la explotación y comercialización del oro en Venezuela fue decretado con la nacionalización de la industria aurífera en 2011, que cinco años más tarde, el 24 de febrero de 2016, desembocó en el polémico lanzamiento del Arco Minero del Orinoco (AMO), constituido por 112 kilómetros cuadrados que abarcan los estados de Amazonas, Bolívar y Apure, para la explotación de yacimientos de minerales estratégicos como el oro. En esa porción del subsuelo hay 1.500 toneladas de oro probadas en reserva, según el Mindeminec.

El 19 de septiembre 2011, el mismo día en que Chávez nacionalizó la industria aurífera, prohibió la exportación de oro declarando que "todo el oro que se obtenga como consecuencia de cualquier actividad minera en el territorio nacional, será de obligatoria venta y entrega a la República Bolivariana de Venezuela". Lo que ha ocurrido después deja esta sentencia en entredicho.

La participación de una empresa del Estado en el tráfico ilegal del oro vía islas ABC desmonta el aparente objetivo del bloqueo aéreo y marítimo por orden presidencial. Maduro no perseguiría el mismo fin que tenía la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas tres siglos atrás al intentar frenar el contrabando de tabaco, cacao y cuero de Venezuela por parte embarcaciones holandesas que traficaban desde Curazao. Ahora, plantearía una contradicción: una empresa estatal venezolana participa en una actividad clandestina que afectaría los intereses del Estado.

El decomiso de los 50 kilos de oro en febrero de 2018 evidenció la ruta de salida del metal precioso venezolano vía el Caribe neerlandés que no se registra como importación procedente de Venezuela sino como mercancía en tránsito y que luego es exportada desde Aruba y Curazao. Desde hace décadas, ambas islas son escala del oro venezolano para su salida al mercado internacional, afirman autoridades aduanales de las islas que defienden este procedimiento como una transacción legal.

"Desde que soy funcionario de la Aduana de Curazao, hace tres décadas, es un proceso frecuente, normal y legal", aseguró su director, Etienne Casiano en junio de 2018 desde su oficina ubicada en un galpón dentro del aeropuerto de Willemstad. "Cumplimos el régimen internacional aprobado por la Organización Mundial de Aduanas". Sin embargo, se abstuvo de revelar si los vendedores de ese oro eran particulares o empresas del Estado aclarando que "no tenía autorización para declararlo".

Pero la trazabilidad de la cadena económica del oro venezolano se diluye desde su propio origen en las minas del sur del estado Bolívar. No existe registro oficial de exportaciones de oro desde Venezuela hacia Aruba y Curazao. Y viceversa: las islas tampoco detallan importaciones del metal precioso desde el país caribeño. Estos intercambios no aparecen en bases de datos de comercio internacional como Importgenius ni en las oficiales como el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) o Comtrade de las Naciones Unidas. Mucho menos en las del Banco Central de Venezuela, órgano rector encargado de la comercialización del oro.

Representantes de las aduanas de las islas ABC rechazan la acusación de contrabando de oro del gobierno venezolano. "La mercancía que ingresa a Curazao y Aruba desde Venezuela no se registra como importación porque es manejada como tránsito. Se mantiene en custodia dentro del aeropuerto hasta que es embarcada en un avión hacia destinos internacionales como Dubai y Suiza", explica el director de la aduana de Curazao.

El manejo de la mercancía en tránsito en la aduana de Aruba se rige por la Ordenanza Nacional de Importación, Exportación y Tránsito, de 2017. La declaraciones (siempre en idioma holandés) sólo se efectúan con artículos cuya importación no esté prohibida (artículo 146). Deben indicar lugar de procedencia, propietario, especificación de bienes bajo su designación verdadera, tamaño, peso y valor de los bienes, todo acompañado de facturas y demás documentos de respaldo (artículo 54). A diferencia de la normativa venezolana, la mercancía en tránsito está libre de pago de aranceles en Aruba (artículo 145).

Si bien autoridades aduanales descartan el tráfico ilegal, desde febrero de 2018 el Ministerio Público de Aruba mantiene abierta la investigación sobre la empresa Paoro Armored Transport, imputada por los delitos de lavado de dinero y falsificación de documentos. Los 46 lingotes incautados, cantidad con la que se pueden fabricar unos 12.500 anillos de boda, según cálculos de expertos, se encuentran confiscados en el Banco de Aruba. Para esta investigación Runrun.es solicitó a la Fiscalía una versión, pero voceros reiteraron que no pueden declarar mientras el juicio prosiga y no haya conclusiones. "Es una investigación con jurisdicción en Aruba, pero con ramificaciones internacionales", explicaron.

Tesoro en el aire

Aunque el oro de Venezuela llega a Aruba y Curazao como mercancía en tránsito, sale como como producto propio de exportación aún cuando estas islas no poseen minas donde se produzca ni refinerías del metal precioso, revelan estadísticas de comercio exterior.

En 2016, el oro fue el tercer producto de exportación de Curazao por encima del petróleo (que sí es refinado en la isla), representando 18,32 por ciento del total de exportaciones ($470 millones de $2 mil 57), según el Atlas de Complejidad Económica (ACE) del Centro para el Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard.

Hasta 2016, la mayor parte del oro que sale de Curazao tenía como destino Suiza: $345 millones de un total de $470 millones, equivalentes a 73,38 por ciento de lo exportado, según el ACE de Harvard.

Mientras Aruba, donde las únicas minas de oro que existieron en la isla cerraron en 1926, exportó $472 mil en oro, es decir, 100 por ciento a EEUU (ACE de Harvard) en 2016.

Que Curazao exporte algo que no produce como si fuera propio activa las señales de alerta de la Guía de la debida diligencia de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (ODCE).

Cuando el país de origen de la mercancía "tiene pocas reservas o valores, o bien los volúmenes declarados de oro provenientes de ese país no concuerdan con sus reservas conocidas o niveles esperados de producción", resulta sospechoso para la (ODCE), que lanzó uno de los manuales reconocidos internacionalmente para la vigilancia de las cadenas de suministro responsable de minerales en las áreas de conflicto o de alto riesgo. Esta guía coloca dentro de sus prioridades máximas el respeto de los derechos humanos y evitar contribuir al conflicto en los territorios productores de oro.

En teoría, no existe veto para comercializar el oro de Venezuela en Aruba. A raíz del bloqueo del 10 de enero de 2018, la ministra de Aruba, Evelyn Wever-Croes, prohibió la compra y venta de cobre sin certificación procedente de Venezuela para contrarrestar el contrabando y la extracción ilegal del mineral venezolano. Pero el oro, material estratégico, no fue incluido.

Maduro no es el primer mandatario venezolano que advierte sobre el tráfico ilegal de oro. El 17 de agosto de 2011, el propio Chávez denunció desde el Palacio de Miraflores que en "la zona del oro" había "mafia, contrabando, y eso tenemos que acabarlo", aunque en esa ocasión, no incriminó a ningún país en específico. También, aseguró que se estaban produciendo 11 toneladas mientras que otras 11 se estaban fugando. Ese año, el BCV registró la recepción de apenas 2,5 toneladas de oro.

Hace siete años, Chávez adelantó que el oro nacionalizado sería convertido en reservas internacionales "porque sigue incrementando su valor y no podemos permitir que se lo sigan llevando". Esa vez pidió apoyo a las Fuerzas Armadas para intervenir donde "hay anarquía, mafias, contrabando".

El 15 enero de 2018, fue lanzada otra denuncia de contrabando de oro vía las antillas pertenecientes a los Países Bajos. Esta vez, proferida por el exgeneral del Ejército venezolano Clíver Alcalá Cordones, quien también ocupó la jefatura de la Zona Operativa de Defensa Integral (Zodi) de Guayana, que precisamente custodia la demarcación del Arco Minero. Ventiló que aviones cargados de oro provenientes de Venezuela volaban 24 horas hacia Aruba y Curazao con la aprobación de los militares.

No es fácil calcular cuánto oro sale de Venezuela por las rutas aéreas cuando no se sabe la cantidad de oro que se produce en el Arco Minero, ya que la cifra de las compras internas del BCV o del MinDeminec no coinciden con los números de exportación que el gobierno de Maduro mantiene ocultos, como confirmó esta investigación.

Que el oro salga del país ilícitamente, que se exploten de manera informal los recursos mineros, priva a las arcas fiscales de millonarios recursos, coinciden expertos. "Venezuela tiene una reserva de oro importante. En la mina de Las Cristinas, estado Bolívar, está certificada la cuarta mina más grande del mundo pero no genera divisas que redunden en beneficio de sus habitantes. El AMO no es un gran negocio para el país sino para unos pocos", asegura el diputado Elías Matta, quien calcula que si explotaran el oro adecuadamente, podría generar cuatro mil millones de dólares al año.

Matta no duda en que se está explotando mucho más de lo reportado por el BCV o el Mindeminec, que proponen 24 toneladas al cierre de 2018 como meta oficial de producción. Se calcula que 80 por ciento de la explotación sale por rutas irregulares, por contrabando, recuerda el diputado. El parlamentario estima que en Venezuela se han perdido 20 mil millones de dólares en oro sin pagar impuestos, aranceles ni aportar ninguna bonificación para los venezolanos. Se trata de un oro que se fuga en medio de un país en crisis agobiado por una emergencia humanitaria causada por la escasez de alimentos y medicinas, el hambre, colapso de los servicios públicos y la inseguridad.

Con la ley promulgada por Chávez, se suponía que las ventas del oro sería autorizado por el BCV como el único organismo encargado de transar el oro. Pero no ha ocurrido así, afirma Matta.

Según la organización Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional, Venezuela lidera la lista en América Latina de extracción ilegal de oro. Cerca de 90 por ciento se produce de manera ilegal, seguido de Colombia con 80 por ciento, Ecuador con 77 por ciento y Bolivia y Perú, alrededor de 30 por ciento.

Mientras la organización Transparencia Venezuela calcula que 30 por ciento de lo reportado al BCV es desviado por las mafias del oro, indica en el informe Empresas Propiedad del Estado 2018.

Victor Cano una explicación sobre el caso, pero hasta el momento de la publicación no se ha recibido respuesta. Esta entidad, por la que pasaron tres presidentes desde 2016 (entre ellos, el actual canciller, Jorge Arreaza en 2017) , se encarga de algunos procesos vinculados a la administración del AMO como la compra, procesamiento y pagos a los pequeños productores.

A nombre de Oro Azul estaban registrados los lingotes de oro decomisados en Aruba a inicios de 2018, de acuerdo con documentos presentados ante autoridades aduanales. Sin embargo, esta empresa mixta no aparece en las bases de datos de exportaciones de Venezuela ni en Importgenius como vendedora de esa mercancía. De su existencia tampoco están enterados los recepcionistas o vigilantes de la sede de Minerven de Puerto Ordaz –ciudad al sur de Venezuela, a pocas horas de las minas– ni los que laboran en los edificios públicos que rodean el área donde, supuestamente, está su sede física.

La calle Zuruapuy de la Zona Industrial Unare I no existe. Al menos no en las vías públicas de la jurisdicción, a las que Runrun.es visitó para esta investigación, ni tampoco en Google Maps. Pero según documentos oficiales, en esa dirección, específicamente en la Manzana 10, están las sedes de al menos cuatro empresas mixtas dedicadas a la minería: Venrus, Rusoro Venezolana, Hecla y la Empresa Mixta Minera Ecosocialista Oro Azul (EMMEOA) S.A, fundada en enero de 2017 entre la Corporación Venezolana de Minería y la privada Supracal, una compañía con más de 40 años en el mercado de la fabricación y distribución de cal en el estado Lara.

Oro Azul nació con el decreto 2.540 de 2016, en el marco de la ley que reserva al Estado todas las actividades económicas relacionadas con el oro y los minerales estratégicos. Se trata de una de las empresas con permiso de exploración y explotación del oro y de diversos minerales a través del Arco Minero del Orinoco. Su capital social inicial fue de un millón de bolívares (1.470 USD, calculados para la tasa oficial de la época) y sus acciones quedaron repartidas entre el Estado (55%) y la empresa privada de cal (45%).

En principio, tal como lo establecía el artículo 3 de la medida que la fundó, el objeto de la nueva empresa sería "la exploración y explotación de yacimientos de coltán". Pero eso cambió cuando los documentos de la compañía fueron llevados al Registro Civil Primero de Puerto Ordaz, en el estado Bolívar. De acuerdo con el acta constitutiva, firmada en enero de 2017, Oro Azul se encargaría "de las actividades de exploración, explotación de minas y yacimientos de niobio y tantalio (coltán), Ilmenita, casiterita, estaño, circón, diamante, oro y otros minerales asociados (las actividades reservadas) así como de su comercialización". Además, la sociedad también quedaría "facultada para prestar servicios a precios de mercado a otras empresas mixtas".

El documento lo validó Roberto Ignacio Mirabal que estaba a cargo del ministerio de Desarrollo Minero Ecológico, instancia a la que por cierto está adscrita la empresa; también lo rubricó Juan Carlos Guédez Diomede, identificado en el papel como el apoderado de Supracal, emporio que desde 2016 tiene una sede en Florida, Estados Unidos, aunque hoy está inactiva.

Un mes después de la creación de la compañía, Mirabal fue relevado por Jorge Arreaza, el yerno de Hugo Chávez, quien ocupó por seis meses la cartera –entre febrero y agosto de 2017– antes de ser llamado a la Cancillería. Sin embargo, el tiempo fue suficiente para que ejecutara cambios en la junta directiva de Oro Azul que, desde mayo de 2017, se mantiene inamovible.

Arreaza, quien antes pasó por la Vicepresidencia de la República y los ministerios de Ciencia, Tecnología e Innovación y Educación Superior, sustituyó a seis personas de la primera junta directiva de la empresa mixta –que solo tenía cuatro meses– para poner en el cargo a fichas leales a él y a la revolución que pregona. Así, Oro Azul se llenó de rostros que conocía muy bien, porque trabajaron a sus órdenes en otros despachos. Allí por ejemplo situó a su mano derecha, Carlos José Guzmán Gómez, quien siempre estuvo al frente de la dirección de las carteras que ha ocupado desde 2011. Hoy día acompaña al ministro Arreaza en el despacho de Relaciones Exteriores.

Otro nombramiento clave fue el de Víctor Hugo Cano, justo quien lo sustituyó como ministro de Desarrollo Minero Ecológico. El funcionario había sido cercano a Arreaza mientras estuvo como titular en Ciencia, Tecnología e Innovación, pues ocupó durante años las presidencias de instituciones que dependían de esa cartera como la Agencia Bolivariana de Actividades Espaciales (ABAE), el Centro Nacional de Innovación Tecnológica (Cenit) y la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis). Antes de eso, fue miembro principal del Centro Nacional de Investigación y Certificación en Vivienda, Hábitat y Desarrollo Urbano (Cenvih).

Elena Evelyn Valera Sierralta, otra de las directoras (suplente) de la junta directiva de Oro Azul, también trabajó junto a Arreaza y Cano. Fue miembro de organizaciones como Funvisis y ABAE y, de acuerdo con su ficha en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, hoy es empleada del Ministerio de Energía y Petróleo, y miembro suplente de la directiva de la Empresa de Producción Social Minera Nacional, C.A.

En esa última compañía figuran –también como miembros– otros dos funcionarios que el actual canciller dejó en Oro Azul: uno de ellos es Nelson del Valle Hernández Lezama, quien se desempeña ahora como viceministro de Seguimiento y Control de Desarrollo Ecominero y antes integró la Corporación Socialista del Cemento, S.A. (CSC), que dependía entonces de la cartera de Ciencia, Tecnología e Innovación en tiempos de Arreaza.

La segunda es Raquel Dayanna Díaz Vivas, quien ocupó la posición de administradora especial de complejos adscritos los ministerios de Alimentación (como Fextun Fábrica de Exquisiteces de Atún, Corporación Agropecuaria Integrada Caica y Molinos Nacionales) y Planificación y Finanzas. Antes, conformó el Consejo Directivo de la Fundación Misión Nevado (dedicada al rescate y protección de perros callejeros).

El cuadro de enroques de Arreaza lo completa William José Cañas Delgado, abogado especializado en Comercio Exterior que fue director del Banco Central de Venezuela entre 2014 y 2016, así como miembro del directorio del Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex) por esos años. Cañas Delgado también ocupó distintas posiciones dentro del Ministerio de Industrias Ligeras y Comercio, en el Banco de Comercio Exterior (Bancoex) y en el Banco de Desarrollo Económico y Social (Bandes).

Desde su creación, en la junta directiva de Oro Azul ya estaba otro leal a la revolución: Jesús Salvador Lugo Rodríguez, quien entre 2010 y 2014 ocupó cargos dentro de la Corporación Socialista del Cemento, S.A. (CSC), Corporación de Industrias Intermedias de Venezuela S.A (Corpivensa), Complejo Siderúrgico Nacional, S.A (CSN), Compañía Nacional de las Industrias Básicas, C.A. (Coniba) y Siderúrgica del Turbio S.A. (Sidetur). Todas estas empresas –incluyendo la de cementos que antes estaba al mando de Ciencia y Tecnología– están adscritas actualmente al Ministerio de Industria y Comercio. Lugo Rodríguez también aparece como empleado, hasta 2014, de Oci Metalmecánica, empresa nacionalizada el año pasado.

Los otros miembros de la directiva de la empresa minera que están desde el comienzo no han ocupado cargos públicos, salvo Eduardo José Sánchez Lorenzo, quien laboró hasta 2014 en Bolivariana de Aeropuertos. Junto a él están José Manuel Martínez Núñez, quien hasta 2015 fue empleado de Importadora IIagiomar; Natalia Carolina Marcano Perdomo, que trabajó hasta 2013 en la privada Mezclas Lara; Enrique Alberto Sánchez Suárez, quien actualmente está en la Corporación Consulting ITV; Oscar Alfonso Duque Páez y Guédez Diomede, el mencionado apoderado de Supracal.

En octubre de 2017, dos meses después de asumir sus funciones en el Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico, Víctor Cano hizo dos designaciones en Oro Azul. A Mildred Josefina Plaza Hernández la nombró secretaria de la asamblea de accionistas y de la junta directiva. Años antes la había designado como secretaria de Carbozulia Internacional Inc., compañía presidida por Cano registrada en Panamá y espejo de la empresa estatal homónima.

Plaza Hernández fue consultora jurídica del despacho de Arreaza, cuando este fue tanto ministro de Ciencia Tecnología e Innovación, como titular de la cartera de Educación Universitaria. También fue miembro del Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología en Innovación (FONACIT), del Fondo de Investigación y Desarrollo de las Telecomunicaciones (FIDETEL) y consultora jurídica del Consejo Nacional de Universidades (CNU), instituciones al mando de los ministerios por los que pasó el yerno de Chávez.

Cano también nombró gerente de Oro Azul a Luis Gustavo Rivera Salazar, quien durante 2010 fue director nacional de administración de la Oficina Nacional de Crédito Público, que dependía del Ministerio de Planificación y Finanzas.

Casi dos años después de creada, de Oro Azul no se escucha hablar ni siquiera en la zona minera de Bolívar. En el territorio que le fue entregado para la explotación, constituido por 8.159 hectáreas del municipio Cedeño, al oeste de Bolívar, no hay reportes de movimiento, ni siquiera por el conflicto que podría despertar su puesta en marcha dentro de las comunidades de indígenas Mapoyo cercanas a las tierras concedidas. Aunque en mayo de 2017 obtuvo el derecho para ejercer sus actividades de exploración, el informe "La sangrienta fiebre del oro. Pranes, guerrilla y militares" de Transparencia Venezuela indica que un año después no se ha instalado por completo su planta. Tampoco se conocen sus reportes de producción y su sede física es todavía un misterio. Sin embargo, su oro llegó a Aruba a bordo de un avión y los lingotes son hoy parte de una investigación internacional por lavado de dinero y falsificación de documentos.

Las estrechas vías del pueblo de El Callao, al sur del estado Bolívar, suelen estar despejadas a media mañana cualquier día de la semana. Pero esta jornada es la excepción. "Es que están haciendo un traslado", dice un hombre de jeans desde una esquina para tratar de explicar el trancón. Minutos después, se comprobará que tenía razón.

Un vehículo blindado pasa veloz por una calle cercana al Club de los Obreros de Minerven. "Allá van. Por eso era la cola", reafirma el minero. Un par de motos negras, con funcionarios encapuchados y vestidos del mismo color, escolta el carro acorazado junto a un "Tiuna" –un transporte multitáctico fabricado en Venezuela– que exhibe al menos a seis soldados del Ejército en su parte trasera. Ahí van los lingotes de oro que se produjeron en el mes y que estuvieron guardados en la bóveda de Minerven. Su próxima parada será el aeropuerto de Guasipati, una pista de asfalto cuarteado que queda a unos 20 minutos del lugar. De allí, a Maiquetía y al Banco Central de Venezuela.

Nadie sabe precisar cuánto se traslada mensualmente en ese blindado que paraliza el tránsito en El Callao, hasta donde viajó Runrun.es para esta investigación. Lo que sí se conoce es que las minas de oro del Arco Minero del Orinoco producen mucho más de lo que va allí porque ese metal precioso tiene otras formas de salir. En el pueblo, en la región, en el país, eso es un secreto a voces reconocido por el mismo gobierno. Tanto, que el ex gobernador de la entidad, Francisco Rangel Gómez, aseguró en marzo de 2016 que el año anterior se habían escapado "por los caminos verdes 20 toneladas de oro". Esa fuga no ha parado.

Cuando hacen los traslados, los mineros llevan mucho rato levantados. A esa hora están en la calle y se reconocen fácilmente. Los delatan los shorts desgastados, las camisetas ligeras y ahuecadas, las botas plásticas llenas de lodo, las bateas –bandejas de madera con el centro cóncavo que sirven para separar la tierra de las pepitas doradas del fondo– guindadas en la espalda como si se tratara de escudos, y en las manos, picos y palas, o sacos sintéticos que esperan llenarse de arena ferrosa.

A esa hora, cientos de ellos han atravesado la plaza Bolívar o las calles del mercado para irse a la montaña a pie. Otros se montan en las "perreras" –los camiones que destinan su parte de atrás, sin asientos ni seguridad, para cargar pasajeros– para aligerar el paso hacia los yacimientos. Algunos más aguardan en el terminal terrestre John Corke, en la entrada de la localidad, para tomar pequeños autobuses que los lleven hacia caseríos cercanos bañados en la fiebre del oro.

Jesús Guerra, auditor de minas de Minerven, ex director laboral de esa empresa y miembro del Frente Antiimperialista y Socialista del Eje Sur del estado Bolívar, ve la escena desde un auto compacto sin aire acondicionado que ni siquiera es suyo. Durante años, ha denunciado una destrucción premeditada de la industria minera del oro que, según él, comenzó con la nacionalización de la exploración y explotación del metal.

Antes de esto, el panorama era distinto. En el sur de Bolívar había seis plantas (Perú, Revemín, Chocó, Camorra, Minerven y Caratal) que procesaban –molían y separaban el mineral de la arena extraída de las minas– 12 mil toneladas de material ferroso diariamente. De cada una podían sacar entre 5 y 40 gramos de oro. De la noche a la mañana, todo fue abandonado.

El decreto de nacionalización fue firmado el 23 de agosto de 2011 por un Hugo Chávez quien, ya sin cabello y con el cuerpo hinchado como señal visible del cáncer que padecía, presentó la medida durante un consejo de ministros que fue televisado desde el Palacio de Miraflores.

"Oro, oro, oro", escribió el entonces mandatario en la última página del documento, cerca de su rúbrica. Antes de ser promulgado, pasaría solo por el Tribunal Supremo de Justicia. Chávez tenía el poder de legislar sin el visto bueno de la Asamblea Nacional.

"Con el objetivo de seguir dándole fortaleza a la independencia nacional, a la independencia económica, fortaleza a la economía nacional, firmó este decreto nacionalizando el oro, para decirlo en tres palabras", pronunció frente a las cámaras justo antes de leer extractos de la orden presidencial N° 8.413, convertida en ley orgánica y publicada en la Gaceta Oficial el 16 de septiembre de ese año. Así ilegalizó la pequeña minería y obligó a los mineros a asociarse en empresas mixtas con participación del Estado.

El informe "Derechos humanos en el contexto del proyecto 'Arco Minero del Orinoco' en Venezuela" presentado en la audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2016 por varias organizaciones no gubernamentales, señalaba que tras este decreto "se iniciaron operativos militares por parte de la FANB de desalojo de mineros de la cuenca del Río Paragua, habitado por comunidades del pueblo Pemón".

Ese mismo día, Chávez aprobó el Proyecto de Desarrollo Estratégico de la Faja Petrolífera del Orinoco y el Arco Minero de Guayana, con la intención de fijar las directrices de explotación de ambas zonas y "potenciar" la economía del país. Para hacerlo rayó un mapa de Venezuela y mostró cuáles eran sus zonas de interés y dijo:

"Aquí está una estrategia que se nos ocurrió para engranar, en una sola estrategia de desarrollo, lo petrolero con lo minero y, más allá, lo social, lo económico…".

Dos años antes de la nacionalización, se advertían síntomas de un declive que, para el momento, fue justificado por el gobierno por los conflictos laborales y las dificultades para el financiamiento de las plantas. Mientras que en 2009, Minerven produjo 4.300 kilogramos de oro, en 2010 cayó a 1.700 Kg. Ya en 2011, tras el decreto, apenas se alcanzó los 1.341 Kg. según la Memoria y cuenta de la misma empresa estadal.

"La pérdida de capacidad del Estado para procesar su mineral no fue una cuestión fortuita, ni por desgaste de las plantas procesadoras. Si hubiese sido por desgaste, la producción empieza a mermar, va cayendo paulatinamente, pero no a un 50 % o 75% de un solo golpe, y mucho menos pasa a una producción de cero en cinco años con todo ese complejo instalado", recalca el experto.

El primer paso del abandono así lo explica Guerra: dejar a las plantas sin custodia. La primera en sufrirlo fue Planta Perú y luego siguieron aquellas de transnacionales con concesiones vencidas y que Minerven se encargó de "recuperar" y volver a poner en funcionamiento.

"Hubo un plan macabro de desmantelamiento total del Estado", insiste, y con este plan también se dejó atrás toda la información geológica que se había levantado en la zona, años de estudio de exploración en los que Venezuela había invertido recurso humano y capital.

Arenas escurridizas

En los últimos años, el Arco Minero del Orinoco impulsó el surgimiento de varias empresas que sustituyen la función de las procesadoras del Estado. Estas compañías, algunas creadas a partir de 2016 y otras con juntas directivas renovadas en años recientes, usan en su mayoría la técnica de la cianuración –prohibida en varios países debido a los riesgos de contaminación del agua que implica– para extraer el oro del material ferroso. El método ha sido avalado por el gobierno venezolano que aplaude que los mineros cambien las técnicas con mercurio para tratar el mineral dorado.

Con la llegada de los nuevos complejos, como se les conoce en el sur del Bolívar, hay nuevo punto de fuga porque estos suelen quedarse con las arenas llevadas por los mineros y con aquellas que les venden los molinos, que son empresas pequeñas y rudimentarias que muelen el oro de los trabajadores en zonas muy cercanas a los yacimientos. Estas arenas son nuevamente procesadas para sacar todavía más del metal precioso que alojan.

"¿Cómo tú controlas a esas empresas privadas y sabes cuánto oro está saliendo de allí? Siempre se reporta una cantidad, pero se produce otra. Hay reportes que dicen que en 2015 de Venezuela salieron 26 toneladas de oro, pero la producción oficial fue de 1,22 toneladas. A pesar de que estas alianzas (con las plantas procesadoras) le han permitido al gobierno recuperar algo, el oro se sigue yendo", cuestiona Guerra.

 “En el Arco Minero está metida de cabeza una élite militar. De allí no sale ni un gramo de oro sin el visto bueno de la cúpula militar”, Américo de Grazia, diputado

El trabajador de Minerven añade que el gobierno sabe de la fuga desde hace años y afirma que uno de los funcionarios que la reconoció fue el entonces presidente del Banco Central de Venezuela, Nelson Merentes, durante un Consejo Nacional de Economía Productiva celebrado en enero de 2016.

"Hay países que tienen certificación de minerales y no tienen el mineral. Hay gente que transa minerales y no se sabe de dónde viene el mineral, aparentemente. Bueno, casi todo es de Venezuela. El oro que está en algunas partes, en las reservas de algunos países, es oro de aquí. El oro que se procesa por Europa y los diamantes son de aquí, en algunos casos", señaló Merentes en aquella oportunidad.

Más allá de su actividad y área de trabajo, son varias las características que comparten estos complejos. Esta investigación encontró que varios de sus propietarios poseen empresas foráneas fundadas entre 2016 y 2018, tanto en Estados Unidos como en Panamá, vinculadas a la actividad minera y a la comercialización de metales. Además, la mayoría contempla no solo la explotación del oro, sino también de coltán, diamantes y otros minerales valiosos de la zona.

Detrás de los complejos

Uno de los nuevos complejos es la Corporación Guayanaoro C. A., ubicada en el sector La Gran Prueba de El Callao y creada en septiembre de 2016. Su acta constitutiva cita el decreto 2.165, publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria del 30 de diciembre de 2015, que reserva al Estado las actividades de exploración y explotación del oro y otros minerales. Lo menciona porque, a través de lo que allí se establece, la compañía contempla entre sus objetivos "suscribir alianzas estratégicas con el Estado" para compartir toda la cadena de actividades productivas que se desarrollan en los "yacimientos auríferos, coltán y, por ende, todos los minerales asociados a estos, incluso aquellos elementos no incluidos en la tabla periódica que puedan tener uso estratégico y aplicación tecnológica".

Al frente de Guayanoro está Jean Carlos Ranauro Guzmán, un empresario de Tumeremo de 42 años, que posee una compañía en Doral, Florida, llamada Global Trade Metals Inc., creada en octubre de 2017 junto a Antwill José Salazar Zambrano, también de 42 años pero de Ciudad Guayana, dueño de negocios en Panamá. Reside en Miami.

El otro socio de Guayanaoro es Leonardo Santilli García, zuliano de 48 años que aparece en la junta directiva de al menos seis compañías ubicadas en Florida, Estados Unidos. Tres de estas fueron creadas a mediados del año 2016: Padale, LLC (Weston), Cosaco y 2377 Glendon LLC (ambas en la misma dirección en la localidad de Sunrise). Su nombre también figura en la Corporación Empresarial Alimentos del Sur Sociedad Anónima, Ceassa, en Panamá.

Guayanaoro tiene una compañía homófona: Guayana Oro C. A creada en mayo de 2017 por los comerciantes Naim José Donaihi Saade, de 31 años, y Zamier Safi Al Hussein. No es casual que nombres de origen sirio estén dentro del negocio del metal precioso en Venezuela. Varias fuentes consultadas afirmaron que empresarios de medio oriente están al mando de las "compras de oro" en varios pueblos mineros. En El Callao, por ejemplo, exhiben sus banderas dentro de sus negocios.

El nombre de Al Hussein ya ha salido antes en los titulares de la prensa. En 2011 fue acusado por el Ministerio Público de transportar 600 litros de gasolina mientras se desplazaba por Tumeremo, uno de los pueblos mineros de Bolívar en el municipio Sifontes.

Guayana Oro es la única de estas compañías que, según su acta constitutiva, tiene su sede fuera de la zona minera del sur de Bolívar. Está en la ciudad donde Donaihi Saade está residenciado: Upata, municipio Piar, ubicado entre Puerto Ordaz y Guasipati, conocido por su actividad agropecuaria.

Dentro de los objetivos de Guayana Oro también se menciona el decreto 2.165 para dejar claro que se pueden suscribir alianzas con el gobierno venezolano para la explotación de oro y, además, se detalla la capacidad del complejo para hacer estudios de exploración de minerales.

Otro de los complejos es Inversiones El Guayare C. A., presidido por Juan José Coraspe Carvajal, un general de brigada retirado de la Guardia Nacional, de 62 años, devenido en empresario y residenciado en Los Teques, estado Miranda, quien la fundó junto a su hermano, Rafael Antonio Coraspe Carvajal, en 2009.

La compañía está dedicada a la explotación de las minas de oro de aluvión y veta, además de diamante y piedras preciosas, pasando por el procesamiento y comercialización del oro y de arenas auríferas, así como la solicitud de concesiones mineras y compra y venta de joyas y oro en bruto, entre otras actividades como la construcción y el alquiler de centros comerciales, según el acta constitutiva.

El nombre del general Coraspe también está relacionado con dos compañías en el exterior: Monterrey Investors US, registrada en Fort Lauderdale desde abril de 2018. Allí está asociado con Gina Lorena Monterrey Rojas, de 41 años, quien también vive en Los Teques y fue empleada de Instituto de Infraestructura Obras y Servicios del estado Miranda mientras Diosdado Cabello, actual presidente de la asamblea nacional constituyente y considerado el número 2 del chavismo, era gobernador de la entidad (2004-2008).

La otra empresa de Coraspe Carvajal es la panameña Polibol S. A., puesta en marcha desde septiembre de 2015 junto a otro de sus socios de El Guayare: Gustavo Andrés Ochoa, quien ingresó a la compañía años después con Francisco Suárez. Los tres fueron testigos de cómo el capital social de la empresa creció 10.000% durante 2016. En una asamblea en junio de ese año, este pasó de 1 millón a 15 millones de bolívares (25.423 USD, de acuerdo con el cambio oficial de la fecha). Dos meses después, el mismo alcanzó los 100 millones de bolívares (155.280 USD).

La más reciente de las compañías es Inversiones La Camorra C. A., fundada en febrero de 2018 por tres residentes del estado Bolívar: Juan Carlos Siso Berenguel, de 51 años, Ramón Enrique Franco Tovar, de 31, y Ovidio Raúl Pérez Betancourt, de 33 quien es empleado de Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) desde 2016 de acuerdo con información del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS).

La compañía lleva el mismo nombre de la antigua planta procesadora de Minerven que, según reportes de prensa, fue reactivada este mismo año y que en julio pasado produjo un lingote de poco más de un kilo de peso.

 

Dentro de sus objetivos, La Camorra contempla desde la "solicitud de concesiones mineras" hasta la realización de "proyectos de minería ecológica, agropecuaria, agrícola y ambiental", amén de todas las actividades necesarias para la explotación, transformación e industrialización del "oro, diamante y cualquier tipo de piedras preciosas", ya sea a partir de arenas y material aurífero o de "cualquier modalidad y tipo de material", según señala el acta constitutiva. No se pudo comprobar si alguno de sus socios poseía empresas en el exterior.

Inversiones La Camorra C.A.

El nombre del barranquillero Alex Naím Saab Morán –investigado en Colombia por lavado de dinero y en México por pactar con el gobierno venezolano ventas con sobreprecio de de alimentos de baja calidad nutricional– también está vinculado a las compañías mixtas creadas por la administración de Maduro para la explotación del oro.

De acuerdo con una investigación publicada por el medio digital Armando.info, Saab Morán está detrás de la compañía turca Marilyns Proje Yatirim, que en julio pasado se unió a Minerven para crear la Empresa Mixta Sociedad Anónima Minería Binacional Turquía – Venezuela (Mibiturven), adscrita al Ministerio de Industria y Producción Nacional y no al de Desarrollo Ecológico Minero.

Un complejo caído en desgracia

Esta armazón de nuevas empresas procesadoras de oro en el estado Bolívar no se mantiene incólume. Se inserta en la dinámica implantada en la región de suplantar grupos mafiosos por otros, denuncia el diputado Américo de Grazia.

El 1ero de noviembre de 2018, el fiscal general designado por la asamblea nacional constituyente, Tarek William Saab, anunció repentinamente que se libró una orden de captura contra Eduardo Enrique González Mejías, un hombre de 48 años apodado como "el comandante El Tati", propietario de la empresa Molinos La Vanguardia, por su presunta vinculación con extracción y contrabando ilícito de oro en el estado Bolívar. El funcionario aseguró que por estas operaciones, el Estado venezolano dejó de percibir 6 millones de dólares.

A raíz de estas investigaciones, el Ministerio Público también solicitó el arresto de Higinio Alfredo Benitez Mendoza, exjefe de la Oficina Nacional de Fiscalización e Inspección Minera, por autorizar a González Mejías a operar de forma irregular el oro. Según Saab, el dueño de Molinos La Vanguardia financiaba bandas criminales que controlaban las minas para comprar la mayor cantidad de oro y comercializarlo fuera del país.

La relación que hace Saab con los delincuentes no es casual. En el sector Nacupay de El Callao, territorio donde estaba Molinos La Vanguardia, operaba la megabanda Tren de Guayana, comandada por Phanol Vladimir Sanclemente, conocido por el mote de "Capitán". Tres días después de que cayó en un supuesto enfrentamiento con la Dirección de Inteligencia Militar en Río Chico, estado Miranda, se ejecutó la orden contra la empresa minera.

Mineros de la zona de Nacupay, así como fuentes ligadas al negocio del oro que pidieron se resguardara su nombre, aseguraron que "Capitán" respondía a las órdenes del ex gobernador de Bolívar, Francisco Rangel Gómez, quien luego de dejar el cargo se fue a México. Pero de este vínculo se hablará más adelante.

De Grazia aseguró que la medida contra la compañía fue un "pase de factura"para destronar a sus verdaderos dueños, dos militares vinculados con el aparato represivo de Maduro que salieron abruptamente de sus cargos luego de sendos escándalos: el general Gustavo González López, exdirector del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), supuestamente expulsado en octubre de 2018 por la muerte del concejal de Primero Justicia Fernando Albán en uno de los edificios de la institución que regía; y el general Antonio Benavides Torres, ex comandante general de la Guardia Nacional, quien fue destituido un día después de que uno de sus soldados disparara a quemarropa contra el estudiante Fabián Urbina durante una protesta antigobierno en 2017.

Contrario a las afirmaciones del fiscal impuesto por la asamblea nacional constituyente, Molinos La Vanguardia no era una empresa desconocida para Maduro. Diez meses atrás, estaba dentro de los planes del Mindeminer para aumentar la producción de oro. En diciembre de 2017, en las instalaciones de esa empresa, se realizó un acto calificado de "histórico" con la presencia del ministro Víctor Cano, quien en alianza con Cavim, entregó explosivos a mineros para la explotación aurífera subterránea en 23 áreas autorizadas. En esa ocasión, recordó que por orden presidencial firmaron 24 alianzas con la pequeña minería.

23 áreas autorizadas. En esa ocasión, recordó que por orden presidencial firmaron 24 alianzas con la pequeña minería.

La junta directiva de La Vanguardia cambió varias veces desde que fue creada en 1996. En la última modificación, además de González Mejías, figuraba como accionista Ricardo Augusto Forero Higuera, quien está al frente de C.I. Promotora Minera Global S.A.S, Corp., con sede en Fort Lauderdale, Florida, Estados Unidos y abierta recientemente: agosto de 2018.

En este grupo también están Marianne Anais Pulido Briceño, de 36 años y Wilfredo Antonio Vivas, de 48, ambos residentes en El Callao. Este último fue empleado de la alcaldía de ese municipio durante la gestión de Orlenia Scipio (2008-2013), del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela. El último en adquirir acciones de la empresa fue Eduardo José Rivas, de 44 años, residente en Unare, también en Bolívar.

Dentro del campo de acción de Molinos La Vanguardia estaba la "exploración, explotación, molienda y transporte de materiales auríferos así como cualquier otra actividad de lícito comercio inherente o conexa" con la actividad minera.

Este anuncio oficial de la orden de detención contra el propietario de Molinos La Vanguardia se produjo minutos antes de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmara un decreto para imponer por primera vez sanciones relacionadas con el sector aurífero en Venezuela. La orden ejecutiva prohíbe que individuos estadounidenses o extranjeros hagan transacciones con actores y redes cómplices de sectores económicos corruptos en Venezuela.

El consejero de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Bolton, declaró que la decisión fue una respuesta contra "las acciones del régimen de Maduro y las personas asociadas para saquear la riqueza de Venezuela para sus propios fines corruptos, degradar la infraestructura y el entorno natural de Venezuela".

Paralelamente al cierre de fronteras con las islas ABC y tras la detención del venezolano que portaba los 50 kilos de oro en el aeropuerto de Aruba, siguieron varios eventos que dan cuenta del desplazamiento de poderes dentro de una compleja estructura que opera desde hace años para la extracción del oro y comercialización como parte de la actividad minera al sur del país.

El 8 de mayo de 2018, un mes después de levantarse el veto a las islas del Caribe neerlandés, fue detenido por la policía RST holandesa en Willemstad, Curazao, el venezolano Archak Bedrossian Liberatoscioli, de 55 años de edad, a solicitud del Estado venezolano por supuesto contrabando de oro y blanqueo de capitales. La prensa local, que apuró colocarle el mote de "Zar del oro", detalló que el detenido se dedicaba a la venta de oro y diamantes para recibir el pago en dólares y posteriormente venderlo en la frontera colombo- venezolana, alterando el mercado cambiario.

Pero Bedrossian, quien tenía orden de captura de Interpol, fue liberado el 8 de julio de 2018, un mes después de estar detenido en la prisión de Willemstad porque Venezuela nunca presentó las pruebas incriminatorias, confirmó a Runrun.es Norman Serphos, portavoz del Ministerio Público de Curazao. El funcionario agregó que. los cargos no eran por contrabando de oro sino por estafa.

Bedrossian es presidente de la firma Haig's Internacional, dedicada desde 1994 a la importación, exportación, compra, venta, procesamiento, refinación, y reformación del oro en hojas y polvo de oro en la Zona Económica en Curazao, según reza el objeto social de la empresa en su ficha de registro mercantil. También se encarga del embalaje y transportación de esa mercancía en el mercado internacional.

Según confirmó esta investigación Haig's es una de las empresas en Curazao que en las últimas dos décadas ha ejercido funciones de transporte de valores y trader para negociar el oro no solo procedente de Venezuela, sino de otros países de América Latina, en el mercado internacional.

Bedrossian no calza precisamente en el estereotipo de un contrabandista. Es graduado de Economía en la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas (1985). Hizo su tesis sobre "La industria orfebre nacional y la coyuntura cambiaria", analizando el mercado de la joyería en el país, bajo la tutoría de Rodrigo Pérez Luciani. Instalado en Curazao desde hace dos décadas, este consultor y experto en oro fue presidente del Fondo Mutual Aram, el primer fondo especializado en inversión en metales preciosos de la región, ya disuelto.

Entre 2010 y 2011, justo antes de la nacionalización de la actividad aurífera en Venezuela, la empresa Haig's Internacional tuvo como socio a otro venezolano en Curazao, Raúl Andrés Orozco, quien es director gerente de Paoro International Free Zone, empresa domiciliada en Willemstad, encargada de gestionar todas las operaciones del oro y colocación en mercado internacional. Coincidencialmente, su nombre es similar a la empresa Paoro Transport de Aruba, protagonista del caso de los 50 kilos de oro guardados en una maleta y decomisados en el aeropuerto arubiano en febrero de 2018 cuando iban a ser transportados en un vuelo KLM hasta Dubai.

Orozco, oriundo de Maracaibo, es a la vez es propietario de cinco empresas localizadas en Estados Unidos (Florida y Texas). Solo una está activa.

El 20 de septiembre de 2018, dos meses después de su liberación, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela solicita al reino de los Países Bajos la extradición de Bedrossian y su esposa, Nathaly Gómez, para ser sometidos a un proceso penal en Venezuela por su presunta participación en los delitos de estafa y asociación para delinquir.

El pran del oro

El 8 de junio de 2018, el gobierno de Maduro accionó sorpresivamente la operación "Manos de Metal", en el estado Bolívar, destinada a "atacar las mafias de contrabando de extracción de metales". Ante las cámaras del canal estatal VTV, el vicepresidente, Tarek El Aissami, fue el encargado de anunciar el lanzamiento de esta operación por la que se detuvieron en un principio siete personas y se libraron 28 órdenes de captura a personas al parecer vinculadas con la extracción y tráfico ilegal del oro.

Uno de los nombres de "Manos de Metal" era llamado "Capitán". Y este era el efecto que causaba al ser mencionado:

En julio pasado, una fuente ligada al negocio del oro en Bolívar hablaba de las minas, de cómo el oro se escapa, de cómo los mineros son los eslabones más vulnerables del tráfico de oro desde el momento en el que ingresan a un yacimiento dominado por un pran. La conversación fluía, hasta que el rostro le cambió al escuchar un apodo: "Capitán".

Primero silencio, después un intercambio de miradas de alarma con los otros actores de la conversación. Y, luego, en un tono solemne, una advertencia:

–"¡Mire, pero yo no le puedo hablar sobre eso!"

–¿Sobre Capitán?

–… Sí… No le puedo hablar porque uno lo conoce… Y, usted sabe, las paredes escuchan.

No era la primera vez que una fuente relacionada con la actividad minera cortaba en seco la conversación cuando se comenzaba a hablar de "Capitán", uno de los pranes más poderosos de Guasipati, El Callao y Tumeremo. El mismo que había quedado al mando de una decena de minas tras la muerte de otro pran: Yorman Márquez Rodríguez, conocido como el "Gordo Bayón", asesinado en Caracas en 2014.

Pronunciar el mote de "Capitán", cuyo nombre real era Phanor Vladimir Sanclemente Ojeda, siempre causaba tensión en los pueblos mineros del sur venezolano. Su nombre está en la la lista extraoficial de la operación "Mano de metal", activada por el ejecutivo nacional en el 4 de junio de 2018.

Según Tareck El Aissami, quien entonces era vicepresidente ejecutivo de la República y hoy ocupa la Vicepresidencia para el Área Económica, el nuevo operativo perseguía el "desmantelar las bandas que están dedicadas al contrabando de extracción del metal o del material estratégico y de minerales de la nación, específicamente el oro (…) Estas bandas tenían como modus operandi la compra del oro a los pequeños mineros del estado Bolívar y luego, con redes del crimen organizado, sacaban ese material fuera de Venezuela, que también lo utilizaban para el pago de la tasas o para tratar de imponer la tasa especulativa del dólar criminal".

Pese a la lista, de acuerdo con el diario venezolano El Universal, nunca se giró una orden de aprehensión en contra de "Capitán" y, aquel hombre poderoso se movía entre las minas y los pueblos del sur con absoluta impunidad, según los habitantes de esa zona.

Todo cambió la mañana del sábado 27 de octubre de 2018. Según reporteros del estado Bolívar, "Capitán" cayó en medio de un enfrentamiento que se desató en Río Chico, en Miranda, con funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). Supuestamente se trasladaba en un carro desde Caracas hacia Puerto Ordaz junto a otros dos miembros de su banda.

"Capitán" es el primero de los señalados en el operativo "Manos de Metal" que muere. Hasta el momento de la publicación de este reportaje, había al menos diez detenidos desde que arrancó la operación (cuatro en Ciudad Guayana, dos en El Callao, uno en Sifontes y otros tres cuyas identidades se desconocen) y se habían librado 39 órdenes de detención. Pero varias fuentes consultadas para esta investigación de Runrun.es aseguraron que los arrestados eran los peces más flacos de un acuario profundo.

"Esos de 'Manos de Metal' son lo más delgado de la hoja. No has visto caer gente pesada. A nosotros nos cayó por sorpresa", aseguró a Runrun.es en julio pasado Jesús Guerra, auditor de minas de Minerven. Ahí, en la empresa pública, la noticia asombró quizás más que en ninguna otra institución del Estado porque uno de los detenidos fue su vicepresidente, Doarwin Alan Evans, un militante del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), de 38 años, que vivía en El Callao. A él y a los otros encarcelados les imputaron el delito de contrabando agravado tipificado.

También en El Callao, pero a finales de junio de 2018, se llevaron detenido a José Edgardo León Parra, quien estaba en la empresa Inversiones Tesoro de Dios cuando lo apresaron, según reportó el medio digital El Pitazo.

En Sifontes, municipio minero, arrestaron a Cristóbal José Pereira Silva, supuestamente apodado como "El padrote del sur" o "El carnicero de Turmeremo". Se trata de un comerciante de la zona, proveniente de una familia portuguesa que es propietaria de varios frigoríficos y abastos.

En Ciudad Guayana hubo al menos cuatro detenciones: la de Aníbal Jacinto Souki Hernández, conocido comerciante y propietario de concesionarios en la ciudad, además de edificios y galpones en zonas industriales. Es director de Amillenium International Corp, hoy inactiva, y presidente de Olimpia Investment International Corp, dos compañías abiertas en 2014 y ubicadas en Doral, Florida.

Otro arresto fue el de Guowei He, apodado "El Chino Franklin", quien era presidente de la Asociación de Asiáticos del estado Bolívar. Durante 2013, fue víctima de un secuestro ocurrido al sur del estado Anzoátegui.

La tercera detención en la ciudad, específicamente en el Centro Commercial Mammy de Puerto Ordaz, fue la de Julio César Díaz Abreu, un comerciante considerado uno de los más poderosos del mencionado establecimiento, donde existen decenas de locales ilegales de compra de oro.

En diciembre apresaron en Puerto Ordaz a José Miguel Espejo Gómez, de 43 años, en otro centro comercial donde existen numerosos puestos informales de compra de oro: Ciudad Alta Vista I.

Aunque se desconoce el lugar donde lo arrestaron, medios locales informaron que a Raed Abid Habido, apodado como "El Turco", fue otro de los capturados. A él se le ha asociado con pranes como "Capitán".

Todas las órdenes de aprehensión fueron emitidas por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Por eso, los arrestados fueron llevados a la capital venezolana.

Precio del oro

El diputado a la Asamblea Nacional para el estado Bolívar, Américo de Grazia, afirmó, no obstante, que aunque los encarcelados no eran los peces gordos del negocio, varios pranes mineros huyeron de la persecución. Entre estos está Fabio Enrique González Isaza, a quien identifican como "El Fabio" o "El negro Fabio", uno de los jefes de mina más mencionados al sur del municipio Sifontes. Su poder se extiende por los yacimientos de El Dorado, pero su banda fue cercada varias veces. Un año atrás, en enfrentamiento entre miembros de su grupo armado y efectivos del Ejército y la Guardia Nacional, al menos ocho de sus hombres murieron en las márgenes del río Chikanán.

Otro de los que escapó fue Andrés Antonio Fernández Soto, apodado "Toñito", oriundo de Santa Elena de Uairén, ciudad venezolana en la frontera con Brasil. Allí era reconocido como empresario y "tracador", es decir, como cambista de monedas nacionales y extranjeras en efectivo. Pero "Toñito", dijeron dos fuentes que prefirieron mantener sus identidades en secreto, estaba presuntamente vinculado a la extorsión y a grupos armados criminales de la zona.

Poco después de que se ordenó su captura en junio de 2018, la Policía Federal de la República Federativa de Brasil lo detuvo en la fronteriza Villa de Pacaraima, mientras almorzaba con Emilio González, alcalde (por el partido opositor Independientes por el Progreso) del municipio venezolano Gran Sabana. Pero el sospechoso alegó que su vida corría peligro y pudo zafarse de las autoridades. Así fue como refugió en Brasilia.

"Toñito" figura desde mediados de 2017 como presidente de una compañía registrada en los estados de Florida y Delaware, en Estados Unidos: Gold Caribbean Airline Inc., que tiene una aeronave modelo Learjet 35 a su nombre. En la junta directiva lo acompañan los venezolanos Daniela Ziliani Custodio y Jorge Iván Giraldo Oquendo.

Entre los solicitados también está Wilson Stalyn Aponte Rodríguez, otro "tracador" del municipio Gran Sabana que era un presunto aliado de "Toñito". Estuvo vinculado a una red de casinos de Ciudad Guayana y Ciudad Bolívar, según El Universal. El mismo diario informa sobre otro de los buscados: Roberto Antonio Espejo Camacho, de origen dominicano aunque con nacionalidad venezolana y hermano del detenido José Miguel Espejo Camacho. El medio apunta que operaba entre la zona de Santa Elena de Uairén y Boa Vista, en Brasil.

De Bolívar también son otros de los buscados: Eliecer Andoni Carvajal Zambrano, residenciado en Ciudad Guayana, y Luis Enrique Farfán Ordenan, de Ciudad Bolívar. El primero aparece como director de la empresa CCV Industry S.A., abierta en Panamá hace seis años, y de Infinity Club Corporation, que se puso en marcha hace tres años en el mismo país. También es el presidente de HC Global de Venezuela, compañía registrada tanto en Puerto Ordaz como en Florida, Estados Unidos, aunque hoy inactiva en el último país. Farfán Odreman está al frente de la Presidencia de Caroní Company C. A. INC., registrada en mayo de 2018 en Doral, Florida. Finalmente, en la lista de Bolívar está Yoel Albergó Abreu Delgado, de 37 años, quien vive en Puerto Ordaz.

Cuatro de los solicitados están supuestamente residenciados en el Área Metropolitana de Caracas, de acuerdo a la data del Consejo Nacional Electoral. Ellos son Yrais Yovanka Poyer Quintana, de 51 años; Luis Ernesto Calderón Ortiz, de 54; Gerardo Antonio Sosa Moreno, de 68; y Daniel Ernesto Sosa Núñez, de 37. Décimo José Rodríguez Fernández vive en Carabobo; Cesar Leonel Días González, en Guárico; y Rafael Jesús Romero Sarzalejo, en Sucre.

Según El Aissami, solo con las detenciones de los primeros días de junio se evitó la fuga de 2,5 toneladas de oro. Sin embargo, el vicepresidente de entonces no detalló hacia dónde sería llevado el cargamento confiscado.

Cambio de “gobierno”

Ninguno de los cambios que se registran en el sur ha sido fortuito. La reciente operación "Manos de Metal", la quiebra de la estatal Minerven, la revocación de las concesiones mineras sin que dejaran de explotarse, todo ha sido premeditado estratégicamente para mantener el control de las minas en manos de unos pocos, desde los tiempos del gobernador Francisco Rangel Gómez para acá. Lo anterior, lo concluye el diputado de oposición Américo de Grazia, quien se ha dedicado a denunciar las irregularidades en la zona minera del país.

"En el Arco Minero está metida de cabeza una élite militar", afirma De Grazia. "De allí no sale ni un gramo de oro que no sea con el visto bueno de la cúpula militar".

De hecho, la imposición del Arco Minero implicó la militarización de los casi 112 mil kilómetros cuadrados al sur del Orinoco destinados a la extracción minera. El artículo 13 del decreto de creación de este polígono dispone que la Fuerza Armada Nacional "tendrá la responsabilidad de "salvaguardar, proteger y mantener la continuidad armoniosa de las operaciones y actividades de las Industrias Estratégicas ubicadas en la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco".

Muchos de los detenidos por "Manos de Metal" no eran inicialmente los vendedores-compradores de oro, o los dueños de los locales comerciales que pululan en las ciudades y pueblos de Bolívar (encargados de "recoger" el oro mediante las transacciones en esos espacios). Eran más bien empresarios de la zona y contratistas de la gobernación de Bolívar, cuando esta era comandada por Rangel Gómez, que terminaron decantándose por el negocio minero, describe De Grazia. "Ahora los sacaron del camino para ser sustituido por otros actores, por otras mafias".

"Ellos pontificaron sobre el estatismo, pero por debajo de los anuncios crearon una red de explotación, comercialización, negociación donde el Estado no es el beneficiario sino un grupo reducido en el poder", denuncia De Grazia. El diputado añade que no se trata de una red centralizada, ningún militar al mando en este momento y "todas estas operaciones son camufladas. Legitiman operaciones porque necesitan justificar algún tipo de entrada en el BCV porque está en bancarrota".

El diputado Elías Matta recuerda que el oro que recibe el BCV debía provenir de los pequeños mineros al sur de Bolívar y que este organismo era el único que podía transar el oro, según la ley de minas promulgada por Chávez. Incluso, se instaló una oficina en Puerto Ordaz para recaudar el mineral estratégico. Pero se observa, no solo en Ciudad Guayana, sino también en Ciudad Bolívar, San Félix y pueblos al sur, una proliferación de negocios de compra y venta de oro. "Mucha gente ha dejado los puestos de lotería e incluso la reventa de alimentos básicos para dedicarse a la compra venta de oro. Buena parte de esos comercios pertenecen a una misma mafia, que coloca varios puntos en diferentes ciudades para recoger el oro como una manera de legitimarlo".

Lo dicho por Matta se confirma con solo mirar cómo cambió el panorama en las calles de las principales ciudades y pueblos de Bolívar. Como lo comprobó la investigación de Runrun.es, la escena puede verse dentro de un centro comercial de Puerto Ordaz, en la planta baja de un edificio de San Félix, en el centro de Upata, o en las vías comerciales de Guasipati, El Callao o Tumeremo: a través de pequeñas fachadas o cubículos, con taquillas de vidrios totalmente negros, se intercambian las pepitas doradas por dinero en efectivo o por transferencia. A las puertas de estos sitios, hombres de bermudas, camisetas ligeras y chancletas promocionan la mercancía y gritan: "oro, oro, oro".

Ninguno de estos establecimientos tiene registro de información fiscal, tampoco licencia o patente de comercio, ni paga impuestos a las alcaldías. Pero sí debe cumplir con la vacuna semanal que se entrega al "sindicato" –así se llama al grupo armado que controla las operaciones ligadas con el metal dorado– sin importar cuán pequeño sea el espacio o cuántas ganancias se hayan hecho en los últimos días. Esta cuota, al igual que el puesto o el local, se paga en oro según lo confirmaron varias fuentes al visitar este sitio.

José Alfredo Olivo, primer vicepresidente de Fedecámaras en el estado Bolívar, señala que el oro es ilegal desde que lo extraen . "Ese es un recurso que maneja el Estado, porque es el único que tiene el poder de explotar los minerales que están en el subsuelo. Es ilegal la explotación y la forma en la que se transan los negocios con el oro. Por eso nosotros no podemos avalar esa actividad", sentencia.

"Todo el mundo sabe que son ilegales", afirma la alcaldesa chavista de Upata, Yulisbeth García, en una de las ciudades en donde estos pequeños comercios, uno al lado del otro, ocupan cuadras enteras sin cabida a casi ninguna otra actividad.

García, a quien conocen por el apodo de "La Tata", firmó un decreto para evitar que continuara la proliferación de estos negocios. Reconoce, eso sí, a la cámara que agrupa a los que comercian con el metal. "Yo les dije 'ya, un stop, aquí no se construye más un espacio para una compra de oro'", contó orgullosa a Runrun.es en junio de 2018, porque según ella esa medida permitirá que se mantengan las tiendas tradicionales del casco central de Upata.

Pero los habitantes del pueblo comentan que "La Tata" también ha hecho negocios con los compradores de oro, a quienes les cobra semanalmente por mantenerlos con las santamarías arriba. "Yo puedo ir a cualquier compra y la puedo cerrar porque no tengo compromisos con ninguno de ellos", contesta cuando se le increpa con el rumor. Luego afirma que, como ya todos "están construidos", no puede clausurarlos "de manera agresiva".

Los efectos de la operación "Manos de Metal" quedan en entredicho. La actividad criminal continúa en el Arco Minero: tres masacres en las minas de Tumeremo se han registrado después de apresar a los supuestos cabecillas de la mafias de oro en junio de 2018. También, se mantienen activos los locales de compra y venta de oro en Puerto Ordaz, Ciudad Bolívar y pueblos mineros que no rinden cuentas al fisco.

Quilates que no cuadran

Contrario a su cualidad natural, las cifras del oro en Venezuela son opacas. No se conocen los verdaderos números de la producción y el uso que se le da al oro. Mucho menos los beneficios que aportan a los venezolanos. El discurso oficial aseguraba que el material extraído del Arco Minero sería convertido en reservas. Pero, justamente, están a la baja desde 2014: Pasaron de 361 toneladas ese año a 164,2 toneladas en 2018, es decir, a la mitad, según registra el Consejo Mundial del Oro (WGC por su siglas en inglés).

Los datos confirman que desde que llegó Maduro al poder, se han esfumado 203,4 toneladas de oro del BCV en menos de 5 años. Hasta 2013, el promedio de las reservas en oro se mantenía estable en unas 360 toneladas. Según el Consejo Mundial del Oro, autoridad global en la materia, entre diciembre de 2013 y hasta el segundo semestre de 2018, cayeron 55,4%, a razón de 40 toneladas por cada año administrado por Maduro.

Hay que hacer prácticamente trabajo de minería para extraer hasta cifras oficiales de oro en Venezuela. Los pocos números oficiales que se conocen, tampoco son coherentes.

Las incongruencias de cifras se remontan a dos décadas atrás: mientras la base de datos de las Naciones Unidas (Comtrade) indica que Venezuela exportó entre 1998 y 2011 (hasta la nacionalización) un total de 1.586 toneladas (equivalentes a $ 864,4 millones), el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) reporta una exportación de 91,5 toneladas de oro por un valor de un mil 46 millones 230,7 mil dólares. Es decir, diecisiete veces menos cantidad que la registrada por el organismo internacional.

En el mismo lapso el BCV registró una producción nacional de 58,3 toneladas de oro ($ 541 millones), lo cual se traduce en 27 veces menos de lo que se exportó según Comtrade.

 

 

La información oficial sobre la producción de oro no suele ser ventilada. Pero desde finales de 2017, luego de la creación del Arco Minero, el Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico (creado en 2016) comenzó a reportar de forma periódica el oro que la pequeña minería vende al Banco Central de Venezuela, organismo oficial encargado de la custodia y comercialización del oro en el país.

El interés del gobierno por una actividad económica que siempre ha sido marginal coincide con la caída de los precios del petróleo (principal fuente de recursos del país) y desmantelamiento de la industria de hidrocarburos. El oro pasa a ser la apuesta para obtener divisas. "Quieren convertirlo en la caja chica del gobierno, tal como funcionada Petróleos de Venezuela", afirma el diputado Elías Matta ante la Asamblea Nacional.

Hasta junio de 2018, el ministerio de Desarrollo Minero Ecosocialista reportó que nueve toneladas habían ingresado al BCV, equivalente a una tercera parte de las 24 toneladas planteadas como meta por el gobierno al cierre de 2018.

Lo que entró al BCV hasta mayo de 2018 representa tres veces menos de lo que exportó a Turquía en el mismo período: 20,15 toneladas de oro procedente de Venezuela con un valor de $779 millones, según el Instituto de Estadística de Turquía, reportado por Reuters.

Otras fuentes confirman que las toneladas de oro que Venezuela exporta no necesariamente corresponden a lo que entrega al BCV. Importgenius certifica que sólo en el primer trimestre de 2018, exportó a Turquía 17,2 toneladas por $462.592.248.

Suiza, au revoir.

Hasta 2018, Suiza solía ser el principal cliente del oro venezolano. Entre 2005 y 2011 (año en que fue nacionalizada la actividad aurífera el país), Venezuela exportó 21,87 toneladas de oro, de los cuales 99% fue vendido a Suiza (21,69 toneladas), según registra el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

De esos siete años, el pico más alto de exportación fue en 2005, cuando se vendieron 7,73 toneladas. Después de 2011, el INE no siguió reportando las exportaciones no petroleras y en 2014 fue suspendida la publicación de estadísticas de comercio exterior oficiales. Las cifras oficiales dejaron de brillar y los datos fueron ocultados.

Tras la nacionalización de la industria en 2011, la mayor parte del oro venezolano siguió vendiéndose a Suiza, pero sólo por unos años más. El Atlas de Complejidad Económica de Harvard registra que en 2016, 99,30% del oro de Venezuela ( $1,84 mil millones) recaló en el país europeo donde precisamente se encuentran las mayores refinerías de oro del mundo, que a su vez abastecen a la industria mundial de la joyería y tecnología electrónica.

Pero a partir de 2018, Suiza, el destino tradicional del oro de Venezuela comenzó a desaparecer del radar. Este país ha sido desplazada por países como China, Emiratos Árabes Unidos (Dubai) y especialmente Turquía, confirmó en junio pasado el propio ministro de Desarrollo Minero Ecológico, Victor Cano, admitiendo que con esta medida se estaban "evadiendo las sanciones económicas" impuestas por la Unión Europea contra algunos funcionarios del gobierno de Maduro.

"(Maduro) está sacando el oro del Arco Minero y llevándolo a Turquía sin ningún tipo de control", acusó el diputado a la Asamblea Nacional, Julio Borges, mediante un comunicado el 10 de julio de 2018, en ocasión de una visita del mandatario venezolano al país euroasiático. "El viaje de Maduro está vinculado a la corrupción y no traerá ningún beneficio para los venezolanos. Al contrario, está hipotecando y entregando el futuro del país", condenó.

De este cambio de ruta también da cuenta la base de datos Importgenius: a partir de 2018, salieron 23,6 toneladas del territorio venezolano, de las cuales 72,8% ahora van a Turquía.

Pero a pesar de este cambio de ruta, el oro se sigue fugando por goteo vía las islas ABC. Los vuelos dorados con escala en Aruba y Curazao siguieron su curso incluso durante la interrupción de las comunicaciones por aire y mar con las antillas, como lo demuestra la incautación de la maleta con los 50 kilos en febrero pasado. Autoridades de la aduana de Aruba confirmaron en junio de 2018 a Runrun.es que después del decomiso de los 50 kilos, llegaron al menos dos vuelos más con cargamento dorado.

El año pasado, aterrizaron en Aruba 17 vuelos procedentes de Venezuela con una carga promedio de 25 kilos de oro cada uno, lo que da un total de unos 425 kilos de oro en 2017, reveló un directivo de la aduana arubiana que prefirió mantener su identidad en reserva para hablar en calidad institucional. También, el director de la aduana de Curazao, Etienne Casiano, aseguró en junio de 2018 que los vuelos dorados provenientes de Venezuela no se habían interrumpido.

Los números que se presentan como producción de oro en Venezuela han sido exiguos en comparación a otros países latinoamericanos como Perú, sexto productor mundial de oro con 162,3 toneladas al cierre de 2017. También se cuentan México (130,5 toneladas) y Brasil (79,9 toneladas), según el informe 2018 del GFMS Gold Survey Thomson Reuters.

La última cifra oficial de extracción de oro reportada por parte del Ministerio de Petróleo y Minas venezolano fue de apenas 420,75 kilos, una tercera parte de la meta de 1.531 kilos de oro en un año, según la Memoria y cuenta 2015 de esa entidad. El Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico, creado en 2016 al separar el sector petrolero de los minerales estratégicos, reportó que al cierre de 2017 se habían entregado 7,8 toneladas al BCV.

El oro nunca ha sido el principal producto de exportación de Venezuela, pese a los probados yacimientos y su potencial industrial. En 2016 según el Atlas de Harvard, si acaso alcanzó el tercer lugar: el oro representó 6,57 por ciento de las exportaciones de Venezuela ($1,86 mil millones) frente a 80,26 por ciento de petróleo crudo y derivados equivalentes a $22,72 mil millones).

Vuelos dorados en tránsito

La noticia del decomiso de los 50 kilos de oro por presunto contrabando y lavado de dinero alteraron el acompasado ritmo del aeropuerto de la turística Aruba, donde los aviones aterrizan casi al ras de la playa. Aunque de forma encubierta, hasta ese momento, el comercio de esa mercancía fluctuaba sin visos de ilegalidad como coincidieron tanto las autoridades aduanales arubianas como la abogada Helen Lejuez, que inicialmente se ocupó de la defensa jurídica de los dos venezolanos detenidos, entre ellos el propietario de la empresa encargada de la transportación hasta Dubai, Paoro Armored Transport Aruba.

Esta empresa, formalmente constituida en 2003 , ofrece servicios de transporte de valores desde hace 7 años, entre los que se incluyen la exportación de barras de oro a través de Aruba, Bélgica, Los Países Bajos y Estados Unidos hasta Dubai. Está registrada en la Cámara de Comercio de Aruba confirmó el director de esta entidad, Ernst Mohamed, consultado para esta investigación.

"Incautaron el oro sin motivo legítimo. El empleado de Paoro está ilegalmente bajo sospecha de lavado de dinero y falsificación", declaró LeJuez a la prensa local en abril 2016.

La historia de los 50 kilos de oro se reconstruye a partir de lo registrado en los medios arubianos: el 6 de enero de 2018, Paoro recibe un pedido para recoger en Maracaibo una maleta con 46 barras de oro para emprender un largo viaje hasta su destino final: Dubai. El 9 de enero llegó a Oranjestad procedente de Maracaibo en un vuelo de Aruba Airlines.

Cuando llegó la mercancía al aeropuerto Reina Beatrix, el director de Paoro, Toro Rodríguez recibió al escolta aduanero encargado de transportar y transferir la mercancía en tránsito y lo acompañó para formalizar todos los documentos en la aduana, siguiendo el procedimiento de ocasiones anteriores, relató LeJuez a los medios locales.

La empresa mixta Oro Azul es la empresa venezolana que comerciaba esa mercancía valorada en $2.130.693 y que contaba con la autorización del gobierno venezolano, insistió la abogada LeJuez. En abril, la empresa transportista aseguraba que la orden de detención y el decomiso por parte del Ministerio Público costaban entre $20.000 y $30.000 por cada día que el oro no arribara a Dubai. A su vez, el cliente de la capital de los Emiratos (la refinería), podría perder el contrato adquirido con una compañía italiana para el suministro de material prima para la fabricación de joyas.

En su lugar, fue asignado otro abogado, Eldon Sulvarán, cuyo bufete funciona en Curazao. En junio de 2018, una semana después de haber asumido el caso, logró la liberación de los dos venezolanos representantes de Paoro. En Willemstad, se abstuvo de declarar a Runrun.es alegando que la investigación continuaba en Aruba.

El caso del oro incautado desató una discusión tanto en los Países Bajos como en las antillas del Reino de los Países Bajos. El Subsecretario de Asuntos del Interior y del Reino, Raymond Knops, respondió a los cuestionamientos desde Amsterdam del parlamentario Ronald Van Raak de la Cámara Baja sobre el posible contrabando de oro. El funcionario volvió sobre la tesis de que no se trataba de exportaciones ilegales de oro a Curazao o Aruba, sino de una transferencia de oro comprado legalmente y que, por lo tanto, debía esperarse a las conclusiones de la investigación.

También en la isla, el parlamentario del partido de oposición AVP, Robert Candelaria, exigió a la primera ministra Evelyn Wever-Croes que respondiera sobre el affaire de los 50 kilos de oro y su vinculación con Toro Rodríguez, el dueño de la empresa que lo transportó, que fue identificado como el escolta que la acompañó durante la campaña por el máximo cargo del gobierno arubiano que hoy ocupa.

Paoro Armored es una de las empresas contratadas especialmente para transportar oro comprado en el mercado internacional, teniendo a Curazao y Aruba como punto de tránsito. Está domiciliada en el edificio Arulex Center, en la avenida Italianestrad, Oranienstad, cuyo propietario es el padre de la primera ministra Wever-Croes. Allí funciona también el bufete de abogados de la familia de la funcionaria.

El 26 de noviembre de 2018 se preguntó vía telefónica a la primera ministra Evelyn Wever-Croes sobre su supuesta vinculación a Paoro Armored Transport así como también su posición con respecto a la incautación de los 50 kilos de oro en Aruba , a lo cual respondió: "No tengo ninguna información de ese evento".

Como ocurre con otras compañías, Paoro se vale de la figura del escolta o conyoy aduanero como medida de seguridad para transportar el oro. Pero esta práctica fomenta "la falta de transparencia en los procedimientos de tránsito y estimulan la corrupción a lo largo de la ruta de tránsito", advierte el Manual de Directrices de la Organización Mundial de Aduanas (OMA).

"Yo ni de broma salgo del aeropuerto de Venezuela con una carga de oro, será para que me maten", confesó un escolta de oro en la Embarcadera, puerto de carga de Aruba, que prefirió mantener su nombre en reserva y que tiene en su haber varios viajes a Dubai donde le ha tocado entregar la dorada mercancía.

Su propietario, Toro Rodríguez, quien estuvo detenido cuatro meses por averiguaciones en Aruba, se negó a dar su versión a a Runrun.es alegando que está impedido a opinar sobre el caso porque el juicio aún está abierto.

La empresa Paoro también aparece en los registros de Paradise Papers con el nombre Direct Services N.V, que era el nombre original de la empresa creada el 21 febrero de 2003 con un capital de 55 mil florines (30 mil 547 dólares). Operaba como compañía de seguridad y transporte de valores y su primer director fue Faissal Ramses Barroso Ortiz, nacido en Bucaramanga, Colombia, con nacionalidad neerlandesa, indica el expediente alojado en el registro de la Cámara de Comercio de Aruba.

El 17 de abril de 2012, la empresa cambia su nombre a "Aruba Security Academy and Shooting Range" y se muda al Arulex Center, en la transitada avenida Italienstraat y entra como propietario de la misma el venezolano-neerlandés Juan Carlos Toro Rodríguez. El 17 de septiembre de 2014, cambia al nombre que tiene en la actualidad: Paoro Armored Transport Aruba.

El oro en barras de Venezuela que compran las refinerías de Europa y Medio Oriente, que luego de ser refinado se convertirá en joyas y piezas electrónicas en el mercado internacional, esconde un origen no tan luminoso. El Arco Minero, lugar de donde sale este metal precioso, encubre masacres, violación de territorios indígenas y destrucción del ambiente. Por no mencionar su comercialización fraudulenta.

A mediados de 2018, la sangre volvió a Tumeremo y a las minas que rodean este pueblo enclavado en el sur del estado Bolívar. Solo entre agosto y octubre, se denunció la muerte de 47 personas que cayeron en medio de enfrentamientos entre bandas de delincuentes, guerrilleros y funcionarios de la Guardia Nacional y del Ejército. A pesar de que durante 2016 y 2017, el gobierno aseguró que mitigaría la violencia en el lugar a través de sus "Operaciones de Liberación del Pueblo" (OLP) –operativos mixtos en los que se practicaron centenas de ejecuciones extrajudiciales en las zonas más pobres del país como lo confirmó la investigación "OLP: La máscara del terror oficial en Venezuela" – esta nunca se ha ido de allí.

En marzo de 2016, Tumeremo fue noticia a raíz de la masacre de 17 mineros. Pese a que desde hace más de un lustro las matanzas son frecuentes en la zona, aquel suceso se volvió una referencia porque los familiares de las víctimas cerraron durante días el tránsito por la única carretera que los comunica con el resto del país y por donde además se llega hasta Brasil.

La razón de todas las balaceras tiene explicación en las pugnas territoriales que hay en el área minera del sur de Venezuela. Allí el control de los yacimientos lo ejercen los "pranes", es decir, los jefes de organizaciones criminales que cobran en oro el ingreso que cada minero para explotar el metal precioso.

La masacre de 2016, de acuerdo con la versión oficial, sucedió porque Jamilton Andrés Ulloa Suárez, conocido como "El Topo", arremetió contra los trabajadores que se encaminaban hacia un yacimiento cercano al Hato Atenas para "limpiar la zona" y sacar de allí a la banda que dominaba esos predios: la de Alexandro Lisandro González Montilla, apodado "El Gordo". Sin embargo, varias fuentes coinciden en que la raíz de la tragedia fue el Arco Minero del Orinoco (AMO), el proyecto del chavismo que habilitó casi 112 mil kilómetros cuadrados para explotar minerales a través de empresas mixtas nacionales e internacionales. La intención de quitar de en medio al grupo armado, aseguran desde dirigentes políticos hasta habitantes de Tumeremo, era despejar y preparar el lugar para las compañías que recibieron concesiones en el proyecto gubernamental.

Con el decreto del AMO, el gobierno venezolano no solo reconfirmó su poder sobre los minerales del sur del país, sino que comenzó una avanzada de las fuerzas de seguridad sobre las minas. Así se ejecutaron 12 incursiones que dejaron a su paso 80 muertes. Pero los ataques no fueron iguales en todos los yacimientos.

En la zona de El Perú, en El Callao, se focalizaron la mayoría de las OLP. El lugar, dominado por la banda de Alejandro "Totó" Ochoa, fue el escenario de al menos seis de estos operativos. Sin embargo, sus moradores y trabajadores denunciaron que todas las semanas arribaban militares al sitio.

"A mí hasta ahora no me han malogrado, pero hace 15 días me quitaron las 6 gramas de oro que había conseguido durante todo un día de trabajo. Y hace un mes llegaron disparando y hasta matando gente, a mí me tocó correr. Ese fue un grupo grande, entraron muchos ese día. Llegaron encapuchados y vestidos de militares", relató un minero de El Perú al referirse a las repetidas incursiones que el Ejército hace en las zonas de extracción.

Los alrededores de esta mina tampoco estuvieron exentos de la acción violenta de las autoridades. En yacimientos como San Miguel, Santa Rita, Caratal y Santa Fe se ejecutaron otros seis operativos con un saldo de 13 víctimas.

La historia es otra en Nacupay, al noreste de El Callao, uno de los sitios que durante los primeros dos años del AMO quedó fuera del alcance de las incursiones de los uniformados. En 2017, se convirtió en una de las sedes predilectas de la propaganda del gobierno, a raíz de la creación de las Brigadas Mineras del Sur –integradas por trabajadores artesanales– en el marco del Arco Minero del Orinoco.

"Aquí nunca van a llegar las OLP porque aquí están las empresas de los militares", decía en 2017 desde un pequeño escritorio uno de los 'lugartenientes' del Tren de Guayana, la megabanda delictiva que por ese tiempo comandaba las operaciones de extracción en Nacupay. Se refería así a las plantas de procesamiento de arenas auríferas que fueron instaladas en el lugar: El Guayare y La Vanguardia, empresa caída en desgracia luego de que se solicitara la detención de su propietario.

Del oro de sangre a los caminos verde oliva

“Aquí mandan los malandros y los malandros uniformados. ¿Usted sabía eso?”, pregunta un motorizado de El Callao justo antes de emprender un viaje corto hacia las primeras quebradas y barrancos en donde con pico, pala, batea, detector o maquinaria, se extraen las pepitas doradas que todos codician y pocos controlan. Con sus palabras confirma un secreto a voces: el poder por esos lados también lo detentan los militares, quienes se alían con los delincuentes para aprovechar el oro que se extrae.

Uno de los más férreos críticos sobre la actuación interesada de los uniformados en las minas del sur de Bolívar es Américo De Grazia. El 13 de junio de 2017, durante una rueda de prensa sobre las primeras investigaciones que hizo el Parlamento sobre el AMO, los acusó de ser los verdaderos beneficiarios finales del oro.

"Ellos (el gobierno) no están esperando las grandes transnacionales, eso no es verdad, y por eso hemos dicho que el oro, el diamante y ahora el coltán, en Venezuela, y fundamentalmente en el Arco Minero del Orinoco, se van por los caminos verdes, y yo le agrego 'verde oliva', porque nada de esto es ajeno a esa élite militar que está comprometida y que, obviamente, es una de las que sostiene y mantiene al régimen de Maduro aún hoy en el poder", exclamó.

Esa afirmación la secunda un vendedor de oro del sur, quien insiste en que el preciado mineral se va a las manos de los "generales de Caracas". No se explica tampoco cómo a los yacimientos llegan perforadoras y excavadoras, cuando solo entre Puerto Ordaz, la principal ciudad del estado, y el centro de El Callao, hay 8 puestos de control policiales y militares.

Pero no solo el generalato de la capital saca réditos de los yacimientos. El famoso "Tren de Guayana", una de las organizaciones criminales que opera en la zona y que era comandada por "Capitán" –cuyo verdadero nombre era Phanor Vladimir Clemente Ojeda, quien a mediados de octubre pasado murió durante un enfrentamiento con la Dirección de Contrainteligencia Militar en el estado Miranda–, fue frecuentemente relacionado con el ex gobernador de Bolívar, Francisco Rangel Gómez, un militar retirado que fue compañero de promoción del ex presidente Hugo Chávez en la Academia Militar. "Capitán" fue también el máximo líder de varias minas de los municipios Roscio y Piar.

 

El otrora mandatario regional también fue vinculado con otros poderosos "pranes" –una palabra que proviene de las cárceles venezolanas y que denota al recluso que se convierte en el mandamás del internado– del sur como Juan Gabriel Rivas Núñez, conocido como "Juancho", quien opera los yacimientos de Las Claritas (al sur del municipio Sifontes); y con el "Sapito", que manda en los de La Paragua (municipio Angostura).

Los lazos de la autoridad regional con la extracción ilegal de oro están respaldados con las revelaciones hechas por dos funcionarios. Uno de ellos es el comisario jefe del Sebin, José Gregorio Lezama, quien en un informe entregado en enero de 2016 al entonces director general de ese cuerpo, Gustavo González López, acusó a Rangel Gómez de fortalecer a las bandas armadas que controlan las minas del sur de la entidad. Lo hizo, según él, en combinación con quien fue el secretario de Seguridad Ciudadana de su despacho durante 8 años, el general Julio César Fuentes Manzulli.

"Es casi imposible aprehender algún miembro de la delincuencia organizada que no esté conectado con el general Julio César Fuentes Manzulli, brazo fuerte del gobernador Rangel", concluye un extracto del informe de Lezama.

Otra de las afirmaciones del diputado De Grazia sobre la violencia en las minas es que las masacres e incursiones del Ejército aumentan cuando "desde arriba" se cambia de mando. Eso ha sucedido justo después de las elecciones de gobernadores de octubre de 2017, cuando Rangel Gómez fue reemplazado por Justo Noguera Pietri, un militar que desde 2014 detentó la presidencia de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) e hizo lo propio desde 2016 con la Siderúrgica del Orinoco "Alfredo Maneiro" (Sidor).

Desde que Noguera llegó al poder han ocurrido 14 matanzas en 12 meses, 55 % más de las ejecutadas en 2017, cuando se registraron nueve. Tres de estas ocurrieron en manos de los militares y cuatro fueron cometidas por otro actor que juega en favor del gobierno: el Ejército de Liberación Nacional (ELN) que arribó a territorio venezolano en medio del proceso de desmovilización que se lleva a cabo en Colombia, y que desde tiempos de Hugo Chávez ha contado con el apoyo del Ejecutivo.

Lo que hoy se vive en las minas, según De Grazia, "es una nueva etapa de una situación que siempre ha existido, pero ahora más por el cambio de gobernador", afirmó en una entrevista concedida para esta investigación en julio pasado. Tres fuentes consultadas en Tumeremo y Puerto Ordaz coinciden en que Noguera también están en el negocio de los yacimientos.

"La oposición también dijo que había una fábrica de armas químicas en alguna parte del territorio nacional. La oposición ha dicho muchas cosas que son bárbaras… Esos han quemado gente", afirmó Noguera a Runrun.es en julio de 2018 en Upata cuando se le preguntó si en las minas había un cambio de gobierno por su llegada. Cuando se le volvió a preguntar, solo se limitó a contestar: "quien tiene la razón, no da explicaciones. Buenas tardes".

Según De Grazia, hoy, "las minas ya no tienen pranes", porque este poder fue traspasado al ELN. "En principio pensábamos que era el Frente de Liberación Hugo Chávez Frías. Después desmintieron. Luego dijeron que era el Frente Bolivariano de Liberación. Luego que era ELN. Ahora aseguran que son desertores del ELN contratados por la elite militar para sustituir a los pranes por nuevos operadores", sentenció.

En medio de los juegos de poder está el metal precioso y codiciado que sale de las minas, el mismo que antes de llegar a Europa pasa por las manos de los mineros asediados por las armas de las bandas criminales, la guerrilla y las fuerzas del Estado. El oro venezolano está, en realidad, bañado de sangre.

Violencia en el Arco Minero del Orinoco

Entre abril de 2016 y septiembre de 2018, han ocurrido 40 eventos violentos en el área destinada mediante decreto a la explotación de materiales estratégicos al sur de Venezuela. Sólo en un año, durante la gestión del gobernador Justo Noguera Pietri, se registraron 14 matanzas en la tierra de las minas de oro.

Cómplices y responsables

"El expolio de las minas de oro en el sur de Venezuela se está aproximando a una situación similar a la de los diamantes de sangre en África", sentenció el director de la Oficina de Financiación Terrorista y Crímenes Financieros del Tesoro de Estados Unidos, Marshall Billingslea, el 24 de octubre de 2018 en Washington. Al mismo tiempo, presentó un compendio de amenazas que representa el Arco Minero manejado por el gobierno venezolano: daño al medio ambiente y poblaciones indígenas, destrucción de bosques, creación de enormes lagunas contaminadas con mercurio y otros químicos, brotes de malaria y dengue que se propagarán por la región con millones de refugiados. "Será una catástrofe medioambiental durante décadas", subrayó.

Billingslea alertó sobre el comercio de oro sin control medioambiental ni de contabilidad que están financiando las supuestas redes de corrupción que sostienen el gobierno de Nicolás Maduro como también lo advirtió el 1ero de noviembre de 2018 el asesor de seguridad de Donald Trump, John Bolton, al anunciar sanciones a quienes hagan transacciones "fraudulentas y corruptas"con el oro venezolano.

Existen algunas regulaciones internacionales para bloquear la compra de "metales conflictivos" que en el caso de Venezuela siguen sin aplicarse.

Venezuela reúne todas las banderitas rojas de la explotación y comercio irregular de oro. Si se revisa el Manual de la Debida Diligencia para cadenas de suministro responsables de Minerales en las áreas de conflicto o de alto riesgo de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), el país tiene las características para ser identificado como un "Estado de conflicto y alto riesgo", entendido como una zona donde existe inestabilidad política, represión, fragilidad institucional, inseguridad, abusos graves y generalizados a los derechos humanos, colapso de la infraestructura civil, violencia generalizada y violaciones a la soberanía nacional e internacional.

Aunque Venezuela, Curazao y Aruba no son países miembros de la Ocde, sí lo son Holanda, Suiza, Bélgica y Turquía que compran el oro a Venezuela o bien sirven de escala para el tránsito de esa mercancía. Esta condición es suficiente para estar obligados a vigilar las relaciones con los países en conflicto que comercia oro, en un esfuerzo por frenar la minería ilegal y las violaciones de los derechos humanos que conlleva esta actividad ilícita.

Son objeto de la regulación de los minerales de áreas de conflicto o de alto riesgo de la OCDE todos aquellos actores involucrados en la cadena de suministros de minerales, que implica llevar un mineral en bruto al mercado de consumo, desde el lugar de extracción hasta su incorporación al producto final para el consumidor. Incluye la extracción, transporte, manipulación, negociación, procesamiento, fundición, refinado, aleación, fabricación y venta del producto final.

En mayo de 2017, otra propuesta para la regulación de los minerales conflictivos fue lanzada por la Unión Europea, que no sólo incluyen el oro sino también tántalo, estaño y tungsteno, utilizados en la industria de la joyería, fabricación de celulares móviles y carros. El propósito es detener la importación de minerales conflictivos por parte de países de la UE, controlar que las refinerías internacionales y de la UE los compren como materia prima y frenar el abuso contra los trabajadores mineros en países en riesgo. Las compañías en UE deben asegurarse de comprar minerales y metales únicamente a fuentes responsables. Da plazo hasta el primero de enero de 2021 para que las empresas se adapten.

Los riesgos asociados a la cadena de comercialización del oro que involucra no sólo a los productores en las minas y los importadores de oro en la UE sino también a los actores en las fases iniciales de la cadena, como procesamiento, comercio y exportación, también están contemplados en la Recomendación de la Unión Europea 2018/1149 de la Comisión firmados el 10 de agosto de 2018, que ofrece las directrices para identificar zonas en conflicto y de alto riesgo relacionados con la cadena de suministro de conformidad con el Reglamento (UE) 2017/821 del Parlamento Europeo.

"No podemos obviar que el oro que se trafica ilegalmente desde Venezuela es comprado por empresas de otros países a las que no les importa su procedencia, la criminalidad, la violencia que implica la explotación de las minas al sur de Bolívar", afirma la abogada Mildred Camero, ex presidenta de la Comisión Nacional contra el Uso Ilícito de Drogas (Conacuid) . "El Arco Minero nace de una irregularidad. Con su lanzamiento en 2016 y la creación del Mindeminec, el gobierno hace entrega de concesiones mineras de 112 kilómetros cuadrados correspondientes a una reserva ambiental e indígena, para la cual no se hizo ningún estudio de impacto ambiental ni se consultó a las comunidades indígenas, tal como lo dicta la Constitución de Venezuela".

Para la experta en crimen organizado internacional, la situación en el Arco Minero se ha complicado con la llegada de grupos de desmovilizados de la guerrilla colombiana como el ELN, que se han ido apropiado de la zona de explotación de minerales estratégicos como el oro, diamante y coltán, desplazando a los pranes (cabecillas de bandas irregulares que controlan la explotación en las minas), que forman parte de una estructura de delincuencia organizada en las minas.

Según El Pitazo, el ELN están presente en seis estados del país; en tres de ellos (Bolívar, Guárico y Amazonas) se dedican específicamente a la extracción de oro. En el caso del último estado, el modus operandi, según relató un trabajador de las minas a El Pitazo, es poner a los indígenas a extraer el oro, pagarles y luego trasladar el mineral de forma ilegal a Colombia.

Mientras que Insight Crime señala que diferentes eventos en 2018 indican la presencia del ELN en 12 estados, es decir la mitad del territorio nacional: Táchira, Zulia, Apure, Trujillo, Anzoátegui, Lara, Falcón, Amazonas, Barinas, Portuguesa, Guárico y Bolívar. Entre las actividades a las que se dedican, está el contrabando de gasolina, tráfico de ganado, extorsión, narcotráfico, reclutamiento de menores y minería ilegal.

"La guerrilla colombiana en Venezuela se está involucrando en todos los negocios, ya no sólo el narcotráfico sino también en el tráfico de oro y coltán", considera Camero. Y utiliza dos vías de fuga: la primera, sacan el oro vía Aruba y Curazao a otros países donde es comprado por refinerías de oro. La segunda, lavan el dinero producto de la droga comprando oro que a su vez es vendido a empresas en el extranjero. Se trata un modus operandi que se viene aplicando en países como Colombia y que autoridades internacionales han denunciado.

Ya la Defensoría del pueblo de Colombia ha identificado la vinculación de grupos ilegales con el tráfico de oro en la etapa de postconflicto. El 6 de abril de 2018, en ocasión de la presentación del informe "Economías ilegales, actores armados y nuevos escenarios de riesgo en el posacuerdo", la institución denunció que tras los acuerdos de paz, el Ejército de Liberación Nacional (ELN); las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y las disidencias de las Farc están ocupando territorios donde se violan los derechos humanos y se cometen infracciones en su interés de controlar el narcotráfico y la minería ilegal.

En departamentos colombianos como Chocó, Nariño y Cauca, los grupos irregulares controlan casi en su totalidad la explotación y comercialización del metal precioso desde la mina. También, el informe de la Defensoría colombiana señala que actores como alcaldías y agentes policiales se ven envueltos en actos de corrupción para garantizar la continuación de la extracción ilícita de oro.

Para Camero, el problema es aún más grave porque estas mafias de grupos insurgentes en Venezuela están actuando en una zona económica militar, donde el Ejército venezolano les brinda logística y seguridad en la zona. "Se ha creado una especie de paralelismo entre las drogas y el oro. Este último resulta más fácil de traficar que la droga porque es más fácil de manipular, difícil de rastrear, tiene menos controles, no depende del suelo ni condiciones atmosféricas para su cultivo".

La fiebre del oro también sube en un país con hiperinflación, desempleo y crisis humanitaria. "Traficar un kilo de oro puede resultar más atractivo que hacerlo con un kilo de cocaína en estos tiempos, por todos los ahorros que implica la cadena de comercialización", agrega Camero. "Eso sí, sin importarles que generan un problema ambiental, violencia, prostitución, enfermedades. Con el tráfico de oro estamos perdiendo todos los venezolanos".

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