Los legisladores del Frente Progresista CC-ARI pidieron la urgente intervención al Poder Ejecutivo Provincial, para exigir a la Empresa Minera Sierra Grande el cumplimiento del acuerdo firmado con el gobierno garantizando la fuente laboral y las condiciones de trabajoen el yacimiento.
Jorge Ocampos y Daniela Agostino presentaron una iniciativa donde señalan que “la localidad de Sierra Grande nos muestra una historia de contrastes colmada de grandes desafíos, con épocas de gran prosperidad económica y social por un lado, seguidas por crisis de una profundidad inusitada”.
Recuerdan la historia de la localidad y señalan que en 1969, con la creación de Hierro Patagónico Sociedad Anónima (HIPASAM) comenzó la explotación de la que se constituiría en la mina de hierro más grande de América del Sur. Las reservas totales de la cuenca, se estimaban en 500 mil millones de toneladas. La localidad llegó en esa época a contar con 20.000 habitantes.
También la iniciativa de Ocampos y Agostino alude al año 1989 cuando durante su campaña a presidente, el entonces candidato Carlos Menen pronunció la frase que aún permanece en el imaginario colectivo local: “Desde el socavón de la mina de Sierra Grande comenzará la Revolución Productiva”. Dos años después, en 1991, siendo ya presidente decretó el cierre del yacimiento, por lo que esta localidad sufrió una pérdida económica y humana inconmensurable.
Los legisladores marcan que mas tarde el gobierno provincial de la época provincializó la empresa para ponerla en actividad nuevamente, evitando de esta manera el desguace que se estaba produciendo de equipos e insumos. Así se creó la empresa provincial Hierro Patagónico Rionegrino Sociedad Anónima (HIPARSA). Sin embargo, recién en el año 2005 pudo reactivarse la mina a partir de la inversión realizada por capitales de origen chino, haciéndose cargo del yacimiento la empresa Leng Cheng Mining.
“El camino recorrido no ha estado exento de dificultades. En el año 2013, legisladores rionegrinos denunciaron los condicionantes que el gobierno nacional de entonces imponía a la empresa al encarecer arbitrariamente los fletes marítimos obligándola a operar con determinadas empresas de transporte. En abril del 2014, el gerente General de MCC señalaba “no tenemos agua ni para los baños”, debiendo paralizar parcialmente la producción por la rotura de los acueductos que abastecían de agua a Sierra Grande, Playas Doradas y a la minera” señalan los diputados.
Además aluden a lo ocurrido durante los últimos días de febrero de este año cuando la empresa despidió a 101 trabajadores argumentado una situación económica insostenible por los motivos expuestos. Días después, se dio a conocer un acuerdo entre la empresa y el gobierno provincial mediante el cual éste se comprometía a subsidiarla con un aporte de 44 millones de pesos y, como contrapartida, la minera asumía el compromiso de mantener su dotación de empleados durante el Ejercicio 2016 en los 413 puestos que a la fecha del acuerdo integraban su plantel. A partir de dicho compromiso, la empresa no puede desvincular persona alguna invocando cuestiones económicas.
Finalmente señalan que “el considerable esfuerzo económico de la provincia no está siendo correspondido por la empresa dado que, para los trabajadores despedidos, su eventual reincorporación está llena de condicionamientos y carente de certezas”.
