Casi seis decenas de proyectos que buscan de alguna manera frenar o contrarrestar los tarifazos en los servicios públicos se acumularon en el Congreso en los últimos tres meses, presentados por legisladores de diferentes partidos políticos.
Peronistas, socialistas, radicales, trotskistas y kirchneristas firmaron 59 iniciativas distintas con la intención de salvar a algunos sectores de la suba de las tarifas o, directamente, como en el caso de Margarita Stolbizer y Victoria Donda, derogar el decreto presidencial de febrero que dispuso la revisión tarifaria y habilitó los nuevos precios de los servicios.
Al igual que sucedió con los despidos y, ahora, con la situación de las Pymes, la cuestión de las tarifas es un reclamo que cruza a todo el arco opositor y que el principal bloque de ese espacio en Diputados, el PJ-Frente para la Victoria, quiere capitalizar políticamente. Por ello, según fuentes del bloque que conduce Héctor Recalde consultadas por El Cronista, el PJ-FpV intentará incorporar el tema tarifas en la próxima sesión de la Cámara baja. Será difícil, dado que el oficialismo planea tratar solamente proyectos sobre flagrancia y técnicas de investigación y la oposición necesitará el voto de los dos tercios del recinto para agregar textos que no hayan logrado dictamen de comisión.
En principio, el PJ-FpV quiere impulsar, junto a Myriam Bregman (PTS-Frente de Izquierda), beneficios para las fábricas recuperadas que atraviesan dificultades serias debido al tarifazo. Por ello, el martes último, Recalde recibió en su despacho al Movimiento Nacional de Fábricas Recuperadas, que en el país son unas 350 y emplean a más de 25.000 trabajadores. El diputado y abogado laboralista buscará escenificar el reclamo del sector la semana próxima, antes de la sesión, con una convocatoria al Congreso.
Recalde presentó un proyecto para crear el régimen de tarifa social en servicios públicos para cooperativas de trabajo de fábricas recuperadas, que propone retrotraer los valores de los servicios de electricidad, gas y agua a los valores previos al tarifazo; y que se sumó a los otros 58 proyectos que, tanto en Diputados como en el Senado, tocan el tema tarifas de servicios públicos.
De todos, el más radical es el que lleva las firmas de Stolbizer (GEN), Donda, Federico Masso y Graciela Cousinet (Libres del Sur) y que propone derogar el decreto 367/16, por el que el presidente Mauricio Macri habilitó los nuevos regímenes tarifarios. El texto busca, además, derogar todas las resoluciones ministeriales que contienen los incrementos de precios y dispone que un eventual nuevo cuadro de valores deberá surgir de una "revisión integral de la estructura tarifaria de los servicios públicos de energía eléctrica, gas natural, agua potable y desagües cloacales, y transporte de pasajeros".
Para los diputados, esos valores deberán asegurar "el mínimo costo razonable para los usuarios compatible con la seguridad del abastecimiento". La iniciativa fue presentada el 10 y aún espera a ser debatida en comisión.
Otros proyectos al respecto llevan las firmas del senador Salvador Cabral (subsidio de tarifas a cooperativas); la diputada Diana Conti (mantener tarifas sin aumentos a clubes de barrio); la senadora Graciela De la Rosa (restitución de subsidios a usuarios del noreste); la diputada Nelly Lagoria (precios diferenciados para los consumos de gas durante el invierno en Chubut); la diputada Cecilia Moreau (excluir a las universidades nacionales); el diputado y ex gobernador Luis Beder Herrera (compensar a los productores olivícolas de La Rioja); el diputado y también ex gobernador José Luis Gioja (dejar sin efecto los incrementos para los pro ductores de Cuyo) y el diputado y ex ministro Julio De Vido (declarar en emergencia energética a las asociaciones civiles y cooperativas).
El fuerte aumento en las tarifas del gas y de la electricidad dispuesto por el gobierno de Mauricio Macri hace crujir los engranajes de Cambiemos en el Congreso. El malestar se hace sentir fuerte en el radicalismo, donde los incrementos se han convertido en el catalizador de las críticas contenidas que muchos miembros de este sector de la alianza oficialista mantienen con las políticas del Poder Ejecutivo.
Atentos a esta situación, los bloques de extracción peronista esperan agazapados y listos para agudizar las contradicciones de la coalición de gobierno. El escenario podría ser el Senado, adonde Guillermo Pereyra (MPN-Neuquén) pretende convocar al ministro de Energía, Juan José Aranguren, a la Comisión de Minería, Energía y Combustible, que preside el líder de los petroleros privados.
La citación se encuentra, por ahora, en stand by. Pero el Frente para la Victoria (FPV) podría apoyarlo y activarlo en cualquier momento, y todo indica que la UCR no haría nada para detenerlo, a pesar de que la orden de la Casa Rosada es evitar a cualquier costo que Aranguren asista al Congreso a dar explicaciones sobre la política de su área.
"Depende de cómo concluyan las negociaciones entre los gobernadores y el Poder Ejecutivo, pero si no hay arreglo va a ser difícil evitar que Aranguren comparezca", se sinceró ante LA NACION un senador radical. Por lo pronto, la reunión de la semana pasada entre el ministro de Energía y su par de Interior, Rogelio Frigerio, con los gobernadores patagónicos, en la que el Gobierno aceptó reducir el tarifazo en el gas para la región, parece haber llevado algo de calma, pero no la paz definitiva. Además, todavía falta resolver el aumento en la electricidad, que impacta fuerte en las provincias del NEA (noreste argentino).
El aumento de las tarifas es motivo de rispideces en Cambiemos desde hace bastante tiempo para los radicales, que ya le habían advertido a principios de año al Gobierno sobre el impacto que la medida podría tener en el interior.
Así, dos legisladores recordaron que las primeras quejas se escucharon durante el "retiro espiritual" de los bloques parlamentarios de la UCR celebrado en Luján en febrero pasado. En aquel encuentro, y tras escuchar las exposiciones optimistas de Frigerio y del jefe de Gabinete, Marcos Peña, el senador Luis Naidenoff les salió al cruce. "Ustedes dicen que la gente viva a Macri diciendo «sí, se puede» en cada lugar que va, pero cuando llegue el aumento de las tarifas van a terminar diciéndoles «nos están matando» porque la medida se tomó pensando en el vecino de Palermo y no en el hombre del interior", disparó el legislador formoseño en aquella oportunidad.
El tema volvió a surgir en el último encuentro del comité nacional de la UCR. Tras la reunión, surgió un pronunciamiento público contra la reforma política que impulsa el macrismo. Pero voceros del radicalismo confesaron a LA NACION que el debate viró hasta convertirse en una fuerte catarsis por el aumento de las tarifas y su impacto en las expectativas electorales del centenario partido. El más duro en sus quejas, según confiaron las fuentes consultadas, fue el chubutense Mario Cimadevilla, ex senador hoy a cargo de la Secretaría de Estado que sigue las causas de la AMIA y de la muerte del fiscal Nisman.
La molestia radical es, en realidad, más profunda y tiene que ver con un tema recurrente desde que Macri llegó a la Casa Rosada: la escasa participación que el centenario partido considera que tiene en las decisiones del Gobierno, más allá de la participación de varios de sus dirigentes en el gabinete.
Así, en la última reunión de bloque de los senadores de la UCR, la semana pasada, hubo un fuerte encontronazo entre el jefe de la bancada, Ángel Rozas (Chaco), y el pampeano Juan Carlos Marino. "Ustedes van a la Casa Rosada a articular espacios para sus provincias, pero se olvidan del resto", fue el reproche que recibió el chaqueño, que, junto al jefe de la bancada de diputados, Mario Negri, participa de las reuniones de los martes entre el Gobierno y sus referentes legislativos.
"La sensación que queda es que no hay confianza, que se nos entretiene con palabras, pero que no hay respuestas a los planteos políticos del partido", explicó un senador radical, que, no obstante, se mostró comprensivo con sus correligionarios. "El Gobierno deja a Rozas y a Negri en una situación muy compleja", afirmó.
La mira radical apunta a hombres como Ernesto Sanz y Gerardo Morales. Pretenden que hagan pesar su buena relación con el Poder Ejecutivo para que el partido sea escuchado. Lo concreto es que el malestar crece y que hay voces que piden marcar diferencias con la Casa Rosada, "Hay algunos que escuchan a Carrió y reclaman tener una agenda más dura con el Gobierno", alertó un diputado.
Juan José Aranguren- Ministro de Energía
Es el blanco de todas las críticas por los aumentos en las tarifas de servicios. A las quejas de los gobernadores se suma el radicalismo, en donde crece el malestar por el impacto electoral que tendrán las medidas de la cartera de Energía. Además, recuerdan que ya en febrero la UCR había alertado en contra del tarifazo
Guillermo Pereyra- Senador MPN-Neuquén
El líder del sindicato de los petroleros privados pretende citar a Aranguren a la Comisión de Minería, Energía y Combustible, que preside, para que explique el tarifazo en los servicios públicos. Por el momento, el FPV no ha realizado movimiento alguno, pero podría apoyar la convocatoria si los gobernadores no obtuvieran respuestas a sus reclamos. La UCR no haría nada para impedirlo
