Una disputa millonaria y de grandes extensiones. Tan extensa como la zona cordillerana de Atacama y tan millonaria como la gran minería que ahí se desarrolla. Así es la batalla legal que libran desde 2012 dos familias de empresarios y una minera canadiense en los pedregosos y ricos suelos de la Tercera Región. Todo, originado por diferencias de deslindes de dos estancias vecinas de dimensiones tales, que en una foto satelital la cercana ciudad de Vallenar aparece como una referencia insignificante en el mapa.
Según confirmó El Mercurio, se trata de una disputa que se escenifica en un territorio que suma -entre todos sus actores- unas 250 mil hectáreas, constituyendo el paño con dueños conocidos más grande de Chile, sin considerar el Parque Pumalín.
Los contendores del caso: por el norte, el empresario Víctor Rissetto Vaccarezza, dueño de la Estancia Jarillas, y la minera canadiense Relincho Copper, de Teck, que compró parte de las tierras de Rissetto en 2009. Por el sur, Christie Ltda, propietaria de la vecina Estancia El Molle.
Rissetto es representado por el abogado del Estudio Jurídico Otero, Rodrigo Nelson. La minera -también demandada por Christie- es representada por el Estudio Carey, y Christie por los abogados Jorge Villalobos y Francisco Ferrada.
El resumen del pleito: en marzo de 2012, Christie entabló un juicio civil por reivindicación de un bien raíz contra Rissetto y contra Relincho Copper. A la vez, presentó una querella por estafa contra el empresario de origen italiano -sobreseída mientras dure el juicio civil-, a quien acusa de haberle usurpado una parte de sus terrenos e incluirlos como parte de las tierras que vendió en 2009 a la Minera Relincho.
Según los representantes de Christie, la usurpación denunciada se habría materializado mediante la inscripción en 2009 en el Conservador de Bienes Raíces de Vallenar de un plano y minutas de deslindes que -según plantean- habrían generado una superposición de terrenos que habría afectado a la Estancia El Molle en 50 mil hectáreas. De ellas, 36 mil habrían sido vendidas a la minera, según la parte demandante.
En simple, según el abogado de Christie, Jorge Villalobos, Rissetto habría corrido los límites de su terreno hacia el sur, y parte de ellos los incluyó en la venta a la empresa canadiense. Por ese terreno que supuestamente no le pertenecía -dice Villalobos-, Rissetto habría obtenido US$ 7 millones.
Cercanos a la defensa de Rissetto discrepan de esa versión y aseguran que los planos no han sido alterados y que solo se hicieron precisiones habituales para actualizar deslindes que han sido validados por todas las entidades competentes, incluyendo el Conservador de Bienes Raíces, el Instituto Geográfico Militar (IGM) e Impuestos Internos.
-¿A qué atribuyen la demanda y la querella? Simplemente a que la minera decidió comprarle a Rissetto, y no a Christie.
Esas fuentes explican que no es efectivo que haya una superposición de terrenos ni usurpación de 50 mil hectáreas, lo que -señalan- quedaría en evidencia a partir de un oficio del Servicio de Impuestos Internos de Copiapó del 4 de agosto de 2014 que señala que la superficie de la estancia El Molle desde que se tiene registro de ella (2004, fecha en que fue incluida en el catastro de datos del SII) alcanza un total de 30 mil hectáreas, con lo cual difícilmente podrían haberle usurpado las 50 mil hectáreas que reclama el demandante.
“Evidentemente, estamos muy confiados en nuestra postura, la cual ha sido avalada sistemáticamente por todos los organismos e instituciones competentes que les ha tocado intervenir en distintos aspectos del asunto”, afirmó el abogado del Estudio Otero y representante de Rissetto, Rodrigo Nelson.
Villalobos, por su parte, relativiza el peso de ese antecedente: “Las cabidas que informa el Servicio de Impuestos Internos no es información fidedigna necesariamente, ni siquiera las cabidas que informan los títulos de dominio son necesariamente correctas. Lo importante, lo que marca la pauta, son los (certificados) de deslindes. Y si hay alguna discrepancia, debe resolverse a favor de los deslindes”, afirma el abogado.
Consultada sobre el juicio, la directora de Responsabilidad Social y Asuntos Corporativos de Teck, Amparo Cornejo, se limitó a señalar “que nos encontramos en una posición legal sólida que esperamos que prevalezca. Nuestra compañía no comenta públicamente los detalles de procesos legales que se encuentran en manos de los tribunales competentes; en este sentido, confiamos en que el Segundo Juzgado de Letras de Vallenar resolverá este litigio de manera satisfactoria”.
En medio del juicio surgió una inesperada arista: Producto del estudio de los antecedentes del juicio, los abogados de Christie descubrieron -según aseguran- que a raíz del mismo trámite de subdivisión de los predios se habrían afectado unas 27 mil hectáreas de predios fiscales.
“Esto ha significado una pérdida para el Estado de mínimo US$ 130 millones, ya que se trata de terrenos altamente atractivos para la minería”, afirma el abogado Jorge Villalobos.
Para sostener su posición, los representantes de Christie apelan a un estudio de terrenos realizado por el Ministerio de Bienes Nacionales en 2013 que confirmaría la superposición de terrenos en esa zona, antecedentes que fueron puestos a disposición del Consejo de Defensa del Estado (CDE) en octubre de 2014, sin que hasta ahora ese organismo haya emprendido acciones legales al respecto, señala Villalobos.
En el Consejo de Defensa del Estado (CDE), en tanto, aseguran que el organismo sí ha estado vigilando este caso: “El Consejo tiene pleno conocimiento del conflicto jurídico que enfrenta a estos particulares, y tomará oportuna y fundadamente las decisiones que corresponda para cautelar debidamente el patrimonio fiscal”, señalaron desde ese organismo.
Otros conocedores del caso agregan que si el CDE no ha tomado acciones concretas todavía, es porque el informe entregado por Bienes Nacionales en 2014 -al que hace alusión la parte demandante- no da certeza para discernir si hay o no perjuicio fiscal.
En 2015, de hecho, el CDE le solicitó a Bienes Nacionales información complementaria sobre este caso. Consultado sobre esta materia, en Bienes Nacionales señalaron por escrito que el fisco no es parte de estas causas, pero que el Consejo de Defensa del Estado clasifica ambos juicios como “Causas en Vigilancia”, en las cuales no tiene participación, pero sí son de relevancia para los intereses del fisco, y cuyos antecedentes se encuentran actualmente en estudio.
Según los representantes legales de Christie, la supuesta modificación de los límites de la Estancia Jarillas habría tenido otros efectos sobre los intereses del Estado: Rissetto habría obtenido US$ 2,3 millones por concepto de derechos de servidumbre (línea eléctrica) de parte de SCM Minera Lumina Copper, para su proyecto Caserones, que pasan por una franja de terrenos bajo propiedad de Rissetto, pero que según los denunciantes le pertenecen al fisco.
Agregan que para la aprobación de esta transacción, el CDE se basó en un plano confeccionado por la seremi de Bienes Nacionales de Atacama que valida los deslindes planteados por Víctor Rissetto, los que serían contradictorios con los planos oficiales. El Ministerio de Bienes Nacionales, a nivel central, está revisando si el procedimiento seguido esa vez por la seremi para confeccionar el plano fue conforme a los títulos de propiedad del Estado.
¿Podría eventualmente el Estado involucrarse en este caso, que hasta ahora solo afecta a particulares? “El Ministerio de Bienes Nacionales, en razón de la información entregada por los organismos competentes, se encuentra evaluando en conjunto con el Consejo de Defensa del Estado las acciones a seguir, que pueden ser hacerse parte en dichos procesos u otra que se determine, con el propósito de garantizar y velar por los intereses (del Estado)”, indicaron en el ministerio.
En esta secretaría de Estado agregaron que el ministerio no puede presentar acciones directamente, sino solo a través del CDE, organismo que evalúa internamente los pasos a seguir.
En mayo de 2013, los abogados de Christie hicieron una denuncia ante el Ministerio de Bienes Nacionales y el Consejo de Defensa del Estado sobre este tema. Cuatro meses después, este último organismo encargó un informe de estudio de títulos, el que habría concluido que hay superposición de terrenos. Pese a lo que arroja ese estudio -señala Villalobos-, el Estado ha seguido utilizando los planos diseñados por Rissetto en otras operaciones que involucran intereses fiscales, y no los planos oficiales.
“Ese plano no oficial corresponde a un mapa de la región dibujado utilizando el software AutoCAD y que coincide con la falsa delimitación de deslindes inscritos por Rissetto en 2009, que se contrapone claramente con el plano catastral de las estancias fiscales, vigente desde el año 1978”, señala Villalobos.
Entre los argumentos de la parte demandante se señala que la propiedad de los terrenos en disputa pertenecen a la familia Christie desde 1873, cuando Meliton Samit (ancestro de la familia Christie Samit) compró a Joaquín de Oliveira Alvez los predios conocidos entonces como Fundo Ramadilla y Estancia El Molle.
Pero cercanos a la contraparte discrepan: señalan que no existen los supuestos planos históricos sobre los límites de estos terrenos y que el plano más antiguo es el de 1978, el que sería perfectamente concordante con el inscrito en 2009.
“El Conservador no es un buzón, sino que tiene la historia registral de las propiedades; no inscribe a diestra y siniestra. Los dos planos (el de 1978 y el de 2009) son iguales, y solo se hicieron precisiones para actualizar deslindes”, señalan fuentes cercanas a la defensa de Víctor Rissetto.
¿Qué viene? Antes de fin de año debería haber un pronunciamiento en primera instancia, y, salvo que haya un acuerdo, se pasará a la Corte de Apelaciones y luego a la Suprema, con lo cual el proceso podría extenderse hasta 2018.
