La pelea en los tribunales por los aumentos de tarifas de luz y gas tendrá costos para los usuarios. No se medirán sólo en términos económicos, sino que impactarán en la calidad del servicio en los próximos meses y obligarán al Estado a asistir a las empresas con subsidios para pagar salarios y hacer obras. Al menos así lo entiende Edenor, la mayor distribuidora eléctrica del país por cantidad de clientes, que atiende a siete millones de hogares en el norte y noroeste del Gran Buenos Aires y el norte de la Capital Federal.
La compañía eléctrica envió anoche una nota a la Comisión Nacional de Valores (CNV) en la que manifiesta su incertidumbre respecto del futuro de su actividad.
Según la empresa, si se extiende la falta de definición sobre la suba de tarifas lanzada por el Gobierno en febrero, se enfrentará a una "insuficiencia de fondos disponibles [que] pondría en riesgo las operaciones de la empresa, que deberá incurrir nuevamente en atrasos en el pago de la energía que adquiere en el MEM [Mercado Eléctrico Mayorista], la paralización de las inversiones y el recorte de otros gastos operativos, de los cuales los salarios representan un 80%".
Pablo Fernández Blanco publicó en La Nación que la nota fue firmada por el apoderado de Edenor, Carlos Ariosa, y resume los efectos de la disputa judicial entre el Gobierno y las asociaciones de consumidores sobre la empresa, que en términos anuales le reportará un déficit de caja del orden de los 4800 millones de pesos.
Al igual que en el caso del gas, Edenor y Edesur dejaron de emitir facturas hace días, por lo que tendrán problemas para recuperar el tiempo perdido.
Según señala Arosa en la nota enviada a la CNV, las medidas cautelares que frenan la aplicación del nuevo cuadro tarifario hacen que un 80% de los usuarios de Edenor vuelvan a pagar por el servicio los valores de enero de este año, que tenían un fuerte retraso. A más de un 30% de sus clientes, en tanto, se les aplicará una suspensión de la tarifa retroactiva a febrero, con lo cual recibirán créditos en las próximas facturas.
"Dichos créditos implicarían que los usuarios sujetos a las medidas cautelares retroactivas no deban pagar su factura de electricidad por aproximadamente 16 meses", lamentó la nota de la compañía del grupo Pampa Energía, que conduce Marcelo Mindlin.
Edesur, la distribuidora eléctrica que está a cargo de la concesión en la parte restante de la Capital y del Gran Buenos Aires, recibió el viernes pasado una notificación del ENRE, el ente regulador de la actividad, por la que dispuso frenar la facturación del servicio en la provincia, lo que golpea tanto su recaudación como su operación.
Su situación es similar de compleja, pero no tiene previsto comunicar en el corto plazo esa realidad públicamente, como lo hizo Edenor, que desde hace 17 años no distribuye dividendos y también frenó la facturación para acatar la decisión judicial.
Al igual que en el caso del gas, la Sala II de la Cámara Federal de La Plata dispuso el 7 de este mes una medida cautelar que suspendió por tres meses las resoluciones del Ministerio de Energía, a cargo de Juan José Aranguren, y del ENRE, por la que se fijaba un nuevo cuadro tarifario para el ámbito geográfico de la provincia de Buenos Aires.
"Están en muy mala situación todas por la herencia. Ni que hablar con la suspensión por tres meses. La judicialización produce inquietud, porque en el fondo está en juego la seguridad energética del país. Deberíamos seguir para adelante, no suspendiendo sino modificando las cosas que hubiera que modificar", explicó Francisco Mezzadri, consultor especializado en energía eléctrica.
El fallo de la justicia federal les abrió la puerta a algunos problemas que van más allá de la salud económica de las empresas. Por caso, al anular las últimas resoluciones que regulaban al sector hizo desaparecer la tarifa social, por lo que los hogares de menores recursos recibían de forma gratuita los 150 kWh que consumían en cada período. Sólo en la zona de Edenor ese beneficio llegaba a 600.000 clientes.
Además, reinstaló el subsidio para algunas empresas como Mercedes Benz, Peugeot, Acíndar, Atanor, Nobleza Piccardo, Cargill y Unilever, entre otras. Y provocó que un millón de clientes vuelvan a pagar facturas mínimas de $ 50 por mes.
Tanto Edenor como Edesur esperan que la Justicia defina el nuevo cuadro tarifario en agosto, algo que ocurrirá, por ejemplo, si la Corte admite un recurso extraordinario para que revise los fallos que hicieron lugar a las medidas cautelares.
Si la Justicia no define el tema con cierta velocidad, es muy probable que ambas empresas le vuelvan a pedir ayuda al Estado para sostener su operación, un pedido que va directamente en contra del objetivo oficial de reducir subsidios. Edenor lo sugirió en la nota de ayer: dado que los fallos de la Justicia que suspenden los aumentos derogan las últimas resoluciones, vuelven a cobrar vigencia las normas del kirchnerismo que consolidaron un sistema de fuerte intervención estatal en el sector eléctrico con transferencias frecuentes del Estado.
Las administraciones de Néstor y Cristina Kirchner evitaron aplicar aumentos de tarifas sustanciales durante los 12 años que el matrimonio estuvo en el poder. Cuando esa situación se hizo imposible de sostener por parte de las empresas, el Estado comenzó a enviarles cada vez más fondos.
El Ministerio de Energía difundió ayer las importaciones de gas de Bolivia en lo que va del año. El gráfico muestra que, si bien las compras estuvieron por encima de lo contratado varios días del año, hubo períodos de fuerte restricción que muestran un "grado de cumplimiento" menor al establecido en los contratos. Eso ocasionó restricciones a la industria local.
