Mauricio Macri no piensa sino en el aumento de tarifas. Hace bien. Esa decisión está en el corazón de su estrategia económica y de su vulnerabilidad política. El recorte en el subsidio del gas y de la luz es el único ajuste previsto por un programa fiscal que, en todo lo demás, apuesta al gradualismo. Por lo tanto, la medida está en relación directa con el principal problema que Macri debe resolver: la inflación. No sólo porque recién cuando se asimile el nuevo costo de la energía se advertirá con claridad que los precios se están estabilizando. También porque la reducción del auxilio estatal a los consumidores de servicios públicos permitirá disminuir la emisión monetaria.
El incremento en las tarifas plantea, además, una amenaza política. Para entenderlo basta con mirar atrás. Ya en enero de 2005 el atraso en el valor del gas y la electricidad provocaba entredichos entre Néstor Kirchner y Roberto Lavagna.
Néstor Kirchner y su esposa, aun cuando nadaban en un océano de poder, se paralizaron cada vez que percibieron la conveniencia de abandonar la demagogia tarifaria. Esa negligencia está en la raíz del desbarajuste económico que dejó Cristina Kirchner. Las subvenciones transformaron un desequilibrio sectorial en un drama macroeconómico. Agigantaron el déficit fiscal y obligaron a descomunales importaciones de combustibles, que determinaron una crisis de reservas monetarias. Detrás del cepo cambiario estuvo siempre el populismo energético.
Macri debe resolver esta herencia desde una ecuación de poder mucho más débil. Además, el retiro de los subsidios amenaza un flanco vulnerable de su imagen: afianza la presunción de que, como es un empresario acaudalado, carece de sensibilidad frente a quienes pasan privaciones.
Sobre estas dificultades se recorta una semana decisiva. Mañana, Juan José Aranguren será interrogado por un plenario de comisiones en la Cámara de Diputados. Fue una concesión del oficialismo a Sergio Massa, para evitar que el Frente Renovador se sume al kirchnerismo en el rechazo al aumento de tarifas. La otra encrucijada tendrá lugar en Tribunales: el jueves, la Corte se pronunciaría sobre las tarifas.
Como ocurre cada vez que Macri está al borde del infarto, algún kirchnerista acude a rescatarlo. Aranguren será interpelado por Julio De Vido, que preside la Comisión de Energía. ¿Se puede pedir más? El censor de la solución es el responsable del problema. Los representantes de Cambiemos piensan ir a la reunión con carteles que identifican cada uno de los dislates energéticos del ex ministro. Macri ordenó blindar a Aranguren. El jueves, Emilio Monzó y Mario Negri, sus jefes parlamentarios, gestionaron con Alieto Guadagni lo que, al día siguiente, sería la constitución de un consejo consultivo de ex secretarios de Energía.
El duelo empezó fuera del Congreso. Marcos Peña desafió a De Vido, que por razones comprensibles cultiva el ausentismo, a concurrir a la sesión. Laura Alonso, desde la Oficina Anticorrupción, fue más provocativa: dejó trascender que denunciará al ex ministro por subsidios irregulares a la empresa Más Energía, de Miguel Shvartzbaum, opulento vecino del Upper East Side, con vista al Central Park.
De Vido respondió con una catarata de tuits que lo hizo resbalar hacia el riesgoso terreno de la ética. Se abrazó a una denuncia de Graciela Camaño sobre exportaciones de gas metano. Aranguren prometió en el gabinete que lo primero que contestará es "ese disparate técnico". Pero el daño de De Vido ya está hecho. No al Gobierno, sino a Massa. El diputado deberá desacoplarse del ex ministro antes de que le recuerden que cuando era jefe de Gabinete lo tenía como subordinado. Desde Mar del Plata, Massa aclaró: él no es el ajuste, pero tampoco la corrupción. No dio nombres.
En Cambiemos piensan acorralar a De Vido exponiendo los negociados que habilitaron sus errores técnicos. Por ejemplo, Claudio Bonadio investiga la importación de combustibles, que complica al precursor menemista de De Vido, José Roberto Dromi. Tampoco duerme tranquilo Roberto Baratta, el "José López" de la Energía. El debate tarifario puede trasladar los escándalos de la obra pública a las fechorías energéticas.
La otra prueba que el Gobierno deberá superar esta semana está en la Corte. Es un reto jurídico y político. La estrategia judicial fue motivo de debate en el gabinete. Al comienzo, la gestión estuvo a cargo de Carlos Balbín, el procurador del Tesoro, que llevó sus explicaciones a los jueces, incluso a algunos de la Corte. Por eso Macri desechó las advertencias de su asesor Fabián Rodríguez Simón.
La semana pasada cambió de planes. El Presidente interrogó a Rodríguez Simón ante otros miembros de su equipo: "A ver, Pepín, ¿qué está funcionando mal?". Rodríguez Simón quedó al frente del problema, como soporte legal de Gustavo Lopetegui, el vicejefe de Gabinete a cargo de Energía.
Macri aspira a que la Corte convalide el ajuste. Sus funcionarios han redactado dictámenes para justificar que no haya llamado a audiencias públicas. Alegan que se actualizaron los precios, pero no se formuló un nuevo cuadro de tarifas. Y sostienen que el artículo 42 de la Constitución prevé esa intervención ciudadana, pero delegó la metodología en una ley que aún no se dictó. Citan el caso "Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires c/ Secretaría de Comunicaciones", en el que Ricardo Lorenzetti afirmó que la audiencia no es el único modo de garantizar la participación de los usuarios.
El Presidente hizo gestiones para que instituciones profesionales acompañen su posición. Pero el margen para evitar las audiencias es pequeño. Sobre todo por un detalle: María Eugenia Vidal las realizó, en julio, en la provincia.
Macri enfrenta, además, un reto político. Aun cuando Carlos Rosenkrantz jurará el lunes próximo, el de las tarifas será el primer fallo de la nueva Corte. Por eso para el oficialismo es relevante la opinión de Horacio Rosatti. La designación de dos nuevos jueces pretendió neutralizar a Lorenzetti, quien había perdido la confianza de Macri al restituir el 15% de la coparticipación a tres provincias. Quiere decir que para el Presidente sería difícil justificar que Rosatti le vote en contra, sobre todo si Lorenzetti, con quien habla todas las semanas, está dispuesto a cooperar. Si ése fuera el desenlace, Lorenzetti tendrá derecho a esbozar una sonrisa.
A pesar de que algunos magistrados se irritaron cuando Aranguren alertó sobre la gravedad de un fallo adverso, el pronunciamiento de la Corte es un misterio. Los votos han comenzado a bocetarse durante este fin de semana. ¿Convendrá al Gobierno que el fallo se postergue? ¿Será mejor esperar a Rosenkrantz? Macri mantiene una línea siempre abierta con Ernesto Sanz, su puente con el máximo nivel de la Justicia.
La resolución del dilema energético desnuda algunos rasgos salientes del modelo de gestión oficialista. El más notorio es la tendencia a menospreciar la dimensión político-institucional de las decisiones. Macri ya tropezó una vez con esa piedra. El empeño por ajustar las tarifas prescindiendo de las audiencias repite el de designar dos miembros de la Corte evitando el acuerdo del Senado. También entonces disponía de argumentos reglamentarios. Pero debió retroceder.
Otra propensión llamativa es suponer que, si es correcta desde el punto de vista técnico, la gestión se justifica por sí misma. Macri comunica mucho, pero explica poco. Un ejército hace circular sus emociones por las redes sociales. Pero no se le ocurrió elaborar siquiera un aviso para informar que un 87% de los usuarios ya pagaron, con menos del 500% de aumento. Y que 83% lo hicieron por menos de 500 pesos. Tampoco le pareció necesario consignar que el Estado se sigue haciendo cargo, a pesar de los ajustes, del 35% de la factura del gas y del 65% de la de la luz.
La negociación política también es deficiente. En mayo, Rogelio Frigerio y Aranguren consiguieron que los gobernadores del PJ convalidaran el aumento, con topes regionales. Pero después, de manera subrepticia, se aceptaron esos límites para el precio del gas o la electricidad, y no para toda la factura. Ahora los diputados más duros obedecen a aquellos jefes provinciales.
La relación con Massa es otro festival de mala praxis. Peña y Mario Quintana lo recibieron en la Casa Rosada hace diez días. E incorporaron al Presidente a la reunión. Fue para pactar la agenda parlamentaria. Sirvió de poco. Una semana más tarde, Massa estuvo a punto de unirse al kirchnerismo para derribar el aumento de tarifas. El error es evidente. ¿Cómo comprometer a Massa sin sentar a la mesa a los responsables legislativos de Cambiemos? Más: ¿cómo comprometer a Massa sin la presencia de Vidal, que le ha dado todo en la provincia? A mayor dificultad, el equipo de Macri se cierra más sobre sí mismo.
Estas deficiencias no salvan a Massa de cometer, de nuevo, un desacierto. Es bastante evidente el papel que le asignó la historia: emancipar al peronismo de la trampa populista en la que lo introdujeron los Kirchner. Está fuera de duda que la antipática actualización energética es indispensable para esa modernización. Massa conoce este designio. Pero lo puede el corto plazo. Como con la doble indemnización, prefiere desfigurar su liderazgo conceptual con tal de ganar medio punto en las encuestas. El magisterio de los Kirchner.
Aunque todavía no se note, gran parte de la presidencia de Mauricio Macri se jugará en los próximos diez días. Esa partida se decide por ahora en los despachos de la Corte Suprema de Justicia, que deberá resolver sobre quién fija las tarifas de luz y gas, cómo se pagarán y desde cuándo regirán. Una decisión negativa para el Gobierno podría arruinar su plan antiinflacionario, justo cuando la inflación dio los primeros síntomas de una tendencia a la baja.
Ocho meses después de haber asumido, Macri está en el momento potencialmente más frágil de su gestión. El peronismo olfateó esa debilidad y le propinó la primera sesión autoconvocada por los diputados, una maniobra que unió desde el huraño kirchnerismo hasta el oportuno massismo, pasando por el peronismo disidente y la izquierda diversa.
Salvo los que abonan la electricidad mediante débito automático, el resto de los argentinos (la gran mayoría) está viviendo un paraíso artificial en el que no se paga ni la luz ni el gas.
La Cámara Federal de La Plata suspendió los aumentos de gas en todo el país con una sentencia definitiva y le ordenó al Gobierno que convocara a audiencias públicas, según el mandato de la ley. El 70% de los clientes de Edenor no paga la electricidad por una cautelar que beneficia a cuatro grandes municipios del conurbano. Con más de 50 jueces interviniendo en el conflicto, los usuarios de Edesur tampoco pagan, con excepción de los que tienen débito automático. Muchos argentinos (argentinos al fin) están pidiendo salir cuanto antes de ese sistema de débito. El Gobierno les pidió a las empresas de gas que no facturen por el momento.
En mayo y junio, el 75% pagó en la provincia de Buenos Aires las facturas con aumentos. Para peor, el Gobierno tropezó con el febrero más caliente de los últimos años (lo que aumentó el consumo de electricidad) y con el mayo más frío también de los años recientes (lo que elevó la necesidad de gas). La crisis de las tarifas dejó al Gobierno con empresas energéticas desfinanciadas y le impuso al Tesoro la obligación de conservar los subsidios. Los subsidios de luz, gas y agua significan el 75% del enorme déficit fiscal que la actual administración heredó en diciembre. Un 10% más se explica por subsidios a otras empresas. Sólo el 15% restante se aplica al conflicto social. Raro: la ayuda social no se puede extender y mejorar (aunque algo se ha hecho en ese sentido) para que la clase media alta y la alta no paguen la luz y el gas. Esa es la revolución nostálgica que dejó el cristinismo. Revolución o contrarrevolución, se trata de un explosivo a punto de detonar.
Un aspecto poco analizado del problema es que el sistema energético no depende sólo de las tarifas. Tampoco el país tiene posibilidades de importar más energía. Esto es: si la fiesta tarifaria se extendiera mucho más, y los argentinos corrieran a consumir más energía gratis, el sistema colapsaría definitivamente. Bolivia está entregando sólo el 70% de sus exportaciones de gas a la Argentina, porque Brasil es la prioridad de sus ventas gasíferas. Por eso, la Argentina debió importar gas de Chile, que a su vez lo importa de países asiáticos. Carísimo.
El sistema eléctrico está también a un paso de derrumbarse. El Estado debe acudir en auxilio de las eléctricas para que puedan pagar los salarios de sus trabajadores. La inversión es un proyecto del que, en las actuales condiciones, ni se habla. La Argentina es, en efecto, un país extraño: subsidia el consumo de energía cuando importa energía y, encima, subsidia el precio del petróleo crudo que exporta. El Estado se hace cargo de los derroches sociales y de asegurar las ganancias de las petroleras. Macri siguió con este subsidio de Cristina (por el que el petróleo argentino es el más caro del mundo) para no desatar un conflicto laboral en el Sur que podría poner en riesgo el abastecimiento de gas.
Hay, por lo tanto, un problema fiscal y un embrollo con el obsoleto sistema energético. Los jueces de instancias inferiores resolvieron según tres pautas. Algunos lo hicieron convencidos de que decidían de acuerdo a derecho. Otros se dejaron llevar por la ideología, francamente antimacrista. El resto (y no son pocos) actuó según la ley de la demagogia judicial.
El Gobierno cometió sus propios errores. No convocó en el momento oportuno a audiencias públicas por los aumentos en el transporte y la distribución de la luz y el gas. Son audiencias informativas, que no tienen efecto vinculante con la decisión final. No sólo no cumplió con una orden expresa de la ley; también ignoró que desde 2001 todas las decisiones políticas controversiales son judicializadas. Es lo que le pasa a la administración. Ahora, ya tarde, está en discusión si las audiencias deben hacerse también por el precio del gas en boca de pozo o el de la electricidad en el instante de su generación.
La Corte Suprema de Justicia tiene en sus manos la resolución de la Cámara de La Plata, que impugnó sobre todo la falta de audiencias públicas en el caso del gas. Pero la decisión del máximo tribunal podría establecer también una jurisprudencia sobre las tarifas de electricidad. La Corte dará a conocer su decisión sobre la cuestión de fondo a fines de la semana que comienza o, a más tardar, a principios de la siguiente. No hay dudas en la Corte sobre algunos aspectos básicos en discusión. Primero: la facultad de fijar las tarifas de los servicios públicos es del Poder Ejecutivo. Segundo: la función de los jueces no consiste en determinar el precio de los servicios públicos. Tercero: tampoco el Congreso está facultado para resolver sobre tarifas; su participación es esencial en el caso de los impuestos, pero no en el de las tarifas. Cuarto: los aumentos deben ser razonables, aunque no existe un parámetro para definir la razonabilidad, en esta instancia al menos.
Hay, sin embargo, un aspecto crucial del asunto sobre el que todavía no hay consenso entre los cuatro miembros de la Corte. ¿Las audiencias públicas deben hacerse también sobre el precio del gas en boca de pozo y sobre las de la electricidad en su generación? Una ley de 1991 establece que las audiencias deben realizarse sólo para los precios del traslado y la distribución. La reforma de la Constitución de 1994 amplió el derecho de los usuarios, pero es un artículo genérico sobre el medio ambiente, sometido por lo tanto a diversas interpretaciones. La diferencia entre una interpretación y otra es clave. Si las audiencias debieran hacerse sobre el precio de boca de pozo, las tarifas volverían a los precios que tenían el día en que se fue Cristina Kirchner. Y desalentarían, además, las inversiones petroleras y gasíferas, porque teóricamente se trata de un mercado no regulado, como sí lo son el transporte y la distribución, monopolios naturales.
Si todo regresara al momento del adiós de Cristina, el Gobierno necesitaría de 80.000 millones de pesos adicionales para subsidiar a las empresas. El 75% de la sociedad que pagó aumentos tendría créditos a favor por varios meses, durante los que no pagaría nada. Costaría el valor de la recaudación impositiva de dos blanqueos como el que ofrece Macri, si se tiene en cuenta que el fisco espera recaudar unos 3000 millones de dólares. Podría pedirle al Banco Central una emisión extra de pesos por ese valor, pero tal decisión avivaría el fuego inflacionario. "Eso sería acercarse a la hiperinflación", pronosticó Macri ante sus ministros. O podría, por último, pedir créditos por 5 o 6000 millones de dólares para pagar la luz y el gas. Si endeudarse para gastos corrientes es ya una decisión difícil de explicar, hacerlo para subsidiar los servicios básicos de la sociedad sería un absurdo político y económico.
La Corte recibe insistentes llamadas hasta de gobernadores peronistas para que resuelva según la gravedad institucional. Algún funcionario también intentó vanamente una mediación. "Esta es la Corte Suprema, no una dependencia del Poder Ejecutivo", recibió como respuesta.
Sea como sea, lo cierto es que el máximo tribunal busca un atajo, y no sabe si lo encontrará, que signifique dos cosas al mismo tiempo. Puede simplificarse así: que el Gobierno cumpla con la obligación legal de convocar a las audiencias, pero que ese requisito no termine provocando, con la eventual anulación de los aumentos tarifarios, una monumental crisis económica y política. El Presidente vacila, expectante, ante ese final de partida.
