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ECONOMÍA
El fallo de la Corte golpeó al Merval. Efecto limitado. Opciones oficiales para obtener fondos
19/08/2016

Para el mercado, el revés judicial por el gas daña al Gobierno pero tiene efecto limitado en las acciones

MINING PRESS/Cronista

La Corte Suprema falló ayer en contra del aumento de tarifas para clientes residenciales por considerar que se deberían haber realizado audiencias públicas y la misma se prepara para girar a la procuradora Alejandra Gils Carbó la causa que puso freno a la suba de tarifas de luz, en lo que podría ser otro revés judicial similar para la política energética oficial. Esta noticia se sintió en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y acciones dentro del sector perdieron 2% en promedio. Pero analistas y operadores señalaron que el impacto no es tan bursátil como macroeconómico.

Nery Persichini, economista de Inversor Global, considera que este fallo es un golpe en el corto plazo y que lastima las señales positivas que venía mostrando el Gobierno en línea con el ajuste de precios relativos. "Este escenario en el cual se retrasa el ajuste tarifario hace retroceder varios casilleros a las políticas económicas del Gobierno y complica el equilibrio fiscal y los objetivos que se plantearon para el 2017. Es una amenaza también para la política anti inflacionaria del Gobierno y representa un obstáculo para el logro de objetivos de estabilidad macroeconómica", dijo.

Respecto de los impactos en el mercado financiero, Persichini considera que esta noticia no debería golpear el bull market (mercado alcista) dentro del cual tanto el Merval como las energéticas vienen desarrollando, más aún en un contexto bursátil en el cual el sector no ha operado fundamentals desde 2012 a la fecha, al menos: "El mercado opera en forma irracional y probablemente las energéticas vayan a recuperarse a mediano plazo. Cuando venga el dinero del exterior busquen inversiones atrasadas, allí van a estar las energéticas".

El analista cree además que la realidad es heterogénea en el sector y si bien ve mayor atractivo en otros rubros, destaca que Pampa Holding es la más sana por estar bien diversificada en su estructura de negocio. Persichini le gusta el sector energético pese a la noticia de hoy considera que es, en realidad, "una oportunidad de compra aunque sólo para inversores arriesgados que puedan tener una tolerancia al riesgo aceptable".

En una alerta a sus clientes, la consultora Elypsis que dirige Eduardo Levy Yeyati sugiere que según sus estimaciones, en términos fiscales, las consecuencias inmediatas son limitadas y que el dictamen de la corte representará un gasto adicional de u$s 1200 millones en 2016.

El riesgo se concentra en la posible extensión del fallo hacia otros ajustes tarifarios. "Creemos que la extensión al segmento comercial puede ser rápida, mientras que el caso industrial es más incierto. El mayor riesgo, sin embargo, se concentra en su extensión al ajuste de las tarifas eléctricas en enero, con un impacto más significativo en términos fiscales".

Luego de la medida de la corte, la consultora ha elevado su proyección de bache fiscal para este año a 4,8% (desde 4,4%) y que la noticia implica un significativo riesgo tanto en términos de crecimiento como de inflación. Adicionalmente la consultora sugiere que el impacto adverso de la noticia sobre las expectativas de inversión privada son aún difíciles de estimar. "El fallo, que eleva el poder adquisitivo de la clase media urbana a expensas de la inversión en energía, consolida el desplazamiento de un crecimiento motorizado por la inversión a uno mixto con un fuerte pilar en el consumo, más cercano al patrón exhibido en años anteriores", dice el informe.

Ignacio Corsiglia, operador de Corsiglia y Cia., señaló la situación generada por el fallo como una oportunidad de compra de acciones de empresas con tarifas regulados, "claro que para inversores que toleren riesgo".
"Creo que el fallo es un poco ambiguo, en cuanto a que en partes del mercado se tomó mal –fueron golpeados Pampa Energía y Edenor, Metrogas sufrió pero se recuperó– porque las empresas no van a poder cobrar el aumento de gas residencial. Pero el lado positivo del fallo es que eso representa sólo el 26% del consumo total del país. Además, lo que más se cuestiona es la falta de audiencias, algo fácilmente resoluble, al tiempo que si bien se habla de razonabilidad de tarifas no aparecen límites objetivos en el fallo. Además es bueno saber que se va a una resolución y no que el tema se extiende", dijo Corsiglia.

"Creo que los inversores más arriesgados, de mediano y largo plazo todavía se ve una salida al problema de las tarifas reguladas, aunque se haya convertido en un dolor de cabeza para el Gobierno. Yo personalmente diferenciaría empresas como Pampa Energía de otras como Metrogas que tienen balances muy complicados, pero aún así se vieron apuestas de riesgo hasta por esa empresa después del fallo", concluyó.

Alejandro Bianchi, director de inversiones de Invertir On line, coincidió con la lectura benigna del revés judicial. "El fallo es un poco acotado, porque es solamente para gas y solamente para usuarios residenciales. Por ejemplo, todo el gas que se usa para generación en las centrales eléctricas térmicas no está alguna manera le va a permitir hacer alguna clase de audiencia para determinar otra forma de ajuste tarifario", dijo.

Deuda, recorte en obra pública y blanqueo, las opciones oficiales para obtener fondos

EL CRONISTA

El fallo de la Corte Suprema que frenó ayer el aumento a la tarifa del gas hogareño le generó un nuevo conflicto al Gobierno que busca mantener la meta de déficit fiscal.

La decisión de aumentar la tarifa había sido tomada por el presidente Mauricio Macri, quien definió sobre tres posibles opciones que le presentó el ministro de Energía Juan José Aranguren. Ahora, es también el propio Macri quien definirá entre otras tres opciones para paliar el déficit de $ 10.000 millones que generaría el freno al tarifazo sobre el gas y poder cumplir con la meta de reducir el déficit fiscal a un 4,8%.

Según pudo saber El Cronista la primera es utilizar fondos que ingresen del blanqueo de capitales. La segunda es emitir deuda y la tercera es recortar fondos de la obra pública.

El ala económica buscará convencer al Presidente que elija entre las últimas dos opciones, deuda u obra pública; y que no se utilicen los fondos que puedan entrar con el plan de exteriorización de capitales del que todavía no hay información respecto a los ingresos obtenidos.

De elegir este camino, Hacienda volverá a preparar una nueva emisión. En poco menos de ocho meses el Gobierno ya emitió, sin contar la deuda con los holdouts, por u$s 9950 millones, aumentando alrededor de seis puntos el peso de la deuda sobre el PBI respecto del 2015, pasando del 25% al 31% del producto.
La otra opción que buscarán imponer es el recorte de los fondos disponibles para la obra pública y es la que, por lo menos por sus dicho públicos, contaría con el aval del jefe de Gabinete, Marcos Peña.

El ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, había anunciado un plan de algo más de $ 70.000 millones en obra pública para el segundo semestre. Gran parte de esto iba a llegar replicando el decreto del primer semestre que estableció un plan de obras por $ 98.000 millones, entre las que está el soterramiento del Sarmiento.

Pero no todos están de acuerdo en optar por el recorte en ese área. "Desde Interior no vamos a bajar ninguna obra. Sigue todo en pie y avanzando" aseguraron fuentes cercanas a Frigerio.

La ventaja que tiene este sector es que no necesita los fondos juntos y que las licitaciones se pueden espaciar en el tiempo. Es decir, no cae ninguna obra, sino que cambia el ritmo. Pero entre las empresas privadas ligadas a la obra pública no se mostraron tan optimistas, más después de los dichos de Prat-Gay y Marcos Peña.

Desde las constructoras afirmaron que el sector se comenzó a dinamizar "porque se activó un ambicioso plan" y que esa inercia de obras, "que tardaron en empezar, no se detendrá".

Sin embargo, mirando hacia adelante reconocieron que el plan de obra pública cuyo financiamiento aún no está completo "se nutre de varias fuentes" y entiende que la decisión de la Corte "obligará al Gobierno a reasignar partidas para cerrar las cuentas".

En ese contexto, los privados calculan que se "recortará alrededor del 10%" de los fondos destinados para la obra pública en el segundo semestre. Se estima que hay $ 75.000 millones para obras para lo que queda del año, si se cumplen esa estimación obtendrían gran parte de los fondos que necesitan.


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*La información y las opiniones aquí publicados no reflejan necesariamente la línea editorial de Mining Press y EnerNews

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