Luego del golpe político del fallo de la Corte Suprema, el gobierno de Mauricio Macri analiza instrumentar un nuevo esquema de aumentos de tarifas para el gas, que no se regiría por un tope del 400% para usuarios residenciales y 500% para comercio e industrias, sino que se segmentaría según las distintas regiones del país.
La organización de las audiencias públicas para el gas, exigidas por la Corte en su fallo que frenó los aumentos del gas para usuarios residenciales, fue uno de los principales temas de la reunión de gabinete que hoy por la mañana encabezó el presidente Macri.
Sin embargo, el nuevo esquema tarifario se estudia en un grupo reducido.
"Todavía está muy en análisis. No habría un tope de 400% y 500% sino una tarifa segmentada por regiones en todo el país. Se están estudiando distintas alternativas", señaló a LA NACION una fuente oficial de la Casa Rosada que participa del estudio.
El nuevo grupo de trabajo lo conforman el propio Presidente, la vicepresidenta Gabriela Michetti, el jefe del gabinete Marcos Peña, los vicejefes Gustavo Lopetegui y Mario Quintana, los ministros Rogelio Frigerio (Interior) y Alfonso Prat Gay (Hacienda) y el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó.
"Los números de cómo impacta cada aumento por regiones lo analizarán Alfonso Prat Gay y el ministro de Energía, Juan José Aranguren ", señaló uno de los funcionarios involucrados en el proyecto.
Cerca de Macri aseguraron a LA NACION que el Gobierno no hará propuestas en las audiencias del 16 de septiembre próximo. "Nosotros vamos a escuchar, no a proponer y luego se analizarán todas las conclusiones y eventualmente se hará una modificación por regiones de acuerdo a los valores que se obtengan", dijo un allegado a Macri.
Luego de la reunión del gabinete, en el Salón Eva Perón, el Presidente informó que durante el encuentro se analizó el tema audiencias. "Se están organizando las audiencias; también se habló del trabajo, este mes los números van a dar levemente positivos (en creación de empleo), y hablamos del tema Gómez Centurión", dijo el jefe del Estado.
En el entorno de Macri creen que el apartado titular de la Aduana, Juan José Gómez Centurión, es inocente pese a las denuncias anónimas de corrupción en su contra.
En el entorno presidencial aventuran que si se descubre que las grabaciones que sustentan la denuncia son editadas, Gómez Centurión sería repuesto inmediatamente en su cargo. "Creemos que fue una cama berreta de las mafias de la Aduana", señaló uno de los hombres del Presidente. "Pero había que apartarlo para investigar", aclaró.
Sobre la relación con el controvertido empresario Carlos Oldemar Barreiro Laborda, ex dueño de Lo Jack, en la Casa Rosada se escuchó la siguiente interpretación: "Era un buen informante de Gómez Centurión. Eso no implica complicidad. Si de él recibía información está perfecto, para desarticular a las mafias hay que tener información de cómo se hace".
LA NUEVA
Fue el tema principal de la larga reunión del gabinete nacional de esta mañana. Hasta allí llegó Mauricio Macri con una propuesta, que no es nueva y que el presidente escucho personalmente tiempo atrás de algunos gobernadores, para darle un corte definitivo al injusto sistema de pago del servicio del gas.
Se trata de un plan para "regionalizar" el precio de ese servicio tanto a domicilio como a comercios e industrias, lo que de movida dejaría de lado el esquema de aumentos con topes de 400 % en el primer caso y de 500 % en el restante que el equipo de técnicos del ministro Juan José Aranguren recomendó aplicar allá por el mes de febrero. Y que provocó un tembladeral político del que el gobierno logró salir no sin pagar algún costo luego de la decisión de la Corte Suprema de Justicia de excluir de ese esquema a los consumos residenciales.
"Después del fallo (de la Corte) el presidente nos pidió hoy analizar un nuevo esquema que deje de lado los aumentos dispuestos y en cambio cobrar el precio del gas según la región del país de que se trate", dijo una alta fuente de la Jefatura de Gabinete al término del encuentro en el Salón Eva Perón, donde el llamado a audiencias públicas para canalizar por la vía legal el tema del aumento de ese servicio, y más adelante el de las tarifas de luz y probablemente del transporte deberá llevar adelante el gobierno para ponerse en línea con lo que dispone la ley al respecto, ocupó buena parte de la agenda.
El nuevo esquema de tarifas por región recién ahora ha entrado en fase de análisis y su marco definitivo quedó en manos de una comisión que conformó el presidente, en la que llama la atención la ausencia del ministro de Energía Juan José Aranguren, responsable directo del tema dentro del esquema de gobierno.
En cambio, ese grupo que comenzó a funcionar desde ahora mismo es el gabinete político que encabeza el propio Macri y que integran centralmente la vicepresidente, Gabriela Michetti; el Jefe de Gabinete, Marcos Peña, los vicejefes Gustavo Lopetegui y Mario Quintana; los ministros del Interior, Rogelio Frigerio, y de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay; y los titulares de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, y del Senado, Federico Pinedo.
El ingreso de Aranguren a ese grupo de análisis vendrá por otro costado, dijeron las fuentes que asistieron a la reunión. El ministro deberá encarar con Prat Gay, por separado de la comisión política, el impacto financiero región por región de los números del nuevo esquema tarifario sobre el que quiere avanzar el presidente.
Sin entrar en detalles, el propio Macri se refirió por elevación al tema esta mañana cuando se cruzó con los periodistas acreditados al retirarse del Salón Eva Perón. "Hablamos de las audiencias públicas", informó el presidente. En la Jefatura de Gabinete abundaron un rato después: dijeron que el gobierno no llevará ninguna propuesta de aumentos a las audiencias del 16 de septiembre sino que "irá a escuchar", y que luego de acuerdo a las propuestas de los asistentes se elaborará un esquema tarifario distinto al que se puso en marcha inicialmente, y además dividido por regiones.
La propuesta de Macri "está en primera etapa de análisis", dijo un funcionario, por lo cual no se aclaró si por caso se tomarán algunos consejos de gobernadores al ministro Frigerio, cuando se establecieron aquellos topes que ahora serán dejados de lado, y que en muchos casos no se cumplieron con subas de hasta 1.000 %.
En esa oportunidad los mandatarios dijeron que el gobierno debía tomar en cuenta que no puede pagar lo mismo un usuario de Tierra del Fuego que uno de Jujuy. Y que también debería revisarse la tarifa de los usuarios residenciales considerados de clases pudientes según los registros de la AFIP respecto de los que viven en zonas medias o medias bajas, en especial en la Capital y el conurbano, es decir el Area Metropolitana. Se buscaría en todos los casos darle al nuevo esquema un fuerte sesgo de "equidad".
"Hay varias alternativas que la comisión va a analizar, incluso se tendrán en cuenta las opiniones de los gobernadores, pero la idea central es salir del esquema de aumentos con topes que se habían fijado a partir del primero de abril", dijo el alto funcionario de la Jefatura de Gabinete. Un esquema que, vale recordar, el ministro de Justicia, Germán Garavano, le atribuyó exclusivamente el viernes a Aranguren y sus equipos técnicos.
MARTÍN BIEDEGARAY
Previsbilidad y gradualismo. Esas dos palabras estuvieron en la decisión de la Corte Suprema de Justicia sobre los aumentos en las tarifas de gas. El Gobierno piensa plasmarlas en su convocatoria a la audiencia pública. Allí propondrá que los incrementos en las boletas se extiendan por los próximos cuatro años.
El Estado Nacional subsidia 85% del costo para que haya gas en el país. En la propuesta que llevará a la audiencia, el Gobierno propondrá reducir al 50% el subsidio público para ese sector durante este año. El objetivo sería terminar con 0% de subvenciones hacia el final del mandato del Presidente Mauricio Macri.
El titular del Poder Ejecutivo estuvo reunido ayer durante una hora y media (entre las 15.30 y las 17) con el ministro de Energía, Juan José Aranguren, y Gustavo Lopétegui, uno de los coordinadores del gabinete económico (ver más abajo). Allí se conversaron varias ideas.
La "previsibilidad" estaría dada en indicarle a la industria un sendero de precios para los próximos 4 años. Eso le abriría las puertas a las futuras inversiones en el sector. El "gradualismo" sería en la quita de subsidios.
La reducción de los subsidios se aplicaría a partir de noviembre. Según le explicaron funcionarios a ejecutivos del sector, no queda otra salida. Durante el invierno, el 25% del gas que se consume en el país es importado y se paga en dólares. La única forma de ir achicando el gasto estatal es si los hogares empiezan a pagar una mayor proporción del costo del gas que utilizan.
El objetivo final del Gobierno es llegar a 2019 con una industria del gas regularizada, que siga los parámetros internacionales y sin subsidios del Estado para que funcione el sistema. Para los inversores, habría un sendero de precios en el que puedan moverse e invertir. En el Poder Ejecutivo también saben que algunos importes del sector -como el gas importado- posee un precio internacional fluctuante, donde no se puede tallar.
El Poder Ejecutivo girará una propuesta con sus ideas sobre las tarifas a los distintos eslabones de la industria del gas: las distribuidoras (que llevan gas a los domicilios), transportistas y productores. Los aumentos en las facturas en los hogares serán en etapas. La primera suba se aplicaría ahora, tras las audiencias, y sería la correspondiente a 2016. El resto de los incrementos correrían entre 2017 y 2019.
La idea del Gobierno es bajar los subsidios al gas del 85% actual al 50% para 2016-2017. La eliminación del otro 50% del gasto en subvenciones -para llegar al déficit "cero"- se encararía entre 2017 y 2019. En el Poder Ejecutivo saben que hay elecciones legislativas durante el año que viene, por lo que irán decidiendo esa quita en diferentes etapas, tratando de evitar los costos políticos.
Durante 2015, el gobierno anterior destinó $ 140.000 millones a los subsidios en gas y luz. Eso no evitó que haya que importar los mayores volúmenes históricos y que los cortes de luz se volvieran recurrentes, con la mayor frecuencia y duración de los últimos 25 años.
El Poder Ejecutivo postergó la audiencia pública por las tarifas del gas. Pasó del lunes 12 de septiembre al viernes 16. El mayor plazo servirá para que la Casa Rosada encuentre una propuesta "superadora" para los incrementos en las facturas.
El ala política del Poder Ejecutivo le encomendó al ala técnica que estudie un cuadro tarifario con un modelo que se usa en otros países. Sería un sistema por el cual todas las facturas sean similares a lo largo del año. Los clientes pagarían un monto fijo todos los meses. Eso evitaría números muy altos en el invierno y descenso en el verano. Le daría a los hogares cierta certeza sobre cuánto dinero deben destinar al pago de servicios.
En ese esquema, las empresas distribuidoras informarán a los hogares sobre su consumo anual. Podrían indicarles que el gas demandado por los clientes tiene un valor determinado, que hasta ahora el Estado nacional vino subvencionando en su mayoría. Y que si van a repetir ese consumo, recibirán facturas por un monto más alto (por el menor subsidio estatal), pero a dividir en 12 pagos.
Mientras algunas entidades representantes de las pequeñas y medianas empresas evalúan con sus abogados la presentación de amparos judiciales para lograr un freno en las tarifas de gas como lo hicieron los usuarios domiciliarios tras el fallo de la Corte, la UIA informó ayer que evalúa presentar un escrito al tribunal supremo para que tenga en cuenta la situación de la industria, y especialmente de las pymes, a la hora de decidir sobre eventuales cautelares que presenten las empresas.
Luego de un encuentro del comité ejecutivo, la entidad que preside Adrián Kaufmann informó que contempla la posibilidad de presentarse como "Amicus Curiae ante la Corte Suprema para aportar toda la información disponible sobre la política energética necesaria para el desarrollo industrial".
El Amicus Curiae, que quiere decir "amigo del tribunal", es una expresión latina utilizada para referirse a presentaciones realizadas por terceros ajenos a un litigio, que ofrecen voluntariamente su opinión frente a algún punto de derecho para colaborar con el tribunal en la resolución del tema. Miembros del Departamento de Legales de la entidad confirmaron que la UIA no puede presentar una acción colectiva como institución, aunque sí pueden hacerlo sus socios a título individual. Por lo tanto, evaluarán presentar este escrito a la Corte para fijar posición en materia tarifaria.
Los directivos de la central industrial también resolvieron participar de la audiencia convocada por el Gobierno para discutir el precio y la tarifa del gas, que cambió de fecha y ahora será el 16 de septiembre. Según señaló en el comunicado, el "objetivo será fijar posición respecto al efecto del cuadro tarifario en el área energética, particularmente en las pymes industriales". Serán invitados todos los socios sectoriales y regionales que integran la entidad.
La UIA había anunciado que unas 8000 pymes se encontraban afectadas por el tarifazo, con mayor impacto en las electrointensivas y gas dependientes. Y si bien el tope del 500% para los comercios y pequeñas empresas les llevó algo de alivio, en muchos casos ese incremento también resulta difícil de pagar. Más aún en el actual contexto de caída de actividad económica.
"En la audiencia diremos que estamos de acuerdo con que se regularice el cuadro tarifario, pero teniendo las consideraciones pertinente; no se puede hacer desmedidamente", afirmó el vocal de la entidad, José Urtubey. Además, señaló que "es una oportunidad para el Ejecutivo para escuchar a los distintos sectores y no repetir los errores del pasado".
En el parte de prensa, la UIA también enfatizó que está convencida de que "el diálogo permanente con el sector público es la mejor manera de lograr consensos y el camino indicado para el desarrollo industrial, que deriva en más y mejor empleo". Además, reiteró el compromiso de colaborar en el diseño de una política energética que brinde previsibilidad y precios competitivos para generar el marco adecuado de inversiones que favorezcan la producción industrial.
A su vez, desde la Confederación General Empresaria de la Argentina (Cgera) finalmente resolvieron presentar un recurso colectivo ante la justicia, que todavía está en estudio por los abogados de la entidad. Lo mismo ocurre en la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came).
El bloque de diputados del FpV-PJ adelantó que impugnará la convocatoria a audiencia pública hecha por el Gobierno nacional por la tarifa de gas por considerar que “no cumple con los requisitos del fallo de la Corte Suprema”.
El anuncio lo realizó esta tarde el presidente del bloque Héctor Recalde durante una conferencia de prensa ofrecida en el tercer piso de la Cámara de Diputados.
El diputado consideró que la convocatoria, prevista para el 16 de septiembre, “es engañosa” y “no cumple con los requisitos del fallo de la Corte Suprema”.
Además, sostuvo que para el máximo tribunal “la audiencia pública no es una cuestión formal, sino de fondo”, si bien no tiene carácter vinculante.
En ese sentido, recordó que las audiencias públicas deben contemplar la fijación del precio de gas en boca de pozo, y criticó que estas consultas no se realicen en el interior del país. “Queremos que la convocatoria sea federal”, dijo al respecto.
El pasado jueves, la Corte Suprema de Justicia frenó con un fallo unánime el aumento de tarifas de gas para los usuarios residenciales, no para empresas ni personas jurídicas, ya que los primeros fueron quienes llevaron adelante las demandas contra el Estado.
En el fallo remarcó que "el cumplimiento de la audiencia pública es obligatoria", paso que obvió el Gobierno al tomar la medida. Un día después, la administración macrista la convocó formalmente.
