No hay paz para los glaciares. Un grupo de ambientalistas denunció que el glaciar Toro 1 -por cuya contaminación fue frenado el proyecto binacional Pascua Lama, de Barrick Gold- quedó afuera del inventario de glaciares, ya que los encargados de confeccionarlo adoptaron una serie de definiciones que no figuran en la ley.

El Ianigla es el instituto encargado de confeccionar el inventario de glaciares. Para ello, sus autoridades crearon un documento en el que decidieron que sólo incluirán las masas de hielo que cumplan ciertas características y tengan más de una hectárea, pese a que la ley 26.639 protege los glaciares "cualquier sea su dimensión".

De esta forma, según la denuncia que hoy llegó a la Corte Suprema y a la que Infobae tuvo acceso, quedará afuera del inventario el glaciar binacional Toro 1, que tiene poco más de 700 metros cuadrados del lado argentino de la frontera y sobre el cual está diseñado el rajo del proyecto Pascua Lama.

Lo paradójico es que justamente Pascua Lama, que está repartido entre Argentina y Chile, fue frenado por la Justicia trasandina porque, entre otras cosas, se confirmó la presencia de una capa de partículas de unos centímetros de espesor sobre los glaciares Toro 1 y Esperanza, provocada por la construcción de caminos hacia el yacimiento.

"Es decir que en el país trasandino, donde no existe ley específica de protección de glaciares, no importa su dimensión o superficie para adoptar medidas de protección sobre los mismos, y aquí, en el nuestro, donde sí existe una Ley de Glaciares y la ley no distingue superficie o dimensión, el organismo encargado de inventariarlos los excluye", concluye el escrito presentado hoy ante la Corte Suprema con la firma del abogado sanjuanino Diego Seguí, en el marco de una causa en la que se ventila el incumplimiento de la ley 26.639 en Pascua Lama, ya que el propio estudio de impacto ambiental de Barrick Gold reconoce que su yacimiento está en zonas prohibidas por la ley.

En el Ianigla defendieron su decisión de apartarse de la ley votada por el Congreso. "Metodológicamente, en todo el mundo se toman los glaciares de más de una hectárea, porque además tiene que ver con una cuestión tecnológica por la definición de las imágenes satelitales", explicó a Infobae el coordinador del inventario, Gustavo Costas.

Los ambientalistas descreen de ese argumento, porque aseguran que basta con abrir Google Maps para saber que se pueden ver hasta las piletas de las casas y porque las limitaciones podrían salvarse con trabajo de campo.

Conscientes de esta situación, un grupo de vecinos de la Asamblea Jáchal No Se Toca y de las asambleas antimineras de Mendoza se reunieron el 11 de julio con las autoridades del Ianigla para conocer su opinión. En ese encuentro, Costas y el resto de su equipo reconocieron que reciben presiones, pero defendieron su trabajo. 

Algo que llamó la atención de los asambleístas y fue remarcado en el escrito es que el propio Costas aseguró que el documento del Ianigla es "como la ley", cuando no debería ser necesario aclarar que las normas las hace el Congreso.

Por otra parte, las autoridades del Ianigla insistieron con que los glaciares debían cumplir el requisito de ser un "recurso hídrico estratégico". Sin embargo, la ley en ningún momento lo menciona. Lo único que hace, en su artículo 1, es aclarar que una de las finalidades de la regulación es "preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos", aunque también enumera otros fines: cuidarlos como "fuente de información científica" y "atractivo turístico", y para "proteger la diversidad". En otras palabras, aún si no fueran un "recurso hídrico estratégico", la ley ordena que sean preservados de las actividades extractivas.

Otro tema que se discutió en la reunión con los ambientalistas fue la decisión del Ianigla de no cumplir con el primer paso que debería haber dado de acuerdo la ley. La norma le daba 180 días al instituto para hacer un inventario de las áreas prioritarias, en particular, las que ya estaban siendo explotadas, pero nunca se cumplió. ¿La excusa? "Eso no es responsabilidad nuestra, porque ahí la Secretaría de Ambiente de la Nación fue la encargada de invitar a las provincias. En varias ocasiones envió cartas a las gobernaciones. En diciembre de 2011 sólo había contestado Tierra del Fuego diciendo que no tenían áreas prioritarias. Entonces empezamos por donde había mayor presunción de hielo", argumentaron las autoridades. La pregunta que no pudieron responder es en qué lugar de la ley dice que tenían que consultar a las provincias.

Según pudo averiguar Infobae a partir de tres fuentes, en realidad las autoridades de Ianigla prefirieron esquivar un problema, ya que al menos desde San Juan les habían dicho de manera informal que no los iban a dejar ingresar en territorios mineros. ¿Qué hicieron? Tirarle la pelota a la Secretaría de Ambiente y no ir al choque. Esto coincide con un argumento deslizado por los ambientalistas: si los satélites no bastan para ver un glaciar inferior a una hectárea, en las zonas explotadas, como en Pascua Lama o Veladero, ¿por qué no hicieron visitas de campo?

El inventario de San Juan, probablemente uno de los más dará que hablar, ya fue enviado por el Ianigla al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, donde se comprometieron a publicarlo este año, según le confirmó a este medio en unareciente entrevista el titular de la cartera, Sergio Bergman, aunque no dio precisiones de la fecha. El abogado Seguí asegura que lo vio y que el glaciar Toro 1 no figura. En la reunión, las autoridades del instituto les preguntaron a los asambleístas si estaban seguros y tejieron un manto de duda sobre la afirmación. Pero si se apegan a sus palabras, lo cierto es que no deberían incluirlo.

Un grupo de integrantes de la Asamblea Jáchal No Se Toca, que resiste a la megaminería en San Juan, denunció que el organismo encargado de confeccionar el inventario de glaciares modificó la definición legal de "glaciar", lo que benefició a la empresa Barrick Gold.

La Ley 26.639, que prohíbe expresamente la actividad minera en ambientes glaciares y periglaciales, fue aprobada hace casi 6 años, perotodavía no se aplica, porque no está confeccionado el inventario de glaciares, encargado al Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla).

Según esa ley, un glaciar es "toda masa de hielo perenne estable o que fluye lentamente (…), cualquiera sea su forma, dimensión y estado de conservación". Sin embargo, en un documento elaborado en 2010, el Ianigla redefinió a los glaciares y, entre otras diferencias, estableció que deben ser mayores de una hectárea.

Algo similar ocurrió con los ambientes periglaciales, en los que también está prohibida la actividad minera. En este caso, el Ianigla decidió relevar solamente los "cuerpos periglaciales" y no toda la zona.

Ambas decisiones del Ianigla traen consecuencias concretas. "Con estas definiciones dejan afuera, por ejemplo, al glaciar Toro 1, donde se haría el rajo del proyecto Pascua Lama. También todo el ambiente periglacial sobre el que está ubicado el valle de lixiviación de Veladero, sobre el río Potrerillos, donde se produjo el último derrame de cianuro y que ya está dañado. Y hasta excluyen el grosero daño al glaciar Almirante Brown, también conocido como Conconta, producido por el camino minero que va a Pascua Lama y a Veladero, que en su parte oriental fue sencillamente seccionada por el camino minero, pero que los especialistas de Ianigla consideran un simple 'manchón de nieve'", explicó a Infobae el abogado sanjuanino Diego Seguí, que asesora a los ambientalistas.

Al ser consultado al respecto, el coordinador del inventario, Gustavo Costa, explicó a este medio: "Metodológicamente, en todo el mundo se toman los glaciares de más de una hectárea, porque además tiene que ver con una cuestión tecnológica por la definición de las imágenes satelitales. Es un estándar internacional. Igualmente, una vez que se termine el trabajo, se va a ir viendo cómo se mejora".

En la Asamblea Jáchal No Se Toca creen que un estándar internacional no puede modificar una ley argentina. "La Constitución establece un sistema republicano en el que las leyes las hace el Congreso y se prohíbe la delegación legislativa. Nosotros no discutimos la cuestión técnica, sino que decimos que ellos no tienen potestad para modificar la ley. Es algo que no merece ningún análisis jurídico: no pueden dejar de hacer lo que la ley les dice que hagan, que es medir todos los glaciares, sin distinción de tamaño", rebatió Seguí.

Con respecto al ambiente periglacial, la cuestión es más compleja. Según el propio estudio de impacto ambiental de Barrick Gold, buena parte de la mina Veladero está en una zona prohibida, incluido –como explicó Seguí– el valle de lixiviación, donde se usa agua con cianuro y otros elementos tóxicos para separar la roca del mineral con valor comercial. Lo mismo ocurre con el proyecto binacional Pascua Lama, frenado por la Justicia chilena por contaminar los glaciares Esperanza y Toro 1, que paradójicamente quedarán afuera del mapeo.

Hay un dato más a destacar: en 2005, el Ianigla presentó un informe en el que estableció que la región Lama-Veladero es un ambiente glaciar y periglacial, y que en la zona de los proyectos están los glaciares Los Amarillos, Guanaco, Canito, Gla C34, Potrerillos y Gla P08.

Sin embargo, los ambientes periglaciales de Veladero y Pascua Lama no figurarán en el inventario, porque el Ianigla hizo un interpretación aislada de un solo artículo de la ley e incluirá, solamente, los cuerpos periglaciales, y no todo el ambiente propiamente dicho.

Según explica el propio instituto entre las "preguntas frecuentes" incluidas en su página web, el artículo 3 de la ley de glaciares, que es la que detalla el contenido del inventario, llama a individualizar "todos los glaciares y geoformas periglaciales". Es decir, no habla de "ambiente periglacial". Sin embargo, una interpretación extensiva a todo el resto de la ley habría podido determinar que el espíritu del inventario es determinar las zonas protegidas por ley, que incluyen, justamente, a todo el ambiente periglacial. Además, en materia ambiental, las normas siempre deben interpretarse a favor del cuidado del medio ambiente.

Entre los asambleístas creen que la autoridad de aplicación de la ley, la Secretaria de Ambiente –hoy, "ascendida" a ministerio– pudo haber dado su aval a esta maniobra. Y que incluso podría haber conflictos de interés, ya que –alegan–, la geóloga Lydia Espizua, que es parte del Ianigla, trabajó para Knight Piésold, la consultora que realizó los estudios de impacto ambiental de Veladero y Pascua Lama para Barrick Gold.

Frente a este panorama, en el escrito que los ambientalistas presentaron hoy y al que Infobae tuvo acceso, reclamaron "la pronta y 'legal' realización del Inventario de Glaciares y Ambiente Periglacial en la cuenca del Río Jáchal, sin excluir glaciares por su superficie ni al ambiente periglacial".

Aquí hay que hacer un paréntesis. La ley puso un plazo de 180 días para hacer un inventario de las áreas prioritarias, que son aquellas que ya están siendo explotadas. Pero como ninguna provincia informó cuáles eran esas zonas, el Ianigla dio por muerta esa disposición y no la cumplió, pese a que la normativa no le exigía hacer consultas.

Aun así, el propio Ianigla decidió en 2013 –cuatro años después– que todo San Juan era una zona prioritaria, por lo que comenzó a elaborar el mapeo de glaciares en la provincia. Según el instituto, la mayoría del inventario está terminado y a disposición del Ministerio de Ambiente, pero aún no se divulgó, debido al engorroso protocolo de publicación.

Por otra parte, la ley también fijó un plazo de 180 días para hacer una auditoría ambiental para evaluar los impactos ya ocasionados en los glaciares. En el escrito los ambientalistas también pidieron que les permitan acceder a los informes de Veladero y Pascua Lama, que ni siquiera se sabe si se empezaron a hacer.

Si el tema se llega a judicializar y se comprueba que los responsables del Ianigla y del inventario se apartaron de la ley, el abogado Diego Seguí cree que no sólo podrían perder sus empleos, sino que podrían ser perseguidos penalmente. Es más: en la Asamblea Jáchal No Se Toca están pensando en hacer una denuncia contra el ministro de Ambiente, Sergio Bergman, si llega a publicar un inventario que no cumpla con los requisitos legales.