A solo unos días de asumir el gobierno (el pasado 7 de agosto), el presidente Pedro Pablo Kuczynski dijo que actualmente el mayor reto del Perú es evitar los conflictos sociales alrededor de los grandes proyectos mineros. “Ese reto es importante porque de allí viene el dinero que nos permite hacer la revolución social que quiero hacer”, dijo el jefe del Estado.
De hecho, el primer conflicto que atendió este gobierno estalló cuatro días antes de esa declaración presidencial.
El 3 de agosto, en Urubamba (Cusco), parte de la población realizó un paro de 48 horas para protestar contra tres empresas. El nuevo gobierno se estrenó instalando una mesa de diálogo a través de su Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad (ONDS), entidad adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), encargada de prevenir y gestionar la conflictividad. Como se estila en estas mesas, se firmó un acta.
El Ejecutivo se comprometió a gestionar una reunión entre los representantes de la comunidad, los ministerios y autoridades para construir consensos.
Otro de los conflictos que ha atendido el gobierno (y en este caso, ha heredado de la gestión anterior) es el relacionado al proyecto minero Las Bambas (Apurímac). Desde principios de agosto, algunas de las comunidades campesinas aledañas al proyecto bloquearon vías para reclamar irregularidades en la modificación del EIA de Las Bambas. Luego de varias semanas, el 7 de setiembre, el Ejecutivo firmó un acta.
Acordó continuar con el diálogo bajo cuatro enfoques: medio ambiente y modificación del EIA, responsabilidad social empresarial, derechos humanos y derecho sostenible. La siguiente reunión de la mesa instalada será el 6 de octubre.
De acuerdo con el último reporte a agosto de la Defensoría del Pueblo, este gobierno heredó 208 conflictos sociales. La mayoría de ellos vinculados con actividades extractivas. Del total de casos, en 123 de ellos se presentó al menos un hecho de violencia. Vale precisar que, desde hace algunos años, el número de conflictos reportados por la Defensoría es distinto al de la ONDS.
Fuentes de El Comercio sostienen que una de las primeras directivas de la nueva gestión para el manejo de conflictos sociales ha sido la de revisar las matrices de compromisos asumidos por la gestión anterior en las cerca de cien mesas de diálogo activas en el país.
La idea, según explicaron, es detectar aquellos compromisos inviables y asumir acuerdos factibles, a fin de evitar mayor conflictividad. Se busca también realizar el seguimiento de los conflictos en marcha.
Otra de las disposiciones sería que los ministros no intervengan directamente en estos espacios de diálogo.
Este Diario accedió a las treinta primeras actas de seguimiento de compromisos firmadas desde el inicio de la nueva gestión gubernamental y verificó que el Ejecutivo no ha asumido nuevas obligaciones. En casi todas las actas, la ONDS destaca su rol de garante para el diálogo y la coordinación entre sectores.
En opinión de José Luis López Follegatti, coordinador del Grupo de Diálogo Minería y Desarrollo Sostenible, es acertado que la gestión actual intente dar un mensaje de promoción de las inversiones acompañado por la protección de derechos y saber escuchar tanto a la población como a las empresas.
“Me parece que están transmitiendo el mensaje positivo de que este gobierno no caminará por encima de los derechos de nadie. Es bueno que se proteja la política de inversiones y se protejan los derechos”, indicó.
De otro lado, Follegatti consideró que una de las prioridades debe ser aprobar el Sistema Nacional de Prevención de Conflictos para mejorar la coordinación entre los sectores del gobierno.
El analista político Santiago Pedraglio señaló que el gobierno debería exponer cuáles serán los criterios para considerar la inviabilidad de ciertos compromisos, debido a que existe el peligro de un manejo unilateral. “Aquí se debe garantizar que la inversión no tenga más derecho que los ciudadanos”, indicó.
Pedraglio también opinó que es un error que hasta el momento el gobierno no haya cambiado al jefe de la ONDS.
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