Para reducir al máximo la posibilidad de incidentes en la mina Veladero, en la Policía Minera creen que la empresa Barrick debe realizar otras mejoras a las que ya había efectuado en el valle de lixiviación, la zona en la que se utiliza solución cianurada para separar el oro de las rocas. Según trascendió, esa posición quedará hoy plasmada en el informe que el Ministerio de Minería le elevará al juez de Jáchal, Pablo Oritja, quien dispuso, a través de una cautelar, el cierre preventivo del emprendimiento tras el derrame del 8 de este mes.
Con el estudio en sus manos, el magistrado ahora debe decidir si obliga o no a la compañía a que cumpla con las obras adicionales. Como Oritja se apoya en el órgano técnico y de control minero, que en este caso hace las veces de un perito en la materia, es casi un hecho que exigirá que se lleven a cabo y eso implicaría la prórroga de la suspensión hasta tanto la firma ejecute las nuevas tareas y las certifique el ente oficial.
Entre ayer y hoy estaba prevista una definición sobre la suerte de Veladero, pero el freno en la mina tiende a estirarse por consecuencia de la postura del Gobierno. A raíz de esa posibilidad, Miguel Martín, gerente de Comunicaciones de la minera, dijo que “todas las medidas urgentes a los efectos del levantamiento de la suspensión e inclusive algunas acciones adicionales sugeridas por el nuevo secretario de Gestión Ambiental y Control Minero han sido ejecutadas, por lo que entendemos que no hay razón técnica ni jurídica para mantener paralizada la operación minera. Por otro lado, hay propuestas de optimización del valle de lixiviación contenidas en un plan a mediano y largo plazo que ya se encuentran en proceso de ejecución”.
Fuentes calificadas revelaron que los puntos a mejorar son dos. Uno de ellos es el refuerzo en las uniones de los caños que transportan la solución cianurada. El planteo se debe a que el último incidente se produjo porque un trozo de hielo se desprendió de una ladera en el valle de lixiviación, golpeó y desacopló una cañería. El líquido se fugó, pero no llegó a salir del perímetro, aunque sí empujó rocas lixiviadas que sobrepasaron las bermas, que son unos taludes de contención. Si bien los directivos de Barrick mostraron durante la inspección ocular y judicial del lunes que habían fortalecido los acoples con cadenas y bolsas especiales, el informe apunta a que se coloque un material de protección más.
El segundo eje gira en torno a la construcción de una barrera complementaria a la berma que ya fue levantada en la zona del canal del norte. El lugar no es casual, ya que el año pasado se rompió una válvula de la que se desprendió solución cianurada, la cual cayó a dicho canal y de ahí fue a parar a tres ríos iglesianos. Por ese derrame se desató una investigación judicial en la que están procesados los supuestos responsables
Las mejoras apuntan a no dejar cabos sueltos en la seguridad tras el incidente del 8 de septiembre, el cual no llegó a contaminar ningún cauce de agua, de acuerdo a las mediciones que se efectuaron. A pedido de los fiscales Sohar Aballay, Daniel Guillén y Fabricio Médici, Oritja ordenó que la empresa realice mejoras. Entre otras, Barrick levantó la altura de las bermas de 20 centímetros a 1,50 metros en los 7,5 kilómetros del valle de lixiviación y que se limpiaron los canales Sur y Norte y los caminos de inspección manual.
Diario de Cuyo
El tema se iba a abordar en la Comisión de Minería, que necesitaba 11 diputados, pero sólo fueron 10. La mayoría de quienes no se presentaron pertenecen a la oposición.
Esta mañana se llevó a cabo la reunión de comisión de Minería para tratar los proyectos relacionados con el incidente en la mina Veladero. Sin embargo, el tema no se pudo discutir debido a que no hubo quórum porque faltaron diputados nacionales de la oposición.
“Es muy injusto que esté sucediendo esto”, se lamentó Eduardo Cáceres, presidente de la comisión, al respecto.
De los 11 diputados necesarios para alcanzar el quórum, sólo se hicieron presentes 10, de los cuales 6 pertenecen al bloque Cambiemos. Dentro de los ausentes de la oposición, faltaron Máximo Kirchner, Graciela Camaño y Julio de Vido, entre otros. En cuanto a los sanjuaninos, Daniel Tomas estuvo en el recinto, mientras que Graciela Caselles pegó el faltazo.
Cáceres dijo que “es lamentable que muchos diputados no estuviesen presentes en el tratamiento de un tema tan sensible y que la gente se merece respuestas inmediatas”
Además pidió hacer el mayor de los esfuerzos para concretar la próxima reunión, y solicitó a los diputados más compromiso con sus bloques. “La gente necesita transparencia y esta información, está esperando y tenemos información para darle.”
El diputado macrista aclaró que “si bien la competencia de control y fiscalización es de la provincia de San Juan, el Ministerio de Medio Ambiente de la Nación hizo una investigación con peritos por su cuenta que desembocó en una denuncia en la justicia sanjuanina”.
“En San Juan, la minería es una fuente de trabajo y progreso. Es una responsabilidad de todos cuidar la actividad y llevarle seguridad a los sanjuaninos”, finalizó Cáceres.
Los antecedentes prácticamente anticipaban cuál iba a ser el destino de la denuncia que formuló el ministro macrista Sergio Bergman por el resonante caso Veladero. Finalmente, no hubo sorpresas. El juez federal Miguel Angel Gálvez se declaró incompetente para investigar el incidente en la mina iglesiana del 8 de septiembre y ordenó girar las actuaciones al juzgado provincial de la Segunda Circunscripción Judicial, a cargo de Pablo Oritja. Así, como lo indica un principio jurídico básico, el magistrado local concentrará todos los planteos judiciales que están en curso por el mismo hecho.
Bergman, que es el ministro de Ambiente de la Nación, hizo la denuncia la semana pasada en el Juzgado Federal Nº 2 con asiento en San Juan. Pide que se investigue el derrame de solución cianurada en el valle de lixiviación del emprendimiento que explota Barrick y que se determine si se tipificó el delito de contaminación y si la compañía canadiense cumplió los procedimientos que se deben seguir en situaciones de crisis.
Desde ese mismo momento, la suerte del planteo casi que estaba echada. Esto, porque frente a la denuncia que hicieron abogados del sur del país el juzgado federal de Sebastián Casanello por el derrame del año pasado en el mismo yacimiento, la Corte Suprema de Justicia terminó diciendo que el objeto bajo investigación era competencia de los tribunales provinciales y no del fuero nacional y apartó al magistrado porteño.
Gálvez actuó en este caso como subrogante, ya que lo hizo en reemplazo del titular del Juzgado Nº 2, Leopoldo Rago Gallo, que se encuentra de licencia. El magistrado funda su resolución, justamente, en el antecedente que fijó el máximo tribunal del país por el derrame anterior y la abundante jurisprudencia que hay en la materia. En un fallo de 21 páginas, se declaró incompetente para abocarse a la denuncia de Bergman.
En la Segunda Circunscripción provincial hay varias denuncias en trámite por lo de Veladero y la de Bergman abría la posibilidad de que se desatara un conflicto de competencia, cosa que no pasará después del fallo de Gálvez. Si aceptaba intervenir, se hubiera reeditado una puja como la que Casanello y Oritja mantuvieron en 2015 por quedarse con la investigación.
El macrista puede insistir ahora ante la Cámara Federal de Mendoza para que se abra la instrucción de una causa en ese ámbito. Pero lo cierto es que cuenta con muy pocas chances de éxito en virtud de la posición que sentó en su momento el cuerpo colegiado que encabeza Ricardo Lorenzetti, que de paso es obligatoria para las instancias inferiores.
Aquel fallo del máximo tribunal del país se basa en la Ley de Residuos Peligrosos, que es la misma que sirve de fundamento en la denuncia del ministro. La misma establece que la Justicia Federal es competente sólo cuando los “residuos pudieren afectar a las personas o el ambiente más allá de la frontera de la provincia en que se hubiesen generado”. Y en el último incidente, al menos hasta ahora, las pericias indican que la solución cianurada que se volcó no salió del valle de lixiviación y no llegó a ningún curso de agua, por lo que no hubo ningún daño que justifique discutir una supuesta interjurisdiccionalidad.
Gálvez dispuso, además, mandar la denuncia de Bergman al juzgado que dirige Oritja. En definitiva, se acumulará con las otras que ingresaron para determinar qué fue lo que pasó el 8 de septiembre y quiénes son los responsables (Ver recuadro).
A la vista está que el macrista no tuvo en cuenta los antecedentes judiciales a la hora de elegir donde llevar su planteo. Eso le valió críticas, por ejemplo, del fiscal General de la Corte de la provincia, Eduardo Quattropani. “Es una sobreactuación o un mal asesoramiento”, dijo el fin de semana el funcionario sanjuanino en alusión a la movida. A eso, agregó: “Denuncias con falta de rigor fáctico o con oportunismo político, ayudan a la confusión o a que no se solucionen los problemas”.
Barrick informa que a las 20:45 horas de hoy aterrizó el helicóptero que trasladaba desde el hospital de Veladero al trabajador Julio Carpio –empleado de una empresa contratista– con un cuadro cardiológico agudo.
El paciente fue trasladado a la unidad coronaria de un centro de salud de la ciudad de San Juan para recibir atención especializada. En principio, los médicos informaron que Carpio arribó en condición estable.
De esta manera se pudo completar el operativo de traslado a partir de la puesta en marcha del Procedimiento de Emergencia Médica en Veladero.
La compañía acompañará la evolución del trabajador y agradece la colaboración de las autoridades provinciales y el personal médico que participó del operativo.
