Entre los tantos debates pendientes respecto del futuro productivo de la provincia, se encuentra el dilema minero. 

Dilema porque, por un lado, la actividad se encuentra seriamente cuestionada por las denuncias de contaminación y por el escaso impacto económico que dejó en la provincia en los últimos veinte años. 

Pero también, desde otra perspectiva, debe analizarse que las características naturales del territorio, y la riqueza que éste alberga, hace aparecer a la minería como una de las herramientas para lograr un desarrollo sustentable a largo plazo, generando recursos que puedan al mismo tiempo hacer crecer al resto de la economía.

Así como es impensable que la pampa húmeda prescinda de la agricultura porque hay serias y graves denuncias respecto del uso contaminante de los agrotóxicos, del mismo modo lo es que las provincias cordilleranas dejen de lado los recursos del subsuelo solo porque los métodos para extraerlos puedan generar efectos contaminantes.

Se trata, en uno y otro caso, de generar las condiciones para que las actividades agrícolas o extractivas logren conciliar la generación de riqueza con el cuidado del medioambiente y la salud de la población.

El derrame de cianuro en la mina de Veladero, en San Juan, fue un golpe duro a la actividad, pues desarticuló los argumentos respecto de que el principal yacimiento minero en explotación respetaba los estándares de calidad en materia de protección ambiental.

El gobierno nacional asumido el pasado mes de diciembre prometió reactivar el sector minero, para lo cual se propuso homogeneizar la legislación y las normas de procedimiento. Para el macrismo, el kirchnerismo generó una suerte de anarquía en la que cada provincia tomó decisiones unilaterales, en algunos casos con medidas restrictivas para la actividad. 

Y tomó una resolución tendiente a, según sus propios argumentos, dotar de competitividad a la Argentina respecto de otros países de la región. Por esta razón eliminó las retenciones a las exportaciones mineras, con lo cual se esperaba que se incrementaran los anuncios de inversiones de empresas mineras para nuestro país.

Pero, como en el resto de los sectores productivos, las inversiones extranjeras están muy lejos de llegar al ritmo que el gobierno nacional espera. Uno de los pocos logros en la materia es la oficialización del plan de inversiones de la empresa Enirgi Group por 720 millones de dólares para explotar el litio del Salar del Rincón, en Salta.

Las señales que el gobierno nacional intenta enviar a las mega empresas no bastan para reactivar la actividad minera. Y la reactivación debe promoverse en la medida en que se hagan los ajustes necesarios para que la minería goce de la imprescindible licencia social. Esto es, el apoyo de la comunidad.

Tal apoyo solo se logrará si se garantizan estándares de calidad en la preservación ambiental, y si además la sociedad logra visualizar a la minería no solo como un negocio de las empresas, sino también como una oportunidad de desarrollo para la comunidad local.

Como puede advertirse, lo que se requiere es un gran consenso que involucre a los gobiernos en todos sus niveles y a la sociedad a través de sus organizaciones representativas. Pero este gran acuerdo es, al menos por ahora, una mera expresión de deseos.