El ministro de la cartera de energía de Chile, Máximo Pacheco, anunció, a través de una carta, la renuncia a su cargo para acompañar la campaña presidencial de Ricardo Lagos.
El lugar de Pacheco en el Ministerio de Energía ahora será ocupado por Andrés Rebolledo, quien fue director de la Direcon en la Cancillería.
Pacheco es un funcionario más que se suma a la lista de bajas del equipo de Michelle Bachelet, con la diferencia de haber sido por elección propia. El miércoles anunció, además, la salida de los titulares de Justicia y Bienes Nacionales, como parte del plan para recuperar la popularidad perdida.
La carta de renuncia de Máximo Pacheco
Su Excelencia
Sra. Michelle Bachelet Jeria
Presidenta de la República
Presente
Querida Presidenta:
De acuerdo a lo conversado con Ud. la semana pasada, por la presente vengo en presentarle mi renuncia, a contar de esta fecha, al cargo de Ministro de Energía.
Quiero, en primer lugar, agradecer la comprensión que Ud. me ha expresado por los motivos que explican esta decisión. Estoy consciente que su buena disposición es una demostración más de su liderazgo y claridad con las tareas de avanzar con las transformaciones políticas, sociales, culturales y económicas que hemos estado impulsando juntos durante su Gobierno.
El periodo en que he tenido la oportunidad de desempeñarme como su Ministro de Energía ha sido pleno de desafíos e importantes logros, que estoy seguro serán parte del legado histórico de su mandato Presidencial.
Agradezco toda su confianza y apoyo en el desempeño de mis responsabilidades y estoy especialmente reconocido por el respaldo que me brindó durante todo este tiempo y que compromete mi lealtad y afecto con Ud.
Le saluda con la amistad de siempre,
Máximo Pacheco M.
"En virtud de mis atribuciones presidenciales y atendiendo a diversas situaciones personales y políticas he aceptado renuncias ministeriales y dispuesto cambios en mi gabinete", así Michelle Bachelet, desde el Palacio de La Moneda, anunciaba el cambio de gabinete que abarcó a tres carteras.
La Mandataria aceptó la renuncia de la ministra de Justicia Javiera Blanco y en su lugar designó al ex diputado radical Jaime Campos. También dejó su cargo el titular de Energía, Máximo Pacheco, y en su reemplazo quedó Andrés Rebolledo, quien fue director de la Direcon en la Cancillería.
Andrés Rebolledo, nuevo Ministro de Energía de Chile.
"He aceptado la renuncia del ministro de Energía, Máximo Pacheco, quien a la cabeza de dicha cartera demostró una extraordinaria visión y gestión estratégica que transformaron el sector a su cargo, instalando a Chile como ejemplo de potencialidad y oportunidad de una energía sustentable, inclusiva y segura, lo que nos enorgullece. Un ejemplo de gestión dinámica y comprometida con un proyecto colectivo y de futuro que quisiera reconocer y agradecer en esta ocasión de manera muy especial. Asimismo, he designado como ministro de Energía a Andrés Rebolledo Smitmans", señaló la Jefa de Estado.
El ministro con mayor perfil empresarial dio a conocer el motivo de su renuncia y expresó que "me voy porque he aceptado la invitación del ex Presidente Ricardo Lagos a ir a trabajar con él".
Pacheco además anunció que se reuniría con Lagos para comenzar a trabajar juntos y dijo que "me voy a encontrar con el (ex) Presidente Lagos al aeropuerto porque va a viajar a regiones para apoyar el trabajo de candidatos y alcaldes".
Jaime Campos, ex Diputado, nuevo Ministro de Justicia.
Cabe recordar que el futuro generalísimo de Lagos siempre ha sido cercano al empresariado, incluso generó una estrecha amistad con Andrónico Luksic. En 2003, Pacheco contó a la revista El Sábado cómo había nacido su amistad con los Luksic, única familia chilena que figura entre las 100 mayores riquezas del mundo. El grupo chileno se ubica en el puesto 58, con un patrimonio de 15.5 billones de dólares.
Pacheco fue director de las empresas Luchetti y Banco de Chile, del grupo Luksic. De acuerdo a su declaración de intereses de 2014, Pacheco en ese entonces aparecía con acciones del Banco de Chile por $ 230 millones. En abril del mismo año, se refirió a su patrimonio, que llega a 20 millones de dólares: "He dado las instrucciones por escrito a las tres empresas (Banchile, MCC y Julius Baer) que administran las inversiones de mis sociedades, que deberán comportarse como si se tratase de un fideicomiso ciego (…). También les he pedido que no inviertan en ninguna empresa del sector energético, ni en ninguna empresa ligada al grupo Matte".
En 2014 también se publicaron las declaraciones del ex ministro de Energía apoyando al controvertido proyecto de AES Gener y el grupo Luksic. “Ya se está construyendo, hay más de mil personas trabajando y les pedimos a los dueños que se acelere su construcción, porque esperamos inaugurarlo en 2017", indicó Pacheco.
En esta oportunidad los dichos del ex ministro provocaron la indignación de los detractores del proyecto hidroeléctrico, más aún cuando esa protección provenía de un secretario de Estado con conocidos lazos con quienes están detrás de la iniciativa.
ECONOMÍA Y NEGOCIOS
Andrés Rebolledo Smitmans es economista de la Universidad de Chile y desde el año 2010 hasta el 2014 se desempeñó como consultor senior en el área de Integración y Comercio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en Washington DC.
Además, también fue embajador de Chile en Uruguay, representante ante la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), y director Económico Bilateral del ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Durante la década del 90 estuvo encargado de las negociaciones de diversos TLC y de la implementación y administración de la red de Acuerdos Comerciales suscrita por Chile en la Direcon.
Luego de los fuertes cuestionamientos trasversales al actuar del Gobierno en el caso de los errores del padrón electoral para las próximas elecciones municipales, y el posterior retiro del Congreso de la ley corta enviada para subsanar estos problemas, la Presidenta Michelle Bachelet determinó realizar un cambio de gabinete.
En el Ministerio de Justicia se determinó la salida de Javiera Blanco, fuertemente cuestionada en los últimos meses por las crisis en Gendarmería, por los casos de las abultadas pensiones de funcionarios no uniformados, y por la crisis en el Sename, luego que se dieran a conocer los casos de muertes de niños y adolescentes en los centros dependientes organismo.
Jaime Campos, ex ministro de Agricultura del gobierno de Ricardo Lagos y diputado entre 1990-1994 será quien reemplace a la ahora ex ministra Blanco.
Si bien, las críticas por los problemas del padrón electoral se focalizaron en los ministros del comité político, principalmente el titular de la Segpres, Nicolás Eyzaguirre, ninguno de esos secretarios de Estado fue removido del cargo, no así la ex ministra Blanco, quien también fuera sindicada como responsable de esta crisis, toda vez que el Registro Civil depende de la cartera que ella lideraba.
En tanto, el ministro de Energía, Máximo Pacheco dejó su puesto por el ahora ex director de la Dirección Económica Andrés Rebolledo, quien llevara adelante las negociaciones del Tratado Transpacífico (TPP), acuerdo que ha sido ampliamente criticado por organizaciones sociales y algunos parlamentarios.
Se estima que Pacheco se convertirá en el generalísimo de campaña de Ricardo Lagos. Por de pronto, el ex titular de Energía señaló al interior del salón Montt-Varas que “he aceptado la invitación del ex Presidente Lagos para sumarme a su equipo y trabajar junto a él en los desafíos que está liderando”.
Finalmente, Víctor Osorio, hasta hoy ministro de Bienes Nacionales, dejó su cargo a Nivia Palma.
El vocero de Gobierno, Marcelo Díaz, se refirió al cambio de gabinete realizado por la Presidenta Bachelet, y adelantándose a los eventuales cuestionamientos por este ajuste ministerial, Díaz señaló que “las críticas vienen por todo, si se hace o no se hace”.
En cuanto a los cuestionamientos al comité político ministerial, y que fuera uno de los principales objetivos de parte del mundo político a la hora de asignar responsabilidades por el fracaso de la ley corta, el vocero se limitó a decir que “yo diría que si hay algo que este comité político hace es dialogar y dialogar”
Sobre la salida de Javiera Blanco y la críticas hacia el manejo del Ejecutivo de la crisis por el padrón electoral, Díaz sostuvo que “nosotros hemos dicho que es del mayor interés del Gobierno el esclarecimiento absoluto de los hechos que llevaron al error”.
Sobre la renuncia de Máximo Pacheco al gabinete, si bien el ministro de la Segegob agradeció la labor realizada en el Ministerio de Energía, deslizó alguna crítica al señalar que “él verá lo que hace”.
“El ministro Pacheco presentó su renuncia y él verá lo que hace. Ha ayudado en un ámbito muy importante, no tenemos más que palabras de gratitud”.
De acuerdo a lo establecido en la Constitución, artículo 5°, lo mal actuado por el Servel y el Registro Civil al cambiar de domicilio electoral –sin su consentimiento– a cientos de miles de chilenos, puede constituir una limitación al ejercicio de la soberanía, que se realiza “por el pueblo a través del plebiscito y de elecciones periódicas...”.
Podría significar una infracción al artículo 6° de la Carta Fundamental, que señala: “Los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella y garantizar el orden institucional de la República”, particularmente en este último aspecto, que fuera modificado para establecer su texto actual por la reforma del año 2005. El mismo artículo prescribe, en su inciso final, luego de señalar la obligatoriedad de esta norma, que la infracción de ella “... generará las responsabilidades y sanciones que determine la ley”. Todo ello en el Capítulo I: Bases de la Institucionalidad.
En ese mismo orden de cosas, el artículo 24 de la Constitución establece lo siguiente: “El gobierno y la administración del Estado corresponden al Presidente de la República, quien es el Jefe de Estado”. Y su autoridad, sostiene el inciso segundo de dicho artículo, “se extiende a todo cuanto tiene por objeto la conservación del orden público en el interior (...). El Presidente puede, de acuerdo a sus facultades, artículo 32, numeral 2°, pedir, indicando los motivos, que se cite a sesión a cualquiera de las ramas del Congreso...”, la que deberá celebrarse a la brevedad posible. Ello, reforzando sus atribuciones especiales en la formación de las leyes.
El artículo 33 de la Constitución dispone que los ministros de Estado son los “colaboradores directos e inmediatos del Presidente de la República en el gobierno y administración del Estado”.
De una lectura de las normas anteriores, queda en evidencia que, sin perjuicio de aquello que obliga tanto al Servel como al Registro Civil en materia funcionaria, la Presidenta de la República tiene también una obligación directa de seguimiento en un ámbito fundamental de la administración del Estado, cual es proveer los medios materiales y la viabilidad para la celebración sana de los procesos electorales. Si eso no estaba garantizado, debía haber actuado.
Lo más simple habría sido que, ante la certeza de que el Registro Civil estaba entregando datos erróneos al Servel debido a deficiencias funcionarias aún indeterminadas, se hubieran administrado medidas de urgencia, como activar un comité de crisis con los ministerios de Justicia y del Interior, para adoptar con tiempo una solución, eventualmente proponer al Congreso una ley de postergación o –incluso– la que trataron de improvisar a pocos días del acto eleccionario, y que después debieron retirar, aumentando la imagen de improvisación e incompetencia.
Las señales de que algo andaba mal estuvieron exhibiéndose por casi dos años, por lo que lo actuado por el Gobierno es evidentemente una omisión de responsabilidad política que alcanza directamente a la Presidenta y a su Comité Político.
También lo es en el caso del Servel, que tampoco atinó a activar mecanismos de salvaguardia o amparo de derechos constitucionales de los ciudadanos, como es la emisión del voto.
Lo ocurrido, golpea el orden institucional del país y profundiza la crisis de confianza. Más aún cuando el cambio de gabinete, que si bien es cierto golpeó directamente a la ministra sectorial de Justicia, de quien depende el Registro Civil, resultó insuficiente desde el punto de vista de la responsabilidad política por el grave desaguisado.
El núcleo político del Gobierno quedó fuera de foco en el cambio ministerial de una manera inexplicable, pese a que tanto la actuación presidencial como la de los tres ministros políticos se exhibieron en un triste papel conductor de la crisis.
Estas elecciones municipales se prospectan como inevitablemente anómalas, no solo por la eventual tendencia de ausentismo electoral que se prevé, sino por los comentados errores actuados por la institucionalidad responsable y por la gran cantidad de casos de candidatos que experimentan conflictos de intereses o rechazos de probidad por parte de la ciudadanía.
