El ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, reiteró este jueves que el gobierno está trabajando en la capitalización de Codelco, en medio de la difícil situación financiera que enfrenta la empresa producto de la caída en el precio del cobre y los recursos que debe entregar a las Fuerzas Armadas por la Ley Reservada.
“La Presidenta Bachelet decidió que necesitamos mitigar tanto como sea posible este y el próximo año el efecto de esta Ley sobre la deuda de Codelco, y eso significa que necesitaremos capitalizar Codelco un poco más, ¿cuánto? Estamos haciendo los cálculos”, dijo Valdés en entrevista con la agencia Bloomberg, en el marco de las actividades del Chile Day que se realiza en Nueva York.
A mediados de septiembre Valdés reconoció a la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados que estaba en conversaciones con Codelco para definir la capitalización y estimó que dicho proceso se daría en noviembre.
En la entrevista Valdés sostuvo que la distorsión sobre las finanzas de Codelco producto de la Ley, que establece que Codelco debe entregar el 10% de sus ingresos por ventas a las Fuerzas Armadas, en circunstancias normales es casi cero pero en periodos en que la minera no genera excedentes “es un problema”.
El ministro enfatizó que se debe invertir en Codelco para prevenir una caída en la producción de cobre.
En otro tema Valdés señaló que el gobierno podría emitir bonos este año dependiendo de las condiciones de los mercados internacionales.
Un nuevo análisis hacia los planes de egreso de la estatal Codelco está realizando la Comisión Chilena de Minería (Cochilco), haciéndose de su rol fiscalizador, y con el fin de evitar nuevas irregularidades al interior de la división Chuquicamata.
Y es que tras las faltas detectadas en 2015 la administración dirigida por Nelson Pizarro no ha querido correr la misma suerte, sobre todo considerando que a dicho plan aún le quedan dos años de funcionamiento.
Durante 2015, Cochilco detectó sobrebrepagos, faltas en los procedimientos y discrecionalidad por parte de ejecutivos que significaron multas monetarias de hasta $65 millones y el despido de cinco ejecutivos.
Esto, indica el presidente ejecutivo de la cuprífera por medio de un oficio enviado a la Cámara de Diputados en septiembre pasado, llevó a la administración a “ejecutar medidas para elevar el nivel de control respecto de beneficios de esta naturaleza, eliminar de manera absoluta cualquier mecanismo discrecional de gestión del PEPV (Plan de egreso de la división Chuquicamata)”, entre otras.
En este sentido, indicó que para los años que le quedan al plan de egreso -extendible hasta 2017- se hará una revisión permanente.
“La revisión de los planes de egreso de todas las divisiones de Codelco, incluyendo su Casa Matriz, se han incluido en el Plan Anual de Auditorías aprobado por el directorio, auditorías que se desarrollarán anualmente en cada centro de trabajo durante los años 2016 al 2109, habiéndose iniciado durante el mes de julio del presente año la correspondiente al nivel corporativo”. Añade que “el objeto de estas auditorías es, especialmente, verificar el cumplimiento de las normas que regulan el respectivo Plan”.
Y así ha sido. Según fuentes al interior de la estatal, Cochilco comenzó a analizar hace dos meses el plan de egreso de la división Chuquicamata, mina que producto de cambios estructurales en su modelo de desarrollo -pasando de una mina de tajo abierto a una subterránea-, es donde se concentran los esfuerzos de reducción de personal.
Si bien aquel análisis aún no concluye, esta vez no solo se estaría incluyendo a los trabajadores operarios -los llamados Rol B-, sino también a las salidas de los supervisores.
Consultada Codelco por el nuevo análisis al interior de Chuquicamata informaron: “Los procesos de auditoría interna son de carácter reservado. Estas investigaciones se realizan para corroborar el adecuado apego a las normas y procedimientos, y en sus conclusiones se determina si existen o no desviaciones. Hasta su finalización no es posible indicar si existen o no irregularidades”.
Según cifras de la estatal, entre 2015 y 2016 un total de 924 personas se han acogido a planes de egreso de la corporación, la mayor parte de ellas de las divisiones Chuquicamata y El Teniente. Dicho plan se extenderá hasta 2017 solo en la División Chuquicamata, al que podrían acogerse cerca de 500 trabajadores.
“Cabe recordar que los planes de retiro son una herramienta para la gestión de los recursos humanos que responden a las necesidades de las grandes transformaciones organizacionales. Los últimos planes de egreso vigentes fueron contractualizados a partir del año 2013, cuando se establecieron condiciones mejoradas de retiro para facilitar el proceso y no afectar la empleabilidad futura de los trabajadores y trabajadoras”, recordaron desde la estatal.
En el caso de la división Chuquicamata, el objetivo del llamado plan es reducir la plana de trabajadores en unos 2.200 Roles B, para así preparar la dotación para la llegada de Chuquicamata Subterráneo fijada para 2019.
De acuerdo al fallo inicial, la cuprífera deberá indemnizar con $3.325 millones a este grupo de trabajadores, con montos que van desde los $50 a los $90 millones por trabajador.
La Corte de Apelaciones de Copiapó confirmó el fallo de primera instancia que condenó a la División Salvador de Codelco pagar indemnizaciones a un grupo de 39 mineros que desarrollaron silicosis, tras años de trabajar en la mina subterránea, ubicada en la Región de Atacama.
En fallo unánime, el tribunal de alzada confirmó la resolución del Juzgado de Letras de Diego de Almagro que condenó a la cuprífera debido a que "los trabajadores habiendo ingresado jóvenes y sanos contrajeron colectivamente la enfermedad profesional silicosis, encontrando la causa directa de ella en el desarrollo de sus labores en la empresa demandada".
De acuerdo al fallo inicial, la cuprífera deberá indemnizar con $3.325 millones a este grupo de trabajadores, con montos que van desde los $50 a los $90 millones por trabajador.
En su resolución, el tribunal agrega que es su deber otorgar protección al trabajador afectado por la patología de la silicosis, permitiéndole reclamar la indemnización por el daño moral derivado de la neumoconiosis sólo una vez que estos síntomas se manifiesten y dentro del plazo de 15 años.
