El encuentro que se realizó en la comisión de Minería de la Cámara de Diputados estuvo lejos de contribuir al cese de hostilidades entre las autoridades de la Municipalidad de Andalgalá y el Gobierno, pero al menos aclaró algunas cuestiones sobre la ordenanza que prohibió la explotación minera a cielo abierto y mostró un camino alternativo al de la confrontación dura para intentar salvar el conflicto. El intendente Alejandro Páez y los concejales que lo acompañaron insistieron en señalar que el instrumento legal no busca impedir toda actividad minera en la jurisdicción; solo ataca a la que pueda contaminar la cuenca del río Andalgalá, del cual la población se abastece de agua potable. Resulta cada vez más evidente que el problema no pasa por lo jurídico. Es esencialmente político y estriba en que para los andalgalenses no existen garantías de que la minería no vaya a contaminarles el río que les suministra el agua. Tal es el motivo de la ordenanza que el Concejo Deliberante aprobó por unanimidad, que esta sintonía con la sentencia del juez Rodolfo Cecenarro que ordenó paralizar los trabajos en Agua Rica hasta que se salven las deficiencias en el trámite del informe de impacto ambiental. Lo medular en esta instancia pasa por la falta de licencia social para la minería en Andalgalá, no por lo que digan leyes y fallos.

Tampoco los reproches que se le hacen a Páez por la administración de las regalías, por ciertos que puedan ser, aportan a una solución. Menos todavía cuando los descarga un sector que cobija en sus filas al ex intendente y ex senador José Perea, emblema del despilfarro de la renta minera sobre quien pesan causas judiciales y administrativas precisamente por supuestas malversaciones de las regalías. En cualquier caso, si Páez incurrió en fraudes similares, el Gobierno tiene mecanismos administrativos disponibles para exigirle explicaciones de alcances más concretos que las manifestaciones públicas. Las inconsistencias políticas que puedan demandársele a Páez no invalidan sus argumentos en el caso específico de la Coherencia Minera, que se discute en Diputados tras la media sanción del Senado. El proyecto, presentado por el senador oficialista Jorge Solá Jais, materializó las declaraciones teóricas de distintos voceros del Gobierno sobre la pertinencia jurídica de la ordenanza y diluyó, en definitiva, la posibilidad de avanzar en una salida concertada con los representantes institucionales de la comunidad andalgalense. Si lo que el Gobierno busca es profundizar el diálogo, la Coherencia Minera es un error grave, que parte de una apreciación sesgada de la situación política en el distrito Andalgalá.

Aún si la ordenanza antiminera fuera producto de una conspiración con objetivos inconfesables, lo real y cierto es que fue aprobada por unanimidad y promulgada por el intendente. Es decir: la ordenanza expresa jurídicamente la voluntad política de todos los sectores con representación institucional en la Perla del Oeste. Por fuera del Concejo Deliberante y la Intendencia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación falló a favor del grupo de vecinos autoconvocados que objetó el trámite del informe de impacto ambiental, y lo mismo hizo el juez Cecenarro. Intendencia, Concejo Deliberante, Justicia y organizaciones civiles parecen ser una muestra bastante representativa de la sociedad de Andalgalá; contra ella, se erige solo la opinión del senador Jorge Espinoza, que no es de Andalgalá, sino de Aconquija.

Todo podría terminar en una patética ironía. Como el problema no es jurídico, sino político, aunque todos los elementos jurídicos favorecieran al Gobierno y la empresa, quedaría irresuelta la cuestión de la licencia social, sin la cual la actividad minera es inviable por muchas leyes y sentencias que la apañen. O sea que se sancionaría una ley de Coherencia Minera que restringiría regalías inexistentes, ya que no habría explotaciones mineras que las paguen. Tal el absurdo al que conduce la política minera implementada por el Gobierno, que profundiza el conflicto en lugar de tratar de superarlo, sin detenerse a pensar en que persigue una victoria pírrica.