Máximo Kirchner desembarcó en el Congreso con una "pesada herencia": el apellido le abrió muchas puertas, pero le endosó la exigencia de demostrar que es mucho más que el hijo de Néstor y Cristina. Y la única manera de conseguirlo es haciendo política.
En ese camino anda el diputado nacional del Frente Para la Victoria, que desde hace un tiempo viene aumentando sus niveles de exposición y hoy, cuando comenzaban a escucharse algunas voces críticas que señalaban su falta de actividad, decidió alzar la voz en Parlamento: esta mañana presentó seis proyectos de ley, los primeros que eleva desde que asumió su banca.
La fecha elegida no es casual: fuentes de La Cámpora le revelaron a Infobae que el legislador opositor decidió realizar la presentación un 27 de octubre "para hacerle un homenaje a la memoria de Néstor (Kirchner)", cuando se cumple el sexto aniversario de su muerte. "Es algo que se decidió hace un tiempo", aseguraron
Desde el entorno del legislador apuntaron que "Máximo trabaja hace varios meses con sus colaboradores en la elaboración de estas propuestas, pero los textos fueron y vinieron varias veces hasta que quedaron definidos. Y en un momento él consideró conveniente elevarlas a la Cámara Baja en una fecha muy especial".
Las propuestas van –según supo este medio- desde temas como la Coparticipación y el financiamiento de los partidos políticos, hasta la ley de Ministerios y la designación del Presidente del Banco Central. "Apuntan al fortalecimiento del federalismo y la autonomía financiera de las provincias", resumieron desde La Cámpora.
1) Creación del Fondo de Desarrollo Provincial Minero
"El presente Proyecto de Ley tiene por objeto modificar la Ley N° 24.196 de Inversiones Mineras, específicamente lo concerniente a las regalías mineras y los cambios dispuestos por el artículo 1° de la Ley N° 25.161, a los fines de restituir las facultades autónomas y de raigambre federal de las provincias, las que por imperio de la ley vigente se ven conculcadas al establecer un valor ínfimo relativo a las regalías provinciales, vulnerando de esta manera las autonomías provinciales en la materia".
En ese marco, se propone "crear el Fondo de Desarrollo Provincial, el cual estará destinado a desarrollar, financiar o subsidiar tasas como otros gastos que disminuyan los costos de las fuentes de financiamiento para la realización de proyectos de índole productiva, de infraestructura, sanitaria, educativa, de vivienda o vial en las regiones afectadas directa o indirectamente por emprendimientos mineros".
2) Designación del Presidente del Banco Central por parte del Presidente de la Nación
Para evitar situaciones de anomalía institucional como las que se registraron en la Argentina en los últimos cambios de Gobierno, cuando las máximas autoridades del Banco Central mantuvieron serios enfrentamientos con integrantes del Poder Ejecutivo, Máximo Kirchner propone que "se faculte al Presidente de la Nación a proponer al Presidente y a los Directores del BCRA por el período de tiempo en el cual ejerza la primera magistratura del país".
De esa manera se evitarían convivencias forzosas y posteriores enfrentamientos como los que mantuvieron Fernando de la Rúa y Pedro Pou; Cristina Fernández con Martín Redrado y Mauricio Macri con Alejandro Vanoli.
3) Ley de Ministerios
El referente del FpV entiende que "se debe reconocer la potestad" del Presidente para designar a sus ministros, pero propone "prohibir a las categorías más altas de funcionarios del Poder Ejecutivo asumir como tales si previamente se desempeñaron como titulares o miembros del directorio de empresas multinacionales, dentro de los dos años inmediatos anteriores al nombramiento como ministro, secretario o subsecretario".
4) Proyecto de Ley de Financiamiento de Partidos Políticos
Se pretende profundizar el sistema de financiamiento público de los Partidos Políticos mediante el aumento de los fondos para el funcionamiento cotidiano de los mismos, promoviendo lo prescripto en el artículo 38 de la Constitución Nacional, donde se los concibe como "instituciones fundamentales del sistema democrático".
Sumado a eso, se prevé un aumento en el aporte estatalpara la impresión de la boleta papel, la gratuidad de la correspondencia que lleven a cabo los partidos políticos en razón de sus labores diarias, y una suba considerable en el aporte estatal para el supuesto de segunda vuelta presidencial (balotaje), dado el escaso tiempo para recaudar fondos con que cuentan los partidos políticos en esa instancia electoral.
Por otra parte, se propone la prohibición de aportes provenientes de cualquier tipo de personas jurídicas, las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad, los Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa, y los integrantes del Consejo de la Magistratura.
Asimismo se promueve la creación de una Comisión Bicameral Electoral donde el control cotidiano y durante las campañas electorales, no sólo recaiga sobre la Cámara Nacional Electoral (CNE) sino también sea el mismo Parlamento quien lleve a cabo funciones de contralor sobre los partidos.
El proyecto además plantea que los partidos políticos y alianzas electorales sólo podrán adquirir, alquilar y/o contratar bienes y/o servicios por un monto igual o superior a los treinta mil (30.000) módulos electorales, a proveedores que se encuentren inscriptos en el Registro Nacional de Proveedores de Partidos Políticos.
Garantizar el financiamiento público y el libre acceso por parte de todos los partidos políticos -legalmente establecidos- a la producción y publicación de su propaganda electoral en la web, en cualquiera de sus formatos (imágenes gráficas o videos publicitarios).
También se propone modificar las sanciones que establece la Ley de Financiamiento de los partidos políticos, ya que la práctica electoral demuestra que para los partidos políticos es más fácil y menos costoso incumplir la normativa legal que ajustarse a la misma.
Por último, el día del comicio el transporte público interurbano y urbano será de carácter gratuito, tanto para la ida como para la vuelta de los electores y de las autoridades convocadas.
5) Devolución de Fondos del Anses a las Provincias
El 24 de noviembre pasado, a consecuencia del reclamo de las provincias de Santa Fe, San Luis y Córdoba, la Corte Suprema de Justicia de la Nación emitió un fallo en el que declaró inconstitucional la deducción del 15 por ciento de la masa de impuestos coparticipables que realiza el Estado nacional para financiar a la Anses, establecida por un decreto del ex presidente Fernando de la Rúa.
Días después del fallo de la Corte, la ex presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner decidió por medio del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 2635/2015, que se dejara de descontar a las provincias el 15 por ciento de la coparticipación y el 1,9 de la recaudación neta de impuestos y recursos aduaneros que se destinaba a financiar los gastos operativos de la AFIP (también incluida en el decreto de De la Rúa anulado por la Corte).
Con esta decisión, el Gobierno cedía a las provincias $ 125.000 millones que iban a la Anses y la AFIP. Sin embargo, a través de un DNU, el presidente Mauricio Macri decidió derogar la medida de su antecesora.
En sintonía con el fortalecimiento del federalismo y la autonomía financiera de las provincias, el proyecto de ley de Máximo Kirchner busca cumplir con el fallo de la CSJN y restituir la situación previa al DNU firmado por el presidente Macri.
6) Oficina Nacional de la Industria del Software
Este proyecto de Ley propone la creación de la Oficina Nacional de la Industria del Software, con el objetivo de dar mayor visibilidad y dinamismo a todas las acciones generadas por el estado nacional en esta materia.
La iniciativa pretende que emprendedores, inversores, proveedores, clientes, trabajadores, estudiantes, organismos públicos y privados tengan una referencia directa con la entidad encargada de llevar adelante las políticas públicas vinculadas con el sector, sobre todo para aquellos que estén situados en el interior del país.
Asimismo, se crean Delegaciones Provinciales de Software, con el objetivo de acercar los beneficios y reducir los costos administrativos a los beneficiarios de la ley N° 25.922.
