La Municipalidad de Córdoba y la empresa Dioxitek llegaron a un acuerdo en la Justicia federal por el que se permite que se retome la producción de dióxido de uranio en la planta de Alta Córdoba.
La empresa Dioxitek es propiedad, en el 99 por ciento de sus acciones, de la Comisión Nacional de Energía Atómica (Cnea). Y el uno por ciento es de la provincia de Mendoza.
La planta de Rodríguez Peña al 3200, de barrio Alta Córdoba, permanece cerrada desde el 10 de noviembre del año pasado, cuando la Municipalidad de Córdoba colocó la faja de clausura definitiva por violar la ordenanza N° 8.133 de uso de suelo, que prohíbe ese tipo de industrias en la ciudad.
Allí se produce dióxido de uranio, que luego se envía a Ezeiza (Buenos Aires) para la elaboración del combustible de las centrales nucleares argentinas.
En ese momento, venció el plazo de un acuerdo suscrito con el exministro de Planificación Federal, Julio de Vido, en 2012, por el cual la planta se debía trasladar.
Así se empezó a construir una nueva fábrica en la provincia de Formosa, que hoy presenta un avance del 40 por ciento. Se confía en que en dos años estará lista.
Según informaron fuentes municipales, a principios del año pasado, Dioxitek y la Cnea pidieron a la Justicia federal una declaración de derecho.
En ese marco, el municipio asegura que llegó a un acuerdo, en el que el juez federal Miguel Vaca Narvaja es garante, por el que se permite retomar la producción del dióxido de uranio.
Como contraparte, la empresa se “obliga a cumplir con el retiro completo de servicio” de la planta en un plazo de 24 meses desde diciembre pasado. Transcurrido ese tiempo, “se revaluará una eventual prórroga”.
En 60 días, se deben definir las etapas del cierre, cuya factibilidad debe ser aprobada por la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) “u otro organismo técnico” que acuerden las partes.
También se retoma el acuerdo de 2012, por lo que se obliga a avanzar en el “retiro definitivo” de Dioxitek y del chichón de uranio. Son 58 mil toneladas de residuos con radiación baja enterradas en un predio contiguo.
Otro de los puntos del convenio es que Dioxitek tiene 90 días para acreditar que la Nación dispone de los recursos económicos para la clausura de la planta y la remediación del chichón.
En caso de incumplimiento, se puede rescindir el acuerdo.
La empresa y la Cnea se comprometen a proveer de 400 luminarias solares para instalar en plazas y a realizar los trámites para que la Nación done al municipio el predio ubicado frente a la excervecería Río Segundo, donde hay un enorme basural y se expande un asentamiento. Allí, la CNEA y Dioxitek deben construir y equipar un parque, según dice el acuerdo judicial.
Se trata de la sexta promesa de la empresa de relocalizar la planta de dióxido de uranio. La primera vez fue en 1994. Desde entonces, en otras cuatro oportunidades (1997, 2004, 2006 y 2014) se anunció la mudanza.
En la Municipalidad aseguran que la Justicia podía considerar a Dioxitek como “establecimiento de utilidad nacional” y limitar la acción sobre el futuro del predio.
Sostienen que el acuerdo establece un compromiso de cierre, clausura y posclausura de la planta, además de la remediación del chichón, con un juez federal como garante. También aseguran que el municipio tiene la última palabra para permitir que se retome la producción y para interrumpirla si el convenio no se cumple.
Se “permitirá”, pero no se “habilitará”. 57 mil tn de desechos minerales de baja radioactividad están enterrados en el predio de Alta Córdoba. Desde hace una década, se espera la remediación ambiental.
