DANIEL BOSQUE*
El Consejo Federal de Minería dio "Punto final" al tratamiento del polémico Nuevo Acuerdo Federal Minero, tras dos jornadas de deliberaciones y de intercambios de opiniones.
La noticia de que las 23 provincias habían firmado el acta respectiva corrió a última hora de la tarde de ayer como pólvora por los despachos de las mineras que habían quedado expectantes de continuar el diálogo con las pronvicias y la Nación después del café con el ministro Juan José Aranguren.
Una primera lectura invita a suponer que el acta suscripta de manera univoca, excepto las observaciones de Chubut y Santa Cruz, canceló el debate con las empresas en el ámbito del organismo, lo cual habilitará a que el sector peticione en la instancia ministerial.
Finalmente, entre otras cosas, no prosperó el planteo de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) para poner un paraguas a la cuestión de la renta minera y enmarcarlo en la gran discusión tributaria nacional planteada para 2018. Tampoco la reconsideración de la polémica mención de que serán cada provincias las que decidan su actitud de cara a la minería.
Esta semana pasó de todo en el Salón de las Provincias que la secretaría de Daniel Meilán habilitó para las sesiones del COFEMIN: en primer lugar, las autoridades mineras recibieron, con evidente disgusto, que después disimularon en el cordial café con Aranguren los reclamos de la CAEM que pusieron foco en la necesidad de estimular la competitividad de la minería argentina.
En segundo lugar, el cuerpo del COFEMIN se mostró en extremo simpático con las fuertes expresiones del secretario de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA), quien rechazó con crudeza cualquier pretensión de los empresarios para bajar los ingresos de los trabajadores.
Llamó la atención, o no tanto por la extracción peronista de los funcionarios mineros, el cerrado aplauso que siguió a la arenga de Laplace quien había sostenido en el foro que Argentina debe compararse con Australia o Canadá y no con Chile o Perú, tal como invocaron las mineras.
A partir del hecho político generado por el Consejo Federal Minero, coordinado por el ascendente Juan Biset, responsable de Legales de la autoridad minera nacional (y presidido en la emergencia por Daniel Meilán, en una figurra que recuerda los tiempos K de Jorge Mayoral), se abre un nuevo tiempo plagado de urgencias e incertidumbres.
Las urgencias, como quedó demostrado ayer, son de Meilán y de las provincias.Y las incertidumbres quedaron en manos de las empresas mineras, cuyos abogados y gerentes vienen revisando la letra chica, mediana y grande del ACF 2017.
En caso de que este acuerdo saltara todas las vallas políticas y legislativas hasta convertirse en ley, habrá incognitas clave a despejar acerca de cuales de sus postulados se compadecen con la legislación minera argentina y cuales no.
En las próximas semanas habrá muchos briefs internos en las mineras, en vísperas de la próxima Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC) de Toronto. Las compañías dueñas de proyectos y minas en el país están logicamente inquietas por el avance de este libelo de ambiciones desarrollistas e identidad peronista, redactado en el país del liberal Mauricio Macri.
*Director Mining Press y EnerNews
Luego del trabajo de un año y de reuniones mensuales con asistencia casi perfecta de todas las Provincias, durante los últimos dos días de intenso debate, las autoridades mineras de las Provincias que integran el Consejo Federal de Minería (COFEMIN), junto con la Secretaría de Minería de la Nación, pusieron punto final a la redacción de la propuesta de Acuerdo Federal Minero. El documento así consensuado será remitido al Poder Ejecutivo Nacional y a los Poderes Ejecutivos Provinciales para su consideración final y firma.
El COFEMIN ha sido el ámbito natural para lograr el indispensable fortalecimiento institucional del vínculo entre las Provincias y la Nación, tomando como base la unión, el diálogo, el debate y el consenso para elaborar la base de una Política de Estado equilibrada que concilie los aportes que una minería responsable puede hacerle al país en su conjunto y a las regiones en las que se desarrolla; aplicando en sus comunidades los beneficios de la actividad, mejorando los ingresos para las provincias dueñas del recurso y estableciendo instrumentos de política y gestión ambiental que garanticen el cuidado y preservación de la casa de todos.
Del último encuentro fueron invitados a participar, en diferentes bloques, la Cámara Argentina de Empresarios Mineros, el presidente de la Comisión de Energía y Minería del Senado, Guillermo Pereyra, el ministro de Energía y Minería Juan José Aranguren, y la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA).
El Acuerdo Federal Minero, que oportunamente deberá ser firmado por el Presidente de la Nación y los Gobernadores Provinciales, para ulteriormente ser ratificado por el Congreso de la Nación, busca afianzar una política de Estado Federal para homogeneizar y racionalizar los instrumentos de política minera, creando así una nueva plataforma de despegue de la actividad, en un ámbito que cuente con la debida licencia social, promueva la responsabilidad ambiental y optimice los beneficios económicos de la misma; ofreciéndole a los inversores y a las comunidades las garantías de confianza y previsibilidad que solo los marcos legales ofrecen.
El Ministerio de Energía y Minería le puso ayer "punto final" a la redacción del Acuerdo Federal Minero, tras un año de reuniones con los representantes de las provincias mineras, cámaras empresarial y sindicatos. El documento se lo entregarán al presidente Mauricio Macri y a los gobernadores provinciales para su firma y la posterior ratificación del Congreso.
Según indicaron fuentes del sector, el acuerdo otorga "claridad" y marca "consensos" para la actividad minera. Las empresas prevén invertir u$s 25.000 millones hasta 2021 y sumar 40.000 nuevos puestos de trabajo a los 80.000 ya existentes.
El acuerdo "busca afianzar una política de Estado federal para homogeneizar y racionalizar los instrumentos de política minera, creando así una nueva plataforma de despegue de la actividad, en un ámbito que cuente con la debida licencia social, promueva la responsabilidad ambiental y optimice los beneficios económicos de la misma, ofreciéndole a los inversores y a las comunidades las garantías de confianza y previsibilidad que solo los marcos legales ofrecen", informó la cartera que conduce Aranguren.
El convenio contempla iniciativas tales como:
-Mejorar la gestión y el control ambiental, punto por el que se verificará periódicamente la calidad del agua, aire y suelo en los establecimientos mineros. La idea es evitar conflictos con organizaciones ambientalistas y, por supuesto, que no se repitan derrames como los que la empresa Barrick Gold sufrió en minas de San Juan, donde vertieron millones de litros de cianuro por "accidente".
+Modernizar la comunicación y hacer partícipe a la ciudadanía. Se busca que la población cambie su visión de la minería y conozca el impacto positivo de la actividad: desarrollo económico, creación de empleo y generación de una industria con amplia cadena de valor.
+Que las provincias mineras perciban mayores ingresos.
+Desarrollar la infraestructura y poder integrar a la minería con el resto de las actividades productivas.
Según datos preliminares de Energía, la minería empleaba el año pasado a 80.400 trabajadores: los 26.800 de manera directa y otros 16.080 en contratistas más 37.520 empleados indirectos. Teniendo solamente en cuenta a los trabajadores en mina (42.880), la cifra se encuentra muy por debajo de otros países mineros por excelencia, como Perú (195.704) y Chile (238.454), lo que muestra el potencial del sector.
"Durante los últimos dos días de intenso debate, las autoridades mineras de las provincias que integran el Consejo Federal de Minería (Cofemin), junto con la Secretaría de Minería (cuyo titular es Daniel Melián), pusieron punto final a la redacción de la propuesta de Acuerdo Federal Minero", comunicó el Ministerio. "Al último encuentro fueron invitados a participar, en diferentes bloques, la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), el presidente de la Comisión de Energía y Minería del Senado, Guillermo Pereyra, el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, y la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA)", agregó el informe.
La CAEM estima que hasta 2021 surgirán 8000 pymes vinculadas al sector, que se sumarán a las 12.000 que ya operan. También calcula que el aporte fiscal de los proyectos mineros "alcanzaría unos u$s 6500 millones" y que, por la quita de u$s 300 millones de retenciones, se recaudarán u$s 500 millones sólo de Impuesto a las Ganancias.
