MARTÍN GROSZ

Con o sin medidor, los usuarios de la Ciudad y el Gran Buenos Aires deberán pagar este año un nuevo incremento en las tarifas de agua potable y cloacas. El plan del Gobierno es aplicarlo desde el mes que viene, según documentos a los que accedió Clarín.

El nuevo cuadro tarifario, próximo a anunciarse, hará que las boletas se incrementen un 22% para todos los clientes de AySA, incluyendo a los que pagan la Tarifa Social. Esa será la regla general. Pero un millón y medio de ellos tendrán un impacto extra porque además perderán, en forma gradual durante cinco bimestres, el subsidio del 25% de la factura que hoy reciben por vivir en ciertas zonas.

Así, para ese grupo la suba será del 30% en marzo​ y luego tendrán otras acumulativas de 6,3% en mayo, 5,9% en julio, 5,6% en septiembre y 5,3% en noviembre. En total, a fin de año terminarán pagando un 63% más que ahora.

Esos son los puntos clave de la Propuesta de Adecuación Tarifaria que AySA le entregó al Gobierno el 2 de febrero y que le presentó hace días a entidades de usuarios. El plan aún no está aprobado, pero en la Subsecretaría de Recursos Hídricos le confirmaron a Clarín que “si hay cambios, van a ser menores”.

En concreto, la iniciativa hará que en marzo la factura media pase de los $ 297,60 actuales a $ 387,30 para los hogares aún subsidiados (unas 629 mil familias) y de $ 446,70 a $ 545 para los demás (1,1 millón), siempre entre los que no tienen medidor. Para los medidos, las subas serán de hasta 30%. Estos, a igual consumo, pasarán de $ 492 a $ 640,30 si estaban subsidiados y de $ 754,90 a $ 921 si no.

Son valores bimestrales promedio: en algunas casas de alto consumo llegarán boletas de más de $ 1.650. Al otro extremo, los usuarios con Tarifa Social pasarán a pagar alrededor de $ 165,30 en zonas con subsidio y de $ 288,50 en el resto de los barrios.

Estos cambios se acumulan con los aplicados en 2016, cuando las subas habían promediado 297% y habían llegado a 375%. En los despachos oficiales defienden la idea diciendo que "está en el orden de la inflación". Por ahora prevén aplicarla, tal como pasó en 2016, sin convocar antes a una audiencia pública, lo que ya genera polémica.

Tras recibir datos sobre el plan, 13 organizaciones de usuarios publicaron un comunicado diciendo que no van a opinar al respecto hasta que no haya audiencia. Luego la posición fue unánime y quedó formalizada. "No se entiende por qué, si la hacen para la luz y el gas, se niegan a hacerla para el agua", criticó Claudia Collado, titular de Adelco, una de las entidades firmantes. Héctor Polino, de Consumidores Libres, coincidió: "Si todo es tan transparente como dicen, ¿por qué se niegan a explicarlo en detalle y debatir?". La discusión recién empieza.

Más de 640 usuarios por día recibieron la tarifa social en 2016

El año pasado, tras un tarifazo que promedió casi el 300%, 235.000 usuarios de Capital y el Conurbano pidieron la Tarifa Social de agua y cloacas. Se incorporaron más de 640 por día. De esa manera, según datos de AySA, ya suman 254.000 los que pudieron pagar facturas bimestrales reducidas, de $ 168 como mínimo y $ 236 en promedio. Como el beneficio se concede por un año, los primeros en ingresar ya empiezan a tramitar la renovación, que debe pedirse con dos meses de anticipación. Al programa sólo pueden entrar los hogares con ingresos "limitados a gastos de subsistencia" o que tengan miembros discapacitados o enfermos, entre otros requisitos. La solicitud se puede llenar online en www.eras.gov.ar o presencialmente en las oficinas de atención de AySA. 

MARTÍN GROSZ

Afirman que el consumo es excesivo: en cada casa se usan mil litros diarios. El Gobierno extenderá el sistema medido y los equipos se instalarán gratis los dos primeros años

Dejar el agua corriendo al afeitarse o enjabonar los platos, "manguerear" plácidamente la vereda mientras se charla con un vecino o tener durante años canillas que gotean -en vez de repararlas- son hábitos que los porteños pronto deberán cambiar, si no quieren pagarlos muy caro. Actualmente predomina la tarifa plana y no hay castigo para los derroches. Pero el sistema tiene los días contados, a causa de un ambicioso plan que el Gobierno acaba de poner en marcha para empezar a reducir niveles de consumo de agua que considera "irracionales", por estar entre los más altos del mundo.

Estadísticas que maneja la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación revelan que, en Capital y el Gran Buenos Aires, cada usuario gasta un promedio de 336 litros de agua al día. Esto supera el promedio nacional (que es de 317 litros) y representa casi el doble de lo consumido en Uruguay (158), Chile (168) y Brasil (164). Además, la marca local prácticamente triplica los registros de países como México (92), Colombia (113) y Perú (122).

En AySA, la prestadora del servicio, miden a su vez que el consumo promedio de los hogares de su área de cobertura oscila entre los 58 y 64 metros cúbicos por bimestre. O sea, cerca de 1.000 litros diarios por vivienda. Consumos que tienden a elevarse en las casas, en las superficies más grandes y en los municipios de Zona Norte.

Los promedios impresionan si se considera que los usos cotidianos más comunes son tirar la cadena (16 litros), lavar los platos (30 litros), ducharse (100 litros) o usar el lavarropas (100 litros). El problema, señalan, es que también se gasta demasiado en acciones como lavar autos, llenar piletas, "baldear" y regar, al tiempo que no se reparan incontables pérdidas y goteras.

"En el Área Metropolitana hay un consumo de agua excesivo, muy superior al de otras grandes ciudades del mundo y en muchos casos fuertemente irracional, producto de varias décadas en las que no se incentivó el ahorro", dijo a Clarín Pablo Bereciartua, subsecretario de Recursos Hídricos.

Y señaló como principal causa que hoy el 88% de los usuarios no tienen medidor: lo que pagan se define según la superficie del inmueble, la zona y otros factores, pero no según el uso. Con lo cual, la boleta es siempre igual, sin importar si ahorran o derrochan, si gastan 20 gotas o 20.000 litros.

"En estas condiciones -añadió el funcionario-, el sistema se volvió muy costoso y el Presidente en persona nos pidió ir a un consumo más racional, que nos permita extender el servicio a cinco millones de usuarios más". Esa intención que se plasmó un megaplán ya en marcha para instalar medidores y "generalizar" esa forma de cobro, por la que se paga un cargo fijo y uno variable según la cantidad de litros consumidos.

Como primer paso, el mes pasado, Recursos Hídricos aprobó un proyecto de AySA que prevé cambiar de régimen, en forma gratuita y obligatoria, al 100% de los usuarios no residenciales (como comercios y oficinas) en sólo tres años, según un cronograma de obras definido por la empresa.

Para los hogares, en tanto, el plan aprobado ya preveía cuadruplicar el ritmo de instalaciones este año: más de 2.000 nuevos medidores, contra los 500 que se venían sumando. Pero el Gobierno, el mes pasado, le ordenó a AySA que antes de junio reformule ese capítulo con metas más ambiciosas.

“Se están terminando de definir las tecnologías de medición y el cronograma, pero la idea es que al menos un 50% de los clientes actuales pasen a tener medidor dentro de 4 a 6 años", adelantó Bereciartua. Son casi un millón y medio de usuarios familiares que se sumarían a los 313.600 usuarios que actualmente tienen el servicio medido, de los cuales el 88% viven en casas.

Para los hogares el cambio será optativo. Apuntan a que primero lo pidan los clientes con casas grandes y muy bajo consumo, que hoy pagan facturas pesadas y se sienten perjudicados por la tarifa plana. En edificios, en tanto, habrá un solo medidor y al consorcio le llegará una sola factura que deberá repartirse entre los copropietarios. En todos los casos, los equipos se instalarán gratis durante los dos primeros años.

La otra pata del plan, señalan en el Gobierno, será cambiar "a fines de este año" el actual sistema tarifario "para que el sistema medido realmente premie al que hace un uso racional, algo que hoy no sucede".

"La extensión de la medición permite que haya un control de las pérdidas internas de los inmuebles", destacaron en AySA. "Le permite al usuario -añadieron- controlar el gasto del servicio y a la empresa le facilita la proyección de las nuevas obras, al poder considerar una demanda ajustada".

Con el cambio, apuntan a que los porteños comiencen a cuidar más el recurso, al menos en los niveles más moderados que hace rato se registran en el interior. En Córdoba, la segunda ciudad más poblada del país, el consumo diario por habitante es 20% menor.