Silvia Mirelman *
La Cueva de las Manos, Patrimonio de la Humanidad (UNESCO 1999) es un sitio arqueológico de mayor importancia en América ya que allí se encuentran las más antiguas manifestaciones del poblamiento humano del continente (13.000 años), además de conservar su paisaje, fauna y flora original, convirtiéndolo en un Paisaje Cultural. Nuestra provincia tiene el orgullo de contarla en su territorio y la satisfacción de cuidarla para el conocimiento y disfrute de las futuras generaciones.
Mucho se ha hablado en estos días acerca de este sitio y me parece oportuno aclarar algunos temas que están subyacentes, ya que la discusión actual se ha puesto en otro lado, llevando a error a las personas bien intencionadas que creen defender nuestro medioambiente y nuestro patrimonio.
Como algunos sabrán, este sitio está ubicado en un campo de propiedad privada. En 2006 se creó el Comité de Sitio para su mejor protección, siguiendo los lineamientos de UNESCO, y desde muchos años antes posee una visita guiada administrada por la Municipalidad de Perito Moreno, cercana al sitio, con la participación del gobierno Provincial y de la Dirección de Patrimonio Cultural.
Desde esa fecha, consideramos que había muchos temas que resolver, entre ellos uno de los más importantes era la irregularidad con que se estaba trabajando dentro de una propiedad privada. Se realizaron entonces toda clase de acercamientos para lograr la expropiación o en su defecto, un convenio a largo plazo. En aquella época la amenaza del sitio era sobre todo el avance del turismo que estaba en alza. En este momento y desde hace años ha aparecido el tema minero, que tiene sus intereses en ese área. Este convenio nunca se concretó por falta de atención de los sucesivos funcionarios intervinientes.
Desde el principio se consideró importante como estrategia de protección de las pinturas rupestres y también del paisaje cultural, la declaratoria como área Protegida Provincial de una amplia zona que incluye el cañadón del rio Pinturas, donde está ubicada la Cueva y más de 70 otros aleros y cuevas con pinturas, además del paisaje, fauna y flora originales de la datación de la Cueva de las Manos. El trabajo de relevamiento del área, la aprobación de la ley correspondiente y el Plan de Manejo fueron aprobados hace más de dos años (Ley 3394- 14) Esta ley, consensuada con autoridades, propietarios y empresas explotadoras, fue creada para el resguardo del área y especifica qué actividades se pueden realizar dentro del territorio designado y quién es la autoridad de aplicación
Otro tema a aclarar, es que la Dirección de Patrimonio Cultural provincial se ocupa de los permisos de investigación y también de exploración y explotación minera y petrolera, los cuales están muy bien especificados en la Ley de Patrimonio Cultural (3137 y 3138) sancionada en 2010, la cual se aplica correctamente, con los correspondientes informes científicos y decretos firmados por el poder Ejecutivo provincial.
Sobre fines de año, cambia el panorama ya que se vende el campo donde está ubicada la Cueva de las Manos a la fundación Flora y Fauna. Esta fundación se dedica a comprar territorios en nuestro país para clientes extranjeros como Tomkins y otros, en algunos casos dona parte de estos a Parques Nacionales. Es el caso en nuestra provincia del parque costero Monte León y recientemente el Parque Patagonia, cercano a la zona de las cuevas.
El Gobierno provincial, la Municipalidad de Perito Moreno y las organizaciones no gubernamentales como Asociación Identidad y otras se oponen a entregar partes del territorio provincial a la Nación, y en especial, este sitio que es administrado y protegido desde hace muchos años sin ningún problema y con mucha dedicación, más sabiendo que la política de Parques es la de tercerizar con privados la administración del Parque.
A todo esto y sabiendo la resistencia que hay en la provincia a permitir esa donación, la que debe estar aprobada obviamente por el Gobierno provincial, se ha montado una operación mediática a nivel nacional, saliendo en los principales diarios, levantando una noticia que tiene más de un año, donde la provincia le aprueba un cateo mínimo a una de las mineras, en un borde del área protegida, donde según el dictamen científico es posible de realizar, este cateo no implica la aprobación de la explotación de ningún tipo.
¿Por qué sale a cuento esto en este momento? Es para dar una imagen de que la Provincia no se ocupa de proteger el área, que está influenciada por las mineras, y por lo tanto hay que pasar el sitio al área nacional, lo cual es totalmente incorrecto. Algunas organizaciones ambientales que no tienen claro todo este panorama se han hecho eco de esta teoría, llevando agua al molino de lo contrario de lo que dicen defender. No es de asombrarse con este procedimiento de los medios, a los que ya vimos difundiendo toda clase de imprecisiones y difamaciones las cuales, al no verificarse, no se molestan en desmentir.
Organismos nacionales del Patrimonio están confundidos o influenciados por esta fundación, y no consultan ni recapacitan acerca de cómo se entiende el federalismo y que dicen las Cartas Internacionales acerca de la participación de las comunidades en la administración y goce de su Patrimonio.
En este momento el nuevo propietario presenta un recurso para evitar la explotación minera en su propiedad, poniendo en tela de juicio un derecho fundamental como es la propiedad de los bienes del subsuelo por parte de la provincia (minería, petróleo etc.). Este es un derecho inalienable que nos atañe a todos, y que no podemos perder.
La discusión acerca de la aprobación o no de la explotación minera como principio no pasa por aquí, no hay que confundirse. Es importante que la ciudadanía entienda cuál es el meollo de esta discusión y qué es lo que aquí está en juego, así como que es lo mejor para la protección del sitio, lo cual es nuestra preocupación principal.
Defendamos lo nuestro.
(*) Arquitecta Miembro de ICOMOS, UNESCO, ex presidente del Comité de Sitio Cueva de las Manos P.H.
LORELEY GAFFOGLIO
Santa Cruz autorizó cateos cerca de la Cueva de las Manos y otros sitios arqueológicos; la fundación dueña de las tierras pidió a la Justicia que frene el permiso
Un conflicto minero por el permiso de cateo para una eventual explotación de oro dentro de la estancia Los Toldos, que contiene la Cueva de las Manos y otros 80 sitios arqueológicos en Santa Cruz, escaló hasta la justicia federal.
Luego de oponerse por vía administrativa, ambientalistas enfrentan a los intereses mineros en los tribunales, que deberán avalar o rechazar las prospecciones en terrenos privados que aspiran a anexarse al Parque Nacional Patagonia y que se ubican en un área protegida del cañadón del río Pinturas. La finalidad ambiental es conservar a perpetuidad la riqueza paisajística y la herencia arqueológica que dejaron 9000 años atrás los pueblos primigenios de América del Sur.
La disputa enfrenta a la Fundación Flora y Fauna Argentina (FFFA), propietaria de las 24.000 hectáreas de Los Toldos, con la minera Patagonia Gold (PG), asociada en un 10% de sus acciones a Formicruz, la minera del estado santacruceño.
La empresa, que emplea a 211 personas, es propiedad de Carlos Miguens Bemberg, ex dueño de cervecería Quilmes. Desembarcó en Santa Cruz en 2007 tras adquirir de Barrick Gold los derechos exploratorios de minerales en varias propiedades patagónicas. A ellas les sumó otra área, denominada Bandurria, en Los Toldos, cuya localización y cuyos permisos exploratorios son motivo de la doble disputa judicial y administrativa.
Los Toldos -que contiene la Cueva de las Manos, declarada Patrimonio de la Humanidad y Monumento Histórico Nacional por el valor de sus pinturas rupestres- fue adquirida por la FFFA en 2015 gracias a un donante suizo que aportó US$ 3,5 millones para su compra, con el mandato de donarla a Parques Nacionales, para resguardarla de la industria extractiva.
Pero los recursos del subsuelo son propiedad de la provincia de Santa Cruz, cuya Secretaría de Minería autorizó en octubre pasado el cateo en seis perforaciones, próximas a cuatro sitios arqueológicos recién descubiertos y a la vera de la ruta 40, lo que originó la disputa. Ese cateo -distante 17,5 km de la Cueva de las Manos- está hoy frenado por un juzgado federal de Caleta Olivia, que hizo lugar a una medida cautelar interpuesta por la fundación. Ahora deberá resolver si la prospección minera vulnera leyes de protección ambiental, históricas y culturales, como arguyen los ambientalistas.
Existe una disparidad de criterios respecto de la legalidad del área de cateo donde PG busca relevar la existencia de oro en concentraciones rentables para una eventual explotación a cielo abierto.
Para los ambientalistas, el sitio cuenta con la protección de la ley provincial 3394, que ampara como paisaje natural y cultural el cañadón del río Pinturas, donde se halla el cateo y cuyos derechos exploratorios le fueron adjudicados sin objeciones.
Patagonia Gold, juntamente con la Secretaría de Minería y la Secretaría de Cultura de Santa Cruz, encargada de proteger los sitios arqueológicos, intervino por vía administrativa en el conflicto y entendió que el sitio se encuentra en un área delimitada como zona de amortiguación o buffer, que permitiría la actividad extractiva. Los ambientalistas la ubican en el área núcleo, de máxima protección.
"El desacuerdo obedece a la elaboración errónea de los mapas de zonificación adjuntados a la ley, justamente en el área Bandurria", precisó Matías Argarate, abogado de PG. "Por eso, adjuntamos el correcto, ajustado al texto de la ley, donde claramente el cateo está en el área buffer, por fuera de la zona intangible."
"Tampoco en el área de amortiguación está permitida la actividad minera", planteó en sede judicial Sofía Heinonen, presidenta de la FFFA, cuyo propósito es la creación del Circuito Binacional Parque Patagonia -un recorrido que circunvala las áreas protegidas de la Argentina y Chile uniendo escenarios de gran belleza arqueológica y paisajística- y la conservación integral del ecosistema. "Nos oponemos al cateo ahora, ya que la explotación minera destruirá el paisaje, cambiará su morfología, generará material estéril y presentará riesgo de contaminación por cianuro", dijo.
Teresa Iturralde, abogada de FFFA, señaló que la descripción del área buffer en la ley dice "que tendrá la función de intensificar los impactos positivos y reducir los negativos" y que se "prohíbe la alteración de visuales y de rasgos geomorfológicos del suelo, indicadores de asentamientos de grupos humanos en el pasado".
Esa posición es rechazada por la Secretaría de Minería de Santa Cruz. Guillermo Bilardo, responsable de la dependencia, participó el martes de una frustrada audiencia de conciliación entre las partes que se desarrolló en sus oficinas en Río Gallegos. "Elevaremos el conflicto a la justicia civil para que lo dirima", afirmó Bilardo a LA NACION, al tanto de las otras ramificaciones judiciales que suma el conflicto.
La disputa se enreda además en otras interpretaciones dispares sobre la ley de rutas escénicas, como la ruta 40, ya que el cateo se sitúa a 1500 metros de esa arteria turística y fragmentaría el paisaje.
"Nuestra actividad es legítima. Queremos hacer valer nuestros derechos exploratorios para evaluar si es rentable la explotación", dijo el CEO de Patagonia Gold, Christopher van Tienhoven. "Están discutiendo de forma anticipada perforaciones de 15 cm de diámetro en un sitio que hoy no es parque nacional y que difícilmente lo sea, dado que la provincia, por lo que sé, no cederá su jurisdicción. Al margen de eso, los cateos se realizan desde hace años en Los Toldos sin afectar sitios arqueológicos. Y la minería responsable no está reñida con las áreas protegidas. Ambas pueden coexistir y el mejor ejemplo es la mina de cobre Palabora, en Sudáfrica, que está pegada al parque Kruger", argumentó.
En tanto, la justicia federal le requirió a la Nación, por medio de una consulta a la Comisión Nacional de Monumentos Históricos, que se pronuncie sobre el grado de protección que debería contemplarse para la cuenca del río Pinturas. El organismo, que próximamente declarará monumento histórico la vecina cueva Charcamata, se plegó a los contemplados en la ley provincial y valoró el área "como todo un sistema culturalizado de características únicas a nivel mundial". Ese pronunciamiento, que no es vinculante, podría instalar la disputa también a nivel nacional.
